El Gobierno Nacional transfirió a las provincias la asistencia a personas en situación de calle

Con un nuevo decreto, el Gobierno nacional modificó de forma sustancial la ley que garantiza derechos a personas en situación de calle. A partir de ahora, serán las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires las responsables de ejecutar las políticas públicas en este tema, mientras que Nación asumirá un rol secundario y de coordinación.
El cambio se formalizó a través del Decreto 373/2025, que reformula la Ley N° 27.654, vigente desde 2021. El objetivo, según el Gobierno, es descentralizar la gestión y mejorar la eficacia de la asistencia social, dándole protagonismo a las jurisdicciones locales.
¿Qué cambia?
La nueva norma establece que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, del Ministerio de Capital Humano, será la autoridad de aplicación, pero con un rol más limitado: fijar lineamientos generales y asistir a las provincias que no cuenten con recursos técnicos o económicos suficientes.
De este modo, cada provincia podrá diseñar sus propias políticas para garantizar el derecho a la vivienda digna, con herramientas como subsidios, centros de inclusión o asistencia legal, según su realidad territorial y presupuestaria.
También se eliminó un artículo que impedía modificar programas sociales ya vigentes. Desde el Gobierno sostienen que esto trababa la posibilidad de corregir esquemas ineficientes o superpuestos.
Argumentos del Ejecutivo
El decreto argumenta que una política nacional única no logró buenos resultados por la diversidad social, económica y geográfica del país. Se citan como ejemplos exitosos algunas iniciativas locales, como el “Operativo en Red” en Misiones o el sistema UAPSI en Mendoza.
Por eso, Nación plantea que la atención local (coordinada desde Buenos Aires) permitirá una respuesta más concreta y adaptada a cada territorio.
En línea con la Ley Bases y el DNU 70/2023
Esta medida se enmarca en el plan de reorganización del Estado impulsado por el presidente Javier Milei. Desde el Gobierno insisten en que la descentralización y la redefinición de roles permitirán mejorar el uso de los recursos públicos y dar respuestas más efectivas.
Ahora, el decreto deberá ser informado al Congreso, y se espera que comience una etapa de adecuación en cada provincia, que deberá reorganizar su estructura para dar respuesta a esta problemática compleja y creciente.l