El Gobierno de Javier Milei se encamina a recibir este jueves un sonoro cachetazo político en el Senado de parte de una amplia mayoría opositora que podría unirse por primera vez desde que asumió la administración libertaria para avalar el reparto de fondos que los gobernadores provinciales sostiene que les pertenecen y que la Casa Rosada viene reteniéndoles de manera indebida para sustentar el superávit fiscal.
La sesión comenzaría a las 14:00 horas, que es la hora y el día previstos para sesionar, además de los miércoles, que los senadores votaron en marzo último en una sesión preparatoria. Es que, por primera vez en su historia, la Cámara alta podría sesionar sin que medie una convocatoria oficial de algunas de sus autoridades.
El de no convocar de manera oficial a sesión fue el camino que decidió tomar Victoria Villarruel para evitar la señal de debilidad política de quedar cediendo a la presión de la oposición para que abra el recinto. No obstante, y tras palpar el clima de rebelión contra la Casa Rosada que atraviesa a varios bloques de la Cámara alta, la vicepresidenta comunicó que presidirá la sesión si, como se espera, hay quórum para habilitar el debate.
La reunión tiene garantizado el inicio desde el mismo momento que una alianza circunstancial de kirchneristas con algunos senadores de la UCR y del Pro alcanzarían para superar los 37 senadores sentados que se requieren para abrir un debate.
Este grupo es el que apoya el proyecto de recomposición de las jubilaciones en un 7,2% y la mejora del bono para el haber mínimo a $110.000 y la declaración de emergencia en materia de los servicios públicos para la atención de las personas con discapacidad. Ambas iniciativas tendrían asegurada su sanción, ya que cuentan con la aprobación de la Cámara de Diputados desde el 5 de junio último.
Diferente es el caso de la moratoria previsional. Este tema sólo cuenta con el respaldo del kirchnerismo, por lo que no contaría con el número para convertirse en ley. La mayoría de los senadores de la oposición dialoguista que considera que la medida sólo tuvo fines electoralistas, la impulso el kirchnerismo en 2023 para apoyar la candidatura de Sergio Massa, y es una de las causas del desbarajuste que sufre el sistema previsional sumando jubilados sin aportes. En el mejor de los casos, la iniciativa sufriría modificaciones que la obligarán a volver en segunda revisión a Diputados.