El propietario dijo que fue víctima de una extorsión y que recibió mensajes pidiendole dinero

En una conferencia de prensa, la gerencia del local bailable “El Martinazo” del barrio Almirante Brown en San Salvador de Jujuy ofreció su versión de los hechos tras un incidente ocurrido la madrugada del 3 de agosto en donde dos mujeres y un hombre denunciaron hacer sido golpeados por “patovicas” y la Justicia jujeña promovió acción en contra de ellos.

La empresa confirmó que el altercado se produjo cuando cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, intentaron entrar al establecimiento sin pagar la entrada. Según la gerencia, a este grupo ya se le había negado la entrada la semana anterior resguardándose en el derecho de admisión. Al no poder ingresar, los individuos, según declaró el gerente, agredieron al personal de seguridad y a la policía, además de lanzar piedras contra la puerta.

El local negó tajantemente las acusaciones de violencia de género y afirmó que, tras el incidente, el dueño y otros empleados se presentaron en una comisaría para dar su testimonio. Además, la gerencia reveló que fueron víctimas de una presunta extorsión, ya que recibieron mensajes pidiéndoles dinero a cambio de no divulgar su versión de la historia en los medios. El local se negó a pagar y entregó estas pruebas a la Justicia.

La empresa indicó que le negó el ingreso a estas personas por sus actitudes en su derecho de admisión y permanencia, argumentando que la decisión de negar el acceso se basa en el comportamiento de los clientes y no en su apariencia. La causa está caratulada como “lesiones leves” y está pendiente de una audiencia.

Sin embargo las personas imputadas deberán comparecer ante los requerimientos del fiscal Aldo Hernán Lozano, en una audiencia imputativa, donde quedarán formalmente imputados y deberán designar abogado defensor.

Fuente: El Tribuno

Allanaron 15 domicilios de Jujuy por presunta extorsión de líderes de organizaciones sociales

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) informó que en el marco de una Investigación Penal Preparatoria (IPP) este miércoles se llevaron adelante más de una decena de allanamientos en el marco de una causa en la que se investigan supuestas extorsiones y la conformación de una asociación ilícita en ese contexto.

Las medidas probatorias fueron solicitadas para investigar hechos denunciados por supuestos damnificados que señalan que serían extorsionados por dirigentes de organizaciones sociales que los amenazarían con quitarles los planes sociales si no realizan aportes o asisten las marchas que convocan, entre otras circunstancias.

Por ello, y contando con el análisis de los indicios que obran en la causa, el fiscal solicitó al Juzgado de Control los allanamientos de distintos inmuebles. Este 6 de julio se llevó adelante la medida y, junto con personal policial, allanaron en total 15 inmuebles, entre ellos 10 viviendas y sedes de organizaciones sociales.

Hasta el momento no hay personas imputadas ni detenidas y la IPP continúa con una serie de medidas ordenadas por el fiscal para lograr establecer la comisión, o no, de los mencionados delitos.

LA DENUNCIA DE LAS ORGANIZACIONES

El Frente de Organizaciones en Lucha denunció a través de las redes sociales que los procedimientos impulsados por la Justicia constituyen una persecución. «Esto forma parte de la campaña de estigmatización contra los movimientos sociales que se viene instalando desde sectores de poder, en medio del contexto de ajuste que vive el pueblo argentino», afirmaron.

«En nuestros espacios tenemos nuestras herramientas y productivos de trabajo, brindamos clases de apoyo a los niñxs del barrio, talleres de oficios, deportivos y artísticos, un comedor que atiende a 150 familias pobres de Jujuy», afirmaron en referencia a los espacios que fueron registrados por la Policía.

Fuente: Somos Jujuy