A partir del mes de enero del 2025, las tarifas de luz y gas para todo el país experimentarán un aumento promedio de 1,6% y de 1,8%, respectivamente.
Esta medida, que impactará en millones de usuarios residenciales, tiene como principal objetivo contribuir a la desaceleración inflacionaria, manteniéndose por debajo del ritmo de devaluación de 2% mensual. No obstante, no se descarta que haya incrementos mayores cuando pase el verano y se avance con la quita de subsidios.
Las facturas tienen 4 componentes: la generación de la electricidad o la producción de gas y sus importaciones -este segmento es en donde se canalizan los subsidios o el ahorro fiscal-; el transporte y la distribución -segmentos regulados por la Nación y/o las provincias-; y los impuestos
Como cada nivel de usuario según ingresos (N1: altos; N3: medios; N2: bajos) paga un importe distinto por la energía, se habla de impacto promedio en las facturas
Los aumentos en las tarifas de luz
Según dio a conocer la Secretaría de Energía, se mantendrá sin cambios el Precio Estacional (PEST) de la energía eléctrica hasta febrero, con impacto a nivel nacional.
Esto quiere decir que, el Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) otorgará en el inicio del año que viene un incremento del 4% para las empresas que controla, como Edenor y Edesur -distribuidoras-, con impacto en la Ciudad y el Gran Buenos Aires; Transener, Transnoa (Jujuy), Transnea, Transba, Transpa, Transcomahue, Epen y Distrocuyo -transportistas en alta tensión-.
Qué pasará con el gas
En cuanto al gas natural, cuyo precio está dolarizado a un promedio de US$3,50 por millón de BTU, el incremento en las facturas estará relacionado con la devaluación oficial del peso, estimada en un 2%.
Asimismo, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) otorgará subas del 2,5% en los ingresos de empresas transportistas y distribuidoras, como TGN, TGS, Metrogas, Naturgy y Camuzzi, entre otras.
Revisiones tarifarias en 2025
Las audiencias públicas para discutir estas tarifas se llevarán a cabo entre finales de enero y principios de febrero, donde se determinarán las condiciones para los próximos cinco años (2025-2030) en términos de inversiones y mejoras en los servicios. Se prevé que las empresas presenten solicitudes que podrían llevar a incrementos reales superiores al 60% en sus tarifas, aunque el Gobierno busca moderar estos aumentos para no afectar la tendencia a la baja de la inflación.