Finalizado el segundo año de mandato, de MAURICIO MACRI como Presidente, numerosos especialistas, en distintos temas, decidieron calificar la gestión del Presidente Argentino.
Rosendo Fraga. Analista político e historiador
Puntaje: 7
Quizás lo más interesante es que Macri, en política, haya resultado por encima de las expectativas y, en economía, por debajo. En este segundo año, Macri abrió las sesiones ordinarias del Congreso con un planteo más confrontativo que su recordado llamado al “arte del acuerdo” del 2016, en función de la polarización con el kirchnerismo. Esta situación tuvo como consecuencia que, hasta la elección, en que la obtuvo un importante triunfo, sólo se aprobaron una decena de leyes de poca significación. Tras los comicios, el oficialismo impulsó en la Justicia las causas de corrupción contra el kirchnerismo y negoció reformas con los gobernadores y la CGT, y tuvo el impacto de “imponderables”, como el conflicto mapuche y la desaparición del submarino ARA San Juan San Juan. No es un mal balance para un presidente no peronista, que no proviene de la política; por eso, con el viejo sistema de calificación numérica del colegio, creo que tendría un 7.
Andrés Rosler. Abogado y Profesor de Filosofía del Derecho
Puntaje: 0
Mi calificación se refiere a un hecho que pone en peligro la idea misma del Estado de Derecho y cuya responsabilidad le cabe no solamente al Gobierno, sino a casi la totalidad del Congreso de la Nación, con la excepción de un solo representante, Alfredo Olmedo, quien se opuso a la ley impulsada por el Gobierno -aunque por las razones equivocadas. Me refiero, por supuesto, a la sanción de la ley 27362, una ley penal que en democracia limita retroactivamente el beneficio concedido por la ley 24390 (más conocida como la ley “del 2 x 1”) a criminales de lesa humanidad, a pesar de que nuestra Constitución Nacional, en su artículo 18, estipula de modo cristalino que “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”. Cabe aclarar que la prohibición de leyes penales retroactivas es parte constitutiva asimismo del derecho penal internacional.
De hecho, la sanción de leyes penales retroactivas se encuentra prohibida en Occidente al menos desde el siglo XVI a partir de la Constitutio Criminalis Carolina dispuesta, tal como lo sugiere su nombre, por el Emperador Carlos V de Alemania. No deja de ser irónico que para encontrar un antecedente reciente de la puesta en práctica de esta institución penal nefasta, habría que tomar el túnel del tiempo y bajarse otra vez en Alemania aunque esta vez durante el nazismo. A decir verdad, el Congreso sostiene que la 27362 es una “ley interpretativa” de la ley del 2 x 1. Sin embargo, para que tenga sentido hablar de una ley interpretativa, la ley posterior debe aclarar el significado de la ley anterior, cuando salta a la vista que la ley del 2 x 1 no revista dificultad interpretativa alguna: “Transcurrido el plazo de dos años previsto en el artículo 1, se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión”. Otro tanto sucede con el artículo 2 del Código Penal: “Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna”. La ley 27362 entonces, a pesar de su nombre, no es una “ley interpretativa”, sino una nueva ley penal retroactiva, es decir, que pretende quitar derechos adquiridos, todo esto en plena democracia.
Algunos creerán que el Congreso, si bien violó el artículo 18 de la CN, de todos modos obró justificadamente al menos en términos morales. Sin embargo, el deber del Congreso, y de todos nuestros tribunales para el caso, no es el de aplicar el razonamiento moral directamente, sino el de respetar nuestra Constitución y las leyes sancionadas conforme a la misma. Si pudiéramos arreglárnoslas directamente con el razonamiento moral, ni perderíamos tiempo sancionando una Constitución y leyes. Por otro lado, es asimismo por razones morales que creemos que debemos obedecer la Constitución.
Resta esperar que nuestra Corte Suprema, cuya tarea principal consiste en hacer que se cumpla la Constitución, remedie cuando antes esta triste mancha en la historia de nuestro derecho penal.
Daniel Sabsay. Abogado Constitucionalista
Puntaje: 6
Considero que la actuación del Gobierno en el año que concluye debe ser calificada con un seis. Valoramos el esfuerzo llevado a cabo en dirección a la construcción de un Estado de Derecho luego del enorme debilitamiento de las instituciones argentinas de resultas del accionar de las administraciones Kirchner. Hoy los argentinos gozamos plenamente de nuestros derechos fundamentales. La libertad de expresión rige sin ningún tipo de limitaciones, lo que es demostrativo en el plano institucional de un nuevo estado de cosas en nuestro país.
Pese a lo anterior, poco es lo que hemos avanzado en la implementación de reformas al sistema político y a la organización judicial. Urge la concreción de nuevas instituciones que permitan cambios a largo plazo y que por ende ayuden en la consolidación de la democracia.
Luis Secco. Economista
Puntaje: 7,50
El presidente Mauricio Macri recibió un país con enormes desequilibrios macroeconómicos que tienen raíces estructurales/genéticas, que se agravaron producto de quince años de pésima gestión y mala política económica. Macri enfrenta el desafío de ir resolviéndolos pro-activamente, a diferencia de otros episodios, en los que una crisis los corrigió. Y mientras los resuelve gradualmente, ese gradualismo exige preservar, durante un período más largo, el crédito de la opinión pública (votos) y el crédito de los mercados (financiamiento). Un reto enorme, si además se toma en cuenta que el presidente se hizo cargo de la gestión con una expectativa muy alta respecto de sus capacidades para transformar a la Argentina en un país normal.
Con este marco, se puede entonces calificar a Mauricio Macri desde tres dimensiones diferentes: en términos relativos, esto es comparándolo con mandatarios pasados; en función del cumplimiento de los objetivos que se ha propuesto alcanzar o tomando en cuenta sus logros respecto de lo que se esperaba de él. Según estos tres criterios, la calificación va de mayor a menor, promediando el 7.50 que le ponemos hoy.
Diana Cohen Agrest. Filósofa y Escritora
Puntaje: 6
En términos relativos, es decir, en comparación con el nivel de los candidatos presidenciales a la luz de su ejercicio como opositores, lo califico con un 10. Sin embargo, en términos absolutos lo califico con un 6: su política de seguridad se reduce al combate al narcotráfico, a la violencia de género y a la trata, ignorando las cifras de otros delitos que silencia pese a su gravedad y relevancia numérica. Agobiado por el déficit económico, no se anima a pagar los costos políticos del cambio cultural para el cual fue votado: su “nuevo paradigma” en DD.HH. se orienta a derechos de segunda, tercera y cuarta generación, cuando en la Argentina profunda se juega el elemental derecho a la vida, donde se mata y se muere por un celular.
Eduardo “Quintin” Antin. Crítico cultural y Periodista
Puntaje: 7 puntos
El gran mérito de la presidencia de Macri es su voluntad de que la Argentina deje de ser un país gobernado por los intereses corporativos, los privilegios y las prebendas, fuente histórica de la corrupción y el atraso. No hay duda de que políticamente trabajó muy bien este año: aseguró la gobernabilidad, ganó ampliamente las elecciones y supo negociar con los gobernadores. Lo hizo contra un importante sector de la oposición radicalizado, sin proyecto y empeñado en la desestabilización a cualquier precio, incluida la violencia. El macrismo puede exhibir, además, una notable mejora en la transparencia administrativa, un elemento importante que la oposición niega y la prensa ignora. Al mismo tiempo, al equipo de gobierno parece faltarle pericia en el manejo de la economía y sobrarle énfasis en la propaganda (denominada “comunicación”), el hermetismo y la disciplina interna. Allí es donde la transparencia se vuelve opacidad y asoma el espíritu de secta que caracterizó al entorno de otros presidentes en nuestra historia democrática.
Andrés Cisneros. Ex vicecanciller y Profesor de Relaciones Internacionales
Puntaje: 8
De todas las políticas de los numerosos ministerios de Macri, la emanada de la Cancillería –y de las acciones del propio presidente- es, por lejos, la que más respaldo de opinión pública recibe, lo que supone un alto porcentaje de acierto: un redondo ocho, mejorable con más acción concreta y convocatorias para consolidar una política de Estado.
Aunque hasta ahora es casi todo enunciativo, con no muchos avances prácticos, se trata de una buena política exterior: recomposición provechosa con Washington, fortalecimiento con Brasil y el Mercosur, con Chile hacia China y el Pacífico, tratado de libre comercio con la Unión Europea, impulso al comercio exterior, de nuevo un rol aplaudido en el G-20, en la OMC y avances en la incorporación a la OCDE, diálogo con Gran Bretaña y con los isleños, cooperación inteligente hasta que pueda resolverse la cuestión soberana y un paraguas de soberanía que apuntale a nuestros amenazados derechos sobre la Antártida argentina. Por esto mismo a Di Tella lo combatieron ferozmente, incluyendo a muchos de los que hoy la aplican como si fuera propia. En suma, el Gobierno aplica muy bien una política exterior acertada que, además, con solo un poco de grandeza, podría servirnos a todos para tejer lo que hace grandes a los países: acuerdos básicos que se continúen aunque cambien los presidentes.
Natalia Volosin. Abogada Especializada en Control de la Corrupción
Puntaje: 6
En cuanto a la prevención y lucha contra la corrupción, se destaca como positiva la sanción de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, aunque el intento de incluir una cláusula de dudosa legalidad y de alta discrecionalidad a la medida de Odebrecht fue negativo. El impulso de causas por parte de la Dirección de Investigaciones de la Oficina Anticorrupción es encomiable, pero es cuestionable su falta de participación en investigaciones que podrían afectar a funcionarios actuales. La cooperación en causas penales por parte de organismos del Ejecutivo como la Dirección Nacional de Vialidad es positiva y su presentación como actor civil en la causa de la obra pública es un ejemplo a seguir en todas las causas relevantes. Lo más negativo del año: la renuncia a la Procuración del Tesoro de la Nación por parte de Carlos Balbín en el marco del escándalo del Correo; la continuidad de la OA como un organismo sin autarquía administrativa, sin presupuesto propio, comandado por una titular designada y removida en forma discrecional por el Ejecutivo; el incumplimiento de la promesa presidencial de sancionar una nueva ley de compras y de obra pública; el extendido cajoneo (viene desde 2003) de un proyecto de reforma de la Ley de Ética Pública que la OA tiene a su disposición para eliminar evidentes conflictos de interés hoy no alcanzados por la legislación; la continuidad de la vacante en la Defensoría del Pueblo de la Nación y el intento de designar Defensor/a sin participación de la sociedad civil.
Andrés Rosler. Abogado y Profesor de Filosofía del Derecho
Puntaje: 0
Mi calificación se refiere a un hecho que pone en peligro la idea misma del Estado de Derecho y cuya responsabilidad le cabe no solamente al Gobierno, sino a casi la totalidad del Congreso de la Nación, con la excepción de un solo representante, Alfredo Olmedo, quien se opuso a la ley impulsada por el Gobierno -aunque por las razones equivocadas. Me refiero, por supuesto, a la sanción de la ley 27362, una ley penal que en democracia limita retroactivamente el beneficio concedido por la ley 24390 (más conocida como la ley “del 2 x 1”) a criminales de lesa humanidad, a pesar de que nuestra Constitución Nacional, en su artículo 18, estipula de modo cristalino que “Ningún habitante de la Nación puede ser penado sin juicio previo fundado en ley anterior al hecho del proceso”. Cabe aclarar que la prohibición de leyes penales retroactivas es parte constitutiva asimismo del derecho penal internacional.
De hecho, la sanción de leyes penales retroactivas se encuentra prohibida en Occidente al menos desde el siglo XVI a partir de la Constitutio Criminalis Carolina dispuesta, tal como lo sugiere su nombre, por el Emperador Carlos V de Alemania. No deja de ser irónico que para encontrar un antecedente reciente de la puesta en práctica de esta institución penal nefasta, habría que tomar el túnel del tiempo y bajarse otra vez en Alemania aunque esta vez durante el nazismo. A decir verdad, el Congreso sostiene que la 27362 es una “ley interpretativa” de la ley del 2 x 1. Sin embargo, para que tenga sentido hablar de una ley interpretativa, la ley posterior debe aclarar el significado de la ley anterior, cuando salta a la vista que la ley del 2 x 1 no revista dificultad interpretativa alguna: “Transcurrido el plazo de dos años previsto en el artículo 1, se computará por un día de prisión preventiva dos de prisión o uno de reclusión”. Otro tanto sucede con el artículo 2 del Código Penal: “Si la ley vigente al tiempo de cometerse el delito fuere distinta de la que exista al pronunciarse el fallo o en el tiempo intermedio, se aplicará siempre la más benigna”. La ley 27362 entonces, a pesar de su nombre, no es una “ley interpretativa”, sino una nueva ley penal retroactiva, es decir, que pretende quitar derechos adquiridos, todo esto en plena democracia.
Algunos creerán que el Congreso, si bien violó el artículo 18 de la CN, de todos modos obró justificadamente al menos en términos morales. Sin embargo, el deber del Congreso, y de todos nuestros tribunales para el caso, no es el de aplicar el razonamiento moral directamente, sino el de respetar nuestra Constitución y las leyes sancionadas conforme a la misma. Si pudiéramos arreglárnoslas directamente con el razonamiento moral, ni perderíamos tiempo sancionando una Constitución y leyes. Por otro lado, es asimismo por razones morales que creemos que debemos obedecer la Constitución.
Resta esperar que nuestra Corte Suprema, cuya tarea principal consiste en hacer que se cumpla la Constitución, remedie cuando antes esta triste mancha en la historia de nuestro derecho penal. Fuente: Infobae
