Niños wichís se drogan con combustible y mueren quemados

Líderes de comunidades wichís asentadas en la localidad de Morillo (o Coronel Juan Solá), en el corazón del Chaco salteño, denunciaron que la adicción está matando a la juventud del pueblo originario. Los chicos inhalan combustible y se drogan con otras sustancias, quedando expuestos a situaciones de riesgo.

Según afirmó a TN Reinaldo Ferreira, representante de la comunidad “La Cortada”, que reúne a unas 300 familias a la vera de la ruta nacional Nº 81, en los últimos años “16 chicos sufrieron graves quemaduras y murieron cinco jóvenes de entre 14 y 18 años por el consumo de drogas, alcohol y nafta”.

“En este momento dos chicos están internados en Salta capital, peleando por su vida” por quemaduras que sufrieron al inhalar nafta o alcohol etílico, continuó. En otros casos, chicos terminaron con discapacidades, otros se suicidaron.

La inhalación de alcohol e hidrocarburos puede causar desde dolores de cabeza, mareos, náuseas y vómitos hasta desmayos, indica un documento del Gobierno de Nueva Jersey, de Estados Unidos. “La exposición repetida puede causar daños al sistema nervioso y afectar a los riñones”, precisan sobre las posibles consecuencias de este flagelo.

Una década trágica en el norte salteño

Ferreira, de 46 años, dijo que la problemática de la inhalación de nafta y del consumo de drogas comenzó hace unos 10 años en las 26 comunidades wichís de la provincia y apuntó contra las autoridades provinciales y nacionales por la falta de ayuda.

“Antes nos mataban con balas. Ahora nos quieren matar de hambre, de pobreza, nos meten las drogas en las comunidades para que desaparezcamos. De esa manera nos quieren exterminar”, lanzó.

“Todo el pueblo sabe quiénes son los que venden, pero nadie hace nada porque tanto los de la seguridad como la política están involucrados”, sostuvo. “Ellos dejan entrar estas cosas sucias a nuestro Chaco salteño, les importa más la plata que la pobreza”.



Desnutrición, falta de agua y educación

El referente social denunció la desidia de las autoridades y las graves carencias de su comunidad en cuanto a viviendas, atención sanitaria y escuelas.

“Tenemos instituciones que deberían representarnos, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y en la provincia el Instituto Provincial de Previsión Social (IPPIS) y la Secretaría de Asuntos Indígenas, pero siempre han estado ausentes. Ninguno de todos estos tiene significado para nosotros. Estamos viviendo como antes pero antes teníamos todo. Hasta la tierra no tenemos, nos despojaron y ya no podemos andar en el campo”.

Según afirmó Ferreira, entre los jóvenes “hay un sufrimiento enorme porque no hay trabajo, no hay nada, están estancados”.



Además, apuntó contra los negocios agropecuarios y el desmonte que “les quitaron el campo, el territorio indígena”. “Todo se ha privatizado, cerrado con alambre. Muchas veces dicen que la pobreza es un tema cultural pero nos encerraron. No podemos ir a sacar miel, ni ir a buscar un conejo en el campo, recolectar frutas silvestres, ya no nos podemos alimentar con cosas sanas”.

La falta de soberanía alimentaria repercuta de manera directa en la salud de los más jóvenes. “Los chicos de 14 ya no tienen dientes, tienen diabetes y colesterol alto, problemas con el cuerpo”, afirmó.

La falta de viviendas es otra de las graves problemáticas del pueblo wichí. “Muchas familias duermen apretadas con los hijos en casas de 4 metros por cuatro”, en casas de barro o chozas armadas con plásticos y lonas.

Según dijo Ferreira, tampoco tienen escuela para los más de 500 chicos de la zona. “Hay una cerca que no tiene baño, ni comedor. Los chicos comen en el piso, no tienen donde higienizarse. Queremos una escuela propia, un secundario para que los chicos estudien en vez de andar nafteando”, reclamó.

La falta de agua es otro problema recurrente, más en verano. “Sale sucia, a veces no tenemos agua por un mes. Muchos chicos y ancianos sufren diarrea y desnutrición por eso”.

El representante wichí también denunció que se realizaron obras de cloacas en Morillo que no funcionaron: “Se han gastado millones de pesos en esa obra, han perforado tres pozos grandes y el agua no llega porque las cañerías están llenas de barro, se hizo un desastre”.

En diálogo con este medio, Ferreira apuntó contra los “diputados y senadores salteños que conocen los problemas del Chaco, pero jamás alzan una mano para los indígenas”.

También pidió que los escuchen “desde el gobierno salteño y nacional”. “Nos gustaría que nos reciba el Presidente y que entre todos busquemos un fin positivo, no podemos seguir perdiendo más chicos”, concluyó.



TAMBIÉN FUE IMPUTADA LA HERMANA
DETUVIERON A UNA CONCEJAL POR EL DESVIO DE DONACIONES A FAMILIAS WICHIS

Un fiscal penal imputó a una concejala radical de Tartagal y a su hermana, que es defensora oficial, por el presunto desvío de donaciones de mercadería destinadas a comunidades originarias del norte salteño por la emergencia socio-sanitaria declarada a principios de 2020.

 

Según informó el Ministerio Público de Salta, el fiscal interino penal 1 de Tartagal Rafael Medina imputó a Paola Alejandra Díaz, concejala del radicalismo de 43 años, y a Rosa Fabiola Díaz, de 40, defensora oficial. Fuentes judiciales detallaron que la primera quedó detenida y optó por declarar. Mientras que la segunda se abstuvo de brindar declaraciones, y solo fue imputada y suspendida por su inmunidad a raíz de su cargo en el Juzgado de Garantías 1 de Tartagal.

 

El escándalo se disparó a raíz de una denuncia de la hermana mayor de ambas, Sandra Díaz, que las acusó en una denuncia periodística de vender donaciones recibidas hace un año para las comunidades wichí de la zona. Lo hizo por video a través del canal Video Tar, de Tartagal, y otros medios.

 

El fiscal Medina intervino de oficio días pasados una vez conocida la noticia de posibles irregularidades, acopio y venta con la ayuda solidaria. Ese mismo día, el funcionario dispuso las medidas, como una consigna permanente donde se encontraban las donaciones provenientes de distintas fundaciones e invitó a la denunciante a radicar una denuncia formal. Finalmente, la mujer la concretó en la Comisaría 45 de Tartagal y luego amplió en la sede fiscal.

 

Según la denuncia, en enero de 2020 las acusadas recibieron la donación de mercaderías perecederas, ropa, zapatillas, alcohol en gel, agua mineral y pañales, entre otras cosas, y precisó que sus hermanas habrían mantenido ocultas las donaciones todo el año y hasta ahora para venderlas a negocios de la zona.

 

La intención, según Sandra Díaz, era mantenerlas guardadas hasta que Paola Díaz se postulara como candidata a diputada provincial “lucrando con dichas mercaderías para un beneficio propio”. “Le expliqué (al fiscal) el nombre de las personas que vendieron las cosas”, sostuvo la hermana denuncia. Y reveló que la metodología consistía en vender bolsones de ropa en las ferias de la zona o en Bolivia.

En uno de los videos, donde hace un descargo público, la concejala manifestó que es parte de un grupo que hace beneficencia y que las cosas que se mostraron en el allanamiento “son cosas que teníamos que llevar a Santa Victoria Este, pero pasó la pandemia”. Entre llantos, aseguró que el donativo se hizo con la Fundación Noble de Santa Fe, cuyos representantes “saben que las cosas están acá documentadas” y “en ningún momento se vendió nada”. Admitió que la mercadería estaba destinada para las comunidades wichí de la zona y que lo que quedaba en la vivienda estaba pendiente de entrega.

 

La imputación señala que las acusadas tenían a su cargo “la administración y cuidados de los bienes provenientes de las fundaciones, llevando a cabo una administración fraudulenta de los bienes asignados, perjudicando intereses ajenos con su accionar infiel”, pues la mercadería debía ser repartida “entre personas de escasos recursos y de las misiones aborígenes de la etnia wichi”.

 

En el allanamiento, con auxilio de la fuerza pública, se secuestraron bidones y botellas de agua, ropa nueva y usada y zapatillas. Fuentes de la Defensoría General de la Provincia de Salta informaron que se dispuso un sumario administrativo contra la defensora investigada, quien fue suspendida por 30 días.

 

Ante el escándalo, la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo (UACOP), junto a las comunidades originarias de Santa Victoria Este del departamento salteño de Rivadavia, anunciaron protestas contra las funcionarias. Durante el fin de semana, los caciques Cándido Mansilla, de la organización La Nueva Generación, y Celina Juárez, de la comunidad Lapacho II, fueron a la casa de la concejala para exigir la entrega de los donativos.

 

Desde ayer, tras la detención y los allanamientos, las comunidades del Pilcomayo se encuentran acampando en el complejo deportivo municipal, a la espera de la entrega de las donaciones que se encuentran acopiadas en las dependencias de la Policía Provincial.

 

Las mujeres están imputadas por la supuesta comisión del delito de “administración fraudulenta de bienes o intereses ajenos, en grado de coautoras”.