El abuso sexual y maltrato infantil son infamias que se sostienen en el poder y en la perversión de un modelo cultural y social que conjuga la indefensión de las víctimas, la perversión de los abusadores, el silencio cómplice del entorno y la inacción de las autoridades que, precisamente, están allí para cuidar, defender y proteger las infancias.
Los abusos y la explotación de niños y adolescentes han sido y son un problema estremecedor que no distingue país, raza, cultura o condición social. Por lo mismo y por iniciativa de la Fundación de la Cumbre Mundial de la Mujer -FCMM-, desde el año 2000, el 19 de noviembre, fue establecido como el Día Mundial para la prevención del abuso infantil. La propuesta está dirigida fundamentalmente a evidenciar la problemática, a denunciarla, a promover acciones de resguardo y protección estatal, eficaces frente a las conductas agraviantes.
En mi experiencia como maestro de una escuela pública del Bajo Flores, tuve que afrontar el dolor de saber que una de mis alumnas de tan solo 7 años era víctima de abuso sexual. Este delito, que vulneraba derechos esenciales de la niña y su integridad sexual, como en la mayoría de los casos, sucedía dentro del ámbito familiar, en la relación de poder ejercida por un adulto familiar que se sostenía en la sinergia de machismo, indiferencia y complicidad que rodean este tipo de abusos, en
escenarios cada vez más perversos que logran avergonzar a las víctimas y forzarlas a guardar silencio.
El testimonio de lo sucedido fue plasmado en el video documental: “Se Alumbra la Vida” con el propósito de concientizar, salir del ocultamiento y promover compromisos efectivos con los derechos de niños, niñas y adolescentes. El documental subrayaba la acción de los trabajadores de la educación y de la escuela, como uno de los pocos “espacios públicos” capaces de detectar, defender, denunciar y exigir el accionar de los entes responsables para atender y resolver los casos planteados, en favor de las infancias.
Por ese entonces, el sistema educativo no se había planteado la necesidad de la educación sexual ni del empoderamiento de los abusados. No existía una guía que orientara la intervención de los educadores en defensa de las víctimas, no teníamos pautas, indicaciones y/o sugerencias para la acción institucional en situaciones de presunción o certeza de abuso sexual infantil intrafamiliar, extrafamiliar y hasta escolar. No se habían desarrollado estructuras institucionales que tuvieran como función la defensa de los niños, niñas y adolescentes. El sistema de protección era débil e incipiente. Hoy sabemos que los niños o adolescentes víctimas de abuso no suelen contar lo que les ocurre. Si lo hacen, como ocurrió con mi alumna, es porque encuentran en la escuela y en sus docentes un espacio que habilita la confianza, que les permite sentir que se los puede proteger, defender, respetar.
Como adultos responsables, debemos estar atentos a las señales que los especialistas indican como de atención: cambios de conducta repentinos, enojos injustificados, decaimiento, desconexión con el medio social, pesadillas o problemas para dormir, ansiedad, no querer quedarse solos con una persona en particular, en fin los signos que un maestro atento puede advertir como señal de que “algo” serio está pasando. Los niños y niñas pueden no verbalizarlo pero sus actitudes son signos inequívocos que debemos aprender a reconocer. La vergüenza, el temor a que no le crean, a que lo estigmaticen, a quedarse solo, a la pérdida de afecto y a las amenazas, son motivos por los cuales un niño, niña o adolescente tiene dificultades para contar la agresión de la cual fueron o son víctimas.
Hoy sabemos más, nos animamos más, nos sabemos más responsables si no actuamos frente al desamparo. No prejuzgamos ni demonizamos pero estamos
alerta. Sabemos que el abuso infantil y adolescente puede ocurrir en el ámbito familiar por parte de personas directamente vinculadas a la víctima o por alguien cercano, en las casas de parientes o amigos, en la escuela, en el hospital o en otras instituciones, o también por grooming —a través de Internet—.
En el campo educativo es insoslayable dar continuidad a la elaboración de materiales pedagógico-didácticos que aborden adecuadamente y en función de las edades las temáticas referidas a la defensa de los derechos de lxs niñxs y adolescentes. La Educación Sexual Integral es un aliado esencial para prevenir los abusos sexuales. Por lo tanto, debemos exigir la aplicación efectiva de la misma en todos los Nivel es del Sistema Educativo, como política de cuidado y prevención. En el año 2020, la sexualidad ya no puede ser un tema tabú. Es vital seguir promoviendo la construcción de espacios educativos de confianza, entornos protectores donde se enseñe a los chicxs y adolescentes el conocimiento sobre los riesgos a los que pueden estar expuestos, generando espacios seguros que brinden escucha atenta y activa para prevenir cualquier forma de violencia.
De esta manera, ellos podrán apropiarse de herramientas que le permitan cuidarse, saber cuáles son sus derechos, qué hacer cuando algo no les gusta o les genera incomodidad y cómo pedir ayuda cuando no puedan resolverlo en forma autónoma. No hay edades específicas para hablar estos temas si hay estrategias de abordaje que compatibilicen el proceso educativo con la evolución psicosocial de los estudiantes. Abordar este tema es hablar del respeto por las diferencias, del conocimiento de nuestro cuerpo y el de los otro, es cuidarnos y cuidar a los demás. Para ello sigue siendo necesario alentar y sostener las propuestas de capacitación que permitan a todos los educadores en el sistema educativo fortalecer su rol, sentirse más seguros brindándole las herramientas de reflexión y de intervención necesarias.
Las nuevas generaciones docentes cuentan con la oportunidad de apropiarse de estos conocimientos en su formación inicial, por eso apoyamos la necesaria inclusión de la temática en todos los niveles de formación y actualización docente. Es nuestro deber visibilizar y condenar toda acción u omisión que conlleven directa o indirectamente a formas de violencia, abuso, acoso, hostigamiento y/o maltrato hacia niños, jóvenes y adolescentes. Ante estas vulneraciones de derechos, estamos obligados a pronunciarnos y a tomar las medidas que sean necesarias para proteger la niñez en cualquier ámbito y en cualquier nivel.
La Convención Internacional de los Derechos del Niño es Ley nacional. Sus artículos 19 y 34 obligan a los Gobiernos y a las Organizaciones de la Sociedad Civil a jugar un rol activo en la protección concreta de estos derechos y a actuar contra toda forma de abuso infantil. Como ciudadanas y ciudadanos no podemos mirar para otro lado frente a los hechos concretos. Necesitamos construir con urgencia y colectivamente una agenda que proteja los derechos de los niños y niñas y los adolescentes en cualquier rincón del país.
Fuente: pagina 12
