La diputada Daniela Velez calificó a suspensión de la edil como una acción “arbitraria y antidemocrática” y señaló la falta de transparencia y justificación en el proceso.
La reciente suspensión de la concejal Anahí Juárez en el Concejo Deliberante de ciudad Perico suscitó el repudio de diversos sectores políticos y sociales, tal como lo hicieron los diputados provinciales del bloque Justicialista.
La suspensión de la concejal Anahí Juárez fue calificada por la diputada Daniela Velez como una acción “arbitraria y antidemocrática”, al mismo tiempo que la rechazó fuertemente y destacó la falta de transparencia y justificación en el proceso.
Los integrantes del Bloque de Diputados Provinciales del Partido Justicialista, expresaron su profundo desacuerdo con la medida, señalando que se trata de una acción carente de sentido común y respeto por las instituciones democráticas. “La suspensión de Anahí Juárez por una supuesta ‘indisciplina’ fue dispuesta sin causas justificadas, sin otorgarle el debido derecho a defensa y sin permitirle acceso al expediente en el que se basa su sanción”, declararon los legisladores provinciales.
Los legisladores manifestaron su solidaridad con Juárez y su compromiso de luchar contra este tipo de irregularidades que socavan la democracia. Advirtieron que permitir la continuación de esta suspensión abriría la puerta a futuras arbitrariedades políticas, como la suspensión de intendentes y comisionados municipales o el impago de dietas y salarios a concejales y funcionarios.
Aseguran que este caso de judicialización de la política pone en riesgo las bases del sistema democrático de representación.
La Red de Concejalas de Jujuy FAM, expresaron a través de un comunicado el repudio por la suspensión por 30 días del concejal Anahí Juárez.
“Queremos expresar nuestra preocupación y nuestro rechazo a la suspensión de la concejala Anahí Juárez, de la localidad de Perico (Jujuy). Desde este espacio sostenemos que esta medida de suspensión es arbitraria y por lo tanto ilegítima”, indicaron.
“En este contexto de judicialización de la política, sostenemos que la suspensión de la concejala Juárez se realizó sin causas justificada y sin motivo. Más aún cuando no se le otorgó el debido derecho a defensa. A nivel administrativo preocupa que hasta el día de la fecha, la concejala no tuvo acceso al expediente en el cual se basa su suspensión. Lamentablemente se venció el plazo que establece el reglamento interno de 30 días para la resolución de la cuestión y las notas presentadas formalmente nunca tuvieron respuesta institucional”, explicaron.
La Red de Concejalas infiere que la suspensión es impulsada por sectores políticos oficialistas, “sospechamos que esta suspensión solamente responde a intereses políticos ya que la concejala Juárez representa a la oposición. Por lo tanto instamos a las autoridades a resolver esta situación que pone en riesgo las bases de nuestro sistema democrático de representación”, concluyeron.
El fiscal Luis González Aguirre confirmó que Norma Abate de Mazzuchelli será investigada luego de la denuncia en su contra. La Justicia rechazó su renuncia y ahora la Cámara de Diputados le realizará un juicio político.
Luego de que el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja rechazara la renuncia de Norma Abate de Mazzuchelli, la jueza acusada de pedir coimas millonarias, el fiscal provincial Luis González Aguirre confirmó que la magistrada fue imputada luego de analizar el testimonio y el video que presentó la denunciante.
González Aguirre, a cargo de la investigación, detalló a TN que, la fiscalía entendió que “la conducta que se le enrostra a la jueza es haber pedido una contribución abusando del ejercicio de sus funciones”.
“Hay un principio de prueba aportado de la denunciante, en formato de audio y video que da respaldo a lo que manifestó. Estas circunstancias, analizadas por la fiscalía, determinaron elementos suficientes para que el juez de instrucción investigue la causa”, determinó el fiscal, que precisó que la pena para este delito es de uno a cuatro años de prisión.
La Legislatura de La Rioja debate el futuro de la jueza acusada de cobrar 8 millones de pesos por una coima
Ahora la Cámara de Diputados tiene que tratar el expediente que le mandó la Justicia, referido a la renuncia de la jueza denunciada, y definir si acepta o rechaza la renuncia. La sesión especial está convocada para hoy a las 18.30 con el objetivo de “garantizar una Justicia transparente, y asegurar los derechos de las y los ciudadanos”, según indicaron a través de las redes sociales de la Legislatura.
De acuerdo a lo que informaron en un comunicado oficial, los legisladores llevarán a cabo una reunión en la cual “se dará tratamiento a la renuncia presentada” por la magistrada, cuya solicitud fue rechazada por parte del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. En su lugar, determinaron que irá directamente a jury de enjuiciamiento.
Anteriormente, en cuanto Abate presentó la renuncia a su cargo, referentes del PRO y la UCR exigieron que se desestime la solicitud. “No aceptamos la renuncia de la jueza Abate por las denuncias de coimas. Aceptarla garantizaría una jubilación de privilegio para alguien corrupta. Exigimos el jury de enjuiciamiento para asegurar justicia y transparencia”, expresó el radical Guillermo Galván, según informó el medio Rioja Virtual.
Por otra parte, la referente del PRO Luciana de León advirtió que “el Poder Judicial riojano debe ser saneado con urgencia” y sumó un detalle que hizo crecer la tensión: “Si renuncia, se jubila como jueza. Si la destituyen no se puede jubilar. ¿Se entiende la diferencia? Si le aceptan la renuncia queda claro que otros tienen miedo de que prenda el ventilador”.
La agenda legislativa incluyó iniciativas para mejorar el acceso a la salud en la región y promover el desarrollo del corredor bioceánico.
En el plenario general de comisiones de la 51° Sesión Plenaria del Parlamento del Norte Grande que se desarrolla en Tucumán, serán aprobados proyectos presentados por la legisladora provincial Daniela Vélez, del Bloque del Partido Justicialista.
Desde ayer, la diputada jujeña delibera en la convocatoria con el propósito de fomentar la colaboración y el desarrollo equitativo en todas las regiones del país, con el fin de fortalecer los lazos interprovinciales en beneficio del progreso social, económico y productivo.
Entre las iniciativas que recibirán su aprobación, figura la de creación del Observatorio de Denuncias falsas por violencia de género y otros delitos vinculados a ella.
El proyecto, propone crear una institución encargada de investigar, monitorear y prevenir la emisión y difusión de denuncias falsas.
También se aprobará el proyecto de Gestionar ante el Gobierno nacional la continuidad del turismo social.
La segunda y última jornada de labor, inició con la bienvenida al más del centenar de legisladores de las provincia de la región, a cargo del vicegobernador de Tucumán, Miguel Acevedo y posteriormente su par de Santiago del Estero y presidente del Parlamento del Norte Grande, Carlos Silva Neder, emitió un discurso.
Después de las palabras del profesor Pablo Lucatelli y del vicegobernador de Salta, Oscar Marocco, dio inicio la Sesión Plenaria que se prevé finalizará alrededor de las 13.
Junto a Vélez, del Bloque del PJ, también están participando los legisladores Pedro Belizán, Claudia Sánchez Cantaberta, Valeria Gómez y Juan Ortega.
La ministra Sandra Pettovello le dijo a Infobae que los dará de baja “de manera inmediata”. Jeremías Cantero, dirigente del Polo Obrero, y uno de los principales involucrados en la investigación, era funcionario del Estado y cobraba más de 800 mil pesos mensuales.
La mayoría de los piqueteros imputados en la causa por la presunta extorsión de dirigentes sociales contra los sectores más pobres de la Argentina cobran un plan social por parte del Estado Nacional. Son diecinueve de los veintiocho acusados que pertenecen al Polo Obrero, Barrios de Pie y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL). Los datos surgen del llamado a indagatoria, allanamientos y pedidos de detención que el fiscal federal Gerardo Pollicita le realizó al juez Sebastián Casanello. Ante una consulta de este medio, la Ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anticipó que “los vamos a dar de baja de inmediato”.
Como ya informó este medio, uno de los principales involucrados en el expediente, Jeremías Cantero, integrante de la conducción nacional del Polo Obrero, fue funcionario del ex Ministerio de Desarrollo Social. Infobae accedió a documentación accesoria que revela que el dirigente de izquierda cobraba entre medio millón y más de ochocientos mil pesos, como integrante de la Cartera Social, mientras Eduardo Belliboni, líder del Partido Obrero, se manifestaba frente al edificio del histórico edificio de 9 de Julio y Moreno, para solicitar alimentos y más planes sociales.
Cantero, mano derecha de Belliboni, ocupó el séptimo lugar entre los diputados nacionales de la lista 502 del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad del 23 de octubre pasado.
Según los registros de la ANSES, Cantero ingresó a la Secretaría Nacional de Niñez en enero de 2020 y continuó cobrando del Estado hasta el mes de abril de 2024, es decir, hasta ocho meses antes que el Gobierno de Alberto Fernández dejara el poder en manos de La Libertad Avanza.
En los últimos seis meses, sus honorarios oscilaron entre los $535.122 y los $852.946. Según esa misma documentación, la fluctuación de los importes se debieron la las “horas extras” que realizaba el piquetero acusado por el fiscal Pollicita estar en “un escalón superior a los referentes de cada comedor”. En el expediente se afirma que el ex funcionario “coordinaba el funcionamiento de varios comedores en la Ciudad de Buenos Aires e intervenía desde esa posición en la toma de decisiones acerca de las exigencias coactivas y extorsivas a las víctimas”.
En la causa judicial 4489/2023 se relata que Cantero mantiene una conversación telefónica con Gianna Puppo, otra referente del Polo Obrero a quien le dice: “Hay que hacer un esfuerzo para tratar de recaudar un poco más, si ellos ya hacen un pequeño esfuerzo, que cada uno aporta más del 2%, no me acuerdo exactamente cuánto es, pero cada uno hace un aporte mayor por el alquiler. Bueno, eso lo seguimos sosteniendo. Ahora, el esfuerzo mayor ¿sería aumentar eso?”.
El 15 de junio de 2022, Belliboni le reconoció a Infobae que la organización les retiene el 2% de los de los que cada uno de los 60.000 beneficiarios del Potenciar Trabajo que militan en las filas de esa organización de izquierda.
Según las palabras del líder del PO, ese cobro “no es compulsivo” sino que es “un aporte voluntario de los ingresos votado en las asambleas”. El fiscal opina distinto.
Imputados que cobraban un plan social
Los nombres y datos de cada uno de los 19 investigados que cobran un plan social se describen a partir de la foja 38, de un total de 89.
Ellos, según la prolija descripción del fiscal Pollicita actuaron “como representantes de organizaciones sociales, habrían exigido a los beneficiarios de planes sociales la participación en marchas y manifestaciones públicas o la entrega de una porción del dinero percibido por dichos planes, bajo la advertencia expresa de ‘dar de baja el plan’ en caso de no asistir a las mismas o no entregar el dinero”.
“Imputados beneficiarios de planes sociales”, es el título de los cuadros elaborados por el fiscal. En cada uno de los casilleros, Pollicita describe que programa cobraba –todos eran beneficiarios del Potenciar Trabajo-, cuando fue el último “cobro”, la mayoría entre enero y febrero pasado -la causa se inició en el segundo mes del año- y el monto que recibían. Todos $78.000, que era el haber de ese momento, y que correspondía al 50% del Salario Mínimo Vital y Móvil.
Además, alguno de ellos percibían “adicionales” como Plan Nexo que recibían los beneficiarios por prestar servicios por más de 4 horas diarias o a través del “monotributo social”. En febrero alguno de ellos cobraba casi $200.000, una cifra ligeramente superior al Salaria Mínimo Vital y Móvil que en febrero era de $156.000.
Los imputados que cobraban beneficios por parte del Estado, por vivir en un supuesto estado de vulnerabilidad, igual que sus víctimas eran: Gustavo Guillermo Vásquez , Gianna Puppo, María Cecilia Cowper, Dina Patricia Iramain, Cynthia Delgado Vilches, Leslie Salirrosas Castillo, Damaris Erika Villafuerte, Gloria Paraguay Estrada, Rosmery Grande Arancibia, Elizabeth Mamani, Ada Mabel Vera Peralta, Nery Acha Daza, Leticia Maribel Duarte Romero, Gloria Santa Jaramillo Morales, Blanca Beatriz Chuquimia Traquino, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Brisa Noelia Paucara Choque y Ronald Vargas Rocabado.
Que los imputados perteneciera solo a las organizaciones del Polo Obrero, FOL y Barrios de Pie, no es de extrañar. El ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, había habilitado la Línea 134 días antes al 20 de diciembre de 2023 para quienes se sientan presionados por los dirigentes sociales para asistir a la marcha contra el Gobierno de Javier Milei, que había asumido diez días antes. La protesta, frente a la Casa Rosada, había sido convocada por la Unidad Piquetera, pero también participaron algunas columnas de Barrios de Pie, la organización que a nivel nacional coordina Daniel Menéndez, ex funcionario de la cartera social de la nación y actual subsecretario de Economía Popular en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Andrés “Cuervo” Larroque.
Hasta el día de la marcha, se recibieron 13.310 llamadas, de las cuales pudieron atenderse un total de 2.720 y, de entre ellas, fueron denunciadas ante la fiscalía de Pollicita “por cumplir con los parámetros de verosimilitud de tipicidad un total de 924″. De esas denuncias, 45 casos de hechos habían ocurrido en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. es decir, correspondían a la jurisdicción de Pollicita. De ese hilo se comenzó a tirar y en base a los relatos de los testigos que declararon ante la fiscalía federal y las escuchas telefónicas autorizadas por el juez Ercolini, surgió la causa judicial que produjo una verdadera conmoción política. Según palabras de la ministra Pettovello, “esto es la punta del iceberg, la gente se está animando a hablar y denunciar porque damos señales claras de querer cambiar las cosas y combatir la corrupción”.
En diálogo con El Tribuno de Jujuy, el exgobernador de San Juan sostuvo ayer que “la idea es que se legitimen las autoridades partidarias y eso va a implicar la normalización de todos los distritos intervenidos”. José Luis Gioja planteó también que “si no hay acuerdo para hacer una lista única, el que decide es el soberano, en este caso los afiliados, esto ha pasado siempre así y va a seguir pasando”.
¿Qué conclusiones saca de la reunión del Consejo Nacional Justicialista que se realizó el martes en Buenos Aires?
Ayer (por el martes) sesionó el Consejo Nacional del partido con aproximadamente setenta compañeros que son los que integran ese Consejo. Había una orden del día que se cumplió acabadamente y se emitió un comunicado que de alguna manera expresa la realidad en donde se apoya a nuestros legisladores nacionales, donde se rechaza de plano tanto el DNU como la Ley Bases. Estas cuestiones le hacen mucho daño al país como le viene haciendo la vigencia del decreto. Cada vez que se analiza un artículo de la Ley Bases empiezan a aparecer cuestiones que nada tienen que ver con la soberanía nacional y nada tienen que ver con los intereses de los argentinos. Por eso la decisión de avanzar en ese sentido. Otros de los temas que había pendientes era la creación de una Mesa de Acción Política del pensamiento nacional. Ahí se resolvió que los cinco vicepresidentes que tiene hoy el Consejo Nacional serán los encargados en un tiempo prudente de designar esa mesa teniendo en cuenta a los gobernadores, al sector gremial, a las mujeres y a la juventud. Esta tarea yo creo que se la van a poner a hacer de inmediato. Y el otro tema que también vale es el haber fijado una fecha para las elecciones internas de renovación de autoridades del Consejo Nacional del PJ. No hay que olvidar que el presidente del Consejo está de licencia (Alberto Fernández). La decisión es que esa elección se lleve a cabo el 17 de noviembre.
¿Se habló de las elecciones internas del PJ en las provincias? El distrito Jujuy, por ejemplo, sigue intervenido y aún no tiene fecha de comicios…
No se habló pero quedó claro que la intención es que todos los distritos que puedan aprovechar la elección nacional y fijar también las elecciones provinciales. Me refiero a provincias que tengan el mandato vencido o que estén intervenidas como Jujuy, Corrientes y San Juan. Estos dos últimos distritos ya anunciaron que realizarán las elecciones el 17 de noviembre en conjunto a la nacional. Me parece prudente que no se haga un festival de elecciones sino que aprovechemos en un mismo acto elegir autoridades nacionales y autoridades provinciales.
Entonces usted ve probable que el PJ de Jujuy vaya a elecciones el 17 de noviembre…
Es una posibilidad. No me quiero meter en donde no debo, pero es una oportunidad para que eso pase: si va a haber una elección nacional, se deberían acoplar las elecciones provinciales en la misma fecha. La idea es que se legitimen las autoridades partidarias y esa legitimación por supuesto va a implicar la normalización de todos los distritos intervenidos, no solo de Jujuy. La intención es empezar a poner de pie y firme a un peronismo que institucionalmente tiene que sentar presencia ante los desbordes y el no cumplimiento de la Constitución y las leyes por parte del presidente Javier Milei.
En el caso del PJ de Jujuy, Corrientes y San Juan, ¿le parece lógico que estén conducidos por intervenciones y que no se disipen las diferencias con el voto de los afiliados?
La intervención tiene como objeto normalizar lo que haya pasado en el partido y llamar a elecciones. Si no hay acuerdo para hacer una lista única, el que decide es el soberano, en este caso los afiliados. Esto ha pasado siempre así y va a seguir pasando.
Como expresidente del PJ, ¿qué opina de los dirigentes del partido que salen públicamente a pedir que siga la intervención en vez de que haya elecciones?
Yo creo que obviamente lo más legítimo es tener autoridades legitimadas con el voto de los afiliados cuando no hay acuerdo de lista única. Hay que permitir llamar a la participación de la mayor cantidad de compañeros y compañeras posibles para que sean actores en ese proceso de elección. En el caso de las intervenciones obviamente que tiene que ver el Consejo Nacional, y estimo que el Consejo Nacional se va a juntar con los interventores y habrá alguna instrucción en el sentido de poder unificar las elecciones nacionales y las provinciales.
El PJ decidió rechazar la Ley Bases pero gobernadores peronistas que salieron a respaldarla, ¿qué explicación encuentra?
Son dos realidades distintas. Nos duele mucho la actitud del gobernador de Tucumán porque él fue elegido con un programa y por el justicialismo y hoy el justicialismo sentó posición. Lamentablemente hemos escuchado decir al gobernador de Tucumán (Osvaldo Jaldo) que él está con el actual presidente. No es eso lo que votó la gente en Tucumán. Y en el caso de Córdoba es un peronismo muy particular. Recuerden que en Córdoba tienen un peronismo que no está en sintonía con el peronismo nacional y tienen esa posibilidad de decidir solos. Hay que ver hasta cuándo va a ser así y cómo va a seguir siendo. Hay un partido nacional y reglas nacionales que se imparten y si no se cumplen, se está violando la disciplina partidaria. De todas maneras, la intención es abrir las puertas, convocar a todos, discutir todos los temas y trabajar por la unidad siempre. El convocar a elecciones internas no necesariamente quiere decir que vaya a haber elecciones internas, ya que podría haber lista de consenso. Hay que buscar todos los matices y ver qué es lo mejor para el peronismo en el momento actual que vive la Argentina. Lo que sí queremos es convocar a todos y tener la legitimidad de cada una de las conducciones partidarias.
Ya son cinco los gobernadores peronistas que rechazaron participar en el “Pacto de Mayo”, ¿no cree que deberían estar todos?
Debería ser así, pero para que eso pase la convocatoria debería ser desinteresada, abierta y con algún sentido de unidad nacional, no con provocaciones ni con bravuconadas. Hay que ubicarse en qué país queremos, basta de Margaret Thatcher, basta de toda esta cosa que tiene que ver con nuestra soberanía. Eso indudablemente socava la legitimidad del Presidente, pero esa legitimidad no le da derecho a violar la Constitución y a decir cuanta pavada se le ocurra. Yo creo que hay que tener grandeza de todos lados para poder hacer ese llamamiento a la unidad nacional como corresponde. Sino hacen una receta, la llevan y dicen: “O me votan esto o sino nada”, porque así es el Pacto este, con puntos prefijados por el Presidente y con la condición de que se apruebe una ley.
Juan Ortega manifestó la urgente necesidad de normalizar el PJ local.
Tras el anuncio de Máximo Kirchner de la convocatoria a elecciones internas en el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires, el diputado provincial Juan Ortega manifestó la urgente necesidad de normalizar la situación del partido en la provincia, el cual se encuentra intervenido.
“El PJ Jujuy hoy tiene la oportunidad de iniciar el camino de su normalización a través del llamado a internas para elegir a sus autoridades partidarias y así dejar atrás a una intervención decidida intempestivamente, eso es lo que cualquier afiliado quiere, que el partido se normalice por la vía democrática”, señaló.
Ante el planteo de algún sector de que no sería oportuna una elección interna, afirmó que “hoy el PJ parece ser una cáscara vacía, a los interventores no se los ve, si a nivel nacional se habla de internas, con más razón en Jujuy sería necesario. La situación actual nos interpela a reencontrarnos más que nunca con todos los compañeros. Si esta discusión interna no se da este año, entonces se ventilará a través de múltiples fragmentaciones en las elecciones legislativas del próximo año, y esto el pueblo jujeño no lo perdonará”, dijo.
“El justicialismo jujeño debe entender que el verdadero rival a vencer es el ajuste de la UCR y la Libertad Avanza que golpea principalmente a los trabajadores y que llevará, si no corrige el rumbo, a la destrucción de la clase media argentina; pero para enfrentarlo primero debemos empezar a organizarnos y una de las herramientas que tenemos son las internas partidarias”, indicó el legislador justicialista.
En la sesión de hoy tomarán estado parlamentario proyectos y se aprobará la prórroga de la Ley Iara.
Al proyecto de Ley de Emergencia de la Provincia “tenemos que seguir estudiándolo”, declaró ayer el presidente del Bloque del Partido Justicialista, Rubén Rivarola, descartando así su tratamiento en la sesión prevista para hoy a las 10 en la Cámara de Diputados de Jujuy.
Hasta la semana próxima (o más) se prolongará su estudio en comisiones, convocándose para que hagan sus aportes a la CGT Regional Jujuy y otros sectores de los trabajadores, con el propósito de arribar a “un consenso entre todos”.
El acuerdo “será una buena solución”, afirmó, y sin establecer un tiempo apuntó que cuando sea aprobada “favorecerá a la clase trabajadora”, y desmintió una vez más a quienes dicen que con ella no se pagará a los empleados del Estado.
Desde el Bloque del Partido Justicialista “no vamos a permitir nada de eso, todo lo que podamos hacer en favor de los trabajadores se hará”, afirmó el legislador.
Consultado si es cierto que se espera el resultado del tratamiento de la Ley Bases en el Senado de la Nación para tomar una decisión aquí sobre la emergencia, fue concreto: “De ninguna forma se está considerando eso”.
Luego aclaró que “aún falta verificar algunos temas (sobre el proyecto enviado por el Ejecutivo provincial), es fácil aprobarla en poco tiempo, después surgen los problemas como les sucedió a los diputados nacionales, ya que en el Senado observaron varias falencias”.
Por las quejas de ciertos sectores quienes dijeron no haber sido convocados para dar su opinión respecto al proyecto de ley, Rivarola respondió que “a veces no es necesario llamarlos”, y aclaró que “a nadie se les negó la entrada para que se sienten y lo debatan”.
Por su parte, el vicepresidente 1° de la Legislatura, el diputado Fabián Tejerina, afirmó también que no será tratada. “Hay un pedido para hacer aportes sobre los trabajos efectuados en las comisiones”, dijo.
Y afirmó que su estudio “está muy avanzado, pero consideramos (en labor parlamentaria) dar la posibilidad a los sectores que quieren hacer sus aportes. Seguramente para la próxima sesión u otra, se analizará su tratamiento”, finalizó.
En la cuarta sesión ordinaria, tomarán estado parlamentario numerosos proyectos presentados por los diferentes bloques y el Ejecutivo provincial, además de una serie de acuerdos.
En el Orden del Día figurarán como temas centrales la prórroga de la Ley de Emergencia de Violencia de Género (Ley Iara) y un decreto remitido por el gobernador Carlos Sadir, sobre la entrada en vigencia de los códigos Civil y Laboral, además de proyectos de declaraciones.
La Ley Iara “se aprobará como la envió el Ejecutivo provincial, con las modificaciones que seguramente se hicieron pero no habrá objeciones, es una ley muy buena y debe ser aprobada”, agregó Rivarola.
Respecto al “Pacto de Mayo”, que ayer el Gobierno nacional comenzó a considerar su postergación para julio, señaló que el gobernador Carlos Sadir “debe firmar todo lo que sea bueno para la Provincia, pero de ninguna manera firmar por firmar”.
“Debe defender los intereses y recursos que les corresponden a los jujeños, él mejor que nadie sabe lo que tiene que hacer. Si está de acuerdo con lo que propone Nación, lo firmará, y si no, no lo hará, aún falta mucho para eso, veremos lo que sucede”, finalizó Rivarola.
El intendente de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, entregó un petitorio en la Mesa de Acción Política.
Un grupo de dirigentes y referentes del peronismo jujeño acompañaron a congresales nacionales del PJ que participaban ayer de la reunión del alto cuerpo partidario, que deliberaba en la sede nacional de calle Matheu 130 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, convocado para analizar la situación del Justicialismo y otros temas.
El intendente municipal de Palpalá, Rubén Eduardo Rivarola, en la ocasión entregó al gobernador riojano Ricardo Quintela, integrante de la Mesa de Acción Política del PJ, una nota solicitando también el llamado a elecciones en el Justicialismo jujeño.
Esa nota lleva más de trescientas firmas de intendentes, comisionados, diputados, concejales, gremios, asociaciones y afiliados.
Quintela coincidió en “la necesidad de convocar a elecciones tanto nacionales como provinciales para motorizar al peronismo”.
También causó revuelo la exhibición de carteles y pancartas solicitando elecciones internas en el distrito, que se encuentra intervenido desde hace un año, por decisión del entonces presidente del partido, Alberto Ángel Fernández.
Este pedido de militantes y dirigentes jujeños se formula en sintonía con la reciente decisión de los normalizadores del distrito Corrientes, y del presidente del PJ de la Provincia de Buenos Aires, Máximo Kirchner, de convocar a internas partidarias para el 17 de noviembre, fecha emblemática para el peronismo, toda vez que se recuerda ese día el regreso de Juan Domingo Perón al país luego de su largo exilio en España.
Los carteles causaron asombro en los concurrentes a la reunión del órgano partidario, y hasta el cierre de esta edición se desconocían los resultados de las deliberaciones.
Por su parte, el diputado provincial Juan Ortega ante las elecciones convocadas en PBA y Corrientes, señaló que el PJ Jujuy hoy tiene la oportunidad de dejar atrás “a una intervención decidida intempestivamente. Parece una cáscara vacía, ya que a los interventores no se los ve”, agregó.
La demora en el tratamiento de la Ley de Bases y su posible aprobación cerca del Pacto de Mayo podría hacer que el Gobierno tome una decisión distinta.
El presidente de la Nación Javier Milei tenía como objetivo aprobar la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos antes del 25 de mayo, cuando celebrará el Pacto de Mayo junto con otros gobernadores.
El tratamiento de la Ley Bases en el Senado
La también denominada Ley Ómnibus obtuvo la media sanción en la Cámara de Diputadosy comenzó en las últimas horas el debate en el Senado. Precisamente, los legisladores lo iniciaron en en la plenaria de comisiones de Legislación General, Presupuesto y Hacienda y Asuntos Constitucionales.
Sin embargo, estuvo demorada la semana anterior por el paro general de la CGT (Confederación General del Trabajo) y podría llegar al recinto el 23 de mayo, dos días antes de la fecha establecida para el Pacto de Mayo.
Por lo que el ministro del Interior, Guillermo Francos, mencionó en declaraciones radiales la posibilidad de postergar el acuerdo firmado con gobernadores de otras provincias que organizó el presidente Javier Milei.
El Pacto de Mayo podría postergar su fecha
“Puede ser que algunos senadores no estén proclives para terminar esto el 25 de mayo”, comenzó Guillermo Francos al respecto del tratamiento de la Ley de Bases en la Cámara Alta. “Tampoco me parece tan importante”, resaltó en este sentido.
Luego, agregó: “Si se termina bien y si no se termina veremos qué hacemos con el Pacto de Mayo, si lo hacemos en mayo, si lo postergamos y lo hacemos tratada la ley”.
“Son decisiones que se tomarán en el momento que sepamos como termina todo esto. Es una película de suspenso: si se aprueba o no se aprueba, se llega, no se llega”, concluyó al respecto.
Sin embargo, no dio mayores precisiones sobre una próxima decisión del Gobierno de trasladar la fecha del mencionado Pacto de Mayo.
