Caso avenida Intersindical: imputaron al conductor señalado por atropellar a una madre y su hija y darse a la fuga

El abogado Carlos Sebastián Espada, representante legal de Mariana Urzagaste y Leila Poniatowsky, había reclamado avances en la investigación por el siniestro vial ocurrido el 3 de octubre en Alto Comedero. La Fiscalía formalizó la imputación del conductor investigado por lesiones graves culposas agravadas por la fuga, en concurso ideal con lesiones culposas.

La investigación por el grave siniestro vial ocurrido en avenida Intersindical, en Alto Comedero, registró un importante avance judicial. La Fiscalía Especializada en Delitos contra la Propiedad y la Integridad de las Personas N.º 7, a cargo del fiscal Juan Luis Sorbello, formalizó la imputación contra el conductor investigado por el hecho en el que resultaron gravemente heridas Mariana Marisol Urzagaste y su hija Leila Alejandra Poniatowsky.

La novedad se produce luego de los reclamos formulados por el abogado Carlos Sebastián Espada, representante legal de ambas víctimas, quien había cuestionado públicamente la demora en la imputación y solicitado avances en el esclarecimiento de lo sucedido.

De acuerdo con el acta judicial, el 30 de octubre se realizó una audiencia imputativa mediante videoconferencia, en el marco del legajo P-23080/2026.

En esa instancia, se informó al automovilista investigado que se promovió acción penal en su contra como supuesto autor del delito de lesiones graves culposas por la fuga del conductor, previsto en el artículo 94 bis, segundo párrafo, del Código Penal, en concurso ideal con el delito de lesiones culposas, contemplado en el artículo 94.

Qué sostiene la Fiscalía sobre el siniestro

Según la descripción del hecho incluida en la imputación, el 3 de octubre de 2026, aproximadamente a las 23:20, Mariana Urzagaste y Leila Poniatowsky circulaban en una motocicleta Gilera Smash por avenida Intersindical, a la altura de la cancha Cieneguillas.

La Fiscalía atribuye al conductor imputado haber realizado una maniobra zigzagueante con un automóvil Volkswagen Suran, invadido el carril contrario e impactado de frente contra la motocicleta.

Siempre según la hipótesis fiscal, Leila cayó sobre la calzada, mientras que Mariana fue arrastrada sobre el capó del automóvil por más de cien metros.

El documento judicial también atribuye al conductor haberse retirado del lugar después del impacto.

Estas circunstancias forman parte de la imputación fiscal y deberán ser acreditadas durante el proceso judicial.

Las graves lesiones de las víctimas

La documentación incorporada a la causa describe que Mariana Urzagaste sufrió múltiples traumatismos, entre ellos una fractura en la región de la cadera y lesiones en la pelvis.

Por su parte, Leila Poniatowsky presentó un traumatismo encefalocraneal con pérdida de conocimiento recuperada y una herida grave en la pierna derecha.

Ambas debieron recibir atención médica como consecuencia del siniestro.

El reclamo de Espada y el avance de la investigación

Antes de concretarse la imputación, el abogado Carlos Sebastián Espada había expresado su preocupación por la situación procesal del conductor investigado, quien, según había señalado, se presentó ante la Justicia varios días después del hecho.

El letrado cuestionó que, pese a la gravedad de las lesiones y a los elementos reunidos durante la investigación, todavía no se hubiera formalizado una imputación.

Ahora, la actuación de la Fiscalía constituye un avance en el proceso penal, aunque la investigación continúa abierta.

Entre las evidencias mencionadas en el acta figuran registros de cámaras, informes de Criminalística, historias clínicas, declaraciones testimoniales, documentación del secuestro de los vehículos y cotejos de autopartes.

Durante la audiencia, el imputado estuvo asistido por sus abogados defensores y ejerció su derecho a abstenerse de declarar.

La causa continúa en investigación

La imputación representa una nueva etapa judicial para las víctimas, cuya representación legal se encuentra a cargo del abogado Carlos Sebastián Espada.

No obstante, la formalización de cargos no constituye una declaración de culpabilidad ni una condena. La responsabilidad penal del conductor investigado deberá determinarse mediante el procedimiento judicial correspondiente, con pleno respeto a las garantías constitucionales.

El expediente permanece en la etapa de Investigación Penal Preparatoria, mientras continúan las actuaciones destinadas a esclarecer las circunstancias del siniestro.

Corrupción en el Contravencional: denuncian que desviaban $500 millones de remates y multas a cuentas paralelas

A dos semanas del inicio del juicio oral y público fijado para el próximo 9 de noviembre, la causa que investiga supuestas irregularidades, falsificación de expedientes y un presunto desfalco de más de 500 millones de pesos en el Juzgado Contravencional N°1 sumó una grave denuncia pública.

Roxana, hermana del ex empleado administrativo y abogado Matías Yevara, único detenido en la causa, brindó un crudo testimonio en las inmediaciones de la Casa de Gobierno donde detalló cómo habría funcionado el circuito paralelo de recaudación y señaló presuntas maniobras de encubrimiento institucional.

La hipótesis familiar sobre el destino de los fondos

Según el relato de la familiar del imputado, el esquema investigado habría funcionado mediante la captación de recursos que jamás habrían ingresado a los canales oficiales del Tesoro provincial. De acuerdo con su testimonio, las fuentes de ese circuito habrían sido tres:

  • Subastas y remates: Cobros derivados de la liquidación de vehículos e inmuebles incautados.
  • Secuestro de animales y sanciones: Sumas abonadas por contraventores para la restitución de bienes o pago de multas.
  • Cuentas no declaradas: Fondos que, en lugar de ser depositados en las arcas públicas, habrían sido derivados a cuentas paralelas.

“Lo que cobraban no entraba a las arcas del Gobierno, sino que iba a otras cuentas. Hacían donaciones a los centros vecinales”, afirmó Roxana durante la entrevista periodística.

De acuerdo con la versión vertida por la familiar, una parte de esos recursos habría tenido como destino a cerca de 40 centros vecinales, lo que a su criterio salpicaría la responsabilidad de dirigentes políticos y ex funcionarios.

Denuncian ruptura del pacto de “arrepentido” y encubrimiento

Otro de los puntos álgidos expuestos por la hermana del imputado refiere a la figura del “arrepentido”. Según su testimonio, a finales de diciembre de 2024 Yevara habría acordado con la Fiscalía brindar una declaración grabada en video aportando nombres de legisladores, ex ministros de Seguridad y jefes policiales a cambio de un proceso abreviado con pena condicional.

Sin embargo, la familiar denunció que tres días después de prestar esa declaración, el acuerdo se habría roto unilateralmente al trasladar a Yevara al Penal de Alto Comedero. Asimismo, afirmó que la Fiscalía se niega a entregar las grabaciones de dicha audiencia a la defensa, pese a la existencia de una orden del juez de control.

Cuestionamientos por la disparidad de medidas cautelares

Finalmente, la familia del único detenido cuestionó la disparidad de las medidas dictadas por la Justicia en relación con la jerarquía de los involucrados. La hermana de Yevara remarcó que el ex juez Matías Ustarez , quien ocupaba la titularidad del juzgado y firmaba los pases a archivo y rendiciones de cuentas, atraviesa el proceso en absoluta libertad, al igual que otros funcionarios públicos mencionados en el expediente.

“El que manejaba todo ahí era el exjuez Ustarez; él era el que firmaba. Sin su firma nada se podría haber hecho. Sin embargo, Ustarez está libre, los otros funcionarios están en libertad y el único detenido es mi hermano”, fustigó.

Valentín Llampa: la familia rechaza la hipótesis de suicidio y denuncia inacción judicial

Durante la marcha encabezada por los Padres del Dolor frente a Casa de Gobierno, María Tolaba, hermana de Valentín Llampa, alzó la voz para exigir el cambio de carátula en la causa que investiga el fallecimiento del joven estudiante de Palpalá, hallado sin vida tres meses atrás.

La familiar cuestionó con dureza el accionar de la fiscalía interviniente por enmarcar de manera preliminar el hecho bajo la hipótesis de un autoperjuicio, asegurando que existen numerosos indicios que apuntan a una muerte violenta.

“A mi hermano lo encontraron en un estado que no es un suicidio. Mi hermano tiene una muerte dudosa: tiene golpes en el cuerpo, tiene signos de abuso y violación. Él no estaba atravesando un cuadro depresivo, era un chico feliz, lleno de proyectos y dedicado a sus estudios”, aseveró Tolaba.

Pruebas omitidas y pedido de peritajes

La hermana del joven denunció una marcada parálisis en el avance del expediente y señaló la omisión de medidas probatorias que resultan fundamentales para el esclarecimiento de lo acontecido.

“Nosotros dimos la contraseña del celular de mi hermano y hasta el día de hoy no peritaron el teléfono, ni tampoco el de la persona que estuvo por última vez con él. No hicieron la reconstrucción del hecho, no secuestraron la ropa del sospechoso, ni pidieron el relevamiento de las cámaras de seguridad que hay en Palpalá”, enfatizó.

Denuncia de amenazas y reclamo de celeridad

Asimismo, Tolaba reveló que la familia ha sufrido hostigamiento tras hacer públicos sus reclamos en la causa, señalando que la persona investigada continúa en libertad sin ningún tipo de restricción procesal.

“Ya recibimos amenazas por parte de la madre de este chico. Nosotros no nos vamos a callar más. Pedimos que analicen si hay muestras de ADN en el cuerpo de mi hermano y que la persona que tenga que ir presa, esté presa. Somos una familia humilde que solo busca la verdad”, concluyó.

Por Jujuy al Momento

Avanza en la Justicia Federal una causa contra la empresa Santa Ana

La situación legal de la empresa de transporte urbano Santa Ana sumó un nuevo capítulo en el fuero federal, tras la denuncia presentada por un grupo de aproximadamente siete ex empleados.

El conflicto se originó cuando los trabajadores, tras ser despedidos, concurrieron a las oficinas de la ANSES para gestionar el fondo de desempleo y se encontraron con la imposibilidad de acceder al beneficio previsional.

Carlos Espada, abogado defensor de los choferes, dialogó con Radio 2 y explicó que en los registros figuraba falsamente que los empleados ya habían percibido indemnizaciones millonarias, situación que generó un perjuicio económico inmediato en un contexto de vulnerabilidad.

“Se presentaron a realizar este trámite previsional, les dicen que no podían acceder a dicho trámite porque figuraba dentro de los registros de los trabajadores que ellos habían cobrado indemnizaciones millonarias. Ellos dijeron: “Nosotros no hemos cobrado absolutamente nada””, expuso.

La investigación en la Justicia Federal y el entrecruzamiento de datos

Ante la gravedad del hecho —que involucra declaraciones juradas con información inexacta vinculada a organismos nacionales como ARCA y ANSES—, la denuncia inicial radicada en el Ministerio Público de la Acusación provincial fue derivada al fuero federal por tratarse de un presunto delito contra la administración pública nacional.

En los últimos días, representantes de la querella mantuvieron una reunión con la Secretaría de la Fiscalía Federal, donde se confirmó que la investigación avanza: #Uno de los primeros pasos era levantar el secreto fiscal a fin de poder obtener toda la información respecto de los trabajadores. Se está avanzando con la investigación, de que se iba a pedir el levantamiento del secreto fiscal a los fines de realmente poder investigar si existe alguna conducta reprochable desde el punto de vista penal#, señaló Espada.

Se espera que en un plazo aproximado de una a dos semanas, con la recopilación de los datos fiscales y bancarios, se pueda constatar la inexistencia de transferencias o depósitos a los CBU de los damnificados, lo que consolidaría la hipótesis de fraude ante la administración pública.

El contraste con la causa provincial por amenazas

Mientras el proceso federal muestra dinamismo, la situación en la justicia local mantiene un panorama desalentador. Previo a los despidos, los operarios habían reclamado formalmente por diferencias salariales y fueron convocados a una reunión donde habrían sido amenazados por la gerencia para que desistieran del reclamo, una secuencia que quedó registrada en audio.

Pese a haber presentado dicha prueba de carácter contundente sobre el delito de amenazas coactivas, la defensa denunció un absoluto silencio y falta de respuestas por parte de los organismos de la provincia: “Totalmente lo contrario respecto a lo que sucede en la justicia provincial con el delito de amenaza que yo recién había comentado, que hace un tiempo largo que tenemos un absoluto silencio”, cerró el letrado.

Por Jujuy al Momento

La Justicia suspendió por 60 días el nuevo Régimen Penal Juvenil en Buenos Aires

La Justicia bonaerense ordenó suspender preventivamente durante 60 días la aplicación de la Ley 27.801, que establece el nuevo Régimen Penal Juvenil, en todo el territorio de la provincia de Buenos Aires.

La decisión fue tomada por la jueza Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, en el marco de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo en favor de adolescentes privados de su libertad.

La resolución fue firmada este lunes 7 de septiembre, apenas dos días después de la entrada en vigencia de la nueva normativa. La magistrada consideró que existía una situación de urgencia y sostuvo que debía analizarse si la aplicación inmediata del nuevo régimen podía provocar una afectación grave de derechos fundamentales.

Uno de los principales argumentos del fallo apunta al impacto que tendrá la nueva legislación sobre la cantidad de adolescentes que pueden quedar sometidos al sistema penal.

La jueza explicó que la ley incorpora al sistema a adolescentes de 14 y 15 años, excluye determinados supuestos que anteriormente no eran punibles y establece la aplicación de la escala penal prevista en el Código Penal.

En ese sentido, advirtió que esos cambios “aumentará considerablemente la cantidad -por mayores ingresos y por mayor permanencia- de personas privadas de la libertad”.

Pero para la magistrada el problema no se limita al eventual aumento de detenidos. El punto central es si la provincia cuenta actualmente con infraestructura y recursos suficientes para alojarlos bajo condiciones compatibles con los derechos de niños y adolescentes.

La pregunta que plantea el fallo es directa: “si el Estado puede ampliar el universo de personas adolescentes sometidas al sistema de responsabilidad penal sin crear las condiciones materiales, institucionales y profesionales indispensables”.

Las condiciones de encierro, bajo la lupa

Para fundamentar la suspensión, la jueza tomó especialmente en cuenta la situación que viene constatando desde hace años en los dispositivos bonaerenses de privación de libertad.

El propio juzgado había dispuesto previamente limitar a 60 adolescentes la capacidad de alojamiento del Centro Socioeducativo para la Privación de la Libertad Ambulatoria de Lomas de Zamora, luego de constatar que las condiciones de alojamiento no cumplían con los estándares mínimos.

Aunque destacó que en el último tiempo se produjeron avances en cuestiones edilicias, alimentación y provisión de agua potable, la jueza fue categórica: “en modo alguno se encuentra cumplido un piso mínimo que permita afirmar que la detención no compromete la responsabilidad internacional de la Argentina”.

También señaló que todavía existen deficiencias en el acceso a la educación, la formación profesional y la incorporación al ámbito laboral, además de la necesidad de reducir los tiempos de aislamiento.

Según la resolución, situaciones similares se registran en otros dispositivos de la provincia y fueron expuestas por autoridades del Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia durante distintas audiencias.

Muerte en el Materno Infantil: confirman que el bebé sufrió falta de oxígeno durante la espera

Los resultados de nuevos estudios anatomopatológicos incorporados a la causa judicial por la trágica muerte del bebé Salvador en el Hospital Materno Infantil confirmaron que la criatura sufrió una pérdida progresiva de oxígeno y nutrientes durante las horas en que su madre esperaba ser atendida.

El informe técnica, solicitado para complementar la autopsia, trajo luz sobre el origen del severo cuadro que presentaba la gestante. De acuerdo con lo explicado por el abogado querellante, Carlos Sebastián Espada, los análisis sobre la placenta arrojaron la certeza de que el sangrado registrado respondía a un desprendimiento parcial de placenta, una condición crítica que requería intervención médica inmediata.

La reconstrucción realizada por la querella indica que la joven, quien transitaba la semana 38 de embarazo, ingresó de urgencia al nosocomio cerca de las 17 horas al presentar una pérdida de sangre de consideración. Sin embargo, su ingreso al quirófano se concretó recién alrededor de las 22 horas, generándose una ventana de cinco horas sin la debida asistencia especializada.

Agravamiento progresivo y falta de estudios urgentes

Durante ese tiempo transcurrido, el desprendimiento placentario provocó que, de manera paralela, el recién nacido recibiera cada vez menor cantidad de oxígeno, sangre y nutrientes, derivando en el desenlace fatal dentro del centro asistencial.

Desde la representación legal de la familia cuestionaron severamente la falta de atención inmediata y la omisión de practicar estudios complementarios oportunos, como una ecografía de urgencia que hubiese permitido detectar el desprendimiento a tiempo. Ante estos concluyentes avances periciales, la querella solicitará que la investigación penal acelere las actuaciones para establecer responsabilidades penales individuales sobre los profesionales de guardia, médicos y enfermeros que intervinieron durante la guardia.

Histórico fallo en Jujuy: 35 años de prisión para un empresario gastronómico abusador de menores

En un fallo signado por la máxima severidad penal, la Justicia provincial dictó una de las condenas más duras de los últimos tiempos en materia de delitos intrafamiliares y contra la integridad sexual. Un comerciante de 45 años de edad fue sentenciado a la pena de 35 años de prisión tras ser hallado culpable de múltiples abusos cometidos contra cuatro menores de edad.

El Tribunal en lo Criminal, integrado por los jueces Mario Ramón Puig, Martín de Athayde Moncorvo y Elio Luciano Yapura, dio lugar de manera íntegra al requerimiento formulado por la agente fiscal María Emilia Curtem Haquim, titular de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar N° 3 del Ministerio Público de la Acusación.

Una década de aberraciones

Durante el debate oral, la representación fiscal logró acreditar de manera contundente que el imputado, identificado mediante sus iniciales V.D.J., llevó a cabo los aberrantes hechos de manera sostenida entre los años 2013 y 2024, teniendo entre sus víctimas a dos de sus propios hijos.

El plexo probatorio presentado por el MPA derivó en la condena por un amplio abanico de figuras penales que incluyeron abuso sexual gravemente ultrajante (agravado por el vínculo, la convivencia y la guarda), abuso sexual simple, corrupción de menores, amenazas coactivas y amenazas coactivas agravadas por el uso de armas.

Asimismo, la investigación judicial alcanzó el ámbito del ciberdelito al comprobarse que el acusado incurrió en la producción de representaciones de partes genitales de menores de 18 años y en la tenencia de pornografía infantil.

Con esta resolución, la Justicia sienta un precedente de protección decisivo para la infancia, ratificando la severidad de las penas ante casos de extrema vulneración de derechos en el ámbito intrafamiliar.

Palpalá: 15 años de prisión para un abusador que amenazaba a sus víctimas para ocultar los ataques

En una contundente resolución judicial dada a conocer hace un par de días, un hombre identificado como M.A.C. fue condenado a cumplir quince años de prisión de cumplimiento efectivo tras reconocer su responsabilidad penal en los aberrantes abusos cometidos en perjuicio de tres menores de edad en la ciudad de Palpalá.

La investigación conducida por el fiscal Alejandro Maldonado determinó un sostenido patrón de violencia y coacción perpetrado por el imputado. En el caso de su primera nieta, las agresiones comenzaron en 2020 —cuando la víctima tenía apenas 8 años— y se extendieron de forma sistemática hasta comienzos de 2026.

Para garantizar la impunidad de sus actos y evitar que los hechos salieran a la luz, el agresor apelaba al uso recurrente de amenazas directas con hacerle daño a sus padres y hermanos.

Una mecánica similar padeció su segunda nieta entre 2024 y 2026, mientras contaba con entre 9 y 11 años de edad. Los ataques se concretaban cuando la menor quedaba bajo su cuidado, tanto en su vivienda particular como en su ámbito de trabajo.

La tercera víctima, una niña vecina del sector, comenzó a ser agredida durante el receso estival de 2021 a sus 8 años, registrándose episodios de extrema violencia en mayo de 2022, donde el sujeto la aislaba de su entorno para vulnerarla bajo severas intimidaciones.

El fallo fue homologado por la jueza penal Margarita Nallar bajo la figura del juicio abreviado, tras el acuerdo alcanzado entre la Fiscalía, la Defensa Auxiliar y la Defensoría de Niños, Niñas, Adolescentes e Incapaces.

La magistrada ordenó la extracción de perfiles genéticos del condenado una vez firme la sentencia y el inmediato acompañamiento integral a las víctimas.

Se vence el plazo para que Manuel Adorni justifique el incremento de su patrimonio: aseguran que pediría una prórroga

El exjefe de Gabinete Manuel Adorni deberá responder ante la Justicia por las inconsistencias detectadas en su patrimonio, en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito. El plazo fijado por el fiscal Gerardo Pollicita para presentar la documentación y las explicaciones requeridas vence este miércoles.

El pasado 10 de agosto, Pollicita presentó un requerimiento con 20 preguntas vinculadas con el crecimiento del patrimonio de Adorni y le otorgó 15 días para aportar los elementos que permitan aclarar las dudas surgidas durante la investigación.

En este contexto, el periodista Raúl Kollmann contó en C5N que circulan fuertes rumores sobre la posibilidad de que la defensa del exfuncionario solicite una prórroga. De concretarse, el pedido permitiría postergar la presentación de la documentación requerida por el fiscal.

La respuesta de Adorni será determinante para el avance del expediente. Una vez que reciba la documentación, Pollicita deberá evaluar si las explicaciones aportadas permiten despejar las inconsistencias detectadas y definir los próximos pasos de la investigación, entre ellos una eventual citación a indagatoria.

El fiscal sostuvo que existen “incrementos, adquisiciones y desembolsos” que, al ser comparados con los ingresos lícitos comprobados del grupo familiar, no tendrían hasta el momento una explicación suficiente.

Según la reconstrucción incorporada a la causa, Adorni percibió 35 haberes durante su gestión como jefe de Gabinete. Sumados a los ingresos de su esposa Bettina Angeletti, esos recursos alcanzaron los $229.752.283,20.

En el mismo período, los gastos registrados del grupo familiar llegaron a $272.820.832,20, lo que representa una diferencia de $43.068.549. Además, la investigación detectó gastos por u$s 402.578,12 que, de acuerdo con el fiscal, tampoco tendrían correlato con los ingresos lícitos acreditados.

Palpalá: condenaron a 2 años y 8 meses de prisión a un sujeto por robar en una vivienda

Un sujeto identificado como Rodrigo Sebastián Vera fue condenado a la pena de dos años y ocho meses de prisión efectiva tras ser hallado autor penal y materialmente responsable del delito de robo agravado por escalamiento en grado de tentativa en calidad de coautor, por un ilícito cometido en la ciudad de Palpalá.

La resolución fue emitida por la jueza María Margarita Nallar, con la intervención del fiscal Alejandro Maldonado y la asistencia técnica del defensor público Roberto Savio.

El imputado, quien actualmente permanece alojado en el Servicio Penitenciario, escuchó el veredicto tras la sustanciación del proceso penal en su contra.

El hecho ventilado en el debate ocurrió el 5 de febrero de 2026, alrededor de las 3.10 de la madrugada. Según la acusación fiscal, Vera y un acompañante treparon al techo de una vivienda particular ubicada en la ciudad siderúrgica, donde procedieron a doblar una chapa de la cubierta para lograr ganar el interior del inmueble y sustraer una aspiradora.

Sin embargo, el accionar delictivo se vio frustrado cuando ambos delincuentes descendían de la propiedad para darse a la fuga. En ese instante fueron sorprendidos por la propietaria de la casa y su pareja, quienes actuaron con rapidez, lograron aprehender al acompañante de Vera en el lugar y recuperaron el bien sustraído.

Si bien Vera logró escapar corriendo en un primer momento, la rápida alerta dada a las fuerzas de seguridad permitió que fuera interceptado y aprehendido sobre la avenida Juan José Pasoy Río de la Plata.

La totalidad de los fundamentos de la sentenciaquedará registrada formalmente en el sistema de gestión judicial conforme a los plazos procesales vigentes.