Según un informe del programa Telenueve Denuncia (Canal 9), que conduce el periodista Tomás Méndez, el sacerdote jujeño Luis Atilio Bruno, imputado por abuso sexual simple agravado y abuso sexual con acceso carnal agravado, habría ofrecido 10 mil dólares a la denunciante para intentar silenciarla y frenar la causa penal en su contra.
De acuerdo a lo difundido, el supuesto ofrecimiento se habría realizado en febrero pasado, semanas antes de su detención ocurrida el 11 de abril de 2025, y en esa maniobra corrupta se habrían involucrado referentes del Poder Judicial y de la Diócesis de Jujuy.
El programa presentó supuestos intercambios de mensajes hallados en el teléfono celular del religioso, secuestrado durante un allanamiento en su domicilio de Lozano, donde cumple prisión domiciliaria.
En esos chats, atribuidos a diálogos entreel cura Bruno y la jueza Laura Lamas González, se mencionaría un plan para “pagar” y lograr que la mujer retirara la denuncia.
En un tramo de la charla, Bruno le habría comentado a la jueza que el Obispo de Jujuy, Daniel Fernández estaba al tanto de las gestiones, lo que derivó en más mensajes sobre la búsqueda de un abogado que interviniera en la causa.
Obispo de Jujuy, Daniel Fernández
Según la denuncia periodística, en los intercambios se habla de una suma de 10 mil dólares para cerrar el caso. En uno de los chats, la jueza habría planteado la posibilidad de hablar con el padre del abogado de la denunciante.
El informe también mostró supuestos mensajes de tono despectivo del cura Bruno hacia la denunciante, a quien habría calificado como “stronza” (palabra en italiano que se utiliza para calificar a alguien de bruja). Además, en la conversación la jueza habría aconsejado al sacerdote resguardar su casa como “bien patrimonial” para evitar embargos.
El sacerdote Luis Bruno, de 56 años, ex párroco de la iglesia Nuestra Señora de Nieva, del barrio Ciudad de Nieva, fue detenido el 11 de abril de este año tras una serie de allanamientos, uno de ellos desarrollado en la localidad de Lozano.
Bruno está imputado por abuso sexual simple y abuso sexual con acceso carnal, ambos agravados por su condición de miembro de un culto religioso y en concurso real. Según fuentes judiciales, hasta el mes de abril se habrían registrado al menos cuatro denuncias en su contra.
Laura Lamas González, jueza de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy
La jueza de la Suprema Corte de Justicia, Laura Lamas González, comenzó con un formal proceso de Vindicación por la causa que involucra al sacerdote Atilio Luis Bruno, quien es investigado por el presunto delito de abuso sexual.
Según confirmaron desde la Justicia, esta acción se da luego de la divulgación de información vinculada a actuaciones en trámite en el Ministerio Público de la Acusación que la mencionan y relacionadas con la causa.
Puntualmente el pasado 18 de septiembre el programa Telenueve Denuncia (Canal 9), reveló que el cura acusado Luis Bruno, la jueza de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Laura Lamas González, y el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, intentaron sobornar a una mujer que denunció que fue victima de abuso sexual perpetrado por el cura Luis Bruno.
La jueza ya puso en conocimiento a la Suprema Corte de Justicia de Jujuy (Tribunal que ella misma integra) que este jueves ha iniciado el “Proceso de Vindicación” , en cumplimiento de la obligación prevista en el Artículo 62 apartado 2 de la Constitución de la Provincia de Jujuy
La Constitución Provincial establece que “el funcionario público o empleado a quien se imputare delito cometido en el ejercicio de su cargo o empleo, está obligado a acusar judicialmente hasta vindicarse, bajo pena de destitución”.
Pero ademas, la jueza también solicitó el uso de licencia hasta tanto culmine el proceso de Vindicación y cumpla acabadamente con la obligación impuesta constitucionalmente.
Comunicó a la Suprema Corte de Justicia que promoverá Querella Criminal en contra de quienes resulten los autores materiales y/o intelectuales de las acusaciones, como así también de haber obtenido, utilizado, propalado y/o facilitado una información falsa y engañosa, reclamando los daños y perjuicios.
¿Qué es la vindicación?
La vindicación alude a la acción en la que un juez defiende su buen nombre, su honestidad o su correcta actuación profesional ante injurias, calumnias o acusaciones injustas, restableciendo así su fama y honor.
En la práctica, un juez puede vindicar su nombre de varias formas como con acciones legales si es calumniado o difamado, puede iniciar acciones legales para defenderse y restablecer su reputación. También con aclaraciones públicas, realizando declaraciones públicas o emitiendo comunicados para aclarar malentendidos y defender su actuación.
El sacerdote Luis Atilio Bruno imputado por delitos de abuso sexual simple agravado y abuso sexual con acceso carnal agravado ofreció 10 mil dólares a la denunciante para tratar de evitar que la causa penal en su contra prosperara. Lo hizo en febrero último, antes de que fuera detenido, el 11 de abril de 2025, y para avanzar en ese intento de soborno involucró al Poder Judicial y a la Diócesis de Jujuy.
El pasado 18 de septiembre el programa Telenueve Denuncia (Canal 9), que conduce el periodista Tomás Méndez, reveló que el cura acusado, la jueza de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, Laura Lamas González, y el obispo de Jujuy, César Daniel Fernández, intentaron sobornar a la denunciante en febrero último.
En el informe se da a conocer el detalle de las conversaciones entre el cura, la jueza y el obispo encontrados en el celular de Bruno, secuestrado en el allanamiento de su casa en la localidad de Lozano, donde hoy cumple prisión domiciliaria.
En los chats, que son parte de la investigación judicial, se puede seguir la conversación entre la jueza Lamas y Bruno. La jueza le dice: “Un caballero, cuando le dije que su causa la resolvía conforme a su planteo, se puso contento y me dijo que el tema estaba en vía de solución. Que había que pagar y con ello la mujer se iba a quedar tranquila”.
Bruno le cuenta luego a la jueza que “el obispo mandó un mail preguntándole por el abogado la semana pasada, y hasta ahora no hay repuesta”.
La jueza Lamas responde: “No va a ser fácil para cualquier abogado representar a una loca así, con el obispo de por medio. Y el abogado que intervenga en su caso, Jorge se lo va a comer vivo”.
También hay una conversación en la que Bruno y el obispo hablan de buscar a un abogado para que intervenga en la causa.
En otro intercambio Bruno le dice a la jueza que el abogado de la denunciante es Andrés Puig, hijo del juez Mario Ramón Puig. La jueza responde: “sí, lo conozco al padre, muy de confianza”.
“Hay 10 mil dólares ya”, le dice Bruno, a lo que la jueza propone: “¿Me autorizás a hablar con Ramón Puig que es el padre del abogado? No sé si volvió de vacaciones.El hijo no se va a prestar a la extorsión. Y Mario es una garantía para cerrar el caso”.
Las conversaciones siguen. “Estoy esperando que me contesten… el mismo Mario que fue mi compañero y me debe muchos favores. (La denunciante) No pudo elegir mejor abogado para tu seguridad y tranquilidad”, dice la jueza.
“Tiene que aceptar 10 mil dólares en mano, no transferencia”, refuerza el cura. En el medio surge una diferencia llamativa sobre el monto del soborno: ”eran 6 mil dólares según monseñor, ahora 10 mil dólares, ¿que pasó en el medio?”, pregunta Lamas.
Los chats muestran al religioso Bruno no exento de crueldad. Le dice a la jueza: “gracias a vos, la próxima semana monseñor se encuentra con la stronza (bruja, en italiano)”. La magistrada responde: “monseñor va saber qué decir” en referencia a cómo convencería a la denunciante para que aceptara la propuesta.
En la continuidad de los mensajes el cura acusado le dice a Lamas que tenía miedo que le sacaran la casa, a lo que la jueza le sugiere que la propiedad pase como bien patrimonial y le aconseja acelerar ese trámite.
Las dos caras de la Diócesis
La publicidad de estos mensajes sacude al Poder Judicial de Jujuy y a la Diócesis jujeña, que en abril último, tras la detención del cura Bruno, expresó en un comunicado que “el Obispado de Jujuy se puso a disposición de las autoridades judiciales tras ser anoticiado de la denuncia y detención del presbítero Atilio Luis Bruno”.
A la luz de la revelación del intercambio entre jueza, acusado y obispo, ese comunicado muestra a una Iglesia con dos caras. A la par que el obispo intentaba silenciar a la denunciante, públicamente la Diócesis destacaba “el rotundo rechazo que manifiesta en estos casos la Iglesia hacia todo tipo de violencia sexual, moral, psicológica o de conciencia hacia las personas que pastoralmente nos son encomendadas”, y expresaba su “compromiso de acompañamiento y cercanía hacia quienes se hayan sentido vulnerados”. Además, en el comunicado se expresaba el deseo de que “la Justicia avance y actúe en el rápido esclarecimiento de los hechos que fueron denunciados”.
La acusación contra el cura ya era conocida en la Diócesis de Jujuy antes de su detención, según reveló el sacerdote Germán Maccagno, rector del Santuario de la Virgen de Río Blanco y Paypaya, y miembro de la Comisión de Medios del Obispado local, quien cuando se hizo pública la denuncia reconoció en declaraciones a la prensa que “había una situación, pero no había llegado a la justicia, y una vez que llega a la justicia es la justicia la que dispone”.
Maccagno pidió entonces: “sepamos comprender las debilidades que también los sacerdotes podemos tener”, y pidió “perdón en nombre de la Iglesia a aquellos que se sienten vulnerados por esta situación de violencia”.
El cura acusado estaba a cargo de la parroquia de Ciudad de Nieva, en la capital jujeña, estuvo detenido en el penal de Alto Comedero y luego fue beneficiado con prisión domiciliaria en Lozano. Bruno llegó a Jujuy hace 11 años, es oriundo de la provincia del Chaco, pasó por la parroquia San Bartolomé del barrio Chijra y la del Perpetuo socorro, de Villa Lastenia, en Los Perales y luego fue Ciudad de Nieva.
“Alevosía de poder”
Los chats, que se conocían en los pasillos de tribunales aunque nadie denunció el tráfico de influencias, exponen un hecho de corrupción que involucra a la jueza Lamas, quien ya sorteó dos juicios políticos (2022 y 2024).
Ni el Colegio de Magistrados de Jujuy ni el Colegio de Abogados de Jujuy se manifestaron respecto del escándalo.
En cambio, la Red de Mujeres Políticas expresó su repudio al intento de soborno. “Alevosía del poder”, lo calificó y denunció la revictimización de la denunciante.
“Las víctimas de violencia de género, en cualquiera de sus facetas, quedan al desamparo, en la mayor marginalidad. Todos los avances normativos convencionales y constitucionales, con leyes de emergencia son letra muerta en un Poder Judicial corrompido con miembros que sin perspectiva de género trafican influencias y deshumanizan aún más cualquier posibilidad de transformar la realidad de las víctimas. Las instituciones solamente cambian cuando existe decisión firme y contundente de realizar las purgas necesarias para que todo el sistema se base en Derechos Humanos que no es más ni menos que poner a la persona siempre en el centro de protección; lo opuesto es silenciar, encubrir y ser cómplices. Como Red exigimos celeridad en esta causa donde es constantemente revictimizada la denunciante“, sostuvo la Red.
Tras la difusión de los chats, vecinos de Lozano convocaron a una manifestación en la Plaza Belgrano, en San Salvador, a las 9.30 de este lunes, para rechazar la prisión domiciliaria de Bruno. “Las infancias están en peligro. Exigimos protección real a la comunidad”, afirmaron en la convocatoria, en la que también repudiaron “el desprecio y denigración hacia la denunciante. Y los intentos de pagar para silenciar a la víctima”.
En 2015 se aumentó el número de integrantes de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, de cinco a nueve miembros. Sin embargo, actualmente están cubiertos siete cargos, por Ekel Meyer (que ocupa la presidencia), Sergio Jenefes, Federico Otaola, Mariano Miranda, María Eugenia Nieva, Martín Llamas, y Laura Lamas González.
El obispo César Fernández es vicepresidente segundo de la Comisión Episcopal Argentina, y ha sido designado por el Papa León XIV como miembro del Dicasterio para el Clero.
La jueza Vivian Polanía fue suspendida durante tres meses por la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Norte de Santander, en Colombia.
La sanción se conoció luego de que se filtrara el video de una audiencia virtual en la que se olvidó de apagar la cámara y apareció en pantalla recostada, en ropa interior y fumando en la cama.
“Tal situación no se compadece con el esmero, respeto y circunspección con el que una jueza de la república debe administrar justicia, denotándose una clara falta de respeto de la funcionaria, tanto por su propia investidura pública como respecto de las personas que intervinieron en la audiencia”, señaló el fallo del organismo disciplinario.
Ocurrió el 16 de noviembre en el marco de la causa contra un procesado por un atentado a un cuartel del ejército ocurrido en Cúcuta en 2021.
Además de ser suspendida, la magistrada no recibirá su salario durante el período que dure la sanción.
Polanía, de 32 años, es jueza primera penal municipal con funciones de control de garantías ambulante de Cúcuta.
No es la primera vez que recibe cuestionamientos de parte del poder judicial ya que es conocida en Colombia por publicar imágenes de su figura que algunos consideran provocativos.
