El referente de los adultos mayores de Palpalá, Juan Carlos Mamani, remarcó la vigencia de una normativa provincial que otorga una tarifa social con un50% de descuento en las facturas de luz y aguapara jubilados y pensionados en situación de vulnerabilidad económica.
Se trata de un beneficio fijado originalmente por la Ley Provincial N° 4391 y su posterior modificatoria, la Ley N° 4698, sancionada en el año 1993.
Según explicó el dirigente, a pesar de estar plenamente vigente, una gran parte de los beneficiarios desconoce su existencia debido a la falta de difusión masiva.
“Hay mucha gente que realmente no sabía de este tema y hay que darlo a conocer. La provincia se hace cargo del 50% del servicio de energía y agua para aquellas personas que cumplen con los requisitos de la ley“, señaló Mamani.
¿Cuáles son los requisitos para acceder al descuento?
Para poder tramitar la quita del 50% en el cuadro tarifario ante las oficinas de EGESA y la prestataria de agua, los titulares del beneficio deben cumplir con los siguientes condicionantes fijados por la legislación provincial:
Topes de ingreso: Percibir un haber mensual que no supere el equivalente a dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVM).
Única propiedad: Ser propietario o titular de un único inmueble destinado a vivienda familiar.
Sostén de familia: Ser el único sostén o cabeza del grupo familiar conviviente.
Alcance provincial y llamado a los centros de jubilados
Estimaciones del sector indican que en Jujuy residen aproximadamente 92.000 jubilados, de los cuales unos 35.000 adultos mayores se encuentran en condiciones de solicitar el subsidio por sus niveles de ingreso.
Mamani indicó que iniciará una ronda de contactos con las comisiones directivas y presidentes de los Centros de Jubilados de distintas localidades para acercar los formularios y asesorar en la presentación de la documentación.
“Hoy un jubilado está pagando entre $60.000 y $80.000 de luz y servicios básicos. En el contexto actual, el adulto mayor es el que más sufre no solo por el haber atrasado, sino por los remedios y la alimentación. Este descuento es un derecho que está por ley y hay que exigir que se aplique“, concluyó.
Ante la fuerte presión social, el gobierno jujeño evalúa un decreto para frenar los cortes de luz. Tras una tensa reunión con diputados oficialistas, gremios y organizaciones sociales anticiparon que el Ejecutivo provincial evalúa emitir un decreto para suspender los cortes de energía por falta de pago
La medida llegaría en medio del malestar desatado por el fuerte incremento de precios de EJESA y el pedido de declarar la emergencia tarifaria en la provincia.
¿Qué pasa en Salta?
Para hacer una analogía con lo que sucede en la vecina provincia de Salta, Radio 2 dialogó con el diputado local, Germán Rallé, teniendo en cuenta que recientemente el gobierno de Gustavo Sáenz anunció subsidios con tope de consumo de entre el 60 y 100% en luz y agua para hogares de menores ingresos.
“El jubilado hoy tiene que decidir si paga los servicios públicos, compra el remedio o come. Esto es muy triste. El Estado no puede soltarle la mano a los ciudadanos“, señaló el legislador aclarando que la medida comenzó a implementarse a través del Ente Regulador provincial, buscando dar “una respuesta inmediata” frente al endeudamiento de las familias.
Dijo que se estima que el beneficio y el bono extraordinario impactarán de manera directa en más de 42.000 usuarios salteños. Para evitar excesos, los subsidios (que van del 60% al 100%) contarán con un tope de consumo adaptado a las necesidades básicas del hogar. Además, aclaró que la inscripción se puede realizar tanto de forma virtual como presencial en las delegaciones de cada municipio.
Salta eliminó 10 tasas de la boleta
Uno de los puntos más llamativos de la gestión legislativa salteña fue la reducción de la pesada mochila tributaria que infla el costo final de las facturas de servicios.
Según detalló Rallé, mediante una ley extraordinaria aprobada en el marco del presupuesto, se logró reducir de 14 a solo 4 los impuestos provinciales que la provincia cobraba en las boletas. No obstante, el diputado reconoció que las tasas de alumbrado municipal y, sobre todo, el IVA nacional siguen siendo factores de enorme peso en el bolsillo de la gente.
El contraste con Jujuy y la crítica a la gestión nacional
La situación salteña reavivó el debate en la vecina provincia de Jujuy, donde los usuarios enfrentan un panorama complejo con contratos de parques solares dolarizados a 20 años y sin reducciones impositivas a la vista en sus boletas.
Asimismo, el diputado apuntó con dureza contra el rumbo macroeconómico del Gobierno nacional y la liberación de las tarifas: “El Estado nacional atiende los reclamos del Banco Mundial y del Fondo Monetario, pero no atiende el reclamo social. Ante un Estado nacional sórdido, las provincias tenemos que buscar ingeniosamente cómo redistribuir los recursos para que la gente no sufra tanto”.
Desde este 1 de septiembre entran en vigencia una serie de nuevos aumentos en las tarifas del gas y la electricidad en todo el país, que son el resultado de las actualizaciones oficiales dispuestas por los organismos reguladores y la Secretaría de Energía. Estas subas afectan a los usuarios de todas las categorías, incluyendo residenciales y comerciales, siguiendo los lineamientos de las revisiones tarifarias y el esquema de ajustes mensuales implementado para ambos servicios.
El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) y el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) hicieron efectivas, a través de diferentes resoluciones oficiales publicadas este lunes en el Boletín Oficial, las nuevas tarifas que deben aplicar las principales distribuidoras de gas y electricidad.
Estas medidas responden a la necesidad de preservar la sustentabilidad del suministro y garantizar la ejecución de los planes de inversión, así como la remuneración considerada justa para los licenciatarios.
La tarifa eléctrica muestra un aumento del 2,97% para usuarios de Edenor S.A. y 2,90% para usuarios de Edesur S.A. respecto a los valores vigentes en agosto.
Estos valores se deben a que el ENRE estableció que el mecanismo de ajuste mensual combine la variación del Índice de Precios Internos al por Mayor (IPIM) y del Índice de Precios al Consumidor (IPC), ambos publicados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). En julio de 2025, el IPIM arrojó una variación de 2,85% y el IPC del 1,9%, valores que determinaron el porcentaje final autorizado.
El costo propio de distribución (CPD) se actualiza según una fórmula que pondera 67% del IPIM y 33% del IPC, garantizando que la remuneración de las distribuidoras de electricidad se mantenga constante en términos reales durante el quinquenio tarifario.
Tal como es habitual, los nuevos cuadros tarifarios segmentan precios para usuarios residenciales de acuerdo con los niveles 1, 2 y 3, además de contemplar tarifas especiales para Clubes de Barrio y Entidades de Bien Público. Estas últimas se rigen por listados confeccionados por el Ministerio de Turismo y Deportes.
En el caso del gas natural, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) aprobó, mediante las resoluciones 632/2025 y 633/2025, la actualización de los cuadros tarifarios que deberá aplicar las distribuidoras de todo el país, como Metrogas S.A. y Naturgy Ban S.A. en sus área de concesión.
La medida responde a la revisión quinquenal de tarifas y a la adecuación de precios mayoristas del gas en el punto de ingreso al sistema de transporte (PIST), afectando a los usuarios residenciales, comerciales e industriales de la zona licenciada.
A partir de septiembre, los nuevos precios de gas en el PIST se trasladan íntegramente a los usuarios finales, conforme lo publicado y dispuesto en las resoluciones N° 357/2025 y 263/2025 de la Secretaría y del ente regulador.
A mediados de la semana pasada, el Ministerio de Economía oficializó un incremento al 6,8% en el recargo que afecta a casi dos tercios de los usuarios de gas natural por redes. Esta medida tiene el objetivo de financiar los descuentos que reciben quienes habitan en zonas frías de Argentina. En algunas regiones, el porcentaje será aún más elevado.
Hasta julio, el recargo en las facturas finales era del 6,6% sobre el componente del gas (PIST). El incremento a 6,8% comenzará a regir en agosto, consolidando la secuencia de ajustes que arrancó en 5,44% a principios de año, escaló a 6% en abril, 6,2% en junio y 6,4% a inicios de julio, durante la crisis de abastecimiento, llegando a 6,6% sobre el cierre del mes pasado. Se trata del quinto incremento en siete meses, en un contexto de restricción fiscal.
La metodología determina aumentos mensuales y consecutivos durante un total de 31 tramos, plan definidos en la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT). El objetivo es garantizar la prestación adecuada del servicio, la realización de inversiones y una remuneración justa para las empresas distribuidoras.
Las revisiones consideran también bonificaciones específicas establecidas para usuarios residenciales N2 y N3, quienes acceden a descuentos sobre el precio mayorista pagado por el segmento N1, conforme a lo instruido por la Secretaría de Energía y lo dispuesto como autoridad de aplicación del Decreto 465/2024 y su prórroga.
Además, se introduce un porcentaje específico para localidades abastecidas por gas propano indiluido: el valor de este producto será el 40% del precio calculado conforme el procedimiento vigente.
La Secretaría de Energía fundamentó la continuidad del proceso de actualización tarifaria, citando la necesidad de corregir los precios relativos de la economía, preservando la viabilidad de las inversiones y evitando el desfasaje en el financiamiento del servicio público.
Señalan que “resulta razonable y prudente continuar para el mes de septiembre de 2025 con el sendero de actualización de los precios y tarifas del sector energético”, ratificando que los aumentos forman parte de un proceso más amplio de revisión quinquenal y que buscan adecuar las tarifas a las condiciones del mercado y la estructura de costos real del sector.
Recientemente, la titular del Comité de Defensa del Consumidor (CODELCO), Alicia Chalabe, confirmó que el último aumento de precio de la energía eléctrica fue de 180% entre cargos fijos y variables, y teniendo en cuenta el porcentaje, dijo que “hay que reclamar; es la segunda suba del año, la segunda resolución de la SuSePu que autoriza el aumento del servicio de energía eléctrica. Se aprobó un nuevo cuadro tarifario que prevé un aumento del precio del servicio cada dos meses: la última es la boleta de febrero y marzo con un nuevo aumento”
“Proponemos a los usuarios que hagan el reclamo y tengan el número de ese reclamo, es la única manera de suspender el corte del servicio. Tiene que reclamar con la factura y que tiene que constatar cuál es el período por el que reclama”, agregó. Asimismo, recordó que “el cargo fijo y variable aumentaron el 180%. El año pasado pedimos al juez Casas, que tenía el expediente judicial, que suspendiera el corte del servicio. Si transcurre esta semana y continúan llegando las boletas con aumentos haremos una presentación pidiendo la suspensión de cortes de servicio”.
Por otro lado, Chalabe recordó el planteo de que “la resolución del año pasado era nula porque se dictó en mayo y se aplicó desde abril. Había previsto las subas con la discusión del porcentaje hasta que el gobernador emitió el decreto diciendo que sería hasta el 48%. Las subas actuales fueron hasta el 48%, por lo que se interpretó que cada suba será de ese porcentaje” Además, consideró que “se vende energía por el sistema interconectado pero no se vieron reducciones en las facturas. La generación de energía tenía que impactar en el bolsillo de los usuarios”.
