La sesión estaba previsto para hoy pero se realizará el martes. Buscan acordar con los dialoguistas.
Después de presionar hasta último momento para dictaminar, sí o sí, el proyecto de la Ley Ómnibus el martes, el oficialismo logró finalmente imponer su texto a la 1.30 de la madrugada del miércoles, pero con tantas disidencias y rechazos que ahora debió levantar la sesión prevista para este jueves. Por primera vez, y ante el riesgo de que peligre su proyecto, La Libertad Avanza decidió tomarse un tiempo: usarán el fin semana para ordenar la letra chica y conseguir los consensos necesarios para sesionar la semana que viene.
Desde la presidencia de Diputados confirmaron que buscarán sesionar la semana que viene, aunque no precisaron fecha. En la oposición dicen que hay acuerdo para llevarla a cabo el martes.
Lo cierto es que la tensión escaló después del plenario de comisiones y este miércoles, Martín Menem y su principal asesor y operador “Lule” Menem, se reunieron -en un departamento afuera del Congreso, porque el palacio estaba rodeado por los manifestantes del paro de la CGT- con delegados de los bloques para una discusión política de fondo de la que salió la confirmación de que la sesión del jueves se levantaba y se postergaba hasta la próxima semana.
A la par el oficialismo tendrá que hacer un trabajo de mayor consensos de cara al recinto para que la ley no peligre. Según confirman, el quórum para el arranque no está en duda, pero la votación del proyecto en general será voto a voto, mientras que una centena de artículos en particular están a un paso de caerse.
Como contó Clarín, el pedido de postergar la sesión empezó a circular ayer por parte de los bloques dialoguistas que pedían tiempo para poder “ordenar” la votación dentro de sus bancadas, que quedaron partidas. Incluso le habían solicitado al oficialismo dilatar la firma del dictamen, pero en eso el Gobierno no cedió y solo retrasó dos horas y media el inicio de la reunión del plenario.
En un hecho inédito el encuentro de las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto empezó pasadas las 21. Durante la madrugada, y después de tensas negociaciones que casi hacen caer la reunión, La Libertad Avanza logró un dictamen de mayoría con 55 firmas, de las cuales 34 fueron en disidencia parcial.
En limpio, firmaron sin reparos los 19 libertarios que integran la comisión; José Luis Espert, que preside la comisión de Presupuesto; y la tucumana Paula Omodeo de Creo.
Las disidencias fueron de los legisladores del PRO, de una parte de la UCR, de Hacemos Coalición Federal -el bloque de Miguel Pichetto- y de Innovación Federal -donde conviven legisladores que responden a los gobernadores de Río Negro, Salta, Misiones y Neuquén.
Los principales puntos de la diferencia siguen teniendo que ver con los capítulos de retenciones, jubilaciones, el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses y privatizaciones.
Todos temas que, a pesar de las ideas y vueltas, están del todo cerrados o no llegaron a quedar plasmados en el dictamen oficial, que terminó dándose a conocer entrada la tarde del miércoles, lo que despertó una lluvia de críticas. “Se firmó un cheque en blanco”, se repetía como un mantra incluso desde las propias bancadas que avalaron el texto.
Explican que las modificaciones de última hora no alcanzaron a redactarse pero que hubo un compromiso de integrar esos cambios. La redacción se va a cranear en estos días y el día de la sesión, el miembro informante de LLA será el encargado de dejar en claro el retoque.
Sobre las retenciones el oficialismo no cede y está hablada ya la posibilidad concreta de que ese artículo se caiga en el recinto. Lo mismo ocurre con el FGS si no logran ponerse de acuerdo con las provincias.
El tuit del ministro de Economía, Luis Caputo -que advirtió que “se recortarán inmediatamente las partidas a las provincias si alguno de los artículos es rechazado”- no colaboró al clima y jefes de distintas bancadas salieron a contestarle.
En cuanto a jubilaciones el oficialismo aceptó pasar de la fórmula actual a un ajuste mensual por IPC, pero el empalme de ese cambio es lo que está trabado y la oposición lanza puentes con el Frente de Todos para intentar alcanzar la mayoría para retocar esa redacción en el recinto.
Las diferencias dentro de los bloques dialoguistas
La firma del dictamen cristalizó las diferencias dentro de los bloques de la UCR y de Hacemos Coalición Federal, la bancada de 23 que conduce Miguel Angel Pichetto. Mientras que algunos acompañaron en disidencia el texto del oficialismo, otros armaron despachos propios y algunos no firmaron ningún dictamen. Todavía no está claro cómo se van a traducir estas distintas posturas a la hora de votar.
Dentro del radicalismo que tiene 34 miembros, se estima que alrededor de una decena se oponen: son los más cercanos al neurocientífico Facundo Manes, pero también otros de Evolución -el partido de Martín Lousteau- que no coinciden con la letra chica del texto, como Carla Carrizo y Mariela Coletta, que no firmaron ningún dictamen.
“Es insólito que para equilibrar las cuentas el ajuste caiga sobre los jubilados y la producción, y que se abran blanqueos con condiciones escandalosas. Tampoco acompañamos la destrucción de la cultura, el ambiente y todo lo que afecta la vida diaria sin un debate y trabajo serio”, escribió Coletta en sus redes.
El no acompañamiento de ningún texto fue la manera menos brusca que la UCR encontró para transitar su quiebre. En el plenario de comisiones hubo 8 radicales que firmaron y 8 que no.
El bloque de Hacemos Coalición Federal es más variopinto aún. Incluye además de Pichetto, a la Coalición Cívica de Elisa Carrió, a Margarita Stolbizer, a los socialistas santafesinos, a los cordobeses de Juan Schiaretti y Martín Llaryora, a Florencio Randazzo, Emilio Monzó y Ricardo López Murphy, entre otros.
Acá las diferencias van desde lo ideológico y moral, hasta intereses particulares sobre articulados que impactan en algunas provincias.
“Nosotros no podemos votarlo, por eso vamos a ofrecer nuestro propio dictamen, más serio, ordenado, pero sobre todo más justo”, afirmó Juan López, jefe de bloque de la CC durante el debate. No avalan las facultades delegadas, ni la actualización jubilatoria tampoco ni la liquidación del Fondo de Garantía de Sustentabilidad.
Margarita Stolbizer y Mónica Fein armaron un dictamen propio. “Gobernabilidad en el marco de la Constitución. Ni atropello ni marcha atrás. Ni kirchnerismo ni entregar todo a manos de los negocios de unos pocos. Vamos a proteger a jubilados, trabajadorxs, pymes, la educación, la cultura y el ambiente. Trabajando para aportar a un país mejor”, sentenció Stolbizer.
Los demás miembros de la bancada que integran la comisión fueron la llave para el dictamen del oficialismo salga: terminaron firmando en disidencia.
