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CIUDAD DE MÉXICO — La voz se corrió con rapidez: gasolina gratis. El combustible salía a raudales desde la perforación que los contrabandistas de gasolina hicieron en un oleoducto. La gente, unas 900 personas según algunos cálculos, llegó corriendo con envases. Casi con la misma rapidez, la posibilidad de conseguir dinero rápido con el combustible se convirtió en una tragedia; el ducto perforado explotó y el estallido dejó 89 muertos y decenas de heridos, hasta el momento.

En medio de la tragedia, algunos mexicanos han culpado a las víctimas por violar la ley al intentar tomar el combustible y por acudir a un sitio peligroso. Pero el presidente Andrés Manuel López Obrador ha rechazado esos argumentos al indicar que la gente que llegó en busca de combustible se vio obligada a hacerlo por la situación de pobreza y el desempleo que ocasionaron las políticas de anteriores gobiernos mexicanos.

“Tenemos la convicción de que el pueblo es bueno, que es honesto. Que, si se ha llegado a estos extremos y a estas prácticas es porque se le abandonó por completo, y esto significa que no han tenido posibilidad de satisfacer sus necesidades básicas”, aseguró López Obrador en una conferencia de prensa el 19 de enero.

Los miembros de su gabinete han mantenido la misma línea. “No vamos a victimizar a las comunidades”, dijo Alejandro Gertz Manero, el fiscal general. El desastre en Tlahuelilpan, Hidalgo, al norte de Ciudad de México, se ha convertido en una prueba para las políticas y el liderazgo de López Obrador, quien asumió la presidencia el pasado 1 de diciembre.

La respuesta del mandatario ha dejado en claro la dificultad de cumplir con dos de sus promesas centrales: combatir la delincuencia y la corrupción sin importar de dónde provengan e impulsar a la población pobre y marginada, incluso cuando esta roba y contrabandea el combustible estatal.

“Es aquí donde se puede meter en aprietos”, dijo Jaime López Aranda, analista de seguridad con sede en Ciudad de México. “‘Los pobres vienen primero y el pueblo es bueno’ frente a que estaban robando”.

“En el caso de que no hubiera fallecidos, sería aún más complicado, porque la historia habría sido: ¿por qué no los arrestan a ellos? Se supone que el gobierno quiere tener mano dura si se trata del robo de combustible, que es lo que esta gente estaba haciendo. Pero como fallecieron, la situación es otra”, agregó López Aranda.

En los días posteriores al desastre, la respuesta de López Obrador ha sido bien valorada. Incluso quienes suelen criticarlo han reconocido que no tardó en dar la cara para lidiar con la responsabilidad.

El viernes, horas después de la explosión, ya estaba en el municipio de Tlahuelilpan y se reunió con funcionarios locales y con los medios. Desde entonces ha tenido largas conferencias de prensa dos veces al día —en la madrugada y al atardecer— en los que varios integrantes del gabinete y él mismo han hablado sobre la emergencia.

“México está hambriento de rendición de cuentas, algo que él está haciendo”, dijo Viridiana Ríos, profesora invitada de la Universidad de Harvard y columnista del periódico mexicano Excélsior. “Es refrescante ver que meta las manos”.

La presencia y visibilidad constante de López Obrador en este tema es un contraste notorio con lo que sucedía con su antecesor en el cargo, Enrique Peña Nieto, quien apenas sostuvo un puñado de conferencias de prensa durante su gestión, incluso cuando hubo emergencias nacionales. Cuando realizaba encuentros con los medios apenas si aceptaba preguntas.

Es una diferencia que el mismo López Obrador ha recalcado en los últimos días para intentar desmarcarse del gobierno previo.

“Esto es parte también del cambio, el que estemos informando sin ocultar nada”, dijo, en contraste con “una larga historia de engaños, de ocultamiento de la verdad y desconfianza de la población”.

“No somos iguales a los anteriores. No somos lo mismo”, añadió en la conferencia del lunes.

Ha insistido que la investigación supervisada por Gertz Manero no solo versará sobre las causas de la explosión, sino sobre la actuación de los servidores públicos antes, durante y después, particularmente de las fuerzas de seguridad responsables de proteger al oleoducto y a la población.

Respecto a las causas, ha rechazado que la culpa pueda recaer en las víctimas que acudieron para llenar bidones y garrafas. El domingo dijo que quienes querían conseguir la gasolina y se acercaron lo hicieron con “la inocencia de pensar que no existían riesgos”.

En cambio, el presidente ha puesto el foco de la tragedia en problemas sociales, como la desigualdad y la pobreza, que él argumenta están detrás del problema de inseguridad y violencia en el país.

Ha culpado a la corrupción endémica y a las políticas económicas de los gobiernos pasados de crear las condiciones que llevaron a muchas de las personas a buscar conseguir la gasolina para revenderla, una actividad conocida en México con el nombre de huachicoleo. “Se abandonó al pueblo, se empobreció al pueblo”, aseguró el lunes.

El martes 22 de enero está previsto que anuncie un programa de desarrollo comunitario enfocado en los cientos de municipios donde prevalecen el robo y contrabando de combustible en donde buena parte de la población ha encontrado trabajo en esa industria ilegal o, por lo menos, conseguido beneficios indirectos de la venta de gasolina en el mercado negro.

López Obrador también tiene previsto visitar varias de estas comunidades azotadas por el huachicoleo para hablar de su nuevo programa de desarrollo y para exhortar a los residentes a que colaboren en su lucha contra la corrupción en todas sus formas.

“La gente más humilde va a tener ingresos, va a tener manera de trabajar honradamente, sin necesidad de estas actividades ilícitas”, dijo respecto al programa en la conferencia del lunes.

Ríos, la profesora de Harvard, celebró ese enfoque. “Necesitamos ser empáticos”, dijo. “Esta es gente que vio la oportunidad de conseguir dinero porque el salario mínimo de todo un día equivale al precio de cinco litros de gasolina”. Agregó que en México, donde los sueldos para la mano de obra son tan bajos, “es de esperarse que suceda algo” como la llegada de cientos de personas en busca del combustible.

Sin embargo, el gobierno de López Obrador no se ha escapado por completo de las críticas.

En particular ha habido señalamientos sobre el comportamiento de las fuerzas armadas. El viernes que sucedió la explosión varios soldados llegaron al sitio de la perforación ilegal, pero no acordonaron el área. Los funcionarios han dicho que esos efectivos intentaron dispersar a la gente pero que se vieron superados por la cantidad de personas y por algunos que se mostraron hostiles, por lo cual solo les quedó ver cómo las personas intentaban llenar los bidones.

Pemex, la petrolera estatal, también ha sido blanco de críticas por el aparente retraso en cerrar el paso de combustible por el ducto después de que se reportó la toma ilegal.

Además, lo sucedido en Tlahuelilpan ha puesto el foco en la estrategia que ha tenido López Obrador para combatir el contrabando y en las dificultades de balancear la lucha contra los huachicoleros con prevenir que los ciudadanos se expongan en caso de tomas o fugas, todo sin intentar caer en un uso excesivo de la fuerza.

Antonio Navalón, analista político y columnista del periódico El Financiero, dijo que López Obrador había “fracasado” en esto último.

“Las circunstancias en las que sucedió la tragedia, que haya un robo masivo justo cuando se lanzó una batalla nacional contra el robo de gasolina, deja claro que no sabe dónde poner la línea entre proteger a la gente y luchar contra los ‘malos'”, dijo Navalón.

Como parte de la estrategia contra el huachicoleo, que comenzó a fines de diciembre, el gobierno ha cerrado los ductos más propensos a ser perforados y ha recurrido a transportar parte del combustible en camiones tanque. Sin embargo, eso provocó problemas de distribución y resultó en escasez de gasolina en varios estados.

Quienes sobrevivieron a la explosión del ducto y algunos testigos dijeron que varias de las víctimas habían acudido al sitio en Tlahuelilpan con bidones vacíos porque no habían conseguido combustible para sus automóviles.

Los problemas de suministro, así como la aparente falta de respuesta de las fuerzas de seguridad antes de la explosión, han reforzado la impresión de expertos de que el gobierno lanzó su iniciativa contra el huachicoleo sin planearla adecuadamente.

“Honestamente creo que no había estrategia”, dijo López Aranda, el analista de seguridad. “Estoy convencido de que se lo han inventado sobre la marcha”.

El presidente, cuyo combate al huachicoleo cuenta con amplio respaldo en encuestas, ha prometido que mantendrá su estrategia.

“Lo que tengo es el sentimiento de la gente, lo que me dice sobre lo que estamos haciendo, y he recibido mucho respaldo, muchas muestras de solidaridad. Me han expresado que no dé marcha atrás en la lucha contra la corrupción”, dijo el domingo. “Yo ya tomé la decisión de seguir adelante y de limpiar de corrupción el país. Esa es la respuesta”.

fuente: infobae