Autor: prensa

El juez dio con documentos que probarían que las firmas contratadas por la organización de Belliboni luego hacían cheques a favor de la imprenta del partido.

La Justicia suma nuevas pruebas que complican cada vez más al Polo Obrero en la causa que investiga una defraudación millonaria al Estado Nacional al haber desviado millones de pesos del programa Potenciar Trabajo hacia una red de empresas que hicieron supuestas facturas truchas con el objetivo de justificar gastos y ocultar el verdadero destino del dinero.

Según se pudo saber basándose en fuentes judiciales, ya son seis las empresas con las que el juez federal Sebastián Casanello cree que se desviaron parte de los fondos del Potenciar Trabajo. Una red de firmas que la organización que conduce Eduardo Belliboni habría utilizado para justificar parte de los $360 millones que el Estado le transfirió en su condición de unidad de gestión, pero que no fue a parar en su totalidad a los beneficiarios del plan sino a un posible autofinanciamiento del espacio.

En los últimos días, los investigadores sumaron datos llamativos: el Polo Obrero presentó facturas hechas por una empresa que provee handies y que luego le hizo giros de dinero a otra empresa investigada; tienen en la mira una factura por la compra de siete computadoras a una compañía sin antecedentes ni oficinas y también se investiga la contratación de una agencia de publicidad que hizo campaña digital para el Partido Obrero con plata del Estado.

La ruta del dinero del Polo Obrero: se desviaron $40 millones del Potenciar Trabajo a seis empresas “truchas”

Hasta ahora, los investigadores tenían probado que el Polo Obrero había rendido gastos ante el exMinisterio de Desarrollo Social con facturas supuestamente falsas hechas por dos firmas: Coxtex (que para la AFIP es una empresa apócrifa) y la imprenta Rumbos, muy ligada al espacio que conduce Eduardo Belliboni. Hacia estas dos firmas se desviaron $25 millones.

Luego el juez federal Sebastián Casanello detectó que la Asociación Civil Polo Obrero presentó rendiciones ante la excartera de Desarrollo Social por unos $10.000.000 con facturas realizadas por dos firmas que luego hicieron cheques en favor de Rumbos, lo que podría configurar un autofinanciamiento con dinero del Estado. Estas compañías son Urban Graphics S.A. y Rico Print.

Se pudo saber que después de cobrar el dinero del PO, Urban Graphics emitió un cheque en favor de la imprenta Rumbos por $1.800.000. En tanto que Rico Print hizo lo propio por otros $269 mil. Se trata de dos datos llamativos si se tiene en cuenta que la Justicia ya tiene probado que Rumbos hizo aportes electores al Partido Obrero, que compite dentro del Frente de Izquierda.

Los investigadores probaron, además, que Rumbos contrató a la empresa Makosen, dedicada a la publicidad, para que haga campaña política para el Partido Obrero. Es decir, que el Polo Obrero podría haber financiado esa campaña con parte de la plata que recibió del Potenciar Trabajo y que se tendría que haber destinado a la compra de materiales, elementos de seguridad y vestimenta de los beneficiarios del Potenciar Trabajo.

La historia de empresas con facturación sospechosa continúa. El juez Casanello detectó que el Polo Obrero le compró siete computadoras y un software a una empresa llamada Miniso Trade SRL. Son varios los datos llamativos. La empresa se fundó en 2017, pero su primera factura se emitió en junio de 2022. ¿A quién? Al Polo Obrero. El detalle de la factura marca que es la 0001. El total de la compra fue por $3 millones. Ese año, el 2022, el Polo Obrero le había comprado computadoras a otra firma, que incluso se las vendía más baratas. ¿Por qué entonces decidió hacer esta compra?

Cuando los investigadores allanaron Miniso Trade se encontraron con una oficina vacía que no funcionaba desde 2020. Pero el dato más inquietante es que se trata de una factura casi idéntica a la que Coxtex le había hecho al Partido Obrero unos meses antes, en 2021. Tanto Miniso Trade como a esta última firma, dijo haberles comprado computadoras Lenovo y softwares.

Pero hay más: la Justicia también detectó que el Polo Obrero presentó rendiciones de cuentas por alquiler de handies a un proveedor llamado Carlos Osvaldo Monfrini. En la factura, que es por poco más de $1,2 millones, se detalla la contratación de ese curioso servicio que hasta el momento se desconoce para qué se utilizó. Este hombre endosó un cheque en favor de Rumbos. Más pruebas del autofinanciamiento con dinero estatal.

Si la Justicia confirma que plata del Estado fue a parar a las cuentas de Rumbos para que esta luego financie las campañas del Partido Obrero, podrían verse involucrados dirigentes del Frente de Izquierda que compitieron en esas elecciones.

De esta forma, la Justicia avanza con su reconstrucción de la Ruta del Dinero “P” y ya determinó que al menos $40 millones se desviaron hacia empresas investigadas por hacer facturas truchas u ocultar el dinero. Una de estas, como ya se contó, es Coxtex, que fue fundada por Luis Alexander Pichuaga y Mariana Vega. El escribano que firmó la escritura de constitución de esta compañía es Juan Bautista Darrasaga, que ya fue investigado por el caso Ricardo Jaime y Lázaro Báez, tal como contó La Nación.

La Justicia cree que Pichuaga y Vega no son los verdaderos dueños de Coxtex, sino que se trataría de unos prestanombres a los que una persona les pagó para que conformaran la empresa. La hermana de Pichuaga reconoció que a ese hombre le habían dado $40.000 para constituirse como dueño de la compañía y aseguró que no tenía nada que ver con el manejo de la sociedad.