El Gobierno autorizó a los militares a detener civiles en las fronteras de Jujuy y Salta
El Gobierno nacional autorizó a las Fuerzas Armadas a detener civiles en situación de flagrancia durante los patrullajes en la frontera norte, como parte de las nuevas “reglas de empeñamiento” establecidas en el marco del “Operativo Roca”. Según se desprende de la resolución reservada 347, firmada por el ministro de Defensa, Luis Petri, los efectivos también podrán portar armas cargadas en situaciones de eventual peligro, en un operativo conjunto con Gendarmería para reforzar la vigilancia en zonas sensibles como Salta y Jujuy.
Las directivas, que establecen los protocolos de actuación ante posibles agresiones, buscan restringir el uso de la fuerza a casos de legítima defensa propia o de terceros.
Petri argumentó que el arresto de personas en flagrancia está prevista por el Código Procesal Penal de la Nación, aunque exministros de Defensa como Horacio Jaunarena y Ricardo López Murphy advirtieron que estas medidas podrían colisionar con la actual Ley de Seguridad Interior, que limita las funciones de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna.
“De acuerdo al Código Procesal Penal de la Nación, la aprehensión en flagrancia puede ser realizada por la policía, por cualquier otra autoridad o incluso por una persona común. El aprehendido debe ser conducido a la brevedad posible ante autoridad competente para que se inicie la investigación”, señaló Petri
Otro punto importante indica que el uso de la fuerza “se guiará por los principios de necesidad, proporcionalidad, racionalidad y gradualidad, que se desprenden del artículo 34 del Código Penal de la Nación y que se usan para las fuerzas policiales”.
Las “reglas de empeñamiento” también establecen criterios de gradualidad para el uso de las armas de fuego y detallan técnicas de control disuasivo, incluyendo disparos de advertencia. Sin embargo, prohíben disparar contra vehículos o personas sospechosas que intenten huir de un control.
Dentro de las Fuerzas Armadas existe cierta preocupación por las posibles consecuencias judiciales de accidentes durante los patrullajes. Por su parte, voces críticas de la oposición advirtieron sobre la falta de un marco legal claro para este despliegue militar.
El “Operativo Roca” comenzó en Salta con 1.300 soldados y la intención oficial es movilizar hasta 10.000 efectivos antes de fin de año, aunque las fuentes señalaron que el Ejército no tiene capacidad material para sostener ese número en forma simultánea.
