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Chile decide en un plebiscito su Constitución o aprueba una nueva o se queda con la Constitución de Pinochet

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Está todo listo y dispuesto en Chile para que este domingo 4 de septiembre alrededor de 15 millones de votantes recurran a las 38 mil mesas de votación repartidas a lo largo de todo el país para Aprobar o Rechazar la propuesta Constitucional escrita por la Convención Constitucional.

Y es que para llegar a este día se necesitaron alrededor de 3 años de manifestaciones, acuerdos políticos, varias elecciones y el surgimiento de un órgano constitucional impensado en la historia del país y, por qué no decirlo, inédito en lo que se refiere a procesos constitucionales en el mundo.

Precisemos que la jornada de este 4 de septiembre en Chile la población habilitada para votar tendrá que recurrir de manera obligatoria a sufragar si Aprueba o Rechaza el texto constitucional redactado por la Convención Constitucional y sus 154 integrantes. En caso que se Apruebe el texto, éste reemplazará a la actual Carta Fundamental redactada en tiempo del dictador Augusto Pinochet, pero si se Rechaza, seguirá imperando el texto actualmente vigente, desatando un nuevo periodo de incertidumbre en el país y negociaciones políticas para llegar a un nuevo acuerdo.

Para este plebiscito obligatorio se estima que alrededor de 12 millones de personas irán a sufragar, número que sería inédito en la historia del país en caso que suceda. Sin embargo, hay señales de que esto podría ser así. Según el Servicio Electoral de Chile (Servel), más de 12 millones de personas han consultado sus datos electoral en la web de este organismo. “Desde el 13 de agosto hasta ayer, se han consultado los datos de 12.050.000 electores de un padrón de 15 millones, eso refleja mucho interés, por lo menos de saber dónde se vota y cuál es la condición de vocal de votación”, dijo hace unos días atrás Andrés Tagle, presidente del Consejo Directivo del Servel.

La propuesta se compone de 178 páginas, 388 artículos, 11 capítulos y 56 disposiciones transitorias. Es el primer texto constitucional en la historia de Chile escrito con participación de ciudadanos, ciudadanas y pueblos originarios, y bajo un órgano como la Convención Constitucional.

El primer capítulo de la propuesta constitucional que se votará este 4 de septiembre es uno de los más importantes. En él se establece que “Chile es un Estado social y democrático de derecho. Es plurinacional, intercultural, regional y ecológico” y que “se constituye como una república solidaria. Su democracia es inclusiva y paritaria”.

Este primer capítulo fija que “la soberanía reside en el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones” y que el país “reconoce la coexistencia de diversos pueblos y naciones en el marco de la unidad del Estado”, entre ellos, el pueblo Mapuche, Aymara, Rapanui, Lickanantay, Quechua, Colla, Diaguita, Chango, Kawésqar, Yagán, Selk’nam, “y otros que puedan ser reconocidos en la forma que establezca la ley”.

El inicio de la propuesta constitucional de igual manera se establece que el “Estado es laico” y que éste “promueve el diálogo intercultural, horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el país”. Además, despeja las dudas sobre los emblemas nacionales: “son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional”.

Por otro lado, “Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales”, y se compromete “con el mantenimiento de la región como una zona de paz y libre de violencia”.

Consagración de derechos

La consagración de derechos es otro ámbito que presenta la propuesta constitucional chilena, y que está reunido en el segundo capítulo del texto, el más largo de todos. Este parte estableciendo que “los derechos fundamentales son inherentes a la persona humana, universales, inalienables, indivisibles e interdependientes”, y que “los pueblos y naciones indígenas son titulares de derechos fundamentales colectivos”.

En este segundo capítulo se establece derechos como que toda persona tiene derecho a la vida, ningún individuo será sometido a desaparición forzada y que nadie que cumpla con los requisitos establecidos en esta propuesta constitucional y ante las leyes podrá ser desterrada.

Se fija el derecho a la igualdad y los niños y adolescentes son titulares de derecho. Se establece el derecho a una vida libre de violencia de género y se reconoce la neurodiversidad. En el caso de los privados de libertad, estos tienen derecho a hacer peticiones a la autoridad penitenciaria

Jujuy, solidaria con el pueblo de Ucrania

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Los gobernadores de Jujuy, Gerardo Morales; de Misiones, Gustavo Valdés; y de Mendoza, Rodolfo Suárez; y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta; remitieron una carta al ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, Santiago Cafiero, poniendo a dichas provincias a disposición de los refugiados ucranianos que arribarán a Argentina, escapando de la trágica invasión rusa a ese país.

En este sentido, asumieron el compromiso de “colaborar y trabajar” conjuntamente en materia de “ayuda humanitaria y la potencial acogida de quienes hoy escapan de su país ante las devastadoras consecuencias de la invasión de Rusia”.
En otro tramo de la misiva, advirtieron que en dos semanas de conflicto hay más de 2 millones de refugiados, número que se prevé se duplicará en julio próximo, proyección que permite considerar que “esta crisis tiene el potencial de ser una de las peores en la historia reciente”.

Tras resaltar que el mundo está ante una “crisis humanitaria de escala global”, observaron que en Argentina reside “una importante comunidad de ciudadanos y descendientes” de ese país, que compone la séptima mayor diáspora de ucranianos en el mundo. Por esta razón, estimaron que “es una situación que nos compete, no sólo por la empatía con aquellos en situaciones de vulnerabilidad y su relevancia global, sino también dentro de nuestra sociedad”.

Recordaron que Argentina tuvo históricamente una política migratoria de “puertas abiertas” en base al preámbulo de la Constitución Nacional y una tradición de respeto a los derechos humanos. “Celebramos que ésta no sea la excepción”, apuntaron y recalcaron que el país “tiene la posibilidad de colaborar en un problema humanitario global”, entendiendo que ese esfuerzo “debe darse más allá de la filiación política de los gobiernos”. Indicaron que las distintas jurisdicciones tenemos programas en coordinación con ACNUR y/o la sociedad civil para asistir a los miles de refugiados y solicitantes de la condición de refugiado que viven en nuestro país. Esa asistencia incluye desde contribuir con alimentos y elementos de higiene en situaciones de emergencia, hasta la apertura de cuentas bancarias y clases de idiomas.