Medidas para combatir la delincuencia: el Senado sancionó la “Ley de Reincidencia y Reiterancia”

En una extensa sesión, la Cámara de Senadores sancionó en la noche de este jueves la Ley sobre Reincidencia y Reiterancia por unanimidad, con 67 votos afirmativos, en la votación en general. Mientras que, en la votación en particular, los senadores de Unión por la Patria sólo apoyaron dos artículos, referidos al concepto de reincidencia, y se opusieron en el resto, sobre reiterancia.

El nuevo marco legislativo que aborda los conceptos de reiterancia y reincidencia modifica los artículos 50 y 58 del Código Penal, como así también puntos del Código Procesal Penal Federal, y se centra en redefinir la reincidencia y establecer la reiteración delictiva como un factor clave en el proceso judicial.

La iniciativa define la “reincidencia” como “toda persona que ha sido condenada dos o más veces a penas privativas de libertad, siempre que la primera condena sea firme. En caso de unificación de condenas, la pena resultante se calculará como la suma de las penas impuestas”.

En tanto, denomina “reiteración delictiva” a “situaciones en las que una persona enfrenta múltiples procesos penales simultáneamente. A partir del primer llamado a declarar, se considera a la persona imputada, lo que puede llevar a la imposición de medidas de coerción más estrictas”.

Además, se establece que se podrán aplicar medidas de coerción en casos donde se hayan cometido delitos contra personas o propiedades en el marco de la libertad de expresión.

La ley fue promovida dentro del denominado “paquete Bullrich”, entre los proyectos impulsados desde el Ministerio de Seguridad, y desde el oficialismo destacaron que tiene por objetivo eliminar la llamada “puerta giratoria” para delincuentes.

Durante el breve debate, habló en primer lugar el presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, el oficialista Juan Carlos Pagotto, quien señaló que “tenemos una situación de extrema inseguridad que no acompaña al desconocimiento de nadie” y mencionó puntualmente a las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, donde “hay una puerta giratoria a raíz de la demora de la Justicia de resolver causas penales”. “Los sectores vulnerables son los que más sufren la inseguridad”, lamentó.

Sobre la ley, el riojano defendió que “las restricciones a la libertad que se ponen en esta ley no son nada más y nada menos que los estándares fijados por la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. “La ley viene a poner un marco general sobre cuáles son las condiciones de evaluación para otorgar beneficios” a los delincuentes, agregó.

Para el libertario, “necesitamos mejorar la justicia, la justicia penal se encuentra sobrepasada; necesitamos la construcción de cárceles nuevas y de institutos que vayan a recibir a los menores con conducta disociada, para evitar que caigan en una escuela de delito; necesitamos que las normas de excarcelación se cumplan” y que estos nuevos conceptos sirvan “para tenerlos (a los delincuentes) alejados de la sociedad mientras dura el proceso penal”.

“Esta ley va a posibilitar que los jueces tengan que interpretar de una manera más normal y evitar la reiteración de delitos por los mismos actores”, dijo en el cierre y completó: “No podemos desoír el llamado de la ciudadanía de tener normas que la protejan”.

Desde Unión por la Patria, el senador Oscar Parrilli manifestó el aval de la bancada a lo referido a reincidencia, que “es volver a una legislación que existía anteriormente”. Aunque propuso una modificación el artículo 2 para que “la suma aritmética sea para los delitos dolosos, pero no para los culposos”, aunque después en la votación en particular no fue aceptada.

Sobre la propuesta de reiterancia, el neuquino criticó que “esto es producto de la ministra de violencia institucional, la señora (PatriciaBullrich, que le parece que metiendo más gente presa preventivamente y supuestamente porque ha reiterado un delito, delito que no se ha investigado, que no ha tenido sentencia y proceso, pero por el solo hecho establece la negativa de la excarcelación”.

El kirchnerista puso como ejemplo que, con esta ley, “(JavierMilei está sospechado de haber cometido el delito de una estafa que realizó con las criptomonedas. Y hay dos casos anteriores en los que hizo lo mismo, antes de ser diputado y otra siendo diputado. Si un fiscal lo empieza a investigar lo puede meter preso, porque es reiterante”.

“Lo grave es que esta reiterancia quiere utilizar esto como control social, lo dice expresamente en varios artículos de la ley”, advirtió y apuntó que podría afectar a quienes participen de protestas sociales. Parrilli cuestionó que se trata de “seguir llenando las cárceles de procesados sin condena”.

En el final, el presidente de la bancada oficialista, Ezequiel Atauche, preguntó: “¿Estamos del lado de los que delinquen o estamos del lado de los ciudadanos argentinos de bien que trabajan y honestamente mantienen este país? ¿Estamos del lado de los que delinquen o estamos del lado de las víctimas? ¿Queremos ser cómplices de la puerta giratoria y de los delincuentes o queremos que el que las hace las paga? Este es un punto no negociable para nuestro Gobierno”.

El jujeño enfatizó que “los argentinos estamos cansados de ser rehenes de la delincuencia”. “La provincia de Buenos Aires es literal un baño de sangre”, expresó y apuntó contra el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en cuyo distrito “hay robos a toda hora, cometidos en su mayoría por personas con antecedentes penales”. “No podemos seguir permitiendo la puerta giratoria”, afirmó.

Imagen Ilustrativa

Presentaron “la Ley Blas” para agravar condenas contra los malos policías

Junto a la diputada nacional Gabriela Brouwer de Koning y el especialista en Seguridad Miguel Robles, en la mañana de este jueves la mamá de Valentino Blas Correas (17), Soledad Laciar, presentó un proyecto de ley para agravar las condenas a aquellos funcionarios de las fuerzas de seguridad que alteren de manera maliciosa las escenas del crimen, “planten” armas y que incluso lleven armamento “trucho” en los patrulleros.

En ese sentido, en una conferencia celebrada en el Museo de Antopropología se presentaron tres modificaciones al Código Penal.

  1. Agravar la tenencia y portación ilegal de armas por parte de miembros de fuerzas de seguridad, con una condena de entre ocho a 12 años de prisión, además de una inhabilitación absoluta para volver a trabajar en una fuerza de seguridad.
  2. Un nuevo tipo penal sancionatorio a quienes “planten” armas o alteran la escena del crimen, con una escala penal de 10 a 20 años de prisión.
  3. Reducir la pena al grado de tentativa a aquellos policías que se arrepientan de haber actuado de mal forma y colaboren con la Justicia. La idea, según explicaron, es romper los pactos de impunidad, los códigos de silencio que suelen imperar en las fuerzas de seguridad.

Entre los asistentes a la presentación estuvieron la ministra de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Córdoba, Laura Echenique, asesores legales de la Policía de Córdoba y también importantes funcionarios del arco opositor, encabezados por el candidato a gobernador de Córdoba, Luis Juez.

Al término de la presentación, Soledad Laciar, la mamá de Blas, indicó que con esta ley ella persigue “que no haya nunca más un Blas” y que quiere romper con los pactos de impunidad al interior de la Policía de Córdoba en lo que respecta a los casos de gatillo fácil.

Laciar también cuestionó la medida dictaminada en las últimas horas por el fiscal José Mana, quien ordenó remitir toda la investigación contra los funcionarios políticos y policiales en torno al crimen de su hijo al fuero de Anticorrupción.

Tras el juicio que terminó a fines de marzo con una condena histórica, el Tribunal de la Cámara 8ª del Crimen ordenó investigar a al exministro de Seguridad Alfonso Mosquera; su por entonces secretario, Lucas Mezzano; al excomisario Gonzalo Cumplido y a la actual jefa de Policía, Liliana Zárate Belletti, quien era jefa de recursos humanos de la fuerza en ese entonces, por una serie de sospechas que salieron a la luz durante las audiencias.

El fiscal Mana, que fue quien instruyó la investigación principal, salió sorteado para hacerse cargo de esta nueva etapa de la causa. Pero en las últimas horas, giró todo al Fuero Anticorrupción, al entender que por la jerarquía de los sospechosos correspondía que fueran investigados allí.

Incluso, ya se determinó que sea el fiscal Franco Mondino el encargado de esta nueva pesquisa.

Ante esta novedad, Laciar fustigó la decisión de Mana y al Fuero Anticorrupción, ya que dijo que allí “nunca se condena a nadie”, por lo que para ella, haber remitido la causa a esa fiscalía significa “llevar el caso a la impunidad”.