Un hombre identificado como I.D.S fue condenado a la pena de catorce años de prisión por ser autor material y penalmente responsable del delito de “Abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) agravado por ser cometido por encargado de la guarda en concurso real”, ilícitos perpetrado contra la hija de su ex pareja.
La sentencia fue dictaminada hoy 11 de marzo de 2025, por el Tribunal con Función de Juicio integrado por los Dras. Ana Carolina Pérez Rojas -presidenta de trámite- Alejandra Tolaba y Dr. Alejandro Máximo Gloss; con la asistencia de los actuarios Dr. Ricardo Grisetti y Lic. Nelson Echenique.
Los magistrados, además, ordenaron mantener el alojamiento de I.D.S en el Servicio Penitenciario de la Provincia y establecieron que, una vez firme y consentida la sentencia, se obtengan sus perfiles genéticos a efectos de su incorporación al Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual.
Los hechos
Según la requisitoria de la Fiscalía, el primer hecho por el que se juzgó a I.S.D ocurrió los últimos días del mes marzo de 2024 en el paraje Punta Corral, Tumbaya, mientras la víctima se encontraba acampando con el acusado. En esos momentos el sujeto aprovechó que se encontraban solos y al cuidado de la adolescente, para abusarla sexualmente.
El segundo ilícito tuvo lugar entre las últimas horas del día 30 de abril y las primeras horas del 1 de mayo de 2024, en un inmueble ubicado en la localidad de Lozano, mientras la víctima se encontraba nuevamente bajo el cuidado de I.D.S y el sujeto aprovechó que se encontraban solos para abusarla sexualmente.
La Fiscal ante el Tribunal fue la Dra. María Emilia Curtem Haquim, mientras que la querella estuvo representada por la Dra. Ana Laura Eliazarian del Centro de Asistencia a la Víctima.
Por su parte, como abogado defensor del acusado se desempeñó el Dr. Andrés Ignacio Pini.
La sentencia en su totalidad y sus fundamentos serán dados a conocer en el plazo establecido por el Código Procesal Penal de la Provincia, lo que será puesto a conocimiento de las partes mediante el Sistema de Gestión Judicial.
Una organización narcocriminal de ocho integrantes fue condenada por narcotráfico, luego de ser desarticulada meses atrás cuando transportaba la droga que habían ingresado mochileros desde Bolivia a través de pasos ilegales en La Quiaca.
Cinco integrantes de menor jerarquía acordaron la pena en procesos abreviados y tres cabecillas fueron condenados en un juicio oral, ya que todos operaban en complicidad, con división de roles e infraestructura en las maniobras entre nuestra provincia y Salta.
El Tribunal de Salta condenó a dos hombres a penas de 7 años de prisión, mientras que a un tercero le impuso 3 años de prisión efectiva, por transportar 44 kilos de cocaína en el tanque de combustible de un camión.
La investigación a la organización narcocriminal
El caso surgió de una investigación que llevaba adelante la Unidad de Reunión de Información de Jujuy, de la Gendarmería Nacional, que derivó en la detención en el sur de Salta de 4 personas el 22 de marzo del 2023, cuando realizaban el transporte de poco más de 10 kilos de cocaína de Orán a Tucumán.
Condenan a una organización narcocriminal que operaba en Jujuy y Salta
En la investigación se estableció que los acusados operaban bajo una específica distribución de roles y que se mantuvo en el tiempo, que la droga provenía de Bolivia a través de mochileros que cruzaban por pasos ilegales a la altura de La Quiaca, y que seguían con la carga a través de la puna hasta llegar a San Salvador de Jujuy, donde la cocaína era acondicionada en vehículos con “doble fondo” y luego era trasladada a la ciudad de Salta, como escala previa de otros destinos del país.
El 4 de enero del 2024 la banda fue desarticulada cuando llevaba a cabo un transporte de 44 kilos de cocaína oculta en el tanque de combustible de un camión Mercedes Benz, que había sido interceptado en la ruta provincial 66, a la altura de la finca “El Pongo”, en Jujuy.
El gobernador de la Provincia, Carlos Sadir, instó a la Justicia a “investigar a fondo” los hechos acontecidos en el supermercado que provocaron la muerte de cinco personas, al tiempo que planteó la imperiosa necesidad de “esclarecer las responsabilidades de este hecho tan doloroso”.
Además, expresó sus condolencias a las familias de las víctimas que perdieron la vida en el incendio del supermercado. En cuanto a las personas que resultaron heridas, exteriorizó su deseo de pronta recuperación.
Por otra parte, el primer mandatario jujeño puso en valor la labor y el esfuerzo desplegado por bomberos, policías y personal del SAME, “quienes desde tempranas horas estuvieron trabajando en el lugar, arriesgando sus vidas para sofocar el incendio y evacuar a quienes estaban presentes”.
Por su parte, el ministro de Seguridad, Guillermo Corro, detalló el rol cumplido por las unidades del sistema de emergencia, indicando que una vez que Bomberos y Defensa Civil tomaron conocimiento de lo que ocurría en el supermercado, equipos con dos autobombas que operan en San Salvador de Jujuy se constituyeron en el lugar
Evaluada la magnitud del hecho, se requirió apoyo a unidades de bomberos voluntarios de Palpalá, Perico y Monterrico, totalizando en pocos minutos aproximadamente 150 personas abocadas al control de las llamas y la verificación no solo la estructura del establecimiento comercial, sino también de viviendas vecinas.
El director del SAME, Pablo Jure, informó que fueron derivadas al hospital “Pablo Soria” 33 personas y 4 se trasladaron a un sanatorio privado, todas ellas con el mismo cuadro de intoxicación por inhalación de monóxido de carbono y humo.
Se cumplieron etapas asistenciales a las víctimas, entre ellas empleados y clientes, como así también a miembros de equipos de rescate.
También se realizaron visitas a los vecinos que se encontraban profundamente conmocionados y se instaló un puesto médico avanzado. A ello se incorporó el servicio de salud mental para brindar contención.
En otro orden, la ministra de Desarrollo Humano, Marta Russo, sumó la capacidad de asistencia y respuesta de dicha cartera a favor de los damnificados. En este contexto, trabajó la Secretaría de Asistencia Directa y Calidad de Vida.
En la misma línea procedieron equipos profesionales del Consejo Provincial de Mujeres, la Igualdad de Género y el Respeto a las Diversidades, que pusieron a disposición su acompañamiento y servicios.
El fiscal federal Eduardo Taiano imputó formalmente al Presidente Javier Milei por negociaciones incompatibles con la función pública, estafa y delitos contra el orden financiero tras una oleada de denuncias presentadas la semana pasada luego de la creación y lanzamiento de la criptomoneda $LIBRA, que dejó cientos de damnificados.
El Ministerio Público consideró que hay elementos suficientes para dar inicio a una investigación que tiene como principal sospechoso al Presidente.
El expediente, que analiza posibles delitos como abuso de autoridad, estafa, tráfico de influencias y cohecho, también involucra a Hayden Davis, Julian Peh, Mauricio Gaspar Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Daniel Morales.
Tras la ratificación de las denuncias en el Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 1, la jueza María Servini delegó la causa en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3, a cargo de Taiano.
En el marco de la causa, se amplió la intervención de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal, con el propósito de preservar y recuperar evidencia clave.
Asimismo, ordenó una serie de medidas de prueba, entre ellas un pedido de informes al Banco Central, a la Comisión Nacional de Valores, a la Inspección General de Justicia (IGJ), y a empresas como Google.
En las últimas horas trascendió que los fiscales Walter Rondón y Rodrigo Fernández Ríos, quienes estuvieron al frente de la investigación por el resonado caso del “Hotel Ranys”, habrían presentado su renuncia ante las autoridades del Ministerio Público de la Acusación.
Ambos abogados, habrían argumentado esta decisión a cuestiones netamente personales, según señalaron algunas de las fuentes que fueron consultadas por nuestro medio.
Lo llamativo de esta situación, es que se da en medio de las actuaciones llevadas adelante desde mediados del mes de enero por la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación que evaluaba el desempeño de los fiscales en la causa por el “Hotel Ranys”.
Foto: fiscales Fernández Ríos y Walter Rondón.
El objetivo de la investigación iniciada oportunamente, es para determinar si existieron posibles causales de mal desempeño en la tramitación del expediente que inició recordemos, durante los primeros días del mes de noviembre del año 2024.
El caso, que involucra denuncias por corrupción de menores en un inmueble ubicado en las inmediaciones de la vieja terminal de ómnibus de San Salvador de Jujuy, dio un giro a fines de diciembre cuando el juzgado de control provincial actuante se declaró incompetente, remitiendo las actuaciones a la órbita federal.
Actualmente, el juez Esteban Hansen y el fiscal federal Federico Zurueta están a cargo de la investigación.
La Auditoría General de Gestión del MPA, a cargo de Esteban Zamar, según la normativa vigente “tiene como misión velar por la transparencia y eficacia de los procedimientos internos, garantizando el cumplimiento de los deberes funcionales de los fiscales y otros operadores judiciales”.
En este sentido, la intervención de este órgano busca esclarecer cualquier irregularidad que pueda comprometer la integridad del proceso judicial.
Y fue justamente en medio de esta proceso, que los fiscales que estuvieron al frente de la causa, cuando todavía estaba al frente del la justicia local, habrían decidido dar un paso al costado.
Ninguno de los dos, ante el requerimiento de este medio, respondió al pedido de contacto.
Los fiscales habían sido investigados por la Auditoría General de Gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el marco de la causa del Residencial Ranys.
Tras el escándalo de la criptomoneda Libra, denunciaron penalmente a JavierMilei, presidente de la nación que promocionó el activo en sus redes sociales. La denuncia la realizaron el abogado del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Jonatan Baldiviezo, el letrado, Marcos Zelaya y el exdiputado Claudio Lozano. En la misma lo acusan de ser partícipe de una «megaestafa» y pidieron que se allane la Quinta de Olivos y que se controle el uso de X del mandatario argentino.
Los denunciantes consideran que el Presidente fue «partícipe necesario y fundamental en una asociación que tuvo como eje realizar una estafa histórica a través de criptomonedas. Una organización concertada en cometer miles de estafas de manera premeditada y en simultáneo. En esta megaestafatuvo como partícipes necesarios a los que organizaron y crearon el proyecto $LIBRA y también en igual medida a quienes lo promocionaron y dieron confiabilidad y respaldo al proyecto».
En este marco, aseguraron que Javier Milei y los empresarios detrás de la cripto realizaron la maniobra de rugpull «mas grande de la historia». «El Rug pull ocurre cuando los desarrolladores detrás de un proyecto lanzan un token y atraen inversores para aumentar su valor, luego se retiran abruptamente y toman el dinero. Cuando los estafadores vaciaron los fondos de liquidez, el precio de los criptoactivos cae a cero y los inversores pierden la oportunidad de intercambiar tokens por tokens más estables o de curso legal», acusaron.
En la denuncia pidieron una serie de medidas de prueba: «Allanamiento de la Quinta de Olivos y de la Presidencia de la Nación a fin de secuestrar todo equipo electrónico (Computadora, teléfonos, tablets, laptops, etcétera), identificación y allanamiento del domicilio de los denunciados y de las empresas implicadas, intervención y pericia a la plataforma X a fin de custodiar el contenido de la cuenta del presidente Javier Milei @JMilei y de las otras personas denunciadas, incluyendo los registros de los tuits borrados, bloqueo de las billeteras virtuales y cuentas bancarias de los denunciados, adopción de medidas de trazabilidad de las transacciones del token $LIBRA a fin de identificar a los beneficiarios de la estafa», exigieron.
Otros denunciados
Sin embargo, esto no es todo porque además de la figura de «asociación Ilícita», los denunciantes también reclamaron a la Justicia investigar al Presidente por «estafa y otras defraudaciones»; «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y por «violar la Ley de Ética Pública«.
Entre los denunciados también se encuentran Julián Peh, CEO y cofundador de Kip Network Inc y KIP Protocol; Daniel Parisini, conocido por su nombre en redes sociales como Gordo Dan; el libertario Agustín Laje; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y Hayden Mark Davis, representante de Kelsier Ventures.
Diego Javier Chacón, el abogado jujeño detenido el 8 de diciembre del año 2022 cuando disfrutaba del Mundial de Qatar, fue liberado por la Justicia luego de pasar dos años tras las rejas acusado de organizar un asalto en una empresa que terminó con un homicidio.
El letrado había sido aprehendido en la ciudad de Doha, a donde viajó para ver a la Selección Argentina luego presuntamente comandar un intento robo en Jujuy en el que un hombre resultó asesinado y otro fue herido de bala.
Por este episodio, Chacón quedó señalado como el jefe de la organización criminal que organizó dicho atraco. En consecuencia, la Interpol lo arrestó en tierras árabes a partir de un trabajo conjunto con la división local de la Policía Federal Argentina.
El 30 de enero de 2023, el sospechoso fue extraditado al país y quedó detenido con prisión preventiva en Jujuy por los delitos de robo agravado, homicidio criminis causa y tentativa de homicidio.
Siguió preso hasta fines de diciembre de 2024, cuando, después de dos años, la Sala Penal II de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy dio lugar al recurso de inconstitucionalidad planteado por su abogado y le otorgó la libertad.
No obstante, el acusado antes debió abonar una caución real inmobiliaria equivalente a 120 millones de pesos. Además, las autoridades judiciales resolvieron convocar a una audiencia para hacer efectivo el cese de su prisión preventiva.
La detención en Qatar
Chacón había sido detenido el 8 de diciembre del 2022 cuando paseaba por Doha, en Qatar, por personal de la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones – Interpol, de la Superintendencia de Cooperación Policial Internacional.
Según la circular roja, Chacón figuraba como sospechoso de ser el jefe de una organización dedicada al robo de grandes empresas en Jujuy, por los que ya habían sido detenidas otros cuatro sospechosos.
Los investigadores determinaron que el hecho investigado ocurrió entre los primeros días de noviembre de 2022, cuando se habría contactado con otros cómplices, a quienes les pasó información sobre el movimiento logístico, humano y comercial de la distribuidora “Mamprin y De La Torre”, ubicada en el barrio San Pedrito de San Salvador de Jujuy.
De acuerdo a las fuentes, les ordenó que se hicieran presentes con armas de fuego para apoderarse “bajo cualquier circunstancia” del dinero de la recaudación de la empresa.
Los delincuentes, uno de ellos vestido con tacos y peluca, ingresaron a la distribuidora, ubicada sobre calle Puya Puya, el sábado 19 de noviembre de ese años, con el dato de que encontrarían unos 13.000.000 de pesos. No sabían que, minutos antes, ya habían sido retirados por el dueño.
Preguntaron a los presentes por “Luis” (uno de los socios de la firma) y al corroborar que no se encontraba, amenazaron con armas a los empleados y los llevaron al sector de los baños. Les sacaron sus celulares y al momento de revisar las billeteras, se produjo un forcejeo. En ese momento, uno de los delincuentes disparó varias veces.
Uno de los empleados, identificado como Cesar Javier Martínez (31), recibió un balazo en la cabeza que le causó la muerte horas después, mientras que otro (Nicolás Montenovic, de 36 años), fue herido de bala en ambas piernas.
Tras la investigación de la División Homicidios de la Policía de la provincia, el Tribunal Criminal de Justicia, por intermedio de la Unidad Fiscal de Homicidios, a cargo de Diego Cussel, ordenó la captura internacional de los imputados, entre ellos el de Chacón, por el delito de “robo calificado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa, en concurso real con homicidio criminis causa y homicidio criminis causa en grado de tentativa”.
Producto de diversos allanamientos permitieron ubicar a la novia del abogado, a quien se le secuestró el celular y se obtuvo información de relevancia que permitió dar con el paradero del buscado: Qatar. El abogado había viajado para presenciar el Mundial.
Luego, fueron por sus redes. Encontraron fotos en las que posaba en sus stories de Instagram en los ingresos de varios partidos, y la División Investigación Federal de Fugitivos y Extradiciones (Interpol PFA) confirmó que registraba un movimiento migratorio con salida hacia Francia, del 29 de noviembre, con destino final a la ciudad de Doha.
La comisión policial que llegó al Estado de Qatar para atrapar a Chacón contó con la colaboración del embajador argentino Juan Carlos Sassaroli. Producto del proceso de extradición, el detenido fue puesto a disposición del Juzgado de Control N°1 a cargo de Jorge Rodolfo Zurueta, Secretaría a cargo de María Belén Laureano de la provincia de Jujuy.
Otros cuatro sospechosos fueron detenidos por el caso, dos mendocinos, otro hombre y una mujer que dijo ser “tarotista”.
El fiscal federal Gerardo Pollicita pidió este lunes el envío a juicio oral del líder del Partido Obrero, Eduardo Belliboni, por presunta “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, amenazas y extorsión” en la causa que investiga delitos con el programa Potenciar Trabajo.
Lo hizo a pedido del juez federal Sebastián Casanello, quien dio por concluida una parte de la investigación en la que están procesados Belliboni y otros acusados y dio vista a las partes para que formulen su postura respecto al envío del caso a juicio oral, informaron fuentes judiciales.
El fiscal formuló su requerimiento de elevación a juicio yacusó a Belliboni de montar un sistema extorsivo para “controlar y manejar -en lo que públicamente se denominó “gerenciamiento”- a miles de personas a lo largo y ancho del país”, según el dictamen.
El objetivo de “esta organización criminal”, definió, fue”obtener un lucro indebido y consolidar un esquema de poder”.
Para ello se habrían abusado de la “vulnerabilidad” de quienes necesitaban los planes “para torcer su voluntad bajo amenazas e intimidaciones” como privarlos de un “plato de comida o de su único medio de subsistencia”.
La investigación se inició por denuncia del gobierno deJavier Milei, a raíz de llamados anónimos donde se denunciaban presiones para asistir a marchas o piquetes. Además, al apropiarse de fondos destinados a beneficiarios de planes sociales, se simulaban gastos con facturación apócrifa.
La fiscalía aludió a un “esquema extorsivo-coactivo” mediante el cual los beneficiarios del programa debían “entregar” una parte de la ayuda estatal y también estaban obligados a participar y contribuir a las “actividades políticas” del PO, detalla el dictamen de más de 279 carillas.
Además de Belliboni, Casanello procesó a otros 16 imputados en decisiones ya confirmadas por la Cámara Federal porteña y sigue bajo investigación en su Juzgado el rol que tuvieron en lo ocurrido funcionarios nacionales.
“En el caso hubo una matriz delictiva que se valió de las necesidades de un amplio sector social de carácter vulnerable de nuestro país, lo que les permitió ejercer ilegítimamente poder sobre aquéllos con miras a manejarlos según sus designios y obtener dinero, utilizado en provecho propio y de terceros, privando a las víctimas de un mejor porvenir”, advirtió la fiscalía desde por lo menos junio de 2020 a marzo de 2024.
“Los acusados defraudaron al Estado mediante la apropiación ilegítima de millonarios fondos públicos que le eran entregados como subsidios a la agrupación Polo Obrero”, dio por probado la Fiscalía en el requerimiento que será leído cuando comience el futuro juicio oral.
Un hombre identificado como P. N. C. fue condenado a la pena de 9 años de prisión efectiva por ser autor material y penalmente responsable del delito de “Abuso sexual gravemente ultrajante agravado por cometerse contra una menor de 18 años, aprovechando la convivencia preexistente”; ilícito perpetrado contra una menor de edad en San Salvador de Jujuy.
La sentencia fue dictaminada el pasado 6 de febrero, en la Sala de Audiencias de la Oficina de Gestión Judicial, por las Juezas Penales Dras. Margarita Nallar -presidente de trámite-, Ana Carolina Pérez Rojas y Cecilia Sadir; secretaría de la Dra. Claudia Gerónimo.
Las magistradas, además, resolvieron que, una vez firme y consentida la sentencia, se obtengan los perfiles genéticos del condenado a efectos de su incorporación en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual.
Asimismo, ordenaron el recupero de costos a favor del Ministerio Público de la Acusación a cargo del sentenciado.
Hechos
Según la acusación de la Fiscalía, P. N. C. fue condenado por delitos cometidos contra una menor de edad con la que convivía en una vivienda del barrio San Pedrito de San Salvador de Jujuy.
Entre los meses de noviembre de 2023 y abril de 2024 mientras la víctima, de 16 años de edad, se encontraba durmiendo en su habitación, el acusado, quien era pareja de la madre de la menor y con quien convivía, aprovechaba cuando los demás moradores se encontraban durmiendo, para ingresar a la habitación de la víctima y tocarla en sus partes íntimas. Hechos de similares características se repitieron en el transcurso del tiempo antes mencionado.
Finalmente, el 1 de mayo de 2024, aproximadamente a las 6.30 horas, el acusado ingreso a la habitación en la que la menor dormía y reiteró su conducta delictiva, siendo sorprendido por la madre de la víctima, quien al ver la situación comenzó a reclamarle y a agredirlo.
Como Fiscal ante el Tribunal se desempeñó el Dr. Alejandro Gurrieri y la querella fue representada por el Dr. Valentín Quero Halle.
Los abogados defensores del acusado fueron los Dres. Luís Ignacio Martínez y Antonio Bellido León.
Mónica Cunchila, madre de Iara Rueda , la joven asesinada en Palpalá en 2020, se refirió a la reciente confirmación de la condena a 15 años de prisión para Tomás Fernández, uno de los responsables del crimen, y expresó su preocupación ante la propuesta del gobierno nacional de eliminar la figura del femicidio del Código Penal.
En diálogo con un medio provincial Cunchila manifestó su descontento con la sentencia y demostró que la pena es insuficiente. “Fue durísimo porque la carátula es homicidio triplemente agravado con alevosía. No entiendo cómo le dan solo 15 años de prisión si él fue el primer responsable de sacar a Iara de casa y asesinarla. No voy a bajar los brazos, esto es solo una instancia más” , afirmó.
También exigió que Fernández sea trasladado inmediatamente al penal de Gorriti , ya que considera que no debería continuar en Alto Comedero. “Es mayor de edad y debe estar en un penal de adultos, donde pueda estudiar y hacer actividades, pero cumpliendo su condena en el lugar que corresponde” .
Además, remarcó que el condenado no mostraba arrepentimiento, contradiciendo los argumentos de su defensa. “Su abogada dice que se está superando personalmente, pero el informe psicológico indica que no tiene arrepentimiento de nada. Él gozaba cuando escuchaba los gritos de mi hija pidiendo ayuda”.
“La eliminación del femicidio sería gravisimo”
En relación con la intención del Gobierno Nacional de eliminar el femicidio como figura penal y tratar estos crímenes como homicidios simples, Cunchila alertó sobre la gravedad de esta medida y afirmó “si el femicidio pasa a ser un homicidio simple, ¿qué penas recibirán los asesinos? ¿5, 8 o 15 años? ¿Van a decir que no es agravado, que no hay vínculo? Esto sería gravísimo, estaríamos enfrentándonos con los feminicidas, con los asesinos de nuestras hijas, y nos dejaría aún más indefensas” .
La madre de Iara también subrayó la cantidad de casos de femicidio que siguen ocurriendo en el país y la lucha constante de las familias para obtener justicia.
Por último, Mónica Cunchila confirmó que seguirá participando en las marchas pacíficas con permanencia en Casa de Gobierno, junto a otras familias de víctimas de femicidios y homicidios.
“Vamos a volver a las calles con los rostros de nuestras hijas, acompañando a las familias de Natividad Canisarre, Florencia Salles y Patricia, quienes fueron asesinadas el año pasado. Esperamos que los juicios salgan rápido, porque eso trae algo de paz a las familias”, sostuvo.
