El punto de partida del análisis fue un memorándum emitido por el jefe de Gabinete, Freddy Morales, hermano del exmandatario, solicitando la renuncia de todos los ministros, funcionarios y dependencias del Ejecutivo provincial con plazo al 10 de diciembre de 2025. Para Casas, este documento revela una práctica irregular y políticamente significativa.
“Si esto fuera una decisión del gobernador, la firmaría él mismo y debería incluir al propio jefe de Gabinete. El hecho de que no ocurra así me da derecho a pensar que alguien más está decidiendo por encima suyo”, afirmó.
El abogado describió la medida como una muestra de “gatopardismo”, destinada más a preservar cuotas de poder que a promover cambios reales. “Si Morales sigue definiendo quién se queda y quién se va, es evidente que Sadir no tiene autonomía”, sostuvo.
Seguridad, educación y agua: “No pueden exhibir logros en dos años de gobierno”
Casas señaló que el Gobierno radical no ha sido capaz de mostrar resultados en áreas sensibles como seguridad, salud, educación y servicios esenciales. Recordó el reciente asesinato de una joven en el barrio Gorriti, en un operativo donde la policía “no entró porque no sabía qué hacer”.
“No hablo de los policías, sino de quiénes los formaron. ¿Cómo puede ser que ante un pedido de auxilio nadie atienda el teléfono? Pero sí actúan rápidamente para irrumpir en la universidad o para amedrentar asambleas docentes”, criticó.
En materia de servicios públicos, fue categórico: “Jujuy tiene barrios enteros sin agua durante meses. ¿Para qué sirve anunciar un superávit de 500 mil millones si Alto Comedero no tiene agua? ¿Cuál es el sentido económico o moral de eso?”
Una democracia condicionada por el miedo y el control
Casas analizó el vínculo entre pobreza y manipulación política, denunciando mecanismos de control electoral en escuelas donde detectó lo que definió como “mesas de tareas” integradas por militantes y funcionarios radicales en comicios provinciales y nacionales.
“No tienen por qué estar allí. Sin embargo, se repiten elección tras elección. Algo pasa”.
En sintonía con el planteo inicial sobre la “democracia vaciada” que describe el filósofo Byung-Chul Han, Casas afirmó que en Jujuy existe una concepción patrimonial del poder, donde el Estado se usa para disciplinar y no para servir.
La Justicia, otro terreno en disputa
Consultado sobre la posible designación del hijo de Morales en una vacante del Superior Tribunal, el entrevistado sostuvo que sería una “provocación” política. Recordó que la Constitución reformada en 2023 establece un máximo de nueve miembros, no una obligación de cubrir todas las sillas.
“Pueden dejar la Corte en ocho. Si aun así avanzan, será una muestra más de la voracidad política de un gobierno en retirada”, señaló.
También cuestionó el estancamiento de investigaciones clave, incluida la que involucra al ex titular del Ministerio Público de la Acusación. “Se llevaron documentación. ¿Dónde está? ¿Cuántas copias hay? ¿Quién las tiene y con qué intención?”, preguntó.
La Oficina Anticorrupción, la Auditoría y otros organismos de control, sostuvo, han sido meramente decorativos durante una década. “Confunden rendición de cuentas con sacarse una foto”, ironizó.
“La institucionalidad se degradó en estos 10 años”
Casas trazó un diagnóstico contundente: “En Jujuy la institucionalidad está degradada. El Gobierno ha creado un relato que ya no puede sostener. La gente merece saber qué hicieron y qué no en estos dos años. No se puede seguir gobernando con miedo, con opacidad y con la billetera”.
El abogado insistió en que la dirigencia debe rendir cuentas no sólo sobre los resultados, sino también sobre los procesos, y advirtió que la falta de transparencia abre el camino a salidas autoritarias.
Por Jujuy al Momento
