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De acuerdo con la Constitución Nacional, la figura del Defensor del Pueblo tiene una importancia clave en la vida institucional argentina: creada por ley en 1993 e incorporada a la Carta Magna en la reforma del año siguiente, su artículo 86 establece que le compete la defensa y protección de los derechos, garantías e intereses tutelados ante hechos, actos u omisiones de la administración pública y, también, el control del ejercicio de las funciones del Estado.

Sin embargo, el puesto se encuentra vacante desde 2009, luego de que Eduardo Mondino renunciara para postularse como candidato a senador nacional en las elecciones legislativas de ese año. En esa oportunidad, lo sucedieron los adjuntos que lo secundaban, Anselmo Sella y Carlos Haquim, que a su vez dejaron sus respectivos puestos en 2013 y 2015. Y desde hace cuatro años la Defensoría está a cargo del subsecretario de la entidad, Juan José Böckel.

Nada sugiere que esta situación vaya a cambiar en el futuro cercano. En los ya casi 11 años de vacancia hubo un solo intento de cubrir el puesto. Fue en 2017, cuando se llegó a postular una terna compuesta por Humberto Roggero, Jorge Sarghini y Alejandro Amor. No obstante, la iniciativa no llegó al recinto, donde alguno de los candidatos debería haber conseguido la desafiante cifra de los dos tercios de ambas cámaras del Congreso para ser designado.

¿Cómo afecta esto la actividad diaria de la única Institución Nacional de Derechos Humanos nacional reconocida por la ONU? Hay dos análisis contrapuestos, cuya divergencia central radica en la importancia que se le da al hecho de que, sin un titular, la institución no tiene legitimación procesal: es decir, que no puede iniciar acciones judiciales contra el Estado en casos donde se adviertan posibles violaciones a los derechos que está facultada para defender.

Desde la oficina del Defensor del Pueblo aseguraron que esto no tiene una relevancia mayor. Pero otros expertos consultados por Infobae, entre los que se encuentra el último titular de la institución, rechazaron la postura, argumentando que implica una limitación muy amplia de sus facultades.

Desde la oficina del Defensor remarcaron la ineficiencia de los procesos contenciosos -“la Justicia es lenta, morosa y onerosa”, dijo Böckel a Infobae– e hicieron referencia al hecho de que históricamente la oficina tiene un registro negativo en los casos que sí terminaron en los tribunales.

Además, recordaron que, a lo largo de los años, la Corte Suprema recortó las facultades del Defensor del Pueblo -al punto de circunscribir su accionar a casos de incidencia colectiva- y que aún en los casos donde se lograron fallos favorables no se ha conseguido que el Estado cumpliera con las órdenes que resultaron de la decisión.

Para fundamentar su postura, citaron la falta de progreso en el caso del conocido fallo “Mendoza”, donde la Corte Suprema ordenó que se implemente un plan exhaustivo para limpiar la cuenca Matanza-Riachuelo. “11 años tiene el fallo, ¿y cuál es el cambio?”, se preguntó Böckel.

Además, los funcionarios destacaron que el juicio debe ser la última instancia de un reclamo, y que el objetivo principal siempre es lograr resolverlo por la vía administrativa. “La esencia es la persuasión, es advertir a la administración que lo que está haciendo debe ser reparado”, explicaron.

La vía administrativa permite a la oficina del Defensor iniciar actuaciones de oficio (por cuenta propia) o a pedido de una o más personas que crean que sus derechos están siendo vulnerados. En ese momento se abre una investigación que, si comprueba lo alegado, puede resultar en acciones de distinto calibre: van desde recomendaciones hasta informes ante la Comisión Bicameral del Defensor del Pueblo. “El Estado toma nota y en muchos casos revierte la conducta. En otros entiende que no corresponde y continúa“.

Los funcionarios explicaron que esta vía es más rápida e idónea, ya que en muchos casos las urgencias no pueden esperar los largos tiempos de la Justicia. Y que en casos particularmente graves cuentan con enlaces con el Poder Ejecutivo capaces de tomar acciones expeditas.

Indicaron además que los informes anuales que presentan ante la Comisión Bicameral reflejan que la esencia del trabajo realizado está en las actuaciones e iniciativas que se llevan a cabo según las ocho áreas en las que se divide la oficina. Entre ellas se encuentran: identidad y ciudadanía, ambiente y desarrollo sustentable, y grupos vulnerables.

Los informes dan cuenta de un aumento porcentual en las actuaciones, y destacan los resultados favorables obtenidos en numerosos programas. Uno de los más exitosos, destacaron, es el que contribuye a garantizar el “Derecho a la Identidad”. Implementado por Soledad Patané, el programa ayuda a determinar los orígenes biológicos de aquellos que tengan dudas sobre ellos.

Otro factor que destacaron es el hecho que dos de las tareas abordadas por la oficina, el Observatorio de femicidios a cargo de Georgina Sturla y la Vinculación del Examen Periódico Universal con Objetivos de Desarrollo Sustentable, llevado a cabo bajo la esfera de la ONU, recibieron menciones especiales de buenas prácticas por parte del organismo internacional.

En contraste, los expertos en la materia consultados asignaron un peso mucho mayor a la posibilidad de hacer uso de las facultades reservadas al titular de la institución, que ahora no se encuentran disponibles. Además, destacaron que el Defensor podría haber intervenido en numerosas ocasiones a lo largo de los años, nombrando como ejemplo el caso de los aumentos de tarifas en 2016.

Si bien coincidieron en que la mayoría de los procesos que se encaran se hacen por vía administrativa, y que se llega a la instancia judicial solo después de haber agotado todos los otros procesos, el hecho de no contar con un titular implica dos cosas: una, que al ser este un organismo unipersonal, cualquier resultado depende de la voluntad que el órgano del Estado requerido tenga de responder. Y dos, que tal vez haya casos donde no quede otra alternativa que recurrir a la vía judicial, pero esta se encuentra vedada.

Más: hace tres años la Corte Suprema decidió remover a la institución de la coordinación del cuerpo colegiado que se ocupa de supervisar la implementación del fallo “Mendoza”, bajo el argumento de que no contaba con legitimación procesal.

Pero más allá de las diferencias de criterio, todos los consultados aseguraron que no contar con un Defensor del Pueblo es una falencia institucional grave. La premisa fue replicada por distintos organismos nacionales e internacionales, que han urgido al Estado en distintas ocasiones a que finalmente designe uno.

A pesar de haber recortado su legitimación a lo largo de los años, la Corte Suprema lo ha pedido en distintas oportunidades. Y en 2018, en sus últimas observaciones finales sobre el cuarto informe periódico de la Argentina, el Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de la ONU subrayó expresamente que lamenta que la vacante del Defensor del Pueblo continúe vacante. La Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, presidida por Juan Pablo Zanetta, impulsará una iniciativa con el objetivo de lograr que el tema vuelva a discutirse en el debate público.

“Esperemos que en este nuevo periodo que se abre, gane quien gane, se elija Defensor”, resumió Böckel.