Se espera la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo para responder las inquietudes de los legisladores en torno a los alcances de esa norma.
La Cámara de Diputados comenzará mañana a debatir el proyecto de ley de ‘Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos’ en un plenario de comisiones, donde se espera la presencia de funcionarios del Poder Ejecutivo para responder las inquietudes de los legisladores en torno a los alcances de esa norma.
El debate se pondrá en marcha luego de que el jueves se conformaran las comisiones que deberán analizar la iniciativa enviada por el Gobierno de Javier Milei, las de Legislación General -cabecera-; Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda, que se reunirán mañana entre las 14 y las 20, y el miércoles de 9 a 20.
El cronograma de trabajo fue acordado por los representantes de La Libertad Avanza (LLA) Gabriel Bornoroni, presidente de la comisión de Legislación General; Nicolás Mayoraz, designado al frente de la de Asuntos Constitucionales, y Presupuesto, que quedó a cargo del diputado de Avanza Libertad José Luis Espert.
Las reuniones, que serán de carácter informativo, por lo que no se contempla la firma de dictámenes, contarán con la exposición de funcionarios, ya sea en forma presencial o por Zoom, informaron fuentes parlamentarias.
Para organizar las preguntas que se les harán a los funcionarios se le pidió a los diputados que hasta hoy a la noche trasladaran sus inquietudes, vía mail, para poder ordenarlas de acuerdo a las diferentes temáticas.
La metodología de trabajo, que incorpora como novedad el horario previsto para finalizar las reuniones, recibió algunos cuestionamientos de diputados de bloques opositores.
Entre los legisladores que criticaron esa estrategia, Paula Olivetto, de la Coalición Cívica-Hacemos Coalición Federal (HCF), argumentó que “los funcionarios tienen que venir a la Cámara a explicar la Ley Ómnibus y contestar preguntas”.
“No es por Zoom. No es sin debate. Pareciera ser que no quieren que las cosas salgan. No es a las trompadas”, completó.
Por su parte, Espert explicó que “es una ley muy profunda, que contiene muchos artículos y muchos temas, por lo que se va a dar mucho debate”,
Desde Unión por la Patria (UxP), en cambio, más allá de advertir sobre todas las cuestiones de forma de los últimos días, como el sistema de elección de autoridades de las comisiones y la idea de que los ministros expongan vía Zoom, mantienen su postura de rechazar el total de los 664 artículos incluidos en el megaproyecto.
También en la oposición están alertas por el apuro con que el Gobierno y el oficialismo parlamentario querrían avanzar con el tema: el límite de las sesiones extraordinarias hasta el 31 de enero y la intención de algún diputado de LLA de emitir dictamen el próximo jueves son los factores que analizan.
Ese interrogante también inquieta a algunos representantes de bloques provinciales, que escucharon de boca de legisladores de LLA, al finalizar la jornada del pasado jueves, sobre la intención de dictaminar el jueves.
De hecho, ese día quedó libre en el cronograma de trabajo de esta semana y aún hay margen reglamentario para programar reuniones de comisión, aunque el presidente del bloque libertario de diputados, Oscar Zago, le puso paños fríos a esa posibilidad mientras se retiraba de la última reunión del jueves al reconocer ante la prensa que era “muy difícil” de lograr.
En cuanto a los temas que el plenario de comisiones deberá abordar desde mañana se destacan la declaración de la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025, que motivan el pedido de las mencionadas facultades delegadas.
También, se incluye la ratificación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica 70/23 que firmó Milei el 20 de diciembre.
Se solicita autorización para privatizar 41 empresas públicas entre las que figura Banco Nación, YPF, Aysa, Aerolíneas Argentinas y los medios estatales, y se propone la suspensión de la fórmula previsional utilizada para actualizar los haberes de los jubilados y se establece que el Gobierno dará aumentos por decreto.
