Categoría: ECONOMIA

En el temario enviado por el Poder Ejecutivo para las sesiones extraordinarias, el Gobierno incluyó la validación de un acuerdo con el régimen chino por el cual una compañía de ese origen que tribute en su país no lo hará ante el fisco argentino

El Gobierno incluyó en el temario enviado al Congreso para el período de sesiones extraordinarias un proyecto para refrendar un convenio firmado con el régimen chino en 2018 que evita la doble imposición fiscal. Por tal motivo, de aprobarse la iniciativa las empresas de China que paguen impuestos en su país no lo harán por su actividad desarrollada en la Argentina.

El Poder Ejecutivo dio a conocer sobre el final del viernes el listado de proyectos que pone a consideración del Congreso de manera inmediata. En él se incluyó el “Proyecto de Ley por el cual se aprueba el Acuerdo entre la República Argentina y la República Popular China para la Eliminación de la Doble Imposición con respecto a los Impuestos sobre la Renta y sobre el Patrimonio y la Prevención de la Evasión y Elusión Fiscal y su Protocolo, suscriptos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2 de diciembre de 2018″.

A pesar de haber sido sellado hace cinco años, este convenio para evitar la doble imposición hasta ahora no ha tenido efectos concretos por no contar con la aprobación del Congreso.

En el mismo sentido, el Gobierno también envió proyectos para refrendar acuerdos vinculados a la doble imposición tributaria con países como Emiratos Árabes Unidos, Luxemburgo, Japón y Turquía.

El envío del proyecto se produce en un momento de tensión entre el recién asumido gobierno del Presidente Javier Milei y el régimen de Xi Jinping. Ambos gobiernos mantienen abierta una negociación sobre el swap de monedas que llevan adelante sus respectivos bancos centrales desde 2008 y que, en los últimos tiempos, ha representado un punto esencial para las cuentas públicas de la Argentina, en particular para el sostenimiento de su nivel de reservas internacionales.

La tensión de ese vínculo se elevó en los últimos días al conocerse la decisión de China de poner en suspenso la activación de un nuevo tramo del swap de monedas, una operación que permitiría al Banco Central argentino utilizar esos yuanes para pagar importaciones o para convertirlos en dólares y poder intervenir en los mercados cambiarios, opciones que ayudarían a aliviar su situación financiera.

El propio Milei había pedido especialmente a Xi Jinping acerca del swapen una carta enviada apenas dos días después de asumir el mando de la Casa Rosada. Sin embargo, el régimen chino decidió colocar en stand-by el acuerdo y bloquear los fondos que servirían de salvavidas al Ejecutivo argentino para atravesar sus delicadas finanzas.

El acuerdo quedó en suspenso pese a los tempranos esfuerzos hechos por Milei en las primeras horas de su administración. El Presidente recibió en su despacho a Wu Weihua, vicepresidente de la Asamblea Popular de China, el 11 de diciembre, un día después de asumir.

Pero ese gesto de buena voluntad no fue suficiente. Beijing habría visto de manera negativa el avance que el Ministerio de Defensa hizo esta semana en la adquisición de los cazas F-16 de fabricación norteamericana en poder de Dinamarca. Esa transacción recibió el visto bueno de los Estados Unidos en octubre pasado, cuando además el Pentágono se comprometió a proveer un paquete de armas, entrenamiento, soporte logístico y repuestos para esos aviones.

Tras su reunión con Wu, Milei le hizo llegar una carta a Xi solicitándole su apoyo y la prórroga del intercambio monetario para hacer frente a compromisos internacionales. La cumbre sorprendió a más de uno: durante la campaña, el propio Presidente había hecho promesas más drásticas respecto a su relación con Beijing que fueron luego moderadas por la actual canciller Diana Mondino.

Tras su asunción, fue el jefe del régimen quien movió la primera ficha felicitando al argentino por su nuevo desafío al frente del Poder Ejecutivo. Milei agradeció la misiva recibiendo a su delegación de inmediato. Pero en la cúpula del Partido Comunista Chino (PCC) creen que eso no es suficiente para un compromiso financiero tan importante. Además del malestar ocasionado por el posible acuerdo por los F-16, en China esperan una visita o un encuentro de ambos mandatarios.

Regirá hasta que se establezca el valor definitivo. Prevén reunirse con Agricultura por retenciones.

El sector tabacalero tuvo un año complejo y cerró con gestiones en el ámbito nacional y con un cónclave interno, en el que acordaron una firme lucha por defender el Fondo Especial del Tabaco, que no fue incluido en las medidas del Gobierno, y mejorar el precio del producto. En etapa de cosecha, están listos para el acopio que iniciará el 2 de enero, y fijaron la pretensión de lograr 1.800 pesos por kilo hasta que se dirima un nuevo valor.

Así lo afirmó Pedro Pascuttini, presidente de la Cámara del Tabaco de Jujuy, quien explicó que prevén reunirse con el secretario de Agricultura de la Nación para demostrar la relevancia de esta economía regional en empleo y pedir la eliminación de retenciones. “Estamos expectantes, en guardia permanente en el tema del Fondo Especial del Tabaco y el conocimiento que pueda tener en este nuevo gobierno y las medidas que pueda tomar dentro de la política económica que llevan adelante. Necesitamos no solamente la existencia sino también la continuidad del Fondo Especial, y vimos que en este Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 70, dictado por el Poder Ejecutivo nacional, no está incluido el tema tabaco”, explicó.

Expresó que también vienen vigilando el paquete de medidas y leyes que puedan enviar para el tratamiento en el Congreso Nacional o que pretenden derogarse, y en materia económica todas las disposiciones por Decreto de Necesidad y Urgencia que pueden dictarse.

En torno a las retenciones, que habían sido eliminadas por el gobierno anterior y que fueron reinstauradas en un 15% para la actividad y otras, Pascuttini explicó que tendrá efecto en la comercialización, porque les quita competitividad, más allá de los beneficios de la variación cambiaria que realizó este Gobierno al momento de asumir. Cabe recordar que se pasó de 400 a 800 el dólar oficial, que actualmente es de 803,15 pesos por dólar, que consideró un beneficio para los compradores en relación a la posibilidad de venta al exterior.

“Debemos trabajar con mucha fortaleza, firmeza, justificando y argumentando la necesidad de que esa imposición de retenciones a la importación sea cambiada y eliminada nuevamente, por los beneficios que tendrá para las producciones de economía regional, en este caso el tabaco, porque constituye un circuito económico social y un gran generador social de trabajo”, expresó.

Recordó que la actividad tabacalera supone este circuito que beneficia a sus trabajadores y también a todos los pueblos y a las provincias donde se desarrolla, por lo que anunció que están trabajando con la Secretaría de Agricultura para poder hacer llevar estos argumentos y convencer de que las retenciones del tabaco sean eliminadas nuevamente.

Aseguró que en los próximos días tendrán una reunión directamente con las nuevas autoridades de Agricultura. “Estamos en esto convencidos de que todo es diálogo, es comunicación, información, saber hasta dónde podemos, en un trabajo conjunto con todas las autoridades de la Nación, para poder nosotros también tener todos esos beneficios y poder seguir trabajando”, afirmó el titular de la Cámara del Tabaco.

Pascuttini destacó que la actividad tabacalera por tradición y desde hace décadas tiene una fuerte relevancia en el Producto Bruto Geográfico de la provincia por lo económico y social en virtud de la ocupación de mano de obra que genera. “La actividad tabacalera de Jujuy se caracteriza por una fuerte inversión en el potrero, donde año a año se lleva a valores sostenidos. Estamos hablando de entre 9.000 a 10.000 dólares para poder producir una hectárea de tabaco”, afirmó al respecto.

Planteó el riesgo que tuvieron que afrontar, al igual que todos los argentinos, la alta inflación en pesos y en dólares por el constante aumento de los servicios que utiliza el sector, energía y gas, sumado a los insumos que se vieron groseramente incrementados al iniciarse la guerra entre Rusia y Ucrania. Sostuvo, además, que otras limitantes fueron la dificultad de conseguir mano de obra; las cuestiones del cambio climático por sequías prolongadas y severas; y el tema del agua no sólo en torno a la captación, sino también en el tratamiento para poder distribuirla.

“Debe cambiarse sistema de comercialización”

En torno al precio y analizando cuánto vale un fardo de tabaco al momento de que el productor lo venda en un acopio, Pascuttini planteó que ven una realidad donde las formas de recibo que a veces no son las adecuadas, y que en esa paga entienden que no tienen en consideración la alta inflación, las inclemencias del tiempo y que este año los exportadores tuvieron la eliminación de las retenciones.

“Siempre la variable de ajuste es el productor y es insostenible, por eso debe cambiarse el sistema de comercialización, de relación comercial entre los productores y compradores, y debe haber un equilibrio en ese poder dominante económico que hoy el productor de Jujuy está padeciendo por parte de la concentración y decisión de los compradores del precio que deciden pagar a los productores de tabaco de Jujuy”, explicó. De hecho, explicó que actualmente están en plena etapa de cosecha, con todo el tabaco listo para poder ser vendido en la apertura de acopio que se va a realizar el 2 de enero.

Destacó que la Cámara del Tabaco de Jujuy ya dio su posición respecto de cómo debe ser el arranque precisamente del acopio, ya que han manifestado a los compradores una pretensión para iniciar la compra de tabaco de un mínimo para negociar, de 1.800 pesos por kilo sujeto a reajuste, hasta la determinación definitiva del precio del tabaco cuando sea oportuno.

El tema de las lluvias recientes ha generado pérdidas, sobre todo en la última tormenta del domingo pasado en que produjo estragos a los productores no solamente en su producción, sino también en sus instalaciones. Planteó que con vientos huracanadas afectaron no solamente el tabaco sino también el granizo y derribó árboles, techos de las instalaciones que el productor tiene que volver a levantar, asumiendo que hay productores con el 100 por ciento de plantaciones afectadas por el granizo.

Aseguran que los incrementos son para “amortiguar el atraso de los últimos tiempos” y no contempla la inflación prevista para los próximos meses. 

Empresas de medicina prepaga comenzaron a informar este viernes a sus asociados y asociadas aumentos del orden del 40 por ciento en el valor de sus cuotas a partir de enero próximo, a la luz de las decisiones contenidas en el decreto de necesidad y urgencia 70/2023 del Gobierno nacional.

“Atento a la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional y contenida en el DNU Nro. 70/2023 publicado en el Boletín Oficial el día 20 de diciembre del corriente, corresponde informarle que a través del mismo se posibilita la recomposición de los precios de los planes vigentes a los fines de cubrir los desfasajes de costos producidos fundamentalmente en los últimos meses como consecuencia de diversos factores”, indica una comunicación de Swiss Medical distribuida este viernes por la mañana.

Allí, se señala que, “se procederá a incrementar el valor de las cuotas del mes de enero del 2024 en un 40 % calculado sobre el valor de la cuota del mes de diciembre de 2023, prorrogando la fecha de vencimiento de la cuota para el día 22 de enero 2024”.

“En tal supuesto, dicho incremento incluirá el que le fuese informado en el mes de noviembre próximo pasado”, agrega.

“Se procederá a incrementar el valor de las cuotas del mes de enero del 2024 en un 40 % calculado sobre el valor de la cuota del mes de diciembre de 2023, prorrogando la fecha de vencimiento de la cuota para el día 22 de enero 2024”
Comunicación de Swiss Medical

Este jueves, tras la publicación del DNU 70/2023 en el Boletín Oficial -cuyo contenido fue anunciado la noche del miércoles por el presidente JAVIER MILEI por cadena nacional- el presidente de Swiss Medical Group, Claudio Belocopitt, señaló que el sistema de medicina prepaga, como venía funcionando, “iba a chocar contra una montaña y recordó que en enero entrará en vigencia un aumento de entre 40% y 50% para los afiliados de prepagas.

“Los costos iban por el ascensor y las actualizaciones (de las cuotas) por la escalera, lo que generaba un deterioro descomunal. En la Unión Argentina de Salud (UAS) vamos a hacer una reunión en las próximas horas donde nos vamos a juntar para, primero, definir prácticas para salir de una situación que es extremadamente alarmante”, señaló el empresario.

Además, sostuvo que “el aumento promedio de atraso para amortiguar parcialmente los impactos va a estar entre 40% y 50% en enero” y consignó que “esa fórmula fue armada para una inflación del 3% mensual y no para una del 25% o 30%” como sucede en la actualidad”.

El DNU 70/2023 introduce modificaciones al marco regulatorio de la medicina prepaga, liberalizando los precios de sus cuotas y permitiendo a los afiliados redireccionar de forma directa sus aportes de salud a estas empresas.

Entre los considerandos del decreto se señala que la liberalización de precios permitirá “aumentar la competitividad del sistema”.

La modificación a la Ley 26.682 -aprobada en 2011- le quita la potestad al Estado de “revisar los valores de las cuotas y sus modificaciones” y elimina la comisión permanente que regulaba las prepagas que contaba con representantes del Ministerio de Salud y de Economía, al igual que el Consejo Permanente de Concertación que contaban con integrantes ad-honorem de Salud, y entidades representativas de los usuarios y las empresas.

También anula la obligación de las empresas de transferir a los afiliados a otra empresa en el caso de quiebra.

Además de no poder regular los precios, la autoridad de aplicación no tendrá capacidad de fijar los aranceles mínimos obligatorios ni regular los modelos de contratos.

El único criterio que quedará vigente para las cuotas de las prepagas es que haya una variación máxima de tres veces entre el precio diferencial para los planes de la primera y la última franja etaria.

Hasta ahora, los aumentos debían ser autorizados por el Estado en función de criterios de razonabilidad y de variaciones de la estructura de costos de la firma: para ello, desde la administración de Alberto Fernández, se utilizaba un Índice de Costos de Salud que era publicado mensualmente por la Superintendencia de Servicios de Salud, el cual sustituyó los aumentos discrecionales que autorizaba el Poder Ejecutivo en los gobiernos anteriores.

Como referencia, ese índice había dado un 6,26% en noviembre último (que se usará para los aumentos autorizados en enero), 11,51% en octubre, 10,98% en septiembre y 6,97% en agosto.

Además, el DNU elimina los topes de aumentos -equivalente al 90% de la variación mensual del Índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (Ripte) – que regían desde 2022.

Estos topes regían para los trabajadores que tenían ingresos netos mensuales equivalentes a seis veces el Salario Mínimo, Vital y Móvil, que en la actualidad totalizan $ 936.000.

Por tanto, con el decreto, ya no habrá más segmentación de cuotas por ingresos dentro del universo de más de 6 millones de usuarios de la medicina prepaga.

El consumo sube por la diferencia con el costo de la carne vacuna. En promedio el kilogramo cuesta 2.300 pesos.

Con el precio de la carne disparado y a un promedio de 8.000 pesos el kilo, el pollo se convirtió en el refugio del consumo en las últimas semanas, pese a que también se incrementó en un 60%. Hasta la semana pasada el kilo se encontraba a 1.500 pesos y actualmente está a 2.500 pesos en pollerías, aunque las distribuidoras lo promocionan en combos. Coinciden en que subió la demanda, pero en algunos lugares solo se venden cortes pequeños.

“El precio del pollo fue una ayuda todo el año, en la canasta familiar es lo más económico. Con el alza de la carne vacuna se acentuó el consumo y por las fiestas siempre se da un aumento normal” en las ventas, explicó el propietario de una avícola de barrio Gorriti, Marcelo Torrejón. Dijo que el pollo tuvo un incremento bajo en comparación con la carne vacuna, asumiendo que sigue siendo una opción más barata. “En el último tiempo aumentó un 60%”, precisó.

Cabe recordar que a inicios de este año, la llegada de la gripe aviar al país generó controles y se sacrificaron miles de ejemplares en granjas de varias provincias, lo que trajo aparejado un decaimiento del sector. Sin embargo se recuperó y está afrontando la mayor demanda. Al respecto, Torrejón explicó: “Ha sido un año golpeado, por suerte el sector está bien consolidado, o sea se solucionaron los problemas bastante rápido, Senasa actuó bien con los tiempos, no se sintió mucho el golpe en el tema de abastecimiento, así que está normal”, afirmó el comerciante.

Consultado acerca de la manera en que afectó el incremento de las retenciones a las exportaciones de soja, maíz y trigo, aseguró que efectivamente incidió en los costos de producción porque forman parte del alimento del pollo. “Teóricamente van a seguir los movimientos de acomodar los precios en eso, así que calculo que en enero también habrá un incremento”, comentó.

Si bien hay producción avícola en la provincia, con varias granjas, no se logra abastecer el consumo local, por lo que esta distribuidora se vale de mercadería de Entre Ríos, la zona de mayor producción. Planteó que para aportar una solución a la economía jujeña es que comercializan combos a precio mayorista.

Mientras que en las pollerías de la zona de la exterminal los precios son similares, y pese a la diferencia respecto a la carne vacuna el consumo subió, pero algunos notan que llevan en menor cantidad o se opta por cortes más baratos, como alitas o puchero.

“No solamente hubo aumento en los últimos tiempos, siempre hay incremento en el pollo, hay aumentos como baja. Pero a diferencia de la carne vacuna, la del pollo siempre va más abajo, igual el precio estaba a $1.700 y ahora está a $2.300, cada día fue subiendo”, explicó Janet Soler.

Planteó que “igual por la zona tenemos un precio razonable, porque es pollo fresco que proviene de la producción local y de Salta”. Pese al precio reconoció que la demanda subió pero tibiamente y que las ventas no son grande. “Lo que más llevan son alitas, puchero, menudo”, explicó la vendedora.

En tanto, desde otra pollería marcaban que los costos de los insumos para los elaborados también subieron. “La semana pasada aumentaron tres veces seguidas. La semana pasada estaban a 1.600 pesos y ahora están a $2.500”, sostuvo José Rivera.

Combos

Entre los distribuidores locales los combos eran bien recibidos porque se podía ver gente a la espera y consultando. Se vendían 3 kilogramos de pata-muslo por $4.500 y dos pollos por $6.500.

En otra avícola el kilo de pollo estaba a 2.000 pesos, tres pollos por 13.000 pesos, dos por 6.500 pesos y cuatro por 17.500 pesos, entre otras ofertas.

Para aquellos inquilinos que ya tiene acuerdos vigentes, la normativa no es retroactiva. El mercado se regirá por el Código Civil y Comercial. Además, se libera la posibilidad de hacer los contratos en todo tipo de moneda

Dentro de las medidas anunciadas por el presidente Javier Milei en el paquete de leyes revelado durante su primera cadena nacional, se explicaron los alcances del controvertido Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). Este tiene la intención de derogar alrededor de 300 leyes y modificar otras tantas para desregular la economía y las relaciones de la sociedad civil. Entre estas modificaciones, sobresale la derogación de la Ley de Alquileres, aprobada en junio de 2020 y recientemente reformada.

En términos generales, si un decreto deroga una ley, esto no tiene efecto retroactivo a menos que se especifique expresamente. En otras palabras, los cambios no afectarán a los contratos que ya están en curso, los cuales suelen tener una duración de tres años con actualización semestral.

La derogación de la normativa que rige los alquileres podría traer controversias a futuro, todo está por verse. El presidente Milei en su discurso nominó como número uno a la Derogación de la Ley de Alquileres: “Para que el mercado inmobiliario vuelva a funcionar sin problemas y que alquilar no sea una odisea”, dijo.

Los acuerdos habitacionales a largo plazo volverían a regirse por el Código Civil y Comercial de 2015. Esto significa que tendrían una duración de dos años, con actualizaciones semestrales previamente pactadas entre el inquilino y el propietario (aunque también, las cuales quedarían establecidas en el contrato.

Juan Martín Luciani Otaño, abogado y especialista en Propiedad Horizontal, expresó a Infobae que “La polémica ley que que da sus últimos pasos terminó favoreciendo a los propietarios, quienes aumentan los montos de alquiler ante la poca oferta y gran demanda, incrementando también los requisitos para alquilar, cuando en realidad la intención fue beneficiar al inquilino”.

Principales ejes

En el DNU se estipula lo siguiente:

Artículo 256: Sustitúyese el artículo 1198 del Código Civil y Comercial de la Nación aprobado por la Ley N° 26.994 y sus modificatorias por el siguiente:

Artículo 1199: Moneda de pago y actualización. Los alquileres podrán establecerse en moneda de curso legal o en moneda extranjera, al libre arbitrio de las partes. El locatario no podrá exigir que se le acepte el pago en una moneda diferente a la establecida en el contrato.

En caso que no se haya establecido plazo, en los casos de locación temporal, se estará al que establezcan los usos y costumbres del lugar donde se asiente el inmueble locado, (ii) en los contratos de locación con destino a vivienda permanente, con o sin muebles, será de dos (2) años y (iii) para los restantes destinos (como alquiler de oficinas o locales) será de tres (3) años.

En resumen, el mercado se regirá por el Código Civil y Comercial de la Nación que fue reformado en 2015. Además, se libera la posibilidad de hacer los contratos en todo tipo de moneda como pesos, dólares y euros, entre otras.

“Las partes podrán pactar el ajuste del valor de los alquileres. Será válido el uso de cualquier índice pactado por las partes, público o privado, expresado en la misma moneda en la que se pactaron los alquileres. Si el índice elegido dejara de publicarse durante la vigencia del contrato, se utilizará un índice oficial de características similares que publique el Instituto Nacional de Estadística y Censos si el precio estuviera fijado en moneda nacional, o el que cumpla las mismas funciones en el país que emita la moneda de pago pactada”, se detalló.

Otro aspecto que llega con la derogación de la ley anterior es que los contratos ya no se deben inscribir en la AFIP.

Opiniones

Según expertos, la acción adecuada sería la derogación total de la Ley 27.737, que entró en vigencia el 18 de octubre de 2023, y la derogación parcial de la Ley 27.551, promulgada el 1 de julio de 2020. En esta última, específicamente en su artículo 14, se dispone la derogación de los artículos 7 y 10 de la Ley de Convertibilidad, los cuales prohibían pactar cláusulas indexatorias en los contratos. Sin embargo, es crucial mantener la disposición beneficiosa de derogar la prohibición de indexar los contratos, contenida en la Ley 27.551.

Enrique Abatti (h.), abogado especializado en derecho inmobiliario y directivo de la Cámara de Propietarios de la República Argentina, sostuvo que “en caso de derogar completamente la Ley 27.551, se perdería esta disposición beneficiosa, por lo que debería mantenerse y ser aplicable a la totalidad de los contratos mediante otra legislación”.

“También habría que modificar el artículo 765 del Código Civil y Comercial de la Nación que establece que la moneda extranjera es una cosa y no se la equipara a la moneda de curso legal, lo cual imposibilita pactar alquileres en moneda extranjera”, agregó Abatti.

Qué pasa con los acuerdos ya firmados

Los cambios no afectarán a los contratos que ya están en curso. Un experto en derecho en Real Estate de la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) destacó ante Infobae que “los contratos que se celebren en el periodo de vigencia del DNU tendrán efectos hacia el futuro, pero no retroactivo. Es fundamental analizar el texto una vez publicado y sus alcances”.

Los puntos centrales que generaron una escasez de oferta sin precedentes son el plazo y la forma de actualización. Aunque existen otros aspectos menos resistidos. “El principio de la libre contratación entre las partes es esencial para fortalecer la confianza en el inversor y el propietario, incentivándolos a destinar sus inmuebles al mercado tradicional nuevamente”, indicaron desde la CIA.

Entre cautela y expectativas

Desde el mercado inmobiliario sostienen que volver a dos años de contratos de duración es algo que reclaman agrupaciones de propietarios (incluso abogan por el desalojo express) y la mayoría de las cámaras sectoriales, no así las entidades que defienden a inquilinos.

Iván Ginevra, titular de la CIA, dijo que “hay que ver cómo se plantea la derogación teniendo en cuenta cómo se instrumentaran las modificaciones, ya que hay varias leyes que se superponen como parches al Código Civil y una simple derogación no solucionaría el problema de acceso a la vivienda. También hay que destacar que como cámara no tenemos información oficial al respecto y tampoco fuimos convocados para opinar, por lo que no sabemos con lo que nos vamos a encontrar”.

También hay expectativas positivas por lo que vendrá en el mercado de los alquileres tradicionales.

Flavio Galli, CEO del Grupo Tueroc, expresó que “su derogación favorecería la oferta, brindando más opciones a los inquilinos y creando un mercado más libre entre locatarios y propietarios. También sugiero que podría incentivarse a los desarrolladores a salir a construir edificios para alquilar viviendas exclusivamente”.

La suba la había solicitado la Cámara de Transporte Automotor de Pasajeros, por los costos del servicio. En noviembre, la actualización del precio fue del 25% y la última es la mayor en todo el 2023.

Mediante Resolución N° 1018, la Secretaría de Transporte de la Provincia autorizó un incremento del 30 por ciento en el precio de los pasajes del servicio interurbano de pasajeros, en los recorridos hacia las zonas Norte, los Pericos y Ramal.

Ahora, desde San Salvador de Jujuy a La Quiaca la tarifa es de $6.000, anteriormente era de $4.500; desde esta ciudad a San Pedro de Jujuy cuesta $1.250, antes $978; viajar a Perico costaba $550, en cambio desde el 19 de este mes es de $750.

La suba, solicitada por la Cámara de Transporte Automotor de Pasajeros de Jujuy, fue para adecuar el cuadro tarifario vigente a las condiciones económicas que afectan al sector.

El porcentaje aprobado supera en 5% al de principios de noviembre (25%), que tuvo vigencia durante ese mes en todos los recorridos provinciales.

A los pocos días de aprobarse el sexto aumento del año, el secretario de Transporte de la Provincia, Pablo Giachino, había respondido al ser consultado si en diciembre se produciría otro incremento: “Acá lo que importa es cómo evolucionan los costos de las empresas. Todo hace prever que el proceso inflacionario no se detendrá, nadie sabe lo que sucederá con la economía después del balotage. Esperemos a ver cómo encaramos diciembre y cuál será el proceso de incrementos de costos”.

Después de anuncios económicos efectuados por el ministro de Economía, Luis Caputo, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos dio a conocer la inflación del mes pasado, la cual fue del 12,8%, alcanzando el 160,9% interanual. Mientras que el incremento de los precios registró en lo que va del 2023 una variación del 148,2%.

Con estos porcentajes y lo que había anticipado el funcionario provincial a principios de noviembre, era inevitable la suba en los pasajes, como también hubo en otros servicios (caso en colectivos del transporte urbano y los taxis), en productos de consumo y otros.

Para la zona Norte, el boleto cuesta desde San Salvador de Jujuy a Volcán: $850; Tumbaya: $1.000; Purmamarca: $1.750; Maimará: $1.650; Tilcara: $1.900; Huacalera: $2.200; Uquía: $2.500 y Humahuaca: $2.700.

Desde la capital jujeña a Abra Pampa, el boleto es de $4.700 y hasta La Quiaca, $6.000.

Hacia Monterrico, $700, antes, $550; San Antonio: $650 (antes $500); El Carmen: $500 ($400), y a Ciudad Perico: $750 ($550).

Hacía los destinos con mayor demanda en el Ramal, como ser San Pedro de Jujuy cuesta $1.250; Calilegua: $2.300; Libertador General San Martín: $2.150; Yuto: $3.100, y Fraile Pintado: $1.900.

En otro tramo de sus declaraciones, Giachino había señalado que su preocupación es que las empresas “continúen funcionando y los usuarios tengan los colectivos en las rutas brindando servicio”.

“Pero para eso hay que pagar a los choferes, cargar combustible, cambiar las cubiertas y reparar los colectivos. A medida que continúen incrementándose los precios de los insumos, es probable que el precio vuelva a aumentar”.

Como a principios del mes pasado, las quejas y los lamentos de los usuarios del transporte interurbano se sintieron nuevamente en las estaciones terminales de los colectivos. En la Terminal “General Manuel Eduardo Arias”, la desazón por la suba fue más que evidente, y en particular en los pasajeros que deben trasladarse a los destinos más alejados.

Al considerar viajar en colectivo o recurrir a una trafic y vehículos que realizan viajes hacia el interior, optaron por trasladarse en el transporte público de pasajeros, que es en la mayoría de los casos cuesta $500 menos que los servicios alternativos, pero es más lento.

El 30% de aumento en los pasajes pone en riesgo los planes que muchas familias venían considerando para los dos próximos fines de semana, y trasladarse hacia el interior donde celebrar las fiestas de fin de año.

Por ejemplo, una familia tipo que quiera viajar hacia La Quiaca, deberá disponer para ir y regresar la suma de $40 mil, aparte de los demás gastos, que también subieron.

Además, a días de iniciarse la temporada turística estival en la mayoría de los destinos de la provincia, principalmente en las Yungas, Valles y Quebrada, el incremento podría incidir negativamente. A pesar de esta consideración, en la Quebrada por ejemplo, el sector hotelero cuenta con numerosas reservas para Navidad, mientras que para fin de año es mayor el número.

Un dato para tener en cuenta, el pasaje a la ciudad de Palpalá desde la capital jujeña se mantiene en $205. Sin embargo los choferes de las empresas que cumplen el recorrido diario, coincidieron en que la próxima semana impactaría el 30% de aumento que comenzó a regir desde el pasado 19.

Los pasajeros que hacen uso del servicio diariamente, lamentaron la situación y se resignaron en absorber el aumento, ya que la mayoría se traslada para cumplir con su obligación laboral.

Una familia de 5 integrantes precisó en noviembre $374.916 para no ser pobre, en contraposición de los $332.665 de octubre.

La canasta básica total (CBT), a partir de la que se mide la línea de pobreza, aumentó más de 40 mil pesos durante el último mes en Jujuy, de acuerdo al reporte de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec). La referencia en la cifra para un hogar de 5 integrantes, conformación más usual en el territorio jujeño.

Según el informe publicado por el organismo, durante el mes de octubre una familia compuesta por dos adultos y tres niños precisó $332.665 de ingresos para cubrir las necesidades básicas, mientras que el mes pasado la cifra escaló a $374.916, marcando $42.251 de diferencia.

Asimismo, desde la Dipec detallaron que la CBT durante noviembre de 2023, tuvo una variación de 12,7%, acumulando una suba anual del 162,4%. En tanto, la canasta básica alimentaria, que sólo contempla los requerimientos alimenticios y marca la línea de indigencia, se encareció un 12,9% en el último mes y en el interanual suma 171%.