Pymes jujeñas advierten hasta un 400% de aumento en la tarifas de luz

Desde la Unión Empresarios de Jujuy esperan reunirse con la SUSEP y la empresa distribuidora de energía en Jujuy para dar cuenta la problemática económica que les generaría a las pymes.

Luis Alonso referente de la la Unión Empresarios de Jujuy (UEJ) emitió una advertencia ante el inminente anuncio de aumentos en las tarifas de energía eléctrica que impactarán de manera significativa en el sector PYME y residenciales de la provincia desde el próximo mes.

“Hemos estado en reunión del Consejo Directivo donde vimos el tema del aumento de tarifa de hasta un 400% para el sector pyme, y va haber entre un 120% y 140% para los residenciales”.

“Eso también va a afectar al sector inflacionario y va a afectar a aquellas PYME donde será importante el costo energético. Me parece que tenemos que trabajar a través de la Supertintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU) y la empresa distribuidora para que este impacto, el aumento energético, en la generación, impacte en los comercios”, expresó Alonso a través de Canal 7.

“Me parece que tenemos que dar el debate ya, porque a partir del 1 de febrero, se está aplicando todo esto”.

Sobre cuántas serían las empresas que resultarían afectadas dijo, que las industrias están directamente afectadas por el tema energético y también los comercios, por lo que es importante el impacto que puede tener los aumentos de las tarifas.

Fuente: Somos Jujuy

En Jujuy una familia necesitó más de medio millón de pesos para no ser pobre

Es en el caso de un grupo familiar conformado por cuatro integrantes. Para no caer en indigencia requirió un ingreso $260.371,51.

Una familia jujeña de cuatro personas necesitó ingresos en enero  $536.508,77, que les permitieron estar por arriba del nivel de pobreza y de  y $260.371,51 para no ser indigente., según las estadísticas locales.

El dato relevado por la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos  (Dipec) señala el costo de vida de un grupo integrado por un jefe de hogar de 35 años, su pareja de 31, una hija de 8 y un hijo de 5.

La Canasta Básica Total incluye, además de los alimentos, los bienes y servicios, entre ellos, transporte, vestimenta, educación y salud, entre otros.

En tanto un grupo familiar de 5 integrantes necesitó en el mimo periodo ingresos por más de medio millón de pesos, es decir $583.388,18 para no ser considerada pobre, informó este viernes la Dipec. Según el organismo, la Canasta Básica Total (CBT) registró una suba del 20,5% el mes pasado.


En el caso de un persona sola en nuestra provincia, necesitó  173.627,43 para no ser considerada pobre y para no caer en la indigencia  84.262,63

Es bueno destacar que estas datos no contemplan alquiler de una vivienda, siendo un ítem que implica gran parte de los ingresos mensuales de los grupos familiares.

Lo que mas subió de la canasta en Jujuy

En cuanto a los rubros que más aumentaron, el organismo provincial detalló que Vivienda, combustible y electricidad: 32,, Enseñanza: 29,5%, Esparcimiento: 22,6%, Transporte y comunicaciones: 22,4%, Equipamiento y funcionamiento del hogar: 21%.

El aumento para los jubilados sería menor al 30% en marzo

El Gobierno aún no confirmó si pagará una suma extra y de no hacerlo, quienes cobran la mínima cobrarían menos que en febrero.

La fórmula de actualización trimestral jubilatoria otorgaría a los haberes un aumento menor al 30% a pagar en marzo, ante una inflación que habría acumulado casi un 80% desde diciembre hasta fines de febrero. De esa forma, el piso de los ingresos jubilatorios sin bono sería cercano a los $137.000. El Gobierno aún no confirmó si pagará una suma extra y de no hacerlo, quienes cobran la mínima terminarían por cobrar menos que en febrero.

Con esa suba, que surge de la ley de movilidad que sigue vigente tras la caída de la ley ómnibus en el Congreso que pretendía derogarla, las jubilaciones tendrían un ritmo de actualización muy por debajo de la inflación acumulada en los últimos meses. Según estimaciones privadas, el poder de compra de los haberes quedará en niveles mínimos desde 2002. En enero y febrero el Gobierno pagó bonos de 55 mil pesos a quienes cobran la mínima.

El gasto previsional no es un tema menor en el plan de ajuste fiscal que busca llevar adelante el ministro de Economía Luis Caputo. A priori, el programa de déficit cero que planteó el jefe del Palacio de Hacienda buscaba, por esta vía, un ahorro de 0,4% del Producto Bruto, de los 5 puntos porcentuales que necesita para llegar al equilibrio financiero en el primer año de mandato del gobierno libertario.

La Ley de Movilidad Previsional que determina los ajustes de los haberes, establece un porcentaje de incremento trimestral, determinado por la variación de un índice que surge de sumar 50% del aumento trimestral de la recaudación de la Anses por beneficiario y 50% de la variación de los salarios. Para este último ítem, se toma el mayor valor entre el Ripte (Remuneración Imponible para el Trabajador Estable) y el índice general de salarios del Indec. En ese contexto, la fórmula jubilatoria daría a los haberes que paga el Anses un aumento automático a pagar en marzo de 29,8%, según estimó el Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

La razón por la que la actualización es mucho más lenta que la inflación es el rezago de los parámetros que dan como resultado. “Para la actualización de marzo, por ejemplo, se toma en cuenta la variación de los salarios y de los ingresos tributarios de Anses entre septiembre y diciembre. En el mejor de los casos, por tanto, los haberes podrían subir en torno a 35% en marzo con una inflación que en el trimestre diciembre-enero-febrero podría acumular 76%”, había especulado hace algunas semanas la consultora PxQ.

Los haberes no serían los únicos que tendrían esa variación en marzo. En la actualidad, la fórmula se aplica para el ajuste también de pensiones, asignaciones familiares y otros beneficios sociales gestionados a través de la Anses, tales como la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo.

Con su diseño actual, la fórmula rige desde 2021, tras la modificación impulsada por el Gobierno de Alberto Fernández sobre lo sancionado en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri. En ese caso, la fórmula se regía en un 70% en base a la inflación y el 30% en base a los salarios.

El Gobierno intentó derogar la fórmula creada por el gobierno anterior. Primero, con un artículo para eliminar el esquema y luego, tras negociaciones con bloques opositores, con el establecimiento de una fórmula que desde abril actualice las jubilaciones de acuerdo al último dato oficial de inflación que se conozca al momento de cada pago mensual. La iniciativa naufragó en el parlamento y quedó firme la movilidad vigente.

El interés particular que tenía el Gobierno sobre un cambio en la fórmula jubilatoria es de orden fiscal. Por cómo estaba prevista la implementación del nuevo esquema, los primeros meses del año hubiesen representado un recorte en términos reales del gasto previsional mucho más alto que con la fórmula que sigue vigente. Así lo estimó un informe de Analytica.

“El pago de marzo contemplará la recaudación tributaria del último trimestre de 2023 y los salarios de diciembre, tomando parcialmente el efecto del salto inflacionario por la devaluación. Mientras que en abril, con la nueva fórmula, se tendrá en cuenta la inflación de febrero. Por tanto, los haberes no incorporarán la fuerte aceleración de precios ocurrida en diciembre y enero”, plantearon.

En un primer momento el Ministerio de Economía indicó que buscaba una baja del gasto previsional de 0,4 puntos del PIB respecto a 2023. Según nuestras estimaciones, la licuación de haberes durante el primer trimestre y el ajuste mensual desde abril, resultará en una reducción de la partida de jubilaciones y pensiones cercana a 1,3 puntos del PIB”, estimó Analytica.

De todas formas, esa iniciativa cayó junto al resto de la ley ómnibus. Todavía no hay precisiones por parte del Poder Ejecutivo sobre si habrá un nuevo proyecto en el Congreso cuando se inicie el período de sesiones ordinarias en marzo. Caputo sugirió que el oficialismo, en diálogo con bloques opositores, habrían avanzado en esa dirección en las últimas semanas.

Por lo pronto, la licuación del poder de compra de las jubilaciones fue muy pronunciado en los primeros dos meses de gobierno de Javier Milei. Un informe de la consultora Idesa (Instituto para el Desarrollo Social Argentino). “El monto (de las jubilaciones mínimas) en diciembre del 2023 es inferior al promedio de todo el 2023 y se ubica cerca del menor valor que tuvo en el siglo que fue el del 2002. Dado que las jubilaciones se ajustarán recién en marzo del 2024, suponiendo que la inflación en enero sea aproximadamente del 20%, el valor real de las jubilaciones en enero 2024 será el equivalente a $88.094 a precios de diciembre 2023. En febrero seguramente se ubicará por debajo del valor real que tenían en el 2002. Es decir, en febrero, las jubilaciones tendrán el menor valor real del siglo 21″, midió Idesa.

El Gobierno eliminará los fondos fiduciarios por 2000 millones de dólares: “Vamos a terminar con estas cajas”

El vocero presidencial Manuel Adorni anunció que Javier Milei decidió eliminar fondos fiduciarios por 2 mil millones de dólares e indicó que representa un ajuste de medio punto del PBI.

En su conferencia diaria, el vocero presidencial Manuel Adorni afirmó que el presidente Javier Milei eliminó algunos de los fondos fiduciarios que se envían a las provincias.

“El presidente Javier Milei decidió eliminar determinados fondos fiduciarios que entendemos que carecen de transparencia y que son parte de lo que denominamos cajas de la política. Representan cerca medio punto del PBI, en torno a los 2 mil millones de dólares. Son fondos que existen hace unos 30 años”, sostuvo vocero presidencial Manuel Adorni.

El vocero reafirmó que desde el Gobierno “vamos a terminar con estas cajas y apelamos a que la política comprenda que la transparencia tiene que estar por encima de todo y que se le de lugar a lo que se planteó con la Ley Ómnibus, que es la eliminación de estos fondos”.

Qué son los fondos fiduciarios que eliminó Javier Milei

Cabe destacar que actualmente existen 29 fondos fiduciarios, los cuales manejan montos cercanos a los U$S 10 mil millones.

Cuando el mandatario tuvo los primeros enfrentamientos al respecto y todavía se debatía si la eliminación de los mismos sería tratada en el Congreso o quedaría en el colador, Javier Milei ya había adelantado que de no lograr su objetivo a través del Poder Legislativo lo haría con un decreto.

Voy a eliminar todas la cajas negras de la política ¿Tenés alguna duda que yo voy a hacer el decreto que los limpie (los fideicomisos)? Si los tengo a tiro de un decreto, ¡anótalos! Hay más curros de los que imaginaba”, aseguraba el Presidente.

Algunos de los fondos que actualmente se envían para “asegurar el financiamiento y estabilidad de un programa público”, son: el Fondo Fiduciario de Infraestructura de Transporte, el PROCREAR, el PROGRESAR, el Fondo estabilizador del trigo y el Fondo Fiduciario de cobertura de salud, entre otros.

Al mismo tiempo, entre los fondos criticador por el Gobierno, se encuentra el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), que aporta dinero a las organizaciones piqueteras y movimientos sociales.

Gobierno lanzará “vouchers” para comprar útiles escolares y “financiamiento para alumnos”

“Va a haber vouchers y financiamiento para alumnos. Están trabajando los ministros (Sandra) Pettovello y (Luis) Caputo. Estamos muy cerca de anunciar eso”, dijo Milei.

A días de que comiencen las clases, el presidente Javier Milei anunció que lanzarán “vouchers para poder comprar útiles escolares, como una forma de contención a la clase media” así como una ayuda para hacer frente al pago de los colegios privados.

“Va a haber vouchers y financiamiento para alumnos. Están trabajando los ministros (Sandra) Pettovello y (Luis) Caputo. Estamos muy cerca de anunciar eso”, dijo Milei en declaraciones formuladas esta mañana a la radio La Red.

En tanto, el Gobierno prorrogó hasta fin de año la eximición que gozan los colegios privados del pago de contribuciones patronales, apuntando a evitar un “incremento importante” en las cuotas que abonan las familias, a través del decreto 134/2024 publicado hoy en el Boletín Oficial.

Desde 2001 y en sucesivas oportunidades se viene eximiendo por decreto a los colegios privados de los aportes patronales.

En diciembre de 2019, la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el Marco de la Emergencia Pública estableció entre otras cuestiones nuevas alícuotas a las contribuciones patronales, eximiendo del pago de las mismas a los empleadores titulares de establecimientos educativos de gestión privada hasta fin de 2020, y facultó al Poder Ejecutivo a prorrogar la eximición, lo que hizo la anterior administración por decreto en 2021, 2022 y 2023.

La última prórroga había vencido el 31 de diciembre del año pasado.

De no haber extendido la misma, se hubiera producido un “incremento desmesurado en las contribuciones patronales”, que sería “incluso mayor” fuera de la ciudad y la provincia de Buenos Aires, indican los considerandos.

La suba “agravaría el crítico contexto en el que las instituciones se encuentran inmersas, repercutiendo en la economía de muchas de las familias que asisten a ellas”.

En ese sentido, el Gobierno subrayó, en los mismos términos que el decreto de prórroga de 2023, que “el incremento de las contribuciones patronales generará un aumento importante en las partidas presupuestarias de las provincias, ya que el aporte estatal no solo contribuye para el pago de los sueldos de los docentes curriculares sino también al pago de las contribuciones patronales de aquellos salarios”.

Por otra parte, señaló que “en los casos en los cuales el instituto educativo no reciba aporte estatal, o lo reciba parcialmente, el significativo aumento de las contribuciones patronales originará incrementos importantes en el valor de los aranceles que abonan las familias por los servicios educativos y afectará su economía”.

“Es prioridad del Gobierno promover una educación cada vez más inclusiva y generadora de oportunidades para todo el territorio argentino”, concluyó el decreto.

El Gobierno define la suba del salario mínimo mientras los gremios reclaman por la caída del poder adquisitivo

Se trata de la primera convocatoria en la gestión de Javier Milei. La última vez que se actualizó el haber mínimo fue en diciembre del 2023.

El Gobierno reúne este jueves al Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil para definir un nuevo aumento en el sueldo básico de empleados formales para el primer trimestre del año. La reunión será en la sede de la Secretaría de Trabajo. La última vez que se actualizó el haber mínimo fue en diciembre de 2023, cuando se estableció en $156.000.

Se trata de la primera convocatoria de la gestión de Javier Milei, que había sido postergada en dos oportunidades. En la mesa de negociación, se revisarán los montos vigentes desde diciembre de 2023 y se tratará los valores mínimos y máximos de la prestación por desempleo. Entre diciembre de 2022 y 2023, esa variable aumentó solo 151,8% y perdió contra la inflación, que en el mismo período fue de 211,4%.

Desde que asumió la nueva administración, se esperaba por la convocatoria al Consejo del Salario, una instancia en la que dialogan representantes de los trabajadores, empleadores, el Estado nacional y los gobiernos provinciales para determinar el monto de ese piso salarial.

El secretario de Trabajo, Omar Yasín, había anticipado que el salario mínimo, vital y móvil tendría un ajuste importante. Aunque el Gobierno había dicho que llamaría a las partes a fin de enero, recién la semana pasada publicó la convocatoria.

Tras esa convocatoria, la Confederación General del Trabajo (CGT) planteó que la recomposición del ingreso mínimo deberá ser de al menos un 85% para recuperar “algo” del poder adquisitivo perdido desde diciembre.

En diciembre, el INDEC informó que los salarios de la economía crecieron 8,9% mensual. Sin embargo, la consultora Ecolatina señaló que “más allá de la performance de los salarios del sector formal (9%) e informal (7,6%), los aumentos salariales no tuvieron comparación con la inflación de diciembre, que ascendió al 25,5%”. De esta manera, se registró “una caída de magnitud histórica” que, en términos reales, representó una pérdida mensual de 13,2% en promedio.

“Tomando como base el dato de los salarios privados de trabajadores estables (RIPTE), cuya serie disponible es más extensa, la contracción mensual fue la más importante de la serie que se inicia en 1994, dando cuenta de un salario real que volvió a niveles de septiembre 2003″, explicaron los analistas de esa consultora.

En ese contexto, de acuerdo al Observatorio de la CTA, si se quiere recuperar el poder adquisitivo del salario mínimo de hace un año (enero 2023) el monto a fijar “debería ser de $234.051 considerando el IPC general”. Esto es, una suba del 50% en relación con los valores de diciembre.

Asimismo, el informe plantea que si se tiene en cuenta la estimación del IPC que publicó el Banco Central en el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) para febrero y marzo, 18% y 16,2% respectivamente, el monto del salario mínimo actualizado debería ser de $276.147 en el segundo mes del año y de $320.902 en el tercero.

El relevamiento explica que la actualización debe contemplar no solo la aceleración de precios de los alimentos, sino de otros productos esenciales como los medicamentos, alquileres, naftas y las tarifas del transporte: “La pérdida real del salario mínimo es reflejo de un panorama de retraso salarial crónico que debe atenderse a los efectos de recomponer el poder adquisitivo perdido y, en un mismo nivel de importancia, instalar la discusión de un piso salarial que garantice el acceso a los bienes y servicios necesarios para el conjunto de la fuerza laboral, valor monetario que debe adecuarse al de una canasta objetiva que asegure las condiciones materiales de vida de las y los trabajadores”.

Salario mínimo en la Argentina: de cuánto es en febrero

Desde diciembre de 2023, el valor del salario mínimo vital y móvil para los trabajadores mensualizados es de $156.000, mientras que los jornalizados deberían cobrar al menos $780 por hora. Ese salario mensual representa unos US$188 medidos a la cotización oficial o US$137 al valor del dólar blue.

Cuando se actualiza, el SMVyM impacta en el haber de los beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que paga directo al beneficiario la mitad del salario mínimo por una contraprestación laboral de cuatro horas diarias. Aunque el Gobierno ya dejó entrever que busca desacoplar esa instancia. Así, hoy los titulares del plan que abona la ANSES cobran $78.000.

Además, el salario mínimo sirve de parámetro para los informales.

En tanto, el salario mínimo repercute en el sueldo inicial docente (que por ley debe estar por lo menos un 20% por arriba del salario mínimo) y las jubilaciones, ya que su evolución determina el valor diferencial de la jubilación básica con el 82% móvil de aquellos con más de 30 años de aportes.

Por su parte, la actualización también influye en la exclusión del impuesto a las Ganancias para los trabajadores que ganan menos de 15 salarios mínimos, que hoy se ubica en $2.340.000.

UTA llegó a un acuerdo y el salario básico para los choferes será de $987 mil en febrero

Luego de varias audiencias infructuosas y amenazas de paro por parte del gremio, la UTA y las cámaras empresarias llegaron este viernes a un acuerdo paritario, que lleva el sueldo básico a $737 mil en enero y a $987 mil en febrero.

Las partes también acordaron el pago de una suma fija por única vez de $390.000 para todo el personal de conducción, y en forma proporcional para el resto de las categorías, a pagar en dos cuotas: una de $140.000 a pagar el 20 de febrero y otra de $250.000, el 15 de marzo.

Además, el acta contempla que las empresas y la parte gremial vuelvan a retomar las negociaciones después del 15 de marzo, una vez que haya sido difundida la inflación de febrero por parte del INDEC, para determinar una nueva actualización salarial.

La parte empresaria -AAETA, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA- manifestaron que suscriben el acuerdo , luego de que la Secretaría de Transporte se comprometiese a actualizar la estructura de costos vigentes, que contemplan entre otros puntos el precio del gasoil y el tipo de cambio.

Con la rubrica de este acuerdo se alejan las posibilidades de paros en el servicio de transportes del AMBA con los que venía amenazando el titular del gremio Roberto Fernández.

Fuente: ambito.com

Ojo con beber y conducir en carnaval: la multa más cara es de $829 mil pesos

La Secretaría de Seguridad Vial informó que, luego de que se ajustaran los precios del litro de nafta en Jujuy, se actualizaron los valores de las multas por alcoholemia positiva y por negarse a la realización del testeo.

Cabe recordar que los valores de las multas se calculan utilizando una unidad fija que es el precio del litro de la nafta súper. En este contexto, la multa más elevada es aquella por negarse a realizar el test de alcoholemia la cuál llega a los $829.000.

Nuevos valores de las multas por alcoholemia positiva

  • 0,01 a 0,19 gramos de alcohol en sangre = 100 Unidades Fijas $82.900
  • 0,20 a 0,49 gramos de alcohol en sangre = 300 Unidades Fijas $248.700
  • 0,50 a 099 gramos de alcohol en sangre = 500 Unidades Fijas $414.500
  • Más de 1,00 de alcohol en sangre = 800 Unidades Fijas $663.200
  • Al negarse a realizar el test = 1000 Unidades fijas $829.000

Fuente: Somos Jujuy

Este jueves vuelven a aumentar los combustibles

El próximo jueves, 1 de febrero, vence el congelamiento del impuesto a los combustibles que había impuesto el anterior gobierno de Alberto Fernández, en medio de la pandemia, a mediados del 2021.

Por eso, el ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo trabaja en un nuevo cálculo al descongelar las tarifas sin prorrogar la medida anterior.

Por su parte, en su cuenta de X el presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), Nadin Argarañaz, dijo: “Si se actualiza el impuesto nacional a los combustibles, los precios podrían subir un 25%”.

De esta manera, el valor del litro de combustible podría superar la barrera de los $1000 en las estaciones de servicio.

Gremios azucareros exigen urgente apertura de paritarias

Coincidieron en que debe haber una fuerte recomposición salarial.

Las comisiones directivas de los sindicatos de trabajadores del Ingenio Ledesma, La Esperanza, La Mendieta y El Tabacal, de Jujuy y Salta, solicitaron “urgente reapertura de paritarias” y se declararon en estado de “alerta”, tras una reunión en la que analizaron la “crítica situación inflacionaria” que atraviesa el país.

Así lo informaron los dirigentes gremiales en un comunicado, al señalar que en el encuentro realizado en la ciudad de San Pedro de Jujuy coincidieron en que “es necesaria una fuerte recomposición salarial para afrontar la inflación galopante que sufre la familia del trabajador”.

En ese marco, reunidos en la sede de la Obra Social del Personal del Azúcar (Ospa) de esa localidad, acordaron solicitar a las empresas una “recomposición del salario que supere la inflación de los meses de enero y febrero”.

En tanto, avanzaron en declararse en estado de “alerta”, en espera del “urgente” llamado a negociar un aumento salarial.

Los sindicatos también “ratificaron el rechazo enérgico al DNU y la Ley Ómnibus que propone el Ejecutivo Nacional”, que “representa una grave amenaza a los trabajadores en general y a las fuentes de trabajo de la actividad azucarera en particular”, según ya se habían pronunciado.

Cabe señalar que algunos de los gremios azucareros, como el Soeail que agrupa a los del Ingenio Ledesma, participó activamente del paro realizado el 24 de este mes, y que fuera organizado por la CGT, para rechazar el DNU del presidente Javier Milei, realizando una marcha por calles de Libertador General San Martín.