“Te pido en nombre mío y del gobernador que bajes esa tapa”: denuncian al gobierno por intento de censura
El Foro de Periodismo Argentino cuestionó al Gobierno de Jujuy por lo que consideró un intento de condicionar el contenido de un medio local y luego sancionarlo económicamente.
Según la organización, el conflicto empezó con una nota del semanario El Expreso de Jujuy sobre las consecuencias políticas que dejó la interpelación en la Legislatura al ministro de Turismo, Federico Posadas, y las diferencias que ese tema generó dentro del oficialismo.
Los responsables del medio relataron que el viernes 23 de octubre empezaron a recibir llamados de funcionarios provinciales para que no publicaran la nota que estaba prevista como tema central de la edición del sábado 24. El argumento que les dieron, según esa versión, era que se trataba de un asunto interno del Gobierno.
La situación se agravó en la madrugada del sábado, cuando el secretario de Prensa, Alberto Siufi, le envió un audio al editor del semanario para insistir con el mismo pedido.
A pesar de eso, el medio decidió mantener la publicación. La edición número 975 salió con el título en tapa Posadas y el descontrol, y el desarrollo en páginas interiores con el título Posadas, incendio y después.
Después de esa publicación, el Gobierno dejó de enviar la publicidad oficial que el semanario recibía habitualmente. Desde el medio aseguran que intentaron comunicarse varias veces con Siufi para pedir explicaciones y no tuvieron respuesta.
Ante ese silencio, el jueves 12 de noviembre enviaron un correo formal al Ejecutivo reclamando que se regularice la pauta y advirtieron que, si la situación continúa, iniciarán acciones legales.
Consultado por FOPEA, Siufi negó que haya existido una represalia. Dijo que no hay ningún condicionamiento a la línea editorial de ningún medio y explicó que la interrupción responde a una readecuación presupuestaria y a criterios técnicos de difusión, que se aplicarían de manera general. También sostuvo que la pauta no es un subsidio permanente ni un derecho adquirido.
Para FOPEA, esa explicación no alcanza. La entidad señaló que no se aclaró el contenido del audio atribuido a Siufi ni se presentó documentación que respalde el supuesto ajuste presupuestario. Además, remarcó la coincidencia entre los pedidos previos a la publicación y el corte posterior de la publicidad.
El pronunciamiento se da pocos días después de que se conocieran planillas oficiales sobre el reparto de la pauta en la provincia. Según esos datos, difundidos a partir de pedidos de informe de la oposición, de un presupuesto global de 3.200 millones de pesos para comunicación, más de 2.000 millones, cerca del 65 por ciento del total, se concentraron en cinco grupos de medios cercanos al oficialismo.



















