La Susepu informó que no hubo un aumento provincial en la tarifa eléctrica. Las variaciones que puedan registrarse en algunas facturas responden a la reducción de los límites de consumo con subsidio dispuesta por el Estado Nacional.
Desde octubre, el consumo mensual bonificado para los hogares con subsidio se redujo de 300 kWh a 200 kWh y, para noviembre, está previsto que el límite descienda a 150 kWh. Esto significa que el consumo que supere esos límites se factura sin el subsidio nacional, lo que puede generar un mayor importe en la boleta.
Por su parte, la Tarifa Social de Jujuy continúa vigente y mantiene sus beneficios para los hogares que reúnen los requisitos: cubre el 100 % del cargo fijo y entre el 15 % y el 25 % del cargo por uso de red, según el nivel de consumo.
La SUSEPU recomienda realizar un uso responsable de la energía para mantenerse dentro del consumo bonificado y recuerda que quienes deseen consultar o solicitar la Tarifa Social pueden hacerlo a través de la página oficial del organismo.
Un frente de organizaciones vecinales concretó la presentación formal de un proyecto de ley por Iniciativa Popular ante la Legislatura provincial, con el objetivo de reestructurar el sistema de energía eléctrica y poner un freno a los incrementos tarifarios.
La propuesta ingresó respaldada por 18.904 firmas recolectadas en las regiones de Puna, Quebrada, Valles y Yungas.
La dirigente vecinalista de San Pedro, Juana Leiva, explicó que la iniciativa se encuadra en la Ley Provincial N.º 4926 y en los mecanismos previstos por la Constitución Provincial. Según detalló, la recolección de adhesiones se realizó de manera autogestiva en plazas, ferias y comercios de diversos puntos de la provincia ante el descontento generalizado por el costo y la calidad de la prestación.
Estatización, competencia y quita de tributos
El texto ingresado plantea reformas de fondo en la comercialización del servicio. Entre sus puntos centrales, solicita evaluar la estatización o recuperación de la empresa de energía por parte del Estado provincial, al tiempo que exige la apertura del mercado para finalizar con el esquema monopólico actual de EJESA y permitir la libre elección de prestadoras por parte de los usuarios.
Asimismo, el proyecto contempla la eliminación de todas las tasas e impuestos provinciales y municipales que se cobran actualmente de forma adherida en la factura de luz. En este aspecto, la iniciativa apela también a la intervención de los Concejos Deliberantes para limpiar los tributos locales de la liquidación mensual.
Paso a comisiones y presión a los legisladores
Al tramitarse bajo la figura constitucional de iniciativa popular, el expediente no puede ser archivado de forma directa y deberá ser derivado para su tratamiento a tres comisiones legislativas. En dicha instancia, la normativa habilita la participación presencial de los vecinos representantes durante el debate previo a su emisión hacia el recinto.
Desde el sector vecinal remarcaron que el seguimiento del trámite será estricto para garantizar que los 48 diputados provincialesaborden el proyecto dentro de los plazos legales establecidos. Con el ingreso formal del documento, las organizaciones aguardan la convocatoria a las comisiones para exponer los fundamentos del reclamo ante los distintos bloques políticos.
En el marco de un operativo de atención y asesoramiento llevado adelante por la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones (SUSEPU) en Palpalá, vecinos acercaron sus reclamos por los drásticos incrementos en las boletas de energía eléctrica y agua, sumado a las dificultades para gestionar reclamos por cortes de servicios.
Silvia Gaspar, residente de la ciudad, expuso la crítica situación que atraviesa frente a boletas que experimentaron subas de hasta un 100% en los últimos meses.
“La verdad que fue el 100% de lo que estamos pagando y no se puede vivir así, se nos va medio sueldo en la consumición de la luz y el agua. Pagaba cincuenta y algo y ahora 160 mil, es muy variable”, expresó, detallando que desde el organismo le indicaron los pasos a seguir para evaluar la posibilidad de interponer una medida cautelar.
Reclamos por cortes prolongados y pérdida de beneficios
Otro de los ejes de malestar entre los usuarios que hicieron fila para ser atendidos giró en torno a los recientes temporales de viento que dejaron sin suministro eléctrico a amplios sectores de la región. Varios vecinos señalaron que existía un supuesto beneficio o reducción en las facturas por los días sin servicio, pero cuestionaron la falta de difusión oficial sobre cómo realizar el trámite.
“Yo no sabía dónde quedaba SUSEPU, así que no pude hacer reclamos y ya perdí ese beneficio por los dos días de corte de luz. No se informó nada por canales oficiales, entonces nosotros no sabíamos absolutamente nada”, lamentó Gaspar, al tiempo que advirtió sobre la compleja situación que atraviesan los jubilados y sectores vulnerables para afrontar los costos fijos y la amenaza latente de cortes automáticos de EJESA ante la falta de pago.
Desbordado por la crisis energética, el gobierno emitió un decreto de emergencia que se extiende hasta el 31 de diciembre de 2027. Sin embargo, la medida parece no ser suficiente porque no contempla un freno a los aumentos tarifarios.
Es por esta razón que, se retomó la junta de firmas (que había alcanzado las 11.000 posturas de usuarios), y así exigir la intervención de los diputados sancionando una ley. El nuevo objetivo es 18.000 firmas para hacer una nueva presentación ante la Legislatura.
Los integrantes de la iniciativa popular, recorren localidades del interior sumando posturas y avanzando firmes en su postura.
Tramo final y próximo ingreso a la Legislatura
En diálogo con Radio 2, Marcelo Pastore, referente del sector de vecinos autoconvocados de la ciudad de San Pedro, brindó detalles sobre el avance de la campaña que busca llevar un proyecto de ley por iniciativa popular a la Legislatura provincial.
Según explicó, el número mínimo requerido por la ley, fijado en 17.700 firmas, ya se encuentra cubierto con creces. No obstante, detalló que prevén realizar un recorrido en los próximos días por distintas localidades del norte provincial —como Tilcara, Maimará y La Quiaca— para asegurar que toda la región esté representada antes de la presentación formal.
Principales ejes del reclamo y del proyecto:
Revisión del contrato y fin del monopolio: La iniciativa popular solicita formalmente que se evalúe el cumplimiento del plan de inversiones de la empresa prestadora, se revise el contrato de concesión ante las fallas y prestaciones deficientes, y se analice la apertura a múltiples prestadoras para terminar con el monopolio del servicio.
Cargos y tasas en las facturas: El proyecto también reclama que se eliminen de la boleta de energía todos los cargos, tasas municipales y provinciales que encarecen el monto final que deben abonar los usuarios.
Impacto social y económico: Los autoconvocados criticaron el peso de las facturas actuales, agravado por superposiciones de vencimientos en un mismo mes, y cuestionaron el rol de los organismos de control y los funcionarios ante la falta de respuestas a las demandas cotidianas de los vecinos.
Por último, Pastore recordó que la herramienta se ampara en los mecanismos constitucionales vigentes, por lo que una vez presentado el proyecto con el aval requerido, los legisladores provinciales tendrán plazos formales establecidos para su tratamiento obligatorio en el recinto.
El referente de los adultos mayores de Palpalá, Juan Carlos Mamani, remarcó la vigencia de una normativa provincial que otorga una tarifa social con un50% de descuento en las facturas de luz y aguapara jubilados y pensionados en situación de vulnerabilidad económica.
Se trata de un beneficio fijado originalmente por la Ley Provincial N° 4391 y su posterior modificatoria, la Ley N° 4698, sancionada en el año 1993.
Según explicó el dirigente, a pesar de estar plenamente vigente, una gran parte de los beneficiarios desconoce su existencia debido a la falta de difusión masiva.
“Hay mucha gente que realmente no sabía de este tema y hay que darlo a conocer. La provincia se hace cargo del 50% del servicio de energía y agua para aquellas personas que cumplen con los requisitos de la ley“, señaló Mamani.
¿Cuáles son los requisitos para acceder al descuento?
Para poder tramitar la quita del 50% en el cuadro tarifario ante las oficinas de EGESA y la prestataria de agua, los titulares del beneficio deben cumplir con los siguientes condicionantes fijados por la legislación provincial:
Topes de ingreso: Percibir un haber mensual que no supere el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
Única propiedad: Ser propietario o titular de un único inmueble destinado a vivienda familiar.
Sostén de familia: Ser el único sostén o cabeza del grupo familiar conviviente.
Alcance provincial y llamado a los centros de jubilados
Estimaciones del sector indican que en Jujuy residen aproximadamente 92.000 jubilados, de los cuales unos 35.000 adultos mayores se encuentran en condiciones de solicitar el subsidio por sus niveles de ingreso.
Mamani indicó que iniciará una ronda de contactos con las comisiones directivas y presidentes de los Centros de Jubilados de distintas localidades para acercar los formularios y asesorar en la presentación de la documentación.
“Hoy un jubilado está pagando entre $60.000 y $80.000 de luz y servicios básicos. En el contexto actual, el adulto mayor es el que más sufre no solo por el haber atrasado, sino por los remedios y la alimentación. Este descuento es un derecho que está por ley y hay que exigir que se aplique“, concluyó.
El debate por la calidad del servicio de energía eléctrica en la provincia sumó un nuevo capítulo desde el ámbito municipal.
Concejales del Frente Palpaleño expresaron la necesidad de discutir la estatización de la empresaEJESA, al considerar que la prestadora privada no ha realizado las inversiones requeridas para garantizar un suministro eficiente y seguro.
El proyecto de declaración, que ya tomó estado parlamentario en el Concejo Deliberante de Palpalá y se encuentra en análisis de comisiones, insta a la Legislatura de Jujuy a poner en agenda la recuperación estatal del servicio de distribución eléctrica.
“EJESA nunca cumplió con un servicio eficiente. La declaración de emergencia energética por parte de la provincia es la prueba de que el sistema no funciona como corresponde. Creemos que la única salida definitiva es la estatización”, sostuvo el edil Oscar Alcocer.
El legislador local advirtió que los recientes cortes y variaciones de tensión derivados de las inclemencias climáticas generaron pérdidas económicas irrecuperables para comerciantes, el sector productivo y vecinos en general.
Respecto a los anuncios de compensación por electrodomésticos dañados, Alcocer se mostró escéptico y argumentó que las condiciones y requisitos exigidos para tramitar los resarcimientos vuelven el proceso sumamente complicado para los usuarios. Señaló que en la práctica muy pocas familias logran cobrar la reparación de sus artefactos quemados, por lo que la solución de fondo pasa por recuperar la soberanía estatal del servicio.
“Si la multa no resulta eficaz, hay que avanzar con medidas más firmes”
Por su parte, el concejal Rubén González se refirió a la reciente sanción económica dispuesta contra la distribuidora y al rol que debe cumplir la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) como organismo de contralor.
“Que el Gobierno aplique una multa de 500 millones de pesos demuestra que existió un incumplimiento real en la prestación. Es el camino correcto exigirlo, pero si las multas no son suficientes para que la empresa invierta, hay que considerar seriamente provincializar la energía como lo fue en su momento”, enfatizó.
El secretario de Comunicación del gobierno provincial, Alberto Siufi, brindó su conferencia habitual de los días lunes y allí habló de multas a la empresa EJESA por los prolongados cortes de luz y resarcimiento a los usuarios.
También hizo mención a falta de giros de Nación para la obra de Ruta 34, a la infraestructura escolar y al escenario del parodocente.
Compensación a usuarios por cortes de luz y una auditoría histórica a EJESA
Tras la sanción de más de $500 millones de pesos impuesta a la distribuidora EJESAmediante la Resolución 242 de la SUSEPU, el Gobierno formalizó el esquema de resarcimiento para los usuarios que sufrieron interrupciones prolongadas del servicio.
Alcanza a más de 120.000 usuarios alcanzados.
La compensación será tres veces el valor horadel consumo promedio del último año, multiplicado por la cantidad de horas sin servicio (con registros de entre 8 horas y hasta 4 días).
No requiere trámite individual. El monto total —estimado en cerca de $1.000 millones de pesos— se acreditará automáticamente en la próxima factura.
Además, se exigirá a EJESA una inversión acelerada de $1.000 millones antes del 31 de diciembre. A su vez, el Estado provincial contratará una empresa auditora externa para realizar un relevamiento técnico “poste por poste” en toda la red de distribución.
Obras públicas en crisis: paralización en la Ruta 34 y colegios técnicos
Según el vocero, la falta de giros de fondos desde la Administración Central volvió a paralizar frentes de obra clave en el territorio provincial:
Ruta Nacional 34 (El Cuarteadero – San Pedro): La empresa Chediac suspendió las actividades por 20 días y licenció a 180 trabajadores. La contratista reclama un saldo adeudado por $19.000 millones de pesos(correspondientes a 4 certificados). Para retomar el trabajo, exigían la cancelación de los certificados de enero y febrero ($6.500 millones), que no fueron liquidados. Se solicitó formalmente una gestión conjunta entre legisladores oficialistas y opositores para destrabar los recursos.
Agrotécnicas paralizadas: Quedaron detenidas las obras de ampliación en la Agrotécnica N° 5 de Fraile Pintado, la Escuela N° 14 de Yuto y la Agrotécnica N° 1 de El Brete (Palpalá), encuadradas en el Programa 39 del INET. De un presupuesto superior a $500 millones, Nación solo giró un anticipo de $62 millones en noviembre pasado.
Tramo con fondos provinciales: En contraposición, la obra de la Ruta 34 en el tramo Pampa Blanca – El Cuarteadero (a cargo de Panedile) se mantiene activa con 300 trabajadores y financiamiento de la provincia. Se prevé una habilitación parcial para el mes de octubre hasta el empalme con la Ruta 66.
Paro docente: descuentos confirmados
Ante el reinicio del ciclo lectivo y las medidas de fuerza anunciadas por los gremios docentes, la postura oficial marcó diferencias según la representatividad jurídica:
CEDEMS (Secundario y Superior): Frente al paro por 72 horas, se confirmó que se descontarán los días no trabajados, además de aplicarse los descuentos pendientes de la paritaria anterior, al considerar roto el acuerdo de paz social firmado previamente.
ADEP (Inicial y Primario): El Ejecutivo no reconoció la existencia de una medida de fuerza orgánica del gremio. Quienes adhieran a las convocatorias de grupos autoconvocados serán computados bajo la figura de “falta sin aviso”, con los efectos normativos que ello conlleva.
Los últimos días estuvieron atravesados por fortísimos vientos zonda, los cuales provocará cortes de luz en varios puntos de Jujuy. La problemática fue más allá del fenómeno meteorológico ya que desnudó las falencias de la empresa EJESA, con sectores sin servicio por más de 30 horas, situación que derivó en duros reclamos de los usuarios.
En ese contexto, el gobierno provincial emitió un decreto de emergencia energética.
¿Qué dice EJESA?
Este martes, los responsables de la compañía EJESA brindaron una nueva conferencia de prensa tras todo lo acontecido para exponer el trabajo realizado ante la contingencia.
Ernesto Vaccaro, gerente general, remarcó que el evento meteorológico reciente no fue un evento habitual de viento norte, sino un temporal atípico por su duración de 48 horas continuas que obligó a pausar por momentos los trabajos en altura para resguardar la vida del personal técnico.
Dijo que la compañía movilizó a 160 empleados propios, más de 100 operarios de empresas contratistas locales y debió solicitar refuerzos operativos y equipamiento (grúas y guinches) a la provincia de Tucumán.
Según lo relevado, durante las 48 horas de mayor intensidad se atendieron más de 2.500 incidentes ajenos al sistema eléctrico, incluyendo la caída de árboles, voladuras de chapas, y el colapso de postación de cables de telefonía sobre las líneas de media y alta tensión. Enfatizó en que tras el cese de las ráfagas, la empresa alcanzó la reconexión de casi el 90% de los usuarios afectados en un plazo de dos días.
Compra de energía
El directivo fue interrogado sobre los valores de compra de energía a la empresa provincial JEMSE y los contratos con la firma SECCO: “El contrato de abastecimiento fotovoltaico con SECCO contempla un valor de 79 dólares el megavatio. Cabe aclarar que en el sistema interconectado de CAMMESA el costo ha llegado a situarse por encima de los 90 dólares debido al sinceramiento de precios y la quita de subsidios nacionales”, indicó.
Estructura de la boleta: tasas e impuestos
Frente a los constantes reclamos sociales por los abultados montos en las facturas de luz, Vaccaro desglosó el destino final de cada ítem cobrado en la boleta:
25% es de ingreso propio de EJESA para operación en inversiones
34% lo recibe el gobierno nacional
El porcentaje restante (41%) son tasas e impuestos provinciales y municipales
Respecto al cobro unificado de impuestos y tasas (como la tasa de alumbrado público o la tarifa del servicio de agua), Vaccaro aclaró que EJESA actúa como mero agente de retención obligado porleyes provinciales y ordenanzas municipales aprobadas, deslindando la responsabilidad de la empresa privada en la formulación de dichos cargos.
Finalmente, ratificó que la empresa presenta anualmente los informes del Plan Quinquenal de Inversiones y Mantenimiento ante la Superintendencia de Servicios Públicos (SUSEPU) y defendió que las variaciones tarifarias del VAD se han mantenido por debajo de los índices acumulados de la inflación general.
El malestar generalizado de la ciudadanía jujeña con EJESA llegó al punto de que gremios y organizaciones recolectaron más de 11.000 firmas para pedir un alto a los aumentos y que se revea el contrato de concesión a la empresa.
Esta semana, se retomó la campaña de “Iniciativa Popular”, con una nueva junta de firmas en Palpalá.
Crudo testimonio de una usuaria palpaleña
Durante la recolección de posturas, la vecina Patricia Gutiérrez rompió el silencio y relató la desesperante situación económica y de salud que atraviesa junto a su hija de 18 años por los montos desproporcionados del servicio eléctrico.
“Lamentablemente es una situación muy difícil la que estamos viviendo. Prácticamente no comemos por pagarle a EGESA y las cuentas que debemos. Me atrasé una boleta, me cortaron la luz y encima ahora te cobran la reconexión. Nos quedamos en cero antes de mitad de mes“, expresó angustiada.
La indignación de Patricia radica en que el consumo facturado no coincide en absoluto con la realidad de su vivienda: “Yo digo ¿por qué me cobran tanto si son injustos? En mi domicilio no tengo ni heladera, ni ventiladores, ni estufas. La última boleta me vino de 71 mil pesos. Es una locura”.
Además, la residente expuso una práctica insólita por parte de la empresa prestataria: aseguró tener en su poder boletas emitidas por adelantado correspondientes a los meses de agosto y septiembre, cuando todavía no se transitaron esos períodos del año.
Patricia contó que padece epilepsia y subsiste gracias a una pensión por discapacidad que hoy se licúa por completo entre las tarifas de luz y agua.
Le pido a EJESA que se compadezca de la gente pobre. Y a los diputados y gobernantes les pido que hagan algo para el pueblo, que dejen de mirarse entre ellos porque la salud no me da para recorrer oficinas buscando respuestas.
El malestar generalizado de la ciudadanía jujeña con EJESA llegó al punto de que gremios y organizaciones recolectaron más de 11.000 firmas para pedir un alto a los aumentos y que se revea el contrato de concesión a la empresa
Al ver que la situación no avanza, se retomó la campaña ciudadana de “Iniciativa Popular”,este miércoles en el barrio Belgrano de la ciudad de Palpalá.
Vecinos de diferentes sectores se acercaron a plasmar su firma en un proyecto de ley que busca “ir al hueso” contra los tarifazos, los cortes constantes, las subas y bajas de tensión, y la falta de control a la empresa monopólica de energía eléctrica.
Juanita Leiva, una de las impulsoras, destacó que el descontento es generalizado y no tiene banderas políticas: “Los jujeños estamos sosteniendo una empresa que no da respuestas. Vemos familias a las que EGESA les retiró el medidor y les sigue facturando el costo de la energía. Hay una inactividad total de los organismos de control y las soluciones a medias no le sirven a la gente”.
Por su parte, Marcelo Pastore explicó la importancia legal de esta movilización, respaldada por el artículo 2 de la Constitución provincial: “Elegimos la iniciativa popular porque es vinculante. Los legisladores tienen que tratarla sí o sí. Nos va a permitir estar en las comisiones con voz para marcarle la agenda a diputados que hoy parecen desconectados de la realidad de la gente”.
También cuestionó el blindaje informativo que rodea a la firma: “Siempre ha sido un tema tabú en Jujuy. Es engorroso acceder a la información pública para saber bajo qué condiciones se dio la concesión y si se cumplió el plan de inversión. Además, la SUSEPU se lleva un buen porcentaje de lo que pagamos en la boleta pero impone requisitos incumplibles para el usuario que quiere protestar”. Noticiaslocales Jujuy
La recolección de firmas continuará en el interior de la provincia para cumplimentar los requisitos legales del proyecto de ley. “Queremos ver en la Legislatura quién es quién y qué intereses defienden los 48 diputados“, sentenciaron.
