Adorni compró un departamento por US$230 mil y dos jubiladas financiaron el 87%

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quedó en el centro de una investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito luego de que se conocieran detalles sobre la compra de un departamento en el barrio porteño de Caballito por USD 230.000

La operación, realizada el 18 de noviembre de 2025, fue registrada oficialmente en el Registro de la Propiedad Inmueble, según un informe de dominio obtenido por el diario La Nación.

Una compra financiada casi en su totalidad por las vendedoras

El inmueble, de casi 200 metros cuadrados, pertenecía previamente a dos mujeres que lo habían adquirido meses antes. Se trata de Beatriz Viegas, jubilada de 72 años, y Claudia Sbabo, quienes además de vender la propiedad actuaron como acreedoras del crédito hipotecario.

Según consta en la documentación, ambas otorgaron un préstamo por USD200.000, casi el 90% del valor total, que permitió concretar la compra.

De esta manera, las propias vendedoras financiaron la mayor parte de la operación y quedaron registradas como acreedoras en partes iguales.

En paralelo a la compra en Caballito, el funcionario también adquirió en noviembre de 2025 otra propiedad en el country Indio Cuá Golf Club, ubicado en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Este inmueble figura a nombre de su esposa, Julieta Bettina Angeletti. Sin embargo, según los registros, las expensas del lote comenzaron a emitirse a nombre de ella, lo que podría indicar una relación patrimonial no declarada.

La denuncia y el avance de la causa judicial

La investigación se originó a partir de una denuncia presentada por la diputada Marcela Pagano, quien advirtió un incremento patrimonial del 500% en un solo período fiscal.

Además, señaló inconsistencias en las declaraciones juradas, incluyendo la omisión de activos financieros, depósitos en el exterior por más de $16.000.000 y la incorporación de USD 24.500 en efectivo, supuestamente justificados con préstamos familiares.

En este contexto, el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una serie de medidas de prueba para avanzar en el expediente.

Qué busca la Justicia en la investigación sobre Adorni

El requerimiento incluye el análisis de registros de propiedades, vehículos y movimientos financieros, con el objetivo de identificar activos no declarados tanto del funcionario como de su esposa.

La fiscalía busca determinar el origen de los fondos utilizados en las operaciones inmobiliarias, así como posibles vínculos entre los actores involucrados.

En particular, se intenta esclarecer si hubo omisiones en las declaraciones juradas o si las compras pueden justificarse con ingresos legales.

Un patrimonio bajo análisis

De acuerdo con la última declaración presentada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni solo informó el 50% de un departamento en la Ciudad de Buenos Aires y el 100% de otro inmueble en La Plata.

No figuran propiedades en countries ni en Exaltación de la Cruz, lo que refuerza las dudas que motivaron la investigación.

Por el momento, el juez Lijo no resolvió sobre las medidas solicitadas, pero se espera que en las próximas semanas el expediente avance con información clave para determinar la situación patrimonial del jefe de Gabinete.

La abogada argentina retenida en Brasil abandonó el departamento que ocupaba por amenazas

Un nuevo episodio de tensión se escribió en la historia de Agostina Páez, la abogada e influencer santiagueña que enfrenta cargos por injuria racial en Río de Janeiro. En las últimas horas, tres individuos ingresaron sorpresivamente al departamento en el que residía, provocando pánico y un abrupto cambio de residencia, mientras la Justicia brasileña le exige instalarse una tobillera electrónica en los próximos cinco días para evitar que abandone el país.

Según información divulgada por O Globo, Páez aún no cumplió con la medida de control impuesta, que busca restringir cualquier intento de salida repentina de Brasil.

El diario remarcó que la joven posee un plazo de cinco días para la colocación del dispositivo. El detective Diego Salarini, jefe de la Comisaría 11 de Río de Janeiro, anunció que la investigación se encuentra en su tramo final y las pruebas serán remitidas al Ministerio Público en la semana. También confirmó que se aguardan nuevas declaraciones tanto de la presunta víctima como de testigos directos, entre ellos el gerente del local involucrado en el episodio inicial.

La situación de Páez se complicó luego de que una discusión en un boliche de la zona sur de Río de Janeiro, el 14 de enero, derivara en una denuncia penal. De acuerdo con el expediente, una revisión de las cámaras de seguridad mostró a la joven realizando gestos y sonidos comparables a los de un mono y utilizando el término de manera discriminatoria, lo que motivó la acusación de injuria racial. En Brasil, este delito está equiparado al racismo, con penas que oscilan entre dos y cinco años de prisión y que no admiten el beneficio de la excarcelación bajo fianza.

Tras el incidente que la dejó varada en el país sudamericano, Páez había abandonado el hotel en el que se alojaba para mudarse a un departamento. Ayer, cerca de las 15:00 horas, un nuevo sobresalto sacudió la rutina de la joven, quien al regresar de una salida fue sorprendida por tres personas que, según dijeron a su abogado Sebastián Robles al medio El Liberal, afirmaron ser policías, aunque “todo resultaba confuso”.

Tras el episodio, los encargados del edificio aconsejaron a Páez marcharse del lugar por su propia seguridad. Su padre, Mariano Páez, relató: “La pobre está aterrada. ‘Papi, me quieren matar aquí’, me dijo recién”.

Estos episodios incrementaron la inquietud en la familia. “Vamos a solicitar el secuestro de los videos del incidente del 14 de enero, ya que el contexto es diferente al que enfrentamos con nuestra cliente”, sostuvo Robles al mencionado medio.

El letrado anunció además la inminente presentación de un recurso de habeas corpus para lograr que Páez pueda retornar a Argentina, considerando que permanece “casi detenida en circunstancias adversas y confusas”.

La familia Páez evalúa la posibilidad de viajar a Brasil de manera inmediata para acompañarla, ante el agravamiento de su estado de ánimo y las amenazas recibidas. Robles puntualizó: “La idea no es obstaculizar el proceso, sino tratar de seguir los cauces judiciales que el juez impuso y buscar una resolución que le permita regresar al país con su familia”.

Vuelven a aumentar los sueldos de los senadores: cobrarán más de $9,5 millones por mes

Desde el próximo mes, los senadores nacionales percibirán más de $9,5 millones en bruto como parte de su dieta, gracias a una actualización salarial derivada de la paritaria firmada para los empleados legislativos. Como sus haberes están atados a los aumentos de los agentes del Congreso, y tras la reciente recomposición salarial del 1,3% retroactiva a marzo, abril y mayo, el monto vuelve a subir. El acuerdo contó con el aval de Victoria Villarruel y Martín Menem, titulares del Senado y Diputados.

Este sistema fue aprobado en abril de 2024, en una sesión sin mayor resistencia, y estableció que la dieta se calcula con 2.500 módulos legislativos, más 1.000 módulos por gastos de representación y 500 por desarraigo, con un valor actualizado del módulo que ronda los $2.376,04. Además, se agregó una dieta extra en el año para compensar el aguinaldo, con excepción de Alicia Kirchner, quien optó por seguir cobrando su jubilación.

Tras una breve suspensión de los aumentos que rigió hasta marzo por decisión unilateral de Villarruel, el congelamiento cayó y no hubo nuevos frenos. El kirchnerismo, molesto con el manejo del tema, decidió desligarse: «Nos hartaron. Que lo resuelva el oficialismo», lanzó un legislador cercano a José Mayans.

En paralelo, los gremios del Congreso presionaban por paritarias y obtuvieron el respaldo de legisladores del peronismo, ante la pasividad del gremio APL, que lidera Norberto Di Próspero. Este reclamo fue utilizado también por senadores para justificar la suba de sus propios ingresos.

En medio de este escenario de tensiones internas, versiones cruzadas y acusaciones mutuas, la figura de Emilio Viramonte Olmos, secretario administrativo del Senado, queda en el centro de la escena por su posible renuncia, aún no oficializada, lo que podría derivar en un papelón institucional. Mientras tanto, Villarruel reparte favores y castigos dentro de su entorno, y Menem opta por mantenerse al margen, en una Cámara baja donde el acceso a información sigue siendo opaco y poco transparente.

En mayo el sueldo de los senadores será el equivalente a más de 30 jubilaciones mínimas

Los senadores nacionales percibirán como dieta más de 9 millones de pesos desde mayo en brutoluego del descongelamiento del salario el 31 de marzo pasado y que no fue prorrogado.

Ese sueldo será más de 30 jubilaciones mínimas de $296.481,74 establecidas según la resolución 211/2025 publicada en el Boletín Oficial sin bono. Es decir que lo que cobra un senador es lo que reciben 30 jubilados, por lo cual esa cifra genera un fuerte rechazo en la sociedad.

Semanas atrás, la vicepresidenta Victoria Villarruel aspiraba a que los senadores se hicieran cargo del aumento.  

La titular del Senado intentó colar el tema en la sesión del pasado 12 de diciembre, cuando expulsaron a Edgardo Kueider, pero no logró consenso con los jefes de bloque ya que el recinto se abría, nada más y nada menos, para eyectar a un integrante.

Finalmente, Villarruel en aquella ocasión le puso el gancho a un decreto y prorrogó el 27/24, por el cual en agosto los senadores congelaron su dieta hasta el 31 de diciembre, tras engancharse a la paritaria de los trabajadores del Congreso en abril del 2024.

Los senadores tuvieron tiempo hasta la tercera semana de abril para expedirse, momento en el cual empieza la liquidación de sueldos a percibir en mayo. Sin embargo, no lo hicieron. En el medio pasaron varias reuniones, pero volvieron a esquivar la discusión.

En la polémica jornada de abril de 2024, de manos levantadas con vergüenza, los senadores dieron luz verde a un nuevo esquema de módulos y hasta sumaron la famosa dieta número 13 para emular un aguinaldo. 

Los senadores comenzarán a cobrar más de 9 millones de pesos mensuales

Los senadores nacionales se aprestan en los próximos días a incrementar sus dietas a una cifra que supera los $9 millones en bruto. Es que el congelamiento que regía sobre los sueldos -impuesto en agosto y prorrogado en enero- venció el 31 de marzo último. Durante todo el mes, los legisladores eludieron el debate. La última oportunidad fue cuando se dispusieron a homenajear al papa Francisco en el recinto.

En términos comparativos, esta cifra equivale a 23 veces el salario mínimo vital y móvil de abril ($296.832) y supera 18 veces la jubilación mínima con bono. Además, sus ingresos quedarán un 60% por encima de lo que percibirán los diputados nacionales, quienes rondarán los $5,7 millones brutos.

Ante la resistencia social a cualquier aumento de los legisladores, dentro del Senado el asunto genera más incomodidad que acciones concretas. De hecho, en vísperas de la última sesión, donde apenas se insinuó la posibilidad de tratar el tema, los senadores prefirieron dedicar el debate a un homenaje al papa Francisco por su aniversario pontificio.

Villarruel, quien había impulsado el congelamiento de sueldos, intenta ahora despegarse del efecto de esta medida. Sin embargo, tras el vencimiento del plazo de congelamiento, la responsabilidad de actuar quedó en manos de los senadores, quienes de momento no muestran intención de frenar el incremento.

La polémica por las dietas en la Cámara alta no es nueva. Ya en abril del año pasado, los senadores habían votado a mano alzada una resolución que duplicaba sus ingresos, introduciendo además una dieta decimotercera a modo de aguinaldo. En ese momento, elevaron sus haberes de alrededor de $2 millones a $4,5 millones brutos. La decisión generó un fuerte cruce con el Poder Ejecutivo y críticas que aún resuenan.

Las ratas del Congreso

La dieta de los legisladores es sin dudas una nueva oportunidad para que el presidente Milei ejerza su desprecio contra lo que abstractamente denomina “la casta”.

El presidente posteó una foto de dos ratas, con las manos levantadas, exhibiendo una remana con la leyenda “Unión por la Patria”. 

El mensaje que acompaña la imagen: “Las ratas del Senado evitaron congelar su dieta, van a cobrar 9 millones de pesos por mes”.

Viviana Canosa presentó una denuncia penal contra Lizy Tagliani 

En las últimas horas, Viviana Canosa presentó oficialmente su denuncia penal contra Lizy Tagliani y Costa en Comodoro Py y entregó todas las pruebas de lo que ella anticipó ayer en su programa.

Minutos después de que Lizy Tagliani volviera a hacer un descargo contra sus dichos, Viviana Canosa informó su llegada a tribunales. “¡Anticipé mi declaración! No dormí en toda la noche. Entrando a declarar”, expresó en sus redes sociales.

Ayer, la mediática volvió a hablar de Tagliani en su programa y aseguró que ella “tendría mucho cagaso” por el juicio que se llevará a cabo el 27 de agosto contra Marcelo Corazza, ex-Gran Hermano acusado por corrupción de menores.

“Todos saben que Lizy Tagliani conoce mucho a Marcelo Corazza. Dicen que la conductora tendría mucho cagaso que el 27 de agosto, cuando comience el juicio oral, aparezca su nombre en la lista de Corazza. Habría mucho temor en el canal que están todos contratados de aparecer en la lista del ganador de Gran Hermano”, agregó.

Además, señaló que ella y otras figuras más de Telefe habrían organizado fiestas con menores y que todos habrían encubierto esto durante la fiesta de casamiento de la humorista. “Hace mucho que vengo investigando el tema, pero necesitaba pruebas”, aclaró.

Costa fue una de las pocas artistas que salió a bancar a Lizy y cuestionar a Canosa. “No me sorprendió nada. ¿Por qué me iba a sorprender? Es una señora que tomaba lavandina, o sea”, soltó la panelista de Cortá por Lozano.

Aseguran que Insaurralde y Jesica Cirio se habrían reconciliado tras la detención de su esposo

El martes pasado, Elías Piccirillo, marido de Jesica Cirio, fue detenido tras ser implicado en una causa por estafa y robo. El financista de criptomonedas fue denunciado por Francisco Hauque, un empresario que lo acusó de deberle 6.5 millones de dólares ($6.530.000.000).

Casi una semana después del hecho, Cora Debarbieri contó en A la tarde (América) que habló con Victoria Xipólitakis, quien le confirmó que la conductora se reconcilió con su exmarido, Martín Insaurralde, con quien estuvo casada durante 10 años.

Dijo Xipolitakis que lo chequeó con tres fuentes. Hoy hablé con Victoria y me dijo: ‘Cora, las fuentes son realmente muy confiables’”, aseguró la panelista.

Luego, la periodista describió una situación que le llamó poderosamente la atención: “Me llama la atención que le escribí a Jesica Cirio, me leyó el mensaje y no me lo contestó. Estamos hablando de un tema delicado como para que ella no quiera contestar”.

El abogado de Jesica Cirio contó el mal momento que vive la modelo tras la detención de Elías Piccirillo

Elías Piccirillo, el marido de Jesica Cirio, fue detenido el pasado martes tras ser implicado en una causa por estafa y robo. El financista de criptomonedas fue denunciado por Francisco Hauque, un empresario que lo acusó de deberle 6.5 millones de dólares ($6.530.000.000).

En diálogo el abogado de la conductora, Claudio Caffarello, aclaró cómo está la situación judicial y anímica de su clienta.

“Ella judicialmente no está ni investigada ni imputada por ningún tipo de participación en la conducta que, sí, sabemos todos, se le imputa a su ex marido, por qué lo digo así, porque ya los trámites de divorcio están iniciados”, confirmó Caffarello sobre el vínculo entre Cirio y Piccirillo.

Jesica Cirio quedó en medio del escándalo judicial de Elías Piccirillo (Foto: Instagram / jesicacirio)

Sobre el estado anímico de la conductora, el letrado manifestó: “Ella está conmovida, no es una situación fácil. Pero, bueno, ya está, es lo que vive y está afrontándola”.

Respecto a los bienes de Cirio, que se dijo en las últimas horas que tiene 42 departamentos, su abogado explicó: “Las declaraciones juradas de la señora Cirio están agregadas en la otra causa, la que ustedes recién aludieron, y que obviamente, por razones obvias, no voy a exhibir, ni voy a enumerar. No es eso que están diciendo ahí. Ahí no hay 42 departamentos”.

Está conmocionada. Es muy fuerte lo que está viviendo. Está conmocionada, es una situación muy fuerte, en la que ella es absolutamente ajena, la salpica desde lo público, por supuesto, desde lo mediático”, cerró Caffarello.

Senado en la mira: los sueldos de los senadores podrían superar los 9 millones de pesos

El 31 de marzo se vence la resolución firmada por la vicepresidenta Victoria Villarruel en enero, que frenó la actualización automática de las dietas de los legisladores. 

A partir de esa fecha, la responsabilidad de decidir sobre el aumento recaerá nuevamente en los bloques del Senado. Según fuentes cercanas al Congreso, si no se toma ninguna nueva medida, desde mayo los senadores podrían pasar a cobrar al menos $9.000.000 brutos por mes.

Este aumento surge tras una serie de acuerdos previos entre los bloques, que en abril de 2024 aprobaron una nueva estructura de dietas. En ese momento, los senadores acordaron que sus remuneraciones serían fijadas por una cantidad de módulos, junto con adicionales por gastos de representación y desarraigo. Con estos ajustes, el monto de la dieta mensual superó los $7.000.000 brutos desde mayo del año pasado.

La situación se complicó en diciembre, cuando los senadores, después de diversas presiones y el aumento de salarios de los empleados del Congreso, decidieron congelar nuevamente sus dietas hasta el 31 de marzo. Esta decisión había sido tomada en una votación unánime del pleno de la Cámara Alta.

A pesar del descongelamiento inminente, las tensiones continúan en el Senado. Algunos senadores han expresado su descontento con la alta carga impositiva que implica el pago de Ganancias sobre sus dietas, lo que ha generado descontento y alimentado el debate sobre las condiciones laborales dentro del Congreso.

El tema sigue siendo motivo de discusión, mientras las paritarias de los empleados del Congreso también están siendo monitoreadas por los gremios. En este contexto, algunos sectores del Senado buscan equilibrar la disparidad en los módulos asignados entre las distintas bancadas. Mientras tanto, los legisladores se preparan para abordar este tema en la próxima sesión, con la posibilidad de que las nuevas dietas entren en vigor a partir de mayo.

Otra polémica: Milei promociona una beca de una universidad privada

Unos días antes de quedar envuelto en un escándalo por la difusión del token $LIBRA, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para compartir otra iniciativa privada creada en honor a su ideario liberal. Se trata de la beca Presidencia de la Nación impulsada por la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade), una universidad privada que le había otorgado en 2022 un Doctorado Honoris Causa.

La institución, fundada por Alberto Benegas Lynch – a quien Milei considera un “prócer” y cuya definición de liberalismo cita de manera recurrente en sus discursos-, lanzó en febrero esta beca, que pretende cubrir el 100% del arancel para alumnos de grado y posgrado que busquen “acceder a una educación de excelencia, alineada con los principios del libre mercado, el respeto a la propiedad privada y la responsabilidad individual”. Todos son ideales que el líder de La Libertad Avanza ha proclamado defender desde que inició su carrera política. Es precisamente por eso que las autoridades de la universidad decidieron nombrar la beca “en honor a su investidura”.

“El presidente Javier Milei está llevando adelante desde la más alta magistratura del país las ideas que compartimos y defendemos desde nuestra institución”, expresaron fuentes del establecimiento educativo a LA NACION. Según especificaron, la iniciativa cuenta con el apoyo del Presidente, quien autorizó el uso de su imagen para la campaña “con el objetivo de facilitar el acceso a la educación superior a los alumnos con méritos académicos y profesionales destacados”, según expresaron en la Eseade. 

Así, con anuencia del Presidente, en febrero, aparecieron en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires afiches para promocionar de la beca. En los afiches podía verse la imagen del mandatario -vestido con la banda presidencial– junto a un código QR para obtener más información sobre la iniciativa validada por el Poder Ejecutivo. Ante la consulta de LA NACION, fuentes de la institución explicaron que dicha validación consiste en el envío de la nómina de beneficiarios a la presidencia, que también tiene la facultad de recomendar candidatos, un criterio que se tomaría en consideración al momento de realizar la selección junto a los antecedentes personales y profesionales del aspirante, su situación económica y rendimiento académico previo.

A pesar de esta participación, conforme lo detallado en los afiches y confirmado luego por fuentes de la Eseade, la universidad no recibe aportes de ningún organismo estatal para solventar el programa. LA NACION intentó comunicarse con el vocero presidencial Manuel Adorni para confirmar esta versión, pero al cierre de esta publicaciónb no había obtenido respuesta.

De este modo, según especificaron en la universidad se trata de una iniciativa privada para la cual Milei no solo prestó su imagen, sino también utilizó sus redes sociales para promocionar: en Instagram compartió una publicación sobre la beca “para la formación en las ideas de la libertad” en la que figuraba su foto y el logo de la Presidencia de la Nación junto al nombre de la Eseade.

Lo hizo el 2 de febrero, días antes de que difundiera a través de su cuenta de X el token$LIBRA, la criptomoneda cuyo valor se desplomó en pocas horas y abrió un escándalo que se judicializó en el país y en los Estados Unidos. Se investiga si hubo una megaestafa y si el Presidente tiene vinculación con los impulsores de la iniciativa. Además, lo ocurrido con el activo digital generó un fuerte rechazo de la oposición, que denunció al mandatario por incumplir con los deberes de funcionario público contemplado en la Ley de Ética Pública al haber utilizado sus redes sociales oficiales en beneficio de intereses privados.

“Hay algo ético medio raro”

“Hay algo ético medio raro en que el Presidente esté prestando su imagen para dar publicidad a una universidad que justo es de quien es ídolo que es Benegas Lynch, cuyo hijo es diputado de las fuerzas del Presidente, y donde le entregaron a él (Milei) un [doctorado] honoris causa”, sostuvo Pablo Secchi, director de Poder Ciudadano, en diálogo con LA NACION

El 12 de diciembre de 2022, la institución había otorgado un reconocimiento al líder de La Libertad Avanza por su trayectoria. La ceremonia estuvo encabezada por Benegas Lynch que, según contó a LA NACION, no visita la universidad desde ese día y no tenía conocimiento de los pormenores de la iniciativa. Si bien ejerció el rectorado del establecimiento durante 23 años se alejó progresivamente de la institución. Hoy, María Teresa Bistué es la rectora de la Eseade. 

“Hay un vínculo cercano muy fuerte [entre Milei y la Eseade] y habría que ver qué pasa si otra universidad le pide usar su imagen, pero acá claramente el Presidente está favoreciendo a esa universidad”, agregó Secchi, quien, sin embargo, descartó que, a priori, Milei haya incurrido en una violación a las normativas vigentes: “El Presidente tiene que estar dedicado a asuntos públicos y no beneficiar a privados, pero en este caso no encuentro un delito en sí o un conflicto con la ley de Ética Pública”.

En la misma línea se expresó Enrique Mammarella, rector de la Universidad Nacional del Litoral. “Presidencia de la Nación me parece que debería, de alguna manera, entender que (Milei) es el presidente de todos y, a partir de allí, no elegir o sponsorear un establecimiento sobre otro; debería abstenerse de esas definiciones”, planteó en diálogo con LA NACION, pero aclaró que se trata de una discusión normativa. “Si el presidente quiere hacer propaganda porque entiende que la mejor universidad es en la que tiene un doctorado es parte de las cosas que puede llegar a hacer. En la ética presidencial, no debería ocurrir, pero como persona lo puede hacer”.

Además, aunque explicó que la Eseade tiene la potestad de definir libremente el alcance y nombre de la beca, Mammarella expresó reparos en torno a la denominación elegida. “Todas las universidades tienen algún tipo de beca que permita a los estudiantes con menos posibilidades realizar su carrera universitaria y decide cómo quiere llamarla. Esta es un homenaje a él (Milei) y me parece muy bien. Pero entiendo que, en ese caso, debería llamarse Javier Milei”, dijo. También cuestionó que se utilizara el escudo de la presidencia en los afiches publicitarios dado que es un símbolo oficial que podría generar confusión respecto de la participación del Estado en el programa.

Insólito: la Agencia Nacional de Discapacidad usó términos como “idiota”, “imbécil” y “débil mental”

La resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), difundida en el Boletín Oficial en enero, instauró una nueva regulación para la valoración médica de incapacidad en el acceso a las Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral.

La nueva normativa sobre los cambios en los requisitos de elegibilidad ha ganado atención recientemente debido a la viralización de ciertos términos usados en el Anexo I, que incluyen palabras como “idiota“, “imbécil” y “débil mental“, en referencia a personas con discapacidad intelectual. Fuentes cercanas al Ministerio de Salud informaron que “ANDIS es un ente autárquico y sus resoluciones no pasan por el Ministerio de Salud”.

La ANDIS informó que cambiará la resolución 187/2025

Mientras tanto, en la tarde de este jueves, la ANDIS informó que “modificará la Resolución 187/2025″, dado que dicha normativa “incluyó un anexo con términos que, históricamente, se han utilizado en la medicina psiquiátrica para describir grados profundos de déficit intelectual, pero que, en la actualidad, han sido discontinuados”.

El organismo aclaró que “la publicación de los términos en cuestión no tuvo ninguna intención discriminatoria, sino que se trató de un error derivado del uso de conceptos pertenecientes a una terminología obsoleta“.

La ANDIS anticipó que “la Resolución 187/2025 y su anexo serán modificados siguiendo los estándares médicos y normativos vigentes, con el objetivo de garantizar que la terminología utilizada esté alineada con las referencias internacionales, como la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11) y el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-5). Es importante aclarar que esta corrección no modificará el baremo ni sus criterios de evaluación”.

La terminología de la resolución oficial

El apéndice de la resolución 187/2025 define una categorización fundamentada en los coeficientes intelectuales (CI) para evaluar el nivel de discapacidad. El documento establece lo siguiente:

  • CI 0-30: “idiota”, sin capacidad de lectura ni escritura, sin control de esfínteres y sin posibilidad de subsistencia autónoma.
  • CI 30-50: “imbécil”, con posibilidad de realizar tareas rudimentarias y atender necesidades básicas.
  • CI 50-60: “débil mental profundo”, con capacidad de firmar, vocabulario simple y habilidades limitadas para el manejo del dinero.
  • CI 60-70: “débil mental moderado”, con conocimiento de operaciones simples y capacidad para trabajos de baja exigencia intelectual.
  • CI 70-90: “débil mental leve”, con escolaridad primaria o secundaria y posibilidad de desempeñar tareas más complejas.

El documento define la discapacidad intelectual como una “déficit en el crecimiento mental” y un “trastorno cuantitativo caracterizado por escasez del desarrollo intelectual, afectivo y cognitivo-práxico”.

También marca que “las exigencias sociales” pueden provocar alteraciones cualitativas en la personalidad de quienes padecen discapacidad.

La Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) y la Red Argentina Trisomía 21 emitieron un comunicado en el que califican de “ofensivos y obsoletos” los términos empleados en la resolución 187/2025 de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

ASDRA destacó que dichas palabras “refuerzan prejuicios y concepciones arcaicas que vulneran la dignidad de las personas con discapacidad intelectualSe trata de expresiones introducidas en 1912 y que fueron reemplazadas hace más de 70 años”.

”El uso de esta terminología no solo contradice los principios de respeto e inclusión promovidos por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, ratificada por la Argentina a través de la ley 26.378 en 2008, sino que también atenta contra décadas de avances en la construcción de una sociedad más equitativa y libre de discriminación“, agregó ASDRA en su comunicado.

“La discapacidad no puede ni debe ser definida a partir de criterios que perpetúan la exclusión y el desprecio hacia quienes forman parte de esta comunidad”, concluyeron.

Por su parte, desde AiepesA, organización que agrupa a entidades enfocadas en la asistencia a personas con discapacidad, expresaron que el contenido del texto “reincorpora terminología obsoleta y degradante en la evaluación de personas con discapacidad intelectual”.

Imagen Ilustrativa