La jueza de la Suprema Corte de Justicia, Laura Lamas González, comenzó con un formal proceso de Vindicación por la causa que involucra al sacerdote Atilio Luis Bruno, quien es investigado por el presunto delito de abuso sexual.
Según confirmaron desde la Justicia, esta acción se da luego de la divulgación de información vinculada a actuaciones en trámite en el Ministerio Público de la Acusación que la mencionan y relacionadas con la causa.
Puntualmente el pasado 18 de septiembre el programa Telenueve Denuncia (Canal 9), reveló que el cura acusado Luis Bruno, la jueza de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Laura Lamas González, y el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, intentaron sobornar a una mujer que denunció que fue victima de abuso sexual perpetrado por el cura Luis Bruno.
La jueza ya puso en conocimiento a la Suprema Corte de Justicia de Jujuy (Tribunal que ella misma integra) que este jueves ha iniciado el “Proceso de Vindicación” , en cumplimiento de la obligación prevista en el Artículo 62 apartado 2 de la Constitución de la Provincia de Jujuy
La Constitución Provincial establece que “el funcionario público o empleado a quien se imputare delito cometido en el ejercicio de su cargo o empleo, está obligado a acusar judicialmente hasta vindicarse, bajo pena de destitución”.
Pero ademas, la jueza también solicitó el uso de licencia hasta tanto culmine el proceso de Vindicación y cumpla acabadamente con la obligación impuesta constitucionalmente.
Comunicó a la Suprema Corte de Justicia que promoverá Querella Criminal en contra de quienes resulten los autores materiales y/o intelectuales de las acusaciones, como así también de haber obtenido, utilizado, propalado y/o facilitado una información falsa y engañosa, reclamando los daños y perjuicios.
¿Qué es la vindicación?
La vindicación alude a la acción en la que un juez defiende su buen nombre, su honestidad o su correcta actuación profesional ante injurias, calumnias o acusaciones injustas, restableciendo así su fama y honor.
En la práctica, un juez puede vindicar su nombre de varias formas como con acciones legales si es calumniado o difamado, puede iniciar acciones legales para defenderse y restablecer su reputación. También con aclaraciones públicas, realizando declaraciones públicas o emitiendo comunicados para aclarar malentendidos y defender su actuación.
El obispo de Jujuy, monseñor Daniel Fernández, difundió este miércoles un comunicado oficial en el que se refirió a la denuncia penal que mantiene detenido al sacerdote Luis Bruno.
Fernández explicó que, tras conocer la denuncia realizada en diciembre del año pasado, la diócesis procedió a separar al sacerdote de las tareas pastorales, siguiendo las normativas del Derecho Canónico, y remitió toda la información al Dicasterio para el Clero de la Santa Sede, organismo competente en estos casos.
En el escrito, el obispo aclaró que se mantuvo en contacto con la denunciante “siempre en pos de escuchar y responder a sus inquietudes en un clima de cordialidad y colaboración”, y sostuvo que también informó a la justicia sobre las medidas canónicas adoptadas, aportando documentación y realizando una presentación espontánea.
“Personalmente tengo tranquilidad de conciencia en cuanto a mi proceder y a mi recta intención en el obrar, y también está mi confianza en la objetividad de la justicia frente a nuestras subjetividades, que son siempre limitadas”, expresó Fernández.
Finalmente, encomendó a la comunidad a mantener la fe en medio de la situación . “Pedimos que la verdad y la justicia puedan traer la luz que necesitamos vislumbrar”.
El sacerdote Luis Atilio Bruno imputado por delitos de abuso sexual simple agravado y abuso sexual con acceso carnal agravado ofreció 10 mil dólares a la denunciante para tratar de evitar que la causa penal en su contra prosperara. Lo hizo en febrero último, antes de que fuera detenido, el 11 de abril de 2025, y para avanzar en ese intento de soborno involucró al Poder Judicial y a la Diócesis de Jujuy.
El pasado 18 de septiembre el programa Telenueve Denuncia (Canal 9), que conduce el periodista Tomás Méndez, reveló que el cura acusado, la jueza de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Laura Lamas González, y el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, intentaron sobornar a la denunciante en febrero último.
En el informe se da a conocer el detalle de las conversaciones entre el cura, la jueza y el obispo encontrados en el celular de Bruno, secuestrado en el allanamiento de su casa en la localidad de Lozano, donde hoy cumple prisión domiciliaria.
En los chats, que son parte de la investigación judicial, se puede seguir la conversación entre la jueza Lamas y Bruno. La jueza le dice: “Un caballero, cuando le dije que su causa la resolvía conforme a su planteo, se puso contento y me dijo que el tema estaba en vía de solución. Que había que pagar y con ello la mujer se iba a quedar tranquila”.
Bruno le cuenta luego a la jueza que “el obispo mandó un mail preguntándole por el abogado la semana pasada, y hasta ahora no hay repuesta”.
La jueza Lamas responde: “No va a ser fácil para cualquier abogado representar a una loca así, con el obispo de por medio. Y el abogado que intervenga en su caso, Jorge se lo va a comer vivo”.
También hay una conversación en la que Bruno y el obispo hablan de buscar a un abogado para que intervenga en la causa.
En otro intercambio Bruno le dice a la jueza que el abogado de la denunciante es Andrés Puig, hijo del juez Mario Ramón Puig. La jueza responde: “sí, lo conozco al padre, muy de confianza”.
“Hay 10 mil dólares ya”, le dice Bruno, a lo que la jueza propone: “¿Me autorizás a hablar con Ramón Puig que es el padre del abogado? No sé si volvió de vacaciones.El hijo no se va a prestar a la extorsión. Y Mario es una garantía para cerrar el caso”.
Las conversaciones siguen. “Estoy esperando que me contesten… el mismo Mario que fue mi compañero y me debe muchos favores. (La denunciante) No pudo elegir mejor abogado para tu seguridad y tranquilidad”, dice la jueza.
“Tiene que aceptar 10 mil dólares en mano, no transferencia”, refuerza el cura. En el medio surge una diferencia llamativa sobre el monto del soborno: ”eran 6 mil dólares según monseñor, ahora 10 mil dólares, ¿que pasó en el medio?”, pregunta Lamas.
Los chats muestran al religioso Bruno no exento de crueldad. Le dice a la jueza: “gracias a vos, la próxima semana monseñor se encuentra con la stronza (bruja, en italiano)”. La magistrada responde: “monseñor va saber qué decir” en referencia a cómo convencería a la denunciante para que aceptara la propuesta.
En la continuidad de los mensajes el cura acusado le dice a Lamas que tenía miedo que le sacaran la casa, a lo que la jueza le sugiere que la propiedad pase como bien patrimonial y le aconseja acelerar ese trámite.
Las dos caras de la Diócesis
La publicidad de estos mensajes sacude al Poder Judicial de Jujuy y a la Diócesis jujeña, que en abril último, tras la detención del cura Bruno, expresó en un comunicado que “el Obispado de Jujuy se puso a disposición de las autoridades judiciales tras ser anoticiado de la denuncia y detención del presbítero Atilio Luis Bruno”.
A la luz de la revelación del intercambio entre jueza, acusado y obispo, ese comunicado muestra a una Iglesia con dos caras. A la par que el obispo intentaba silenciar a la denunciante, públicamente la Diócesis destacaba “el rotundo rechazo que manifiesta en estos casos la Iglesia hacia todo tipo de violencia sexual, moral, psicológica o de conciencia hacia las personas que pastoralmente nos son encomendadas”, y expresaba su “compromiso de acompañamiento y cercanía hacia quienes se hayan sentido vulnerados”. Además, en el comunicado se expresaba el deseo de que “la Justicia avance y actúe en el rápido esclarecimiento de los hechos que fueron denunciados”.
La acusación contra el cura ya era conocida en la Diócesis de Jujuy antes de su detención, según reveló el sacerdote Germán Maccagno, rector del Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, y miembro de la Comisión de Medios del Obispado local, quien cuando se hizo pública la denuncia reconoció en declaraciones a la prensa que “había una situación, pero no había llegado a la justicia, y una vez que llega a la justicia es la justicia la que dispone”.
Maccagno pidió entonces: “sepamos comprender las debilidades que también los sacerdotes podemos tener”, y pidió “perdón en nombre de la Iglesia a aquellos que se sienten vulnerados por esta situación de violencia”.
El cura acusado estaba a cargo de la parroquia de Ciudad de Nieva, en la capital jujeña, estuvo detenido en el penal de Alto Comedero y luego fue beneficiado con prisión domiciliaria en Lozano. Bruno llegó a Jujuy hace 11 años, es oriundo de la provincia del Chaco, pasó por la parroquia San Bartolomé del barrio Chijra y la del Perpetuo socorro, de Villa Lastenia, en Los Perales y luego fue Ciudad de Nieva.
“Alevosía de poder”
Los chats, que se conocían en los pasillos de tribunales aunque nadie denunció el tráfico de influencias, exponen un hecho de corrupción que involucra a la jueza Lamas, quien ya sorteó dos juicios políticos (2022 y 2024).
Ni el Colegio de Magistrados de Jujuy ni el Colegio de Abogados de Jujuy se manifestaron respecto del escándalo.
En cambio, la Red de Mujeres Políticas expresó su repudio al intento de soborno. “Alevosía del poder”, lo calificó y denunció la revictimización de la denunciante.
“Las víctimas de violencia de género, en cualquiera de sus facetas, quedan al desamparo, en la mayor marginalidad. Todos los avances normativos convencionales y constitucionales, con leyes de emergencia son letra muerta en un Poder Judicial corrompido con miembros que sin perspectiva de género trafican influencias y deshumanizan aún más cualquier posibilidad de transformar la realidad de las víctimas. Las instituciones solamente cambian cuando existe decisión firme y contundente de realizar las purgas necesarias para que todo el sistema se base en Derechos Humanos que no es más ni menos que poner a la persona siempre en el centro de protección; lo opuesto es silenciar, encubrir y ser cómplices. Como Red exigimos celeridad en esta causa donde es constantemente revictimizada la denunciante“, sostuvo la Red.
Tras la difusión de los chats, vecinos de Lozano convocaron a una manifestación en la Plaza Belgrano, en San Salvador, a las 9.30 de este lunes, para rechazar la prisión domiciliaria de Bruno. “Las infancias están en peligro. Exigimos protección real a la comunidad”, afirmaron en la convocatoria, en la que también repudiaron “el desprecio y denigración hacia la denunciante. Y los intentos de pagar para silenciar a la víctima”.
En 2015 se aumentó el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, de cinco a nueve miembros. Sin embargo, actualmente están cubiertos siete cargos, por Ekel Meyer (que ocupa la presidencia), Sergio Jenefes, Federico Otaola, Mariano Miranda, María Eugenia Nieva, Martín Llamas, y Laura Lamas González.
El obispo César Fernández es vicepresidente segundo de la Comisión Episcopal Argentina, y ha sido designado por el Papa León XIV como miembro del Dicasterio para el Clero.
En un Juicio abreviado, dos hombres identificados como R.E.M y C.R.R. fueron condenados a la pena de 8 años de prisión años de ejecución efectiva por abusar sexualmente de una joven con retraso madurativo en San Salvador de Jujuy.
R.E.M fue sentenciado como autor penalmente responsable de los delitos de “Abuso sexual gravemente ultrajante (un hecho) y Abuso sexual con acceso carnal (dos hechos), en concurso real”. En tanto, C.R.R fue declarado autor penalmente responsable del delito de “Abuso sexual con acceso carnal (dos hechos) en concurso real”.
El fallo fue dictado por los jueces penalesRoberto Darío Assef –presidente de trámite-, Gastón Mercau y Javier Salvatierra, con la asistencia del prosecretario Agustín De Pedro; en una audiencia realizada a través de video conferencia por medios informáticos en la plataforma de la Oficina de Gestión Judicial.
Foto: jueces penales Roberto Darío Assef – presidente de trámite, Gastón Mercau y Javier Salvatierra.
Los magistrados, además, ordenaron la obtención de los perfiles genéticos de R.E.M y C.R.R a efectos de su inscripción en el Registro Nacional de Datos Genéticos vinculados a Delitos Contra la Integridad Sexual, una vez firme la sentencia.
Asimismo, resolvieron tener presente el pago por parte de ambos condenados de unacompensación económica a favor de la víctima.
Por último, los jueces dispusieron, una vez firme la sentencia, el traslado de los condenados a las instalaciones del Servicio Penitenciario de la Provincia, previo examen médico que determine la factibilidad que ambos penados puedan ser alojados en dependencias carcelarias.
Hechos
Según la requisitoria de la Fiscalía, los tres ilícitos atribuidos a R.E.M ocurrieron entre el 14 de agosto de 2011 y 13 de agosto de 2012 –cuando la víctima tenía 11 años de edad-, luego en el transcurso del año 2022 y 2023, y finalmente entre los años 2023 y 2024.
El acusado aprovechaba que la víctima, quien padece un retraso madurativo, se encontraba sola para abusar sexualmente de ella.
Por otra parte, los hechos delictivos atribuidos a C.R.R fueron dos, el primero tuvo lugar entre enero de 2023 y mayo de 2024, en circunstancia que la misma víctima de R.E.M, se encontraba en su domicilio en un barrio de la ciudad de San Salvador de Jujuy, momento en que el acusado abusó sexualmente de la joven.
El segundo delito fue cometido entre los meses de febrero y julio de 2024, cuando la víctima estaba junto al imputado en el domicilio de este último, quien aprovechó la ocasión para abusar nuevamente de la joven y posteriormente ofrecerle dinero.
Juicio abreviado
Los acusados fueron juzgados mediante un Juicio abreviado al hacer lugar los jueces penales al acuerdo arribado por la representante del Ministerio Público de la Acusación, Jimena Colliard Guerrero; Omar Alfonso Cabrera, representante de la víctima; los acusados y sus abogados defensores Gabriel Hernán Duarte, por C.R.R, y Mario Eduardo Ramos, en representación de R.E.M.
Una vez firme la sentencia se comunicará al Juez de Ejecución de la Pena y al Registro Nacional de Reincidencia, haciendo saber a las partes que los fundamentos serán cargados en el Sistema Integral de Gestión en el término de ley.
El procurador general del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, afirmó que la causa contra Matías Jurado podría sufrir un cambio de carátula a homicidios con alevosía, debido a las pruebas y testimonios que indicarían que el acusado actuaba “sobre seguro”, aprovechándose del estado de vulnerabilidad de sus víctimas.
“Seguramente se va a ampliar la imputación si establecemos estos elementos que se llama actuar sobre seguro, lo que en este caso agrava el homicidio por alevosía. Actualmente ya está calificado por ensañamiento, pero es probable que exista también esta figura para agregarle a la imputación”, explicó Lello Sánchez.
El procurador indicó que Jurado habría engañado a sus víctimas con promesas de ayuda, y luego las sometía a rituales en su domicilio, en un contexto donde se investigan consumos de alcohol u otras sustancias que podrían haber sido utilizadas para adormecerlas. “De otra manera no se entiende muy bien cómo es que esta persona llevaba adelante con tanta precisión este tipo de comportamiento”, sostuvo.
casa del horror en Jujuy
Además, señaló que se avanza con estudios interdisciplinarios para profundizar sobre la imputabilidad del acusado. “Según el abordaje inicial del psicólogo del Ministerio Público, el imputado comprende la criminalidad de sus actos y tiene discernimiento. Ahora se sumarán nuevas evaluaciones con otro psicólogo y un psiquiatra del CIF de Salta para esclarecer definitivamente su perfil psicológico y psiquiátrico”, agregó.
Lello Sánchez subrayó que este caso es “extraordinario”, no solo por la cantidad de víctimas y la violencia ejercida, sino también porque Jurado aprovechaba la vulnerabilidad socioeconómica de las personas a quienes convocaba y sometía.
A través de un juicio abreviado que se hizo en el juzgado N°1 de Formosa se acordó que tres de los cuatro hombres que cazaron y carnearon a un yaguareté en Estanislao del Campo vayan por dos años a prisión efectiva. El último acusado recibió la misma pena pero de prisión en suspenso.
También se acordó el decomiso de las armas utilizadas durante el crimen y la realización de actividades de capacitación y concientización.
El hecho ocurrió a fines de julio del año pasado,cuando tres cazadores mataron a un ejemplar, lo colgaron y le quitaron la piel. Se cree que también consumieron parte de la carne.
Los hombres se sacaron fotos sonrientes con el yaguareté y las subieron a sus redes sociales.
La audiencia contó con la intervención de la Fiscalía Federal de Formosa y la participación de todos los querellantes: Fiscalía de Estado de la Provincia de Formosa, Administración de Parques Nacionales y la organización ambiental Red Yaguareté.
Si bien se aceptó el acuerdo del juicio abreviado, la sentencia se confirmará este jueves.
Según se pudo saber los imputados reconocieron su participación en el hecho, aunque aseguraron que no sabían al momento de la detención que matar a un yaguareté (una especie en peligro crítico de extinción) es un delito federal.
Si bien se considera a las cuatro personas como coautores de la muerte del animal, se le determinó una pena menor a uno de los cuatro hombres que además es una persona mayor.
Los otros tres, que llegaron al juicio detenidos seguirán en prisión hasta completar su pena. Esta resolución es histórica en el país.
El yaguareté: un símbolo que agoniza
El yaguareté es el mayor felino de América y un verdadero ícono de la fauna argentina. Su presencia en el Gran Chaco se redujo drásticamente en las últimas décadas y tan solo quedan menos de 20 ejemplares. La combinación de cacería, pérdida de hábitat y falta de controles efectivos dejó a la especie al borde de la extinción en la región.
Organizaciones ambientalistas advierten que, si no se toman medidas urgentes, el yaguareté podría desaparecer para siempre del Chaco argentino.
En conferencia de prensa brindada por el fiscal Regional Guillermo Beller, se confirmó que entre los restos hallados durante la investigación que se sigue en contra de Matías Jurado, presunto asesino serial, se encontraron ADN de dos de las personas denunciadas como desaparecidas y que forman parte de las cinco investigaciones iniciales.
Los mismos, se corresponden a Jorge Anachuri de 68 años, denunciado como desaparecido el día 25 de julio y Sergio Alejandro Sosa de 25 años, cuya denuncia se realizó el día 8 de julio, ambos del presente año.
De acuerdo a lo indicado por el representante de Ministerio Público de la Acusación, aún restan varias otras muestras por cotejar –habló de alrededor de 100 otras muestras más-, por lo que lógicamente la investigación no está ni cerca de concluir.
Por otro lado, se hizo referencia a la presencia de los diferentes cuerpos de investigación de otros puntos del país que se solicitaron presten colaboración. En este sentido, se refirió a las labores de los canes de la Policía de Catamarcay a la presencia de Gendarmería Nacional con el georadar, un elemento único que permite corroborar elementos extraños en el suelo y pruebas de haber sido removido recientemente, que son los que llevarán a que finalmente elEquipo Argentino de Antropología Forense, realice las excavaciones en la casa del presunto homicida serial.
Este miércoles, el Ministerio Público de la Acusación (MPA) brindó una conferencia de prensa para informar sobre los avances en la causa que tiene como imputado a Matías Jurado, acusado por el fallecimiento de Jorge Anachuri. En el domicilio de Jurado se encontró ADN de Sergio Sosa y continúa la investigación por la desaparición de otras tres personas.
El fiscal de la causa, Guillermo Beller, detalló que en las últimas horas el MPA recibió una carta en la que Jurado manifestó su intención de dialogar directamente con él.
“El canal de comunicación que tiene Jurado es a través de su defensor, pero llegó una carta y, por supuesto que vamos a acceder. Por lo pronto, será este viernes en el penal”, explicó Beller.
Asimismo, aclaró que el acusado puede presentarse a declarar en cualquier momento: “Él puede declarar cuando quiera, siempre que no sea para dilatar el proceso”.
Matías Jurado, presunto asesino serial
Confirmaron por ADN la identidad de dos víctimas del presunto asesino serial de Alto Comedero
En el marco de la investigación por el caso del presunto asesino, el fiscal a cargo confirmó que, a través de análisis de ADN, se logró establecer la identidad de dos de las víctimas: Jorge Omar Anachuri y Sergio Alejandro Sosa.
El fiscal informó en conferencia de prensa que las familias de Anachuri y Sosa ya fueron notificadas oficialmente sobre los resultados y reiteró que la investigación continúa para esclarecer el alcance total de los hechos y la cantidad de víctimas involucradas.
En una declaración indagatoria, el presunto asesino serial de Jujuy, detenido por la desaparición de al menos cinco personas en situación de calle o con discapacidad, aseguró que se dedicaba a la venta de comida y a la albañilería. La información fue confirmada por el Fiscal Regional del Ministerio Público de la Acusación, Guillermo Beller, quien lleva adelante la investigación.
Según indicó el acusado, su actividad principal era la construcción, aunque también vendía comidas como turrones y otras golosinas. “Él manifestó que se dedicaba a la albañilería, y que además vendía algunos elementos comestibles, como turrones y alfajores. En ningún momento refirió a alimentos de elaboración propia”, precisó Beller en conferencia de prensa.
En paralelo a las declaraciones del imputado, el Ministerio Público continúa con las pericias de ADN para establecer si los restos encontrados en su vivienda corresponden a alguna de las víctimas. El fiscal Beller anticipó que ya comenzó el cotejo genético, y que esperan obtener los primeros resultados en los próximos días.
La causa sigue bajo secreto de sumario. Mientras tanto, se profundizan los rastrillajes en la zona y no se descarta que pueda haber nuevas imputaciones a medida que avance la investigación.
Esta semana será determinante para establecer la situación procesal de Matías Jurado, el exconvicto de 37 años que está acusado de asesinar y deshacerse del cuerpo de un hombre de 68 años y según las pistas que siguen los investigadores, podría haber hecho lo propio con al menos otras cuatro personas.
La semana pasada la Justicia jujeña había confirmado que al menos tres personas que fueron denunciadas como desaparecidas, desde enero a fines de julio, de alguna manera habían mantenido contacto con Jurado, dos de ellas fueron captadas por las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo, en dos secuencias distintas, abordando un remis desde un tramo de la calle Río Bermejo del barrio Mariano Moreno y el teléfono celular de una tercera, de 56 años, que se activó muy cerca de la casa del hombre detenido, antes de no saber más nada de su paradero.
Una fuente cercana a la investigación le confió a nuestro diario que familiares de otras dos personas, que también se encuentran desaparecidas, fueron citadas para esta jornada para el reconocimiento de prendas de vestir que fueron secuestradas de la “casa del horror”, ubicada entre Fraile Pintado y Las Rosas de Alto Comedero, el pasado 30 de julio y tratar de establecer si les pertenece a ellos.
Días atrás, el fiscal regional del Ministerio Público de la Acusación, Guillermo Beller, brindó una conferencia de prensa, donde manifestó que en el interior de la vivienda encontraron restos óseos, piel, cabello, manchas hemáticas y que luego de ser analizadas en el laboratorio forense de la ciudad de San Pedro de Jujuy, se confirmó que son restos humanos.
El fiscal además relató que la mayoría de estos restos fueron hallados en recipientes de plásticos, donde comían los perros, hasta incluso mencionó el hallazgo de una nariz.
Además se procedió al secuestro de una importante cantidad de prendas de vestir, de diferentes tamaños, algunas de ellas con restos de sangre, es por eso que el dato que puedan aportar los familiares de las personas desaparecidas, será determinante.
Nuevamente citado
Mientras tanto, esta jornada Matías Emilio Jurado nuevamente será trasladado desde la Unidad Penal del barrio Gorriti hasta la sede de la Fiscalía, para ser sometido a nuevas entrevistas psicológicas y psiquiátricas y una vez concluida la medida, estos informes serán incorporados al expediente judicial, dando cuenta de la descripción de su perfil y su conducta.
Jurado está acusado de ser el presunto autor del delito de “homicidio agravado por ensañamiento”, por la desaparición y presunto crimen de Jorge Omar Anachuri (68), hombre que fue denunciado como desaparecido el pasado 25 de julio; siendo una de las personas que abordó un remis junto al imputado y se dirigió a su casa. Se encuentra detenido con prisión preventiva por 120 días por disposición del Juzgado de Control y Garantías, a solicitud de la Unidad Fiscal Especializada en estos tipos de delitos
Con la cantidad de restos biológicos hallados y el importante número de prendas de vestir y calzados que había en la vivienda de Jurado, los investigadores siguen pistas firmes que Matías “el Gringo” Jurado podría haber captado a por lo menos cinco personas de características similares, mayores de edad, con problemas de consumo de alcohol, que permanecían mucho tiempo en la vía pública y luego de invitarlas a su casa consumir bebidas alcohólicas, podría haberlos asesinado y haberse deshecho de los cuerpos mutilándolos, arrojándolos como comida para perros y esparcirlos por distintos sectores del arroyo Las Martas de Alto Comedero.
Los investigadores tienen serios indicios que el perfil de Jurado es de un sujeto altamente peligroso, que persiguió un escalofriante patrón de secuestrar y asesinar a personas que se encontraban en situación de vulnerabilidad.
Trabajará el CIF
La Justicia jujeña le pidió colaboración al Cuerpo de Investigaciones Fiscales de la provincia de Salta para analizar los restos óseos, piel humana y elementos con sangre encontrados en la vivienda de Jurado
La intervención del CIF será clave para determinar si los restos óseos, fragmentos de piel y prendas manchadas con sangre encontradas en la “casa del terror”, pertenecen a los cinco hombres denunciados como desaparecidos. El equipo forense salteño trabajará en el cotejo de ADN y rastros biológicos, junto a los forenses de nuestra provincia
