Exactamente $ 1,75 billones es el monto que destinó el gobierno de Alberto Fernández a subsidiar los planes sociales durante 2023. La cifra, que se fue multiplicando a lo largo del año a través de reasignaciones de partidas y en plena coyuntura electoral, representa US$ 5.928 millones anuales, considerando el dólar promedio de $ 295,20 que se registró en el último ejercicio del BCRA.
Esa herencia de casi US$ 6.000 millones anuales le quedó a Javier MIlei, que en las tres semanas de presidencia que completó en diciembre se limitó a cumplir los pagos mensuales previstos para el Potenciar Trabajo y la Tarjeta Alimentar y anticipó una serie de aumentos en ambos programas para intentar compensar la suba de la inflación.
La línea de Milei siempre ha sido clara en relación a cómo se pagan los planes. Hay un sector de la sociedad que necesita el aporte del Estado, que seguirá sosteniéndolo, pero la gran duda que tienen en el Gobierno es realmente cuántos de esos 1,2 millones de beneficiarios del Potenciar Trabajo están habilitados a cobrar ese medio haber del Salario Mínimo Vital y Móvil, que hoy representan unos $ 78.000 mensuales.
A raíz de eso, desde el Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello se inició una auditoría para analizar, beneficio por beneficio, si se está pagando correctamente el Potenciar Trabajo, una gran caja de Pandora que administró el piquetero Emilio Pérsico durante los cuatro años de gestión de Alberto Fernández.