El principal referente Coalición Cívica ARI, José María Albizo Cazón, quien oportunamente denunciara penalmente a los titulares de la Organización de Desocupados Independientes de Jujuy – ODIJ por presunta participación criminal y fraude a la administración pública, volvió a reiterar ante la justicia, el pedido de detención contra Cayo y Bejarano, ya que el perjuicio provocado, según dijo, ascendería a una cifra cercana a los 143 millones de pesos, suma que se tendrían que haber destinado, en la construcción de viviendas para familias vulnerables.
Albizo Cazón, abrió hace un año atrás, una nueva causa que investiga la construcción irregular de más de 500 viviendas sociales, las cuales se encuentran, según aportó documentación, en estado de abandono, a medio hacer y/o con vicios de edificación en San Salvador de Jujuy, El Carmen y Monterrico.
El reconocido activista anticorrupción, ante el llamativo silencio por parte de toda la clase política oficialista y opositora, situó una cifra que aporta un parámetro cuantitativo de investigación, y ésta asciende los $143.000.000 (ciento cuarenta y tres millones) contemplando sería éste el costo total real de la ejecución correcta de 500 viviendas sociales a valor de 2015, viviendas según consta en la denuncia, eran para familias en situación de vulnerabilidad y que jamás fueron terminadas y/o entregadas.
“No esperen a que me maten,”, manifestó una y otra vez el joven político, quien también avanzó años atrás en una investigación que dilucidó inconsistencias en las declaraciones juradas del por ese entonces legislador Emilio Cayo, y expuso existe un “pacto de impunidad” que protege a los titulares de la ODIJ, pero que él no cesará en buscar quebrar para “garantizar haya verdad, justicia y condena”.
“Es atroz que quien denuncie deba tener custodia por enfrentarse a las mafias, y éstas caminen libremente sin ser siquiera llamadas al banquillo de los acusados”, disparó el máximo titular de la CC-ARI en Jujuy, quien también había presentado además de la causa que cursa ante el Ministerio Público de la Acusación, denuncias ante Fiscalía de Estado, Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo de la Provincia de Jujuy, por escandalosas irregularidades en obra pública, manejo de capacitaciones y contratos de personal docente.