Una nena de 13 años fue obligada a casarse: condenaron a los padres por trata de personas

En el marco de un caso de matrimonio forzado, donde una adolescente de 13 años fue entregada a cambio de dinero, forzada a una unión y sometida a explotación, el fallo quedó firme. Este viernes, la Cámara Federal de Casación Penal confirmó las condenas a un matrimonio y a su hijo por someter a la menor a trata de personas.

La resolución ratificó las penas de 10 años de prisión para los tres acusados y sostuvo que la invocación de prácticas culturales no puede funcionar como excusa frente a hechos que vulneran derechos fundamentales. El caso había sido juzgado por el Tribunal Oral Federal de San Juan y luego revisado por la sala de casación, con intervención de la Fiscalía General N° 1 ante ese tribunal y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

De acuerdo con los hechos acreditados en el expediente, la adolescente fue captada en Neuquén entre marzo y abril de 2022 mediante el pago de un “precio dotal” de 825 mil pesos a su familia. El acuerdo de matrimonio se realizó entre la víctima y un joven de 20 años, que además era el primo.

La menor quedó sometida a una convivencia forzada y a episodios de violencia sexual en el marco del rito matrimonial. La niña quedó embarazada dos veces: la primera termina con un aborto espontáneo y en 2024 tuvo a su hijo.

El fallo de primera instancia, dictado en mayo de este año, también fijó una reparación económica de 75 millones de pesos para la joven. En esa etapa intervinieron el fiscal Fernando Alcaraz, la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez, la procuradora Alejandra Mángano y otras áreas del Ministerio Público Fiscal vinculadas al acompañamiento de víctimas y al recupero de activos.

Durante el juicio oral en San Juan, la Justicia federal condenó a un matrimonio y a su hijo por trata de personas (Fuente: Fiscales)Durante el juicio oral en San Juan, la Justicia federal condenó a un matrimonio y a su hijo por trata de personas (Fuente: Fiscales)

La investigación sostuvo que la víctima fue llevada a Santa Fe, donde permaneció hasta diciembre de 2024 bajo control del grupo familiar, quienes la atacaban y la quemaban con cigarrillos. En su testimonio, la joven relató que era obligada a realizar venta ambulante sin disponer del dinero que obtenía. También declaró que las exigencias continuaban aun cuando estaba enferma, embarazada o expuesta a condiciones climáticas adversas.

Entre los elementos valorados por los jueces figuraron su declaración en Cámara Gesell, testimonios de profesionales que intervinieron en la asistencia, un audio de una llamada al 911 y documentación oficial, entre ella informes de ANSES y del Registro Civil.

El episodio ocurrió en Caucete, donde la víctima intentó escapar con su hijo en brazos. La secuencia fue denunciada al 911 por una persona que se encontraba en una estación de servicio y quedó registrada por cámaras del sistema de monitoreo provincial. Luego de ese aviso, personal policial interceptó el vehículo y rescató a la joven.

Descartaron que la tradición cultural justificara la unión forzada

Al apelar la sentencia, la defensa negó que hubiera existido una situación de explotación y afirmó que la relación había sido voluntaria. Además, planteó que el caso debía leerse en función de prácticas culturales propias de las familias involucradas. En ese mismo recurso, cuestionó la indemnización y la valoración de la prueba hecha por el tribunal.

El juez Daniel Petrone, al resolver la impugnación, descartó esos planteos. Señaló que la sentencia de juicio había realizado una valoración integral de la prueba y que las conclusiones no se apoyaban solo en el relato de la víctima, sino en múltiples elementos concordantes.

Sobre el fondo del caso, remarcó que la pertenencia a una comunidad y la apelación a tradiciones no anulan la responsabilidad penal cuando están en juego derechos humanos básicos. Sostuvo que “la invocación de sus usos y costumbres no constituyen fundamento válido para sustraerse de la responsabilidad penal”.

También afirmó que la unión celebrada en este caso debía ser considerada “un matrimonio infantil y forzoso”, porque la víctima tenía 13 años, carecía de madurez suficiente y estaba en una situación de vulnerabilidad marcada.

Rescataron a una menor de 15 años que era trasladada a Jujuy para cruzarla ilegalmente a Perú

Una adolescente de 15 años fue rescatada por Gendarmería Nacional cuando viajaba en un micro de larga distancia que tenía como destino el norte del país y cuyo recorrido incluía su llegada a Jujuy, desde donde pretendían cruzarla ilegalmente hacia Perú.

El operativo se activó tras la denuncia de un pasajero que advirtió una situación sospechosa durante el viaje. Según declaró, el hombre que acompañaba a la menor mantenía una actitud inapropiada y la presionaba para que no hablara. Además, la joven llevaba gorra y capucha que le cubrían el rostro.

El colectivo fue interceptado sobre la Ruta Nacional 9. Al controlar la unidad, los efectivos constataron que la adolescente no figuraba en la lista de pasajeros, no tenía pasaje ni documentación que acreditara su identidad.

Los dos adultos que viajaban con ella —un hombre y su madre— quedaron detenidos.

Bajo efectos de sustancias y sin poder responder

De acuerdo al informe oficial, la joven presentaba un cuadro de somnolencia marcado, lo que dificultaba que pudiera responder con claridad. En un primer momento dijo ser mayor de edad y dio datos falsos, hasta que finalmente, en una entrevista a solas, reveló que tenía 15 años.

La menor relató que era trasladada hacia Perú con la intención de transportar droga y que había recibido promesas de dinero y otros beneficios, aunque luego comenzaron las amenazas.

La investigación determinó que el plan era llegar al norte del país y utilizar territorio jujeño como punto de paso para concretar el cruce fronterizo.

La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento con prisión preventiva de los acusados por trata de personas agravada. En la causa también se incorporaron informes sobre movimientos migratorios irregulares hacia y desde Perú.

El caso generó fuerte impacto, teniendo en cuenta que la provincia iba a ser utilizada como punto clave para el traslado ilegal.

Detuvieron en Salta a “el jujeño”, acusado de liderar una red de trata en colegios

Un hombre apodado “el jujeño” fue detenido en las últimas horas en Salta acusado de ser parte de una red de trata que captaba a estudiantes de colegios de esa provincia para prostituirlas. Con su arresto, ya son nueve los detenidos

El hombre tiene 53 años. Según detallan medios salteños, el sospechoso residía en la zona oeste y se logró su detención tras un trabajo de inteligencia que incluyó pericias sobre teléfonos secuestrados en etapas previas de la investigación.

El hombre se presentaba como un “sugar daddy”, y les ofrecía a las jóvenes dinero, celulares, aparatos electrónicos y ropa de marca a cambio de favores sexuales. El hombre se movilizaba en una camioneta y una moto, vehículo que aparentemente utilizado en algunos traslados de las víctimas.

Desde marzo de 2023 cumplía una condena condicional por promoción de la prostitución, dictada por el Tribunal de Juicio de la Sala I. En esa causa, había sido sobreseído por grooming y tenencia de pornografía infantil. Ahora está imputado por trata de personas en perjuicio de menores e integración de asociación ilícita.

Detuvieron a “el jujeño”, acusado de integrar una red de trata en colegios de Salta
Detuvieron a “el jujeño”, acusado de integrar una red de trata en colegios de Salta

Cómo operaba “el jujeño” en Salta

Según detallaron allegados a la investigación, el hombre que afirma ser de Jujuy, contactaba a las víctimas mediante llamadas y mensajes prometiéndoles regalos y beneficios económicos. Luego de ganarse la confianza, les pedía fotos y videos.

La investigación ya identificó más de 20 víctimas, la mayoría entre 12 y 17 años, aunque infieren que hay padres que no autorizaron la investigación formal, por lo que se estima que la cifra real podría superar las 30 menores afectadas.

Trata de persona

La trata en el mundo mueve más de 150 mil millones de dólares al año, ubicándose junto al narcotráfico y el tráfico de armas entre las actividades ilícitas más rentables, según la Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Delitos (UNODC).

En Argentina, la trata adopta principalmente dos formas: explotación sexual y laboral, aunque también se registran casos de servidumbre doméstica, trabajo forzoso, mendicidad infantil y hasta extracción de órganos. Entre 2020 y 2024, el país rescató a más de 5.200 víctimas, de las cuales al menos 2.000 provenían de zonas rurales, en un trabajo conjunto que luego se vio modificado desde el Gobierno Nacional.

Por Todo Jujuy