El gobierno de Donald Trump anunció este viernes sanciones contra Cristina Kirchner y el exministro K Julio de Vido por su “participación en importantes actos de corrupción durante su mandato público”. La medida fue anunciada por el secretario de Estado, Marco Rubio, y significa la prohibición para entrar a USA de los señalados y de “sus familiares directos”.
Para el secretario de Estado del gobierno norteamericano la exPresidente y su ministro de Planificación Federal “abusaron de sus cargos al orquestar y beneficiarse económicamente de múltiples tramas de soborno relacionadas con contratos de obras públicas, lo que resultó en el robo de millones de dólares al gobierno argentino”.
En ese sentido, destacó que “múltiples tribunales los han condenado por corrupción, socavando la confianza del pueblo argentino y de los inversores en el futuro de Argentina”.
“USA continuará promoviendo la rendición de cuentas de quienes abusan del poder público en beneficio propio. Estas designaciones reafirman nuestro compromiso de luchar contra la corrupción mundial, incluso en los más altos niveles de gobierno”, agrega.
Según el anuncio, el Departamento de Estado se guió por leyes que le exigen al Secretario de Estado “que designe de manera pública o privada a los funcionarios extranjeros y a sus familiares directos sobre los que el Secretario tenga información fidedigna de que estén implicados en corrupción significativa o en grave violación de derechos humanos”.
El comunicado del Departamento de Estado de USA.
“Esto resalta el compromiso del Secretario Rubio bajo la administración Trump de hacer que los corruptos en América latina rindan cuentas”, dijo un alto funcionario del Departamento de Estado.
Las sanciones también alcanzan a los familiares de Cristina Kirchner y De Vido, es decir, abarcan a Máximo Kirchner y a Florencia Kirchner, hijos de las exPresidente, aunque ellos no tienen ninguna condena en la justicia, a diferencia de su madre, quien fue sentenciada a 6 años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el delito de defraudación al Estado.
