En una conferencia de prensa en Esquel, la abogada que representa a los familiares criticó al magistrado porque “a pesar de haber estado investigando una desaparición forzada no se tomaron las medidas correspondientes con la urgencia que correspondía”
La orden del juez Otranto es que durante los rastrillajes se analicen ambas márgenes del río Chubut a lo largo de unos 800 kilómetros, pero los agentes que participen no podrán ingresar al Pu Lof, el predio ocupado por la comunidad mapuche que protestaba en la ruta 40 ese 1° de agosto.
De esta forma, el magistrado aceptó, por un lado, que Maldonado participó del corte de ruta que fue desalojado por la Gendarmería; y por otro, validó lo declarado por varios testigos que estuvieron presentes durante el operativo del pasado 1° de agosto, cuando antes de ser visto por última vez, el joven escapó hasta el borde del río, pero no se animó a cruzarlo.