La Justicia de Santa Fe busca a una niña de 12 años que expresó su voluntad de ser sometida a una interrupción de embarazo provocado por los abusos a los que fue sometida por su padre, quien está detenido, y no se presentó con su madre a efectuar el procedimiento en un hospital de la capital provincial, informaron hoy voceros judiciales.
Se trata de una niña de la localidad de Garibaldi, situada a 122 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, en el departamento Castellanos, que en diciembre fue llevada por su madre a un control médico en el cual se reveló que estaba embarazada.
Luego de eso, la niña le contó a su madre que su papá había cometido reiterados abusos, por lo que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) ordenó su captura, que se concretó en las últimas horas en la ciudad santafecina de Recreo.
El hombre, de 42 años e identificado con las iniciales G.M.A., será imputado por el delito de abuso sexual agravado por Alejandra Del Río Ayala, de la Unidad Especial de Género, Familiar y Sexual (Gefas), en una audiencia en principio fijada para mañana.
Por ello, la niña expresó su voluntad de ser sometida a la interrupción del embarazo y su madre la apoyó en la decisión, por lo que se resolvió que la intervención se realizara en el hospital Iturraspe de la ciudad de Santa Fe en la jornada de ayer, pero no se presentaron.
Ante esa situación, la Justicia inició una investigación para dar con el paradero de la mujer y la niña, que según los voceros fueron contactadas durante el fin de semana por integrantes de una asociación civil denominada Grávida, que intentaron convencerla para que no abortara.
Ahora, las autoridades sospechan que tanto la niña como su progenitora están en un sanatorio privado de la capital de la provincia bajo la tutela de esa asociación que lucha contra la aplicación de la IVE.
La información fue confirmada también por voceros de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia de Santa Fe, que interviene en el caso.
En ese sentido, fuentes consultadas por Télam indicaron que la madre llegó a firmar el consentimiento, requisito necesario para concretar el procedimiento que establece la ley 27.610, sancionada en diciembre de 2020, que garantiza la interrupción del embarazo en el sistema de salud como derecho si una persona con capacidad de gestar así lo elige.
Paralelamente, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) concretó la detención del padre de la niña, que cuenta con antecedentes por violencia de género.
Por último, las fuentes judiciales añadieron que funcionarios de la Secretaría de Niñez, de los ministerios de Salud y de Igualdad, Género y Diversidad analizan la situación y posibles acciones a realizar en torno al caso junto a sus pares del MPA. (Télam)
