El Gobierno fijó los nuevos precios a través de una resolución publicada hoy en el Boletín Oficial.
La Secretaría de Energía dio a conocer el nuevo cuadro tarifario para el servicio de electricidad que sufrirá un aumento en promedio de 4% desde este mes.
Lo hizo a través de la Resolución 192/2024 publicada hoy en el Boletín Oficial.
La norma establece el Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST) correspondiente a la reprogramación trimestral y el precio de transporte y distribución del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
“En ese período -y para brindar mayor transparencia y estabilidad en los costos- se fijaron el Precio Estabilizado de la Energía Eléctrica (PEE), Precio Estabilizado del Transporte (PET) y Precios de Referencia de la Potencia (POTREF)”, señaló Energía en un comunicado de prensa.
El traslado del PEST será, según los horarios pico (18 a 23hs), valle (23 a 05hs) y resto (05 a 18hs).
Los nuevos valores son:
* N1 (ingresos altos) y sectores productivos (comercios e industrias): entre $62.026 y $58.596 kWh/mes.
* N3 (ingresos medios) y N2 (ingresos bajos): se siguen manteniendo las bonificaciones establecidas mediante la Resolución 90/2024 de esta Secretaría.
Esta actualización en el cuadro tarifario representa una suba del 10%.
La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, confirmó que a partir de hoy, desde las 8.30, comenzará a regir en la capital la nueva tarifa del transporte urbano de pasajeros, la cual había sido aprobada oportunamente por ordenanza municipal.
A partir de esta ultima actualización del 10% en el cuadro tarifario, el boleto en San Salvador de Jujuy costará $ 825,58. Desde San Salvador de Jujuy a Reyes pasará a costar $ 825,58; a Guerrero $ 949,47; a Termas de Reyes $ 1.073,44; a San Pablo de Reyes $ 949,47; a Yala $ 1.073,44; a Los Nogales $ 1.197,07; a Lozano $ 1.197,0 y a León $ 1.320,57.
Tras la declaración de la emergencia en el transporte en San Salvador de Jujuy se determinó una serie de aumentos en la tarifa en el ejido municipal que a la fecha ya suman seis en el año, con subas en enero, febrero, dos en marzo, junio y la actual.
Esta actualización en el cuadro tarifario representa una suba del 10%. En la jornada de hoy el servicio será reducido por el asueto.
La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, confirmó que a partir de mañana, desde las 8.30, comenzará a regir en la capital la nueva tarifa del transporte urbano de pasajeros, la cual había sido aprobada oportunamente por ordenanza municipal.
A partir de esta ultima actualización del 10% en el cuadro tarifario, el boleto en San Salvador de Jujuy costará $ 825,58. Desde San Salvador de Jujuy a Reyes pasará a costar $ 825,58; a Guerrero $ 949,47; a Termas de Reyes $ 1.073,44; a San Pablo de Reyes $ 949,47; a Yala $ 1.073,44; a Los Nogales $ 1.197,07; a Lozano $ 1.197,0 y a León $ 1.320,57.
Tras la declaración de la emergencia en el transporte en San Salvador de Jujuy se determinó una serie de aumentos en la tarifa en el ejido municipal que a la fecha ya suman seis en el año, con subas en enero, febrero, dos en marzo, junio y la actual.
Cabe mencionar que en la jornada de hoy, atendiendo al asueto administrativo y escolar decretado por el Gobierno provincial por el Día de la Pachamama, el transporte urbano de pasajeros prestará servicio con frecuencia reducida.
La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, recordó a la población y a los conductores que, con motivo de la realización del desfile por el Día de la Policía de Jujuy, que se llevará a cabo en avenida de los Estudiantes de Ciudad Cultural, hoy desde las 10.30, se procederá a la restricción del tránsito vehicular en dicha arteria, en ambos sentidos de circulación.
Además, las unidades de transporte urbano de pasajeros verán modificados sus recorridos. Los colectivos llegarán a Ciudad Cultural siguiendo el siguiente trayecto: Santibáñez, Comandante Pérez, Airampo, acceso a barrio 23 de Agosto, Suipacha, Colectora Pila Solá, avenida de las Carrozas, avenida de los Estudiantes, avenida Bolivia, avenida Córdoba, para retomar su recorrido habitual.
Desde la Cámara de Expendedores de Jujuy piden al “Gobierno disminuir gastos y levantar la presión tributaria”.
En Jujuy el mes de julio cierra con una caída en el consumo de los combustibles de más del 30% interanual, una situación que enciende las alarmas en el sector por lo que piden al Gobierno levantar la presión tributaria.
A horas de aplicarse una nueva suba en el precio de los combustibles que se estima será de entre el 2% y el 4%, desde la Cámara de Expendedores de Combustibles, expresaron a El Tribuno de Jujuy su preocupación por la situación que está atravesando el sector.
“El consumo viene desplomado. Estamos hablando de una caída interanual de arriba del 30% en Jujuy durante el mes de julio, mientras que a nivel país es de entre el 12% y el 15%”, informó Alfredo Gonzáles, presidente de la entidad.
Explicó que es notable cómo las personas dejaron de usar el auto y empiezan a usar el transporte público de pasajeros y que el transporte de carga y de larga distancia dejó de cargar en Jujuy y empezó a abastecerse en lugares donde el combustible es más barato, una suma de varios factores.
“Le pedimos al Gobierno que empiece a disminuir los gastos y trate de levantar la presión tributaria contra las empresas y las pymes jujeñas que no dan más. Y no sólo al sector de estaciones de servicio, hablo de todo el sector privado que hoy está haciendo un esfuerzo sobrehumano y no va a aguantar mucho tiempo más”, advirtió el empresario.
Además, al referirse a la restricción de envío de fondos de Nación a las provincias, acusó que “las municipalidades están haciendo lo que quieren, inventan cada vez más impuestos y tasas y lógicamente, los que siempre terminan pagando los platos rotos son el sector privado y las pequeñas familias de Jujuy que no tienen la culpa de nada”.
Ampliando el análisis de la situación económica actual, Alfredo Gonzáles advirtió que son todas las pymes de la Argentina las que están con las alarmas encendidas, pero que también entiende que hacía falta empezar a normalizar el país. Claro que, sin deja de lado, que los sueldos también tienen que empezar a acompañar valores internacionales.
“Esto es como lo del huevo o la gallina. Primero tenemos que acomodar las variables macroeconómicas para que el país pueda volver a ser tentador para que vengan inversionistas. Porque en la medida que no esté normalizado, hoy tenemos una carga tributaria monstruosa”, sintetizó.
Respecto a la última tasa vial aplicada por el municipio capitalino en los combustibles, el referente de la cámara de expendedores indicó que “está poniendo mucha presión sobre el sector privado, sobre todo en las estaciones chicas porque, por ejemplo, en el caso del GNC prácticamente la tiene que pagar el estacionero porque no se puede trasladar al precio”. Es que -según explicó- el precio del gas sigue una ecuación muy fina con respecto a la nafta súper y por eso la termina pagando la estación de servicio.
“Es evidente que las familias de Jujuy se están abrochando el cinturón reduciendo sus gastos y que ni la provincia ni los municipios están demostrando la austeridad que necesitamos hoy, tanto los trabajadores del sector privado como las familias”, concluyó Alfredo Gonzáles.
Así lo confirmó el vocero presidencial Manuel Adorni y será por 30 días.
El Gobierno confirmó este martes que extenderá la fecha para anotarse en el RASE y mantener los subsidios a la luz y el gas. El anuncio lo hizo el vocero presidencial Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa en Casa Rosada.
De acuerdo a lo que dijo Adorni, se extiende hasta el 4 de septiembre la inscripción al RASE. De este modo, se prorroga un mes la fecha límite para acceder y/o mantener los beneficios en el precio de los servicios de energía residenciales.
La Secretaría de Energía busca “depurar” el Registro de Acceso a los Subsidios a la Energía (RASE) con un minucioso cruce de datos, en línea con el objetivo oficial de reducir lo más que se pueda el gasto del Estado, por lo que casi dos millones de usuarios residenciales deberán reinscribirse en el padrón.
La Resolución 90/2024 de Energía establece que cerca de 1.7000.000 usuarios que fueron incorporados automáticamente al RASE como hogares de bajos ingresos (N2), deberán reingresar al sistema de forma individual antes del 5 de agosto próximo.
Los hogares se encuentran divididos en tres categorías en base a los niveles de ingresos que perciben según la segmentación de subsidios vigente desde 2022:
Altos ingresos (N1)
Ingresos bajos (N2)
Ingresos Medios (N3)
Los últimos datos oficiales arrojan que los N1 son 5,3 millones, los N2 son 8 millones y los N3 son 2,7 millones.
En el caso del gas, el ente regulador (Enargas), cuenta con mayor información porque la subvención se otorga a nivel nacional, por lo que el Gobierno cuenta con más herramientas para “depurarlo”.
El acuerdo entre el Gobierno Provincial y un supermercado mayorista tendrá vigencia por 60 días.
Para paliar la crisis económica que atraviesa el país, la provincia de Jujuy acordó con el supermercado mayorista Yaguar el congelamiento de 25 productos comestibles de primera necesidad a precios congelados durante dos meses.
El convenio fue rubricado por el ministro Juan Carlos Abud, quien valoró el compromiso de la empresa y explicó que el acuerdo establece el congelamiento de 25 productos que “representan unos 35 mil pesos de la canasta familiar”. Además, agregó: “Este esquema es muy importante, sobre todo para los sectores de menores recursos”.
El funcionario señaló que en caso que se produzca la baja en el precio de algún producto durante el período establecido, el supermercado “se compromete a bajarlo”. Además, señaló que “después de los 60 días se van a evaluar los resultados”.
Por parte de Yaguar, estuvieron presentes el vicepresidente de la empresa, Agustín Blanco, quien firmó el convenio, y el gerente, Andrés Rondán.
Así lo advirtió la Cámara de Comercio de Jujuy, que además reportó caídas de más del 20% en general.
Salvando las distancias del movimiento turístico actual impulsado por el receso invernal, el sector comercial en Jujuy está atravesando un momento difícil en cuanto a caída en las ventas y aumento de tarifas, un panorama que los lleva a apostar todo a promociones y descuentos para intentar reactivar el sector.
Si bien es cierto que hay rubros que resultan prescindibles en la vida de los consumidores y por lo tanto es común que la demanda baje durante los tiempos de recesión, hoy preocupa la significativa caída en los productos de primera necesidad, así lo advirtió la Cámara de Comercio de Jujuy en diálogo con El Tribuno de Jujuy.
Su presidente, Alejandro Bustamante, explicó que la caída del poder adquisitivo de la gente tiene que ver con todos los aumentos que hubo en tarifas, combustibles, etc., subas que golpearon fuertemente a la billetera de las familias.
“Nosotros ya veníamos con una caída de poco más del 20% en las ventas en general. Claro que hay rubros que cayeron más y otros menos, pero lo que nos llamó mucho la atención es que en artículos de primera necesidad estábamos rondando entre el 15% y el 18%. Llama la atención porque estamos hablando de comida, de supermercados”, alertó el empresario.
La situación de la provincia no está tan alejada de los índices nacionales de consumo obtenidos por la consultora Escentia, aunque sí se posiciona por encima de ellos en cuanto a porcentajes. Esta semana la consultora reportó que el consumo masivo cayó 12,5% interanual en junio y se profundizó la baja respecto a mayo. Y que en el primer semestre del año ya acumula una caída del 8,5% en relación al mismo período de 2023.
El informe detalló también que fue en los autoservicios donde la caída del consumo resultó más profunda registrando una baja del 14,6% y, en segundo lugar, en los supermercados con el 10,3%. En ambos canales, entre los artículos que más cayeron están: limpieza de ropa y hogar (12,4%), desayuno y merienda (12,1%), higiene y cosmética (11,3%), alimentos (7,9%) y perecederos (5,4%).
En Jujuy, según el relevamiento de la Dirección Provincial de Estadística y Censos (Dipec), durante el pasado mes de junio, los productos lácteos fueron los que más se vieron afectados en sus precios. El precio de la leche líquida aumentó un 16,3%, la manteca un 14,7%, y toda la variedad de quesos del 7,1% al 16,3%. Y, aunque en menos cantidad, verduras como el tomate subieron un 18,1% y la lechuga un 11,1%.
“Esperamos que con el tiempo las cosas vayan mejorando y se produzca una recuperación en el sector porque la venimos piloteando y en algunos rubros puntuales, pasándola bastante mal”, dijo Alejandro Bustamante tras explicar que “la priorización de los productos de primera necesidad y la no capacidad de ahorro no les permite a los consumidores adquirir otros productos”.
Y para hacerlo, hoy la gente busca precios, financiación, mayor cantidad de cuotas sin interés en lo posible y descuentos. “Es la única forma que hay para poder adquirir productos que están por fuera de los de primera necesidad. Entonces, como estrategia de venta, hoy en día las promociones de fin de temporada están en auge y todo lo que nos sirva para seguir manteniendo la actividad. Lo que no quita que sean momentos complicados y con una recesión importante”, aclaró.
Por último, consultado sobre las expectativas que tiene el sector comercial jujeños ante las ventas por el Día del Amigo, explicó que por lo general esta no es una fecha fuerte para ellos -como sí lo es para el sector gastronómico-, por lo que no tienen grandes expectativas.
“El Día del Amigo no nos va a mover la aguja porque para nosotros el grueso es la indumentaria y los calzados y no se acostumbra a regalar eso, pero sí esperamos con mucho interés el Día del Niño, que es la próxima fecha fuerte para el comercio jujeño”, concluyó.
Las auditorías revelaron que había expedientes con graves irregularidades. Se detectó que se otorgó una pensión por invalidez laboral con la radiografía de un perro. “El desvío de fondos fue de un 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad”, sostienen los funcionarios.
El Gobierno denunció “un esquema de corrupción y desvío de fondos a través de la facturación de prestaciones médicas truchas” en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) que podría ascender un total de 3.400 millones de dólares. Las nuevas autoridades del área, que pasó a depender de la Jefatura de Gabinete al Ministerio de Salud, estima que el “el desvío de fondos fue de un 40% sobre el monto anual destinado a pensiones no contributivas por discapacidad”. Las irregularidades derivaron en una denuncia penal -que será ampliada- fue realizada por el director ejecutivo del organismo, Diego Spagnuolo, y es investigada por el fiscal federal Guillermo Marijuan.
Según el primer corte de auditoría realizado por los funcionarios de La Libertad Avanza, solo “el 7% de las pensiones por invalidez laboral cumplen con los requisitos establecidos”. La documentación que alimenta el expediente judicial, al que tuvo acceso Infobae tiene aristas que rozan lo inverosímil: en un expediente se aportó como prueba de incapacidad laboral una radiografía de un perro. “Lo que descubrimos es escandaloso”, calificaron desde la ANDIS al ser consultados por este medio. Y no es para menos.
“Tenemos la radiografía de un hombro mismo hombro roto en 157 expediente. Tenemos radiografías bajadas directamente de Google. También tenemos constancias de análisis de laboratorios repetidos y hasta un certificado médico que acredita la supuesta dolencia del paciente que en teoría no podía trabajar por una incapacidad grave, que, en vez de describir la dolencia de la persona, reprodujoun poema de Arias Uriburu titulado ‘la Herida’. Ese es el diagnóstico médico que justificaba la documentación médica que justificaba el pedido de la pensión por invalidez”, describe el funcionario de La Libertad Avanza. “No había controles médicos en la ANDIS. Se aprobaban los expedientes sin una auditoría médica”, recalca.
“Estamos seguro que entre el 30 y el 50 por ciento de las pensiones otorgadas durante los gobiernos kirchneristas van a ser dadas de baja después de una exhaustiva auditoría que abarca a todo el país”, afirman las autoridades de la ANDIS. Y enfatizan: “Se encontró con un sistema de pensiones por invalidez laboral poco transparente, complejo de auditar y muy susceptible al fraude. Durante las gestiones anteriores, las pensiones fueron utilizadas como moneda de cambio para favores políticos, otorgándolas a personas que no cumplían con los requisitos de invalidez laboral o discapacidad”.
“Sobre los 2.559 casos auditados médicamente hasta el momento, solo el 7% (185) cumplen con los requisitos establecidos”, destaca la denuncia judicial. Esas pensiones “truchas ya fueron dadas de baja”. “El gobierno de Alberto Fernández armaba operativos para otorgar pensiones. Es escandaloso”, opinan los funcionarios y agregan que hay gente que llama a la Agencia denunciado que es titular de una pensión y nunca la gestionó.
Además de las pensiones mal otorgadas Spagnuolo encontró otras irregularidades que poco tiene que ver con la asistencia a personas con discapacidad. Como la contratación de artistas como Ignacio Copani. Gastos por más de 35 millones de pesos en “agasajos” e instalación de un gazebo y 20 remeras remeras para la marcha LGTV+ del año pasado por lo cual se abonó $900.000.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, brindó detalles desde la Casa Rosada sobre la pesquisa iniciada en la ANDIS y que ya tiene su correlato en los tribunales de Comodoro Py.
Según los datos oficiales, entre 2003 y 2015, es decir los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner la cantidad de Pensiones no Contributivas por Invalidez Laboral pasó de 80.000 a 1.050.000, “un número sin precedentes incluso en países que han sufrido guerras mundiales”, opinan desde la Casa Rosada. El valor actual de la pensión es de $203.100. Durante el gobierno de Mauricio Macri la cifra se mantuvo constante -ver gráfico- pero durante la presidencia de Alberto Fernández, la cifra de beneficiarios volvió a ascender hasta las 1.250.000 pensiones al 10 de diciembre de 2023.
Sobre este tema, el fiscal Marijuán afirmó que: “Tal incremento habría sido consecuencia de un proceso de articulación de decretos y resoluciones por medio de los cuales se habrían flexibilizado los criterios originalmente establecidos para el otorgamiento de tales pensiones, y por la puesta en marcha de un circuito de tramitación de dichos beneficios especialmente destinado a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes, en lo que las pensiones eran moneda de cambio aprobados en tiempos reducidos de tres meses que se entregarían a personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera tenían una condición medica de discapacidad, que habría funcionado en forma paralela al circuito formal en el que la tramitación para el otorgamiento de tal prestación demoraba entre 2 y 3 años”.
Es más, Marijuan recuerda que “la Resolución 8/2020, publicada el 30 de enero de 2020, avaló el inicio del trámite para acceder al beneficio en cuestión aun cuando no se acompañe el Certificado Médico Oficial -constancia principal de análisis para el otorgamiento o denegatoria de la pensión puesto que se trata de un documento de carácter obligatorio que, junto al alta de trámite en ANSES, permite dar inicio al proceso de evaluación de la solicitud de la pensión-, y modificó los parámetros para la determinación del estado socio-económico y de vulnerabilidad de las peticiones atinentes para el otorgamiento, denegación, suspensión y caducidad de las pensiones señaladas”.
La denuncia penal presentada por Spagnuolo aporta pruebas sobre casos de personas que cobraban pensiones sin tener invalidez laboral o discapacidad, incluyendo personas con bienes como aviones, embarcaciones, más de un auto y hasta 59 inmuebles, así como personas que trabajaban.
Hasta ahora, las nuevas autoridades de la ANDIS, a cargo del abogado Spagnuolo, certificaron que “alrededor del 35% de las pensiones otorgadas presentarían incompatibilidades, siendo el 5% del total (casi 60.000 pensiones) en condiciones de incompatibilidad por poseer bienes y trabajo, mientras que el 30% restante presenta incompatibilidades en las condiciones médicas”.
Para los funcionarios: “Este mecanismo perverso ha vulnerado gravemente los derechos de las personas con discapacidad ya que el dinero destinado a este sector tan vulnerable de la sociedad ha sido utilizado para arreglos políticos y beneficios de unos pocos”.
El impacto del fraude
La investigación sobre las pensiones otorgadas de manera irregular también permitió observar el uso indebido del Programa Nacional Incluir Salud creado para brindar cobertura médico-asistencial a todas aquellas personas titulares de pensiones nacionales no contributivas.
Ese programa era el encargado de pagar a los prestadores conveniados. La sospecha es que los involucrados en la presunta estafa contra el Estado, facturaban serviciosa instituciones, centros médicos, clínicas y transportes que en realidad no se brindaban, generando una sumatoria adicional de fondos desviados. Según los funcionarios de la ANDIS “la estafa estaba asociada al gasto asociada a la función. Ya sabemos quienes estaban involucrados”, advirtieron.
La investigación se inició luego de que Spagnuolo notara una alarmante discrepancia en los datos de asignación de pensiones: mientras en 2003 había 79.581 pensiones no contributivas por invalidez, para 2023 esta cifra se había disparado a 1.222.882.
La auditoría también reveló que “existían canales paralelos en la gestión y una demora tal que hacía que muchos solicitantes morían esperando su pensión”, mientras que otros, que no tenían ninguna dolencia, accedieran al beneficio en cuestión de meses.
La denuncia judicial de la ANDIS afirma que: “A partir de 2020 comenzaron una catarata de Resoluciones y Decretos flexibilizando el otorgamiento de las pensiones. Por ejemplo, en enero de 2023 eliminaron la condición de invalidez laboral y lo reemplazaron por algo muy subjetivo. Mientras que, en octubre de ese año, pocos días antes de dejar el poder, se publicó un decreto que directamente quitaba el requisito de incapacidad para trabajar a una persona inválida, y el requisito de acreditar 76% de invalidez, creyendo que, de esta manera, se cubrían de todas las pensiones otorgadas irregularmente en su gestión”.
Para las autoridades de la ANDIS: “Con este mecanismo perverso accedieron a la pensión por invalidez laboral personas sin invalidez laboral, e inclusive sin condición médica alguna –pero que les entregaron la pensión por su condición de pobreza– y personas que poseían alguna condición médica pero que no eran invalidante y que trabajaban, o que tenían obra social o prepaga y poseían ingresos ellos y/o su grupo familiar de hasta 1.5 millones de pesos. Es decir, escondieron pobres en las pensiones por invalidez, y usaron el dinero destinado a esta noble causa para arreglados políticos con sus gobernadores e intendentes amigos”.
A esto se suman casos individuales como los que se descubrieron, por ejemplo, en la provincia de Chaco, donde con una misma radiografía entregaron más de 100 pensiones por invalidez. En la misma provincia, en noviembre pasado -antes de finalizar el gobierno de Alberto Fernández-, se sumaron22 mil nuevos pensionados por discapacidad”.
Los números de la discapacidad laboral
Según el relevamiento realizado por las autoridades de la ANDIS, hoy en día existen 1.250.000 pensiones no contributivas por invalidez laboral. dentro de ellas se encontró:
-100.000 niños cobrando la pensión.
-25.000 personas que trabajan.
-60.000 con incompatibilidad de requisitos, entre los que encontramos beneficiarios con más de un auto, más de una casa, dueños de embarcaciones y hasta avión.
-30.000 extranjeros de los que se desconoce su condición de residencia y radicación.
“Todo esto, además de ser otro curro más de la casta, vulnera gravemente los derechos de las personas con discapacidad y es injusto con los ciudadanos de bien que pagan sus impuestos pensando que éstos van destinados a la ayuda de quienes lo necesitan y en realidad son usados para el negociado político y el beneficio de unos pocos, rompiendo la igualdad ante la ley”, le dijeron a Infobae desde la Casa Rosada.
El ministro Luis Caputo sostuvo su intención de generar un mayor respaldo en el peso argentino y así convertirla en “la moneda fuerte” del país, dejando de lado a los dólares.
Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía de la Nación, dialogó con sus seguidores en las redes sociales y brindó nuevos detalles sobre el cierre del grifo de la emisión monetaria. El Banco Central de la República Argentina (BCRA) logró que los bancos le rescindan $13,17 billones en opciones de liquidez y Caputo celebró el triunfo del Gobierno.
“Los pesos emitidos son por compras en el MULC (Mercado Único y Libre de Cambios). El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos”, sostuvo el titular del Palacio de Hacienda y sumó: “Lo digo desde la primer entrevista, pero bueno, todavía algunos no se convencen”.
La dura confesión de Luis Caputo
Por otra parte, marcó una realidad que podría recaer en los pequeños ahorristas de todo el país: “La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte”.
Esta mañana, tras su fuerte declaración a través de su cuenta de X, se presentó en una señal televisiva para ahondar en las reservas del Estado. El periodista Antonio Laje le consultó sobre la salida de oro y Caputo explicó: “Es una salida muy positiva del Banco Central”.
A su vez, detalló en diálogo con LN+: “Hoy tenés oro en el Central como si tuvieras un inmueble, no lo podes usar para nada. Si vos tenés ese oro afuera le podes sacar un retorno y el país necesita maximizar el retorno de sus activos. Es mucho mejor tenerlo custodiado afuera donde te pagan algo”.
Luis Caputo celebró el superávit financiero
Mediante sus redes sociales, el Ministro de Economía celebró que se haya conseguido otra vez un superávit fiscal: “Junio cerró con superávit financiero de $238.189 millones. Sexto mes consecutivo”, señaló en sus redes sociales junto con banderas argentinas en X (más conocida como Twitter).
En este sentido, Luis Caputo compartió una serie de datos en comparativa con el 2023: “Superávit financiero logrado además atendiendo a los más vulnerables”, remarcó el economista en las redes sociales, comparando con el 2023.
“En 2023, déficit fiscal, emisión monetaria y ajuste bestial en jubilaciones y Asignación Universal por Hijo. En 2024, superávit financiero récord y con aumentos reales en jubilaciones y AUH”, compartió.
Esta mañana el Gobierno nacional confirmó que las reservas dentro del Banco Central son negativas y mostraron un deterioro en las variables cambiarias y las financieras.
Durante la mañana del día de hoy el gobierno nacional confirmó que las reservas dentro del Banco Central se encuentran en valores negativos, mientras que también se mostró un deterioro en las variables cambiarias y las financieras.
El Banco Central confirmó que las reservas son negativas y dio un anticipo del índice de inflación en julio
Según explicaron en el Mitre Informa Primero: “El Gobierno reconoció que las reservas volvieron a ser negativas. El vicepresidente del Banco Central, Vladimir Werning, admitió que las reservas cayeron mas de 500 millones de dólares. También mostró un deterioro de las variables cambiarias y las financieras. Anticipó una inflación del 3.7 en julio”.
Esto se conoce luego de la baja en la brecha cambiaria y el aumento del riesgo país que tuvieron lugar el lunes de esta semana, tras las medidas del ministro de Economía de la nación, Luis Caputo.
Según se supo durante la tarde del lunes, las cotizaciones de la moneda norteamericana retrocedieron más del 7% y se acercaron a la zona de los $1300, mientras que el informal cerró en $1415, achicando la brecha cambiaria hasta el 53,3%.
