Categoría: NACIONALES

Los movimientos sociales tendrán menos poder: pierden el control de los fondos del plan Potenciar Trabajo

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Actualmente, esos recursos están bajo la administración del líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, desde la órbita del Ministerio de Desarrollo Social. De todos modos, aceptaron la decisión de Sergio Massa de desligarlos del manejo de ese programa de asistencia, que pasará a ser administrado por la cartera de Trabajo

Los movimientos populares oficialistas apoyaron la decisión del ministro de Economía, Sergio Massa, de transferir el Potenciar Trabajo del Ministerio de Desarrollo Social al de Trabajo a pesar de que les quita el manejo que tenían del millonario programa desde la secretaría de Economía Social. El anuncio fue realizado en las últimas horas por el candidato a presidente de Unión por la Patria. La medida quedó oficializada bajo el decreto 565/2023 y fue publicada en el Boletín Oficial, con la firma de Alberto Fernández, del jefe de Gabinete, Agustín Rossi, y de las ministras Victoria Tolosa Paz y Raquel “Kelly” Olmos. “El ámbito del ministerio de Trabajo es el lugar natural para las y los compañeros que realizan tareas en la economía popular. Es allí donde se discute la realidad del trabajo en Argentina”, opinó Daniel Menéndez, el coordinador nacional de Somos Barrios de Pie.

En el anuncio, Massa afirmó que el cambio de ministerio tiene como objetivo “promover la capacitación y fortalecer el sistema formal de trabajo de las personas que se encuentren desempeñándose en el ámbito de la Economía Popular”. La medida comenzará a regir desde el 1° de enero de 2024, es decir, con un nuevo gobierno instalado en la Casa Rosada.

Hasta el momento, el mayor programa del área que conduce la diputada electa Tolosa Paz era administrado, desde la secretaría de Economía Social, por Emilio Pérsico, uno de los líderes del Movimiento Evita.

Dirigentes de la Coalición Cívica (CC) denunciaron ante la justicia federal que Pérsico benefició desde su función a las cooperativas del Movimiento Evita con el 55% de los convenios que habría derivado del programa Potenciar Trabajo. Por esa razón, el legislador porteño lo acusó de “estar de los dos lados del mostrador”.

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Desde principio del próximo año, esto dejará de ocurrir. “Queremos que las personas beneficiarias de programas sociales dejen de ser beneficiarias de programas sociales para ser beneficiarias de programas de inclusión laboral”, anunció el titular del Palacio de Hacienda.

El candidato oficialista también destacó que los beneficiarios van a tener capacitación laboral obligatoria, inscripción en las bolsas de empleo de las localidades en la que viven y de cada una de las Unidades de Gestión o Ejecutoras -como las cooperativas. También afirmó: “Van a tener el control de contraprestación, tanto en las unidades ejecutoras de desarrollo de programas productivos como en las actividades que desarrollen en provincias, municipios o empresas”.

Ante esta novedad, que podría ser interpretada en desmedro de los dirigentes sociales que tienen incidencia directa en el manejo del Potenciar Trabajo, Infobae consultó a los líderes sociales. Todos se expresaron en favor de la media anunciada por el candidato a presidente.

Alejandro Gramajo, quien será a fines de noviembre el nuevo secretario general de la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), en lugar de Esteban “Gringo” Castro, aseguró: “Estamos de acuerdo con que el programa Potenciar pase a Trabajo”. Y agregó: “Creo que abordar el problema del trabajo y la falta de derechos desde la órbita del Ministerio de Trabajo es un avance para empezar a pensar y ejecutar políticas que tiendan a resolver los problemas estructurales de una parte importante de trabajadores y trabajadoras que son parte de la población económicamente activa y que no están dentro de los y las trabajadores y trabajadoras que se encuentran dentro del trabajo formal registrado en el sector público o privado. Desde nuestra perspectiva hay que pensar el trabajo desde la realidad del mundo del trabajo en el siglo XXI”.

¿Y por qué están de acuerdo con el cambio de Ministerio?

-Abordar este tema desde el Ministerio de Trabajo, reconociendo la economía popular como un actor económico que produce y trabaja, tal cual lo determina la ley de emergencia social votada por unanimidad en ambas cámaras, es el camino correcto para encarar una solución integral. Reconocer que las iniciativas más avanzadas en términos de reconocimiento de una realidad que llegó para quedarse, como la economía popular y comunitaria, cómo bien lo manifiesta el Papa Francisco, han salido de la creación de las organizaciones populares y comunitarias, como el Salario Social Complementario, el Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (RENATEP), y el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Esto es un avance a la hora de pensar en la corrección de un rumbo que requiere poner el centro en los hombres y mujeres de carne y hueso que desarrollan una tarea fundamental a la hora de pensar la reconstrucción de la Argentina.

Gramajo, también dirigente del Movimiento Evita, interpretó: “El problema de la pobreza, de la desigualdad, de las injusticias, no es obra del pueblo excluido, sino que es producto de políticas y decisiones políticas que se han tomado por todos los argentinos y argentinas en los últimos 40 años de democracia”.

En la entrevista con este medio, Gramajo reconoció que políticas y programas tomados por el gobierno de Alberto Fernández, como Puente al Empleo, “han tenido un impacto mínimo en la resolución del problema”. Pero propuso: “Hay que pensar la resolución de los problemas, integralmente. Esperemos que esta vez este encadenada a una serie de iniciativas que se tienen que tomar para formalizar la economía popular y no sean medidas que terminen siendo solo anuncios. Hay que avanzar en formalizar, en blanqueo, en crédito para la producción popular, etc”.

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La UTEP oficia como el sindicato de la economía popular y agrupa a la mayor cantidad de organizaciones sociales alineadas con la candidatura presidencial de Sergio Massa. De hecho, varias de ellas, como el Evita y Somos Barrios de Pie, militan por su candidatura.

Quien también se manifestó en favor de la medida de Massa fue Daniel Menéndez, el coordinador nacional de Barrios de Pie y funcionario del Ministerio de Desarrollo Social: “Avalo la decisión de Sergio Massa de pasar los planes sociales al Ministerio de Trabajo”.

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Ante una repregunta de Infobae, justificó: “La órbita de la política social de un país que pretenda resolver el problema de la pobreza, es darle a estas políticas un costado productivo. Que se pase los planes de empleo a trabajo, implica darle una mirada productiva y desde el trabajo a la gestión para poder combatir la pobreza. Nos parece una medida correcta y va en el camino de transformar la política social para resolver la problemática de la desigualdad y de la pobreza en Argentina”.

Por otro lado, Menéndez agregó: “Venimos planteando hace años que la salida es más trabajo con derechos. El ámbito del ministerio de Trabajo es el ámbito natural para las y los compañeros que realizan tareas en la economía popular. Es allí donde se discute la realidad del trabajo en Argentina, hasta ahora más ocupado de la economía formal”.

Todos los dirigentes sociales consultados respondieron con definiciones similares. Sin embargo, en off, es decir sin revelar sus nombres, reconocieron que, si ese anuncio lo realizaba el Libertario Javier Milei, otra hubiese sido la reacción. “Massa se comprometió a tomar la agenda de la economía popular, en cambio, Milei, viene a sacarnos derechos”.

Massa aseguró que la situación crítica con los combustibles ha terminado

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El ministro de Economía y candidato presidencia de Unión por la Patria, SERGIO MASSA, habló esta mañana en medio de las dificultades que viven automovilistas para cargar combustible en estaciones de servicio de todo el país. El funcionario consioderó superado el problema de abastecimiento de nafta que generó largas filas y la aplicación de cupos en las bocas de dispendio y comunicó la decisión de postergar un aumento previsto para el Impuesto a los Combustibles Líquidos que fue postergado hasta febrero.

“La situación crítica se ha superado, pero vamos a estar atentos”, dijo.

Esta mañana, en el Boletín Oficial, el Gobierno postergó el aumento de los impuestos que impactan sobre el precio del combustible, que estaba previsto para este mes. De esta manera, los nuevos incrementos impactarán recién en febrero de 2024.

A través del decreto 567/2023, publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Ejecutivo estableció que la suba en los montos de las cargas fiscales que “resulten de las actualizaciones correspondientes al tercer y cuarto trimestres calendario del año 2021, al primer, segundo, tercer y cuarto trimestres calendario del año 2022 y al primer, segundo y tercer trimestres calendario del año 2023″ comenzarán a regir a partir del 1 de febrero de 2024. Esta medida alcanza a la nafta sin plomo, la nafta virgen y el gasoil.

En su considerando, el Gobierno alegó que esta decisión tiene como objetivo “asegurar una necesaria estabilización y una adecuada evolución de los precios”, ya que considera que, al tratarse de “impuestos al consumo, y dado que la demanda de los combustibles líquidos es altamente inelástica, las variaciones en los impuestos se trasladan en forma prácticamente directa a los precios finales de los combustibles”.

El mensaje grabado esta mañana por Massa profundizó sobre esa decisión.

“En el día de hoy está publicado el decreto que establece el congelamiento del ICL (Impuesto a los Combustibles Líquidos). Un mecanismo por el cual el Estado no aumenta su participación en los impuestos para que la nafta no aumente más. Quiere decir, resignamos recursos del Estado, dejamos de cobrar impuestos a los efectos de que la nafta no aumente más de lo debido”, dijo.

En ese sentido, Massa dedicó varios comentarios a la situación de desabastecimiento que se vivió en los últimos días. “Espero que no vuelva a pasar”, dijo el ministro de Economía.

“Entendemos claramente que el precio internacional del petróleo puede tener valores muy significativos que hacen muy atractiva la posibilidad de exportar. Y queremos que exporten. Pero queremos, sobre todas las cosas, que los argentinos y las argentinas que cargan nafta en su auto, que necesitan tomar transporte público, que muchas veces utilizan el tren, o que simplemente tienen que ir a hacer las compras para abastecer sus comercios, tengan un precio de la nafta competitivo”, dijo en candidato de Unión por la Patria.

“Escuché a otros candidatos plantear que había que liberar precios. Yo quiero contarles que es la diferencia entre que la nafta valga 350 pesos o que valga 800. Nosotros vamos a defender el bolsillo de los argentinos”, agregó.

“Cada vez que tengamos que resignar el cobro de impuestos del Estado Nacional para mejorar la competitividad en precios o para defender el bolsillo de los argentinos, lo vamos a hacer. Pero cada vez que tengamos que plantear firmeza para que no haya abusos en la economía doméstica, también lo vamos a hacer”, agregó.

La tarjeta SUBE costará $730 y el saldo negativo será de $211

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El valor de la tarjeta SUBE pasará a ser de $730 a partir de este miércoles en los puntos de venta habilitados y también se actualizará el saldo de emergencia que será de $211,84, equivalente a cuatro boletos mínimos, informó el Ministerio de Transporte.

El Ministerio de Transporte precisó que se mantiene vigente el beneficio de la Tarifa Social, para que los grupos designados con atribuciones sociales puedan viajar con 55% de descuento en el boleto.

Para más información sobre tarjeta SUBE podrán contactarse con el chatbot SUBi +54 9 11 6677-7823 o llamando a la línea gratuita 0800-777-SUBE (7823).

Los planes sociales serán “programas de inclusión laboral” y habrá más controles

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A partir de enero los planes sociales se convertirán en “programas de inclusión laboral” y sus beneficiarios deberán cumplir con la contraprestación correspondiente y cumplir con capacitación obligatoria con el fin de tener mayores chances de conseguir un empleo privado, anunció hoy el ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa.

“A partir de mañana habrá un nuevo cambio en el sistema de planes sociales. Queremos que las personas beneficiarias de planes pasen a ser beneficiarias de programas de inclusión laboral”, dijo Massa.

Anticipó que quienes cobran planes tendrán “capacitación obligatoria” y serán inscriptos en los mecanismos de controles de contraprestación. También anunció que “se pondrá en marcha el programa Puente al Empleo: el que pase a trabajar en una empresa mantendrá el beneficio durante un año, las empresas deberán complementar los ingresos hasta llegar al salario mínimo, y a cambio no pagarán cargas sociales durante dos años”.

Los programas sociales van a tener capacitación laboral obligatoria, inscripción en las bolsas de empleo de cada una de las ciudades y de cada una de las gerencias de empleo, y además van a tener el control de contraprestación.

Los beneficiarios de planes quedarán inscriptos tanto en las unidades ejecutoras de desarrollo de programas productivos como en las actividades que desarrollen en provincias, municipios o empresas.

Massa dijo que, “en paralelo, consolidamos el programa Puente al Empleo. Aquel que hoy tenga un programa social y pase a trabajar en una empresa, va a mantener el beneficio durante un año, y el empleador que lo tome, deberá completar el salario de convenio. Pero además, para incentivar que esos empleadores tomen a estos beneficiarios de programas, no van a pagar cargas sociales durante dos años de estos trabajadores que incorporen como beneficiarios de programas sociales al mundo del trabajo”.

“El enorme desafío que recorre la Argentina, es entender que trabajo y educación son los dos motores de movilidad social ascendente, y que generar oportunidades a aquellos que a lo largo de muchos años fueron excluidos por diferentes crisis económicas y sociales, o por una mirada pequeña por parte del Estado, en el caso de las personas con discapacidad, tiene que ser una barrera que rompamos para garantizar que la inclusión en el mercado de trabajo genere las oportunidades que los beneficiarios de programas sociales y aquellos que son beneficiarios de la pensión por discapacidad, tengan definitivamente sus oportunidades”, señaló.

Consideró “muy importante que generemos beneficios impositivos, eliminación de restricciones, pero sobre todas las cosas, garantía de oportunidades a los efectos de que la Argentina del trabajo sea una realidad para todos y todas los argentinos”.

Discapacidad

Además, Massa anunció la “integración en el mercado de trabajo de las personas con discapacidad”. “Había una absurda contradicción de que a quien tiene una pensión, se le suspende si accede al mercado de trabajo”, explicó. Dijo que se busca “eliminar esa barrera, romper esa pared que representa el límite entre la pensión y el trabajo”. “El objetivo es de incluir y ampliar las oportunidades de las personas con discapacidad”, destacó Massa.

A lo largo de los últimos años nos enfrentamos a la absurda contradicción de que quien tiene una pensión por discapacidad no puede acceder al mercado de trabajo porque se le suspende la pensión. De manera que un derecho protectivo que el Estado había diseñado funciona como un límite para el desarrollo de las personas con discapacidad.

Dijo que se ha tomado la decisión de “eliminar esa barrera, de romper esa pared que representa para las personas con discapacidad el límite entre la pensión y el trabajo”.

“Desde mañana, las personas con discapacidad, beneficiarias de la pensión, que entren al mercado de trabajo no van a perder ni a ver suspendida su pensión. Muy por el contrario, van a poder integrar la pensión a su ingreso en el mercado de trabajo”, indicó.

“El objetivo que recorremos es el de incluir, el de incorporar, el de ampliar las oportunidades de las personas con discapacidad en el ingreso al mercado de trabajo. Y sentimos que este es un primer paso en un proceso en el que además debemos consolidar ese proceso de inclusión rompiendo barreras arquitectónicas a partir de un Estado que trabaje en el diseño de ciudades inclusivas”, sostuvo Massa

Nación reactivó la obra de Ruta 34 en Jujuy

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A principios de mes se conocía que Nación decidía reactivar las obras en Ruta 34: “Jujuy no podría afrontar esos costos”, aclaraba el jefe de distrito 6 de Vialidad Nacional Alberto Busigniani.

Este martes, el organismo dio a conocer que comenzaron las tareas de pavimentación de doce desvíos, iluminación y mejoras en la circulación de la Ruta Nacional N°34 en el tramo del límite Salta-Jujuy y El Cuarteadero, en el empalme con la Ruta Nacional N°66 a los fines de garantizar las condiciones de transitabilidad de la obra de construcción de la autopista que fuera rescindida a la empresa Cartellone S.A.

Sobre los trabajos en el sector

Los trabajos de pavimentación de desvíos existente con carpeta de concreto asfaltico de 6 cm de espesor, se están ejecutando en el paraje El Cuarteadero (km 1173), y se habilitó la circulación del tránsito en la calzada ascendente (sur-norte), además se está acondicionando el distribuidor del empalme con la Ruta Provincial N° 53 para su posterior pavimentación.

En paralelo, se ejecutan las primeras tareas de señalización vertical que permitan la correcta interpretación de los usuarios de las intersecciones y desvíos provisorios bajo los términos de una obra originalmente rescindida hasta la licitación y ejecución de la obra definitiva del tramo.

Foto: Vialidad Nacional

Las tareas previstas que completan la obra actual incluyen la rehabilitación de la estructura existente de la calzada basado en trabajos de bacheo, sellado de fisuras y fresados de la capa asfáltica, a los fines de reparar las deformaciones permanentes, fisuras y depresiones y evitar así el progreso del deterioro hasta el inicio de la obra remanente.

Se construirá también una alcantarilla en intersección de la Ruta Nacional N° 34 y Ruta Nacional N° 66 para garantizar el escurrimiento de aguas en sectores donde se produce el estancamiento, y se ejecutará además la prueba de carga, sello elástico y escalera de desagües para lograr la habilitación de los puentes en el empalme con la RN 66 y sobre el rio Las Pavas, en el límite con la provincia de Salta, que resulta necesario para garantizar mejores condiciones de transitabilidad.

Por Jujuy al Momento

Diputados aprobó la Ley de Alquileres impulsada por el kirchnerismo

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Luego de casi 17 horas de sesión en la Cámara de Diputados, pasadas las 5 de la madrugada, el oficialismo logró imponer en la votación su propia versión de la reforma a la Ley de Alquileres, la cual convirtió en ley al aceptar la iniciativa venida en revisión del Senado.

La iniciativa, que mantiene los tres años de duración de los contratos pero achica a seis meses (actualmente el ajuste es anual) el intervalo mínimo para actualizar el precio del alquiler, cosechó 128 votos a favor, 114 en contra y ninguna abstención.

Para llegar a esa mayoría, el Frente de Todos contó con la colaboración de los diputados del Frente de Izquierda, mientras que el Interbloque Federal y Provincias Unidas se dividieron entre votos positivos y negativos.

Por ejemplo, del interbloque Federal votaron a favor Natalia de la Sota (Córdoba Federal), Enrique Estévez (Socialista), Mónica Fein (Socialista) y Alejandro “Topo” Rodríguez (Identidad Bonaerense), mientras que Graciela Camaño (Identidad Bonaerense), Carlos Gutiérrez (Córdoba Federal) y Florencio Randazzo (Identidad Bonaerense) lo hicieron en contra. El cordobés Ignacio García Aresca se ausentó.

En Provincias Unidas, extrañamente el bloque Juntos Somos Río Negro se dividió: mientras que Luis Di Giácomo acompañó el proyecto, Agustín Domingo lo rechazó. En cambio, los dos diputados del Frente de la Concordia Misionero (Carlos Fernández y Diego Sartori) no mostraron fisuras y se alinearon a favor de la Ley de Alquileres del oficialismo.

Pasaron apenas 49 días de la media sanción que la oposición había conseguido en la Cámara baja, que proponía reducir a dos años los contratos de alquiler e indexar sus valores cuatrimestralmente (tres veces por año), prescindiendo de indicadores fijos para el ajuste de los precios, es decir, dejándolo a merced del acuerdo libre entre las partes.

Sin embargo, esa mayoría opositora no pudo replicarse en el Senado, donde el proyecto fue modificado con el impulso del oficialismo. Al volver a la cámara de origen, se ratificó la versión de la Cámara alta, lo que significa un triunfo parlamentario para el Frente de Todos.

Nueva ley de Alquileres

Esta nueva ley de Alquileres mantiene los tres años de duración de los contratos, pero establece un intervalo mínimo de seis meses para la actualización de los precios, contrariamente a la normativa que estaba vigente que permite hasta una sola actualización por año del valor del alquiler.

En tanto, se establece como índice para la actualización del precio el coeficiente de “Casa Propia” utilizado por el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.

El mismo estará “conformado por la menor variación que surja de comparar el promedio del 0,9 de la variación del Coeficiente de Variación Salarial publicado por el INDEC, y la variación del Coeficiente de Estabilización de Referencia publicado por el Banco Central de la República Argentina”.

Además, el texto de la norma aprobada aclara que el precio de los contratos debe establecerse en moneda nacional, así como la publicidad del precio de las locaciones de inmuebles no puede expresarse en otra moneda que no sea en pesos.

También se incorpora un incentivo fiscal relacionado al monotributo, al disponer que “los ingresos provenientes exclusivamente de la locación de hasta dos inmuebles estarán exentos del pago del monotributo”.

Por otra parte, se mantiene la exención de Bienes Personales a los inmuebles destinados a alquiler para vivienda habitacional, la exención del impuesto al cheque para aquellas cajas de ahorro o cuentas corrientes “utilizadas en forma exclusiva para las operaciones inherentes a la actividad de locación de inmuebles con destino casa-habitación, cuyos contratos se encuentren debidamente registrados”. 

En tanto, quedó plasmado otro beneficio según el cual “las partes podrán deducir del impuesto a las Ganancias la suma equivalente al 10% del monto anual del contrato de locación”.

El debate

El debate de la ley de Alquileres comenzó a las 4 de la madrugada, cuando los diputados ya llevaban casi 16 horas de sesión. En realidad, el tratamiento de la iniciativa estaba previsto para más tarde de acuerdo al orden del día aprobado en Labor Parlamentaria, pero los presidentes de los bloques acordaron adelantar la discusión.

El encargado de introducir el tema fue el presidente de la comisión General, Lucas Godoy (Frente de Todos), quien subrayó que no existe “una relación paritaria” entre las dos partes del contrato de alquiler, por lo que la normativa debía “legislar para equilibrar las condiciones de los contratantes”.

“No estoy hablando de que haya buenos y malos; lo que hay son asimetrías”, aclaró al respecto.

Tras reconocer que la ley aprobado en 2020 fruto del acuerdo transversal no dio las respuestas esperadas, pero explicó que el aumento descontrolado de los precios de los alquileres y la reducción de la oferta responde a otros fenómenos que no tienen que ver con el texto mismo de la norma.

En este sentido, puso el foco en el crecimiento de los alquileres temporarios y la propia lógica inflacionaria que atraviesa a todos los precios de la economía.

A su turno, el diputado del PRO Pablo Tonelli, en carácter de miembro informante del dictamen de minoría, explicó las razones por las cuales a su entender fracasó la ley original 27.551, que particularmente perjudicó a los inquilinos dado que “provocó una enorme retracción de viviendas para alquilar”.

“Al momento de sancionarse la ley, la oferta oscilaba entre unas 7 mil y 8 mil unidades de oferta; hoy en día la oferta se ha reducido a bastante menos de mil. Hoy por hoy está en el orden de las 500 unidades. Esto es evidente que perjudica a los inquilinos y dada la escasez de la oferta les impide negociar en igualdad de condiciones los términos del contrato”, explicó.

Para el macrista, este balance negativo tiene como origen “la alteración del equilibrio entre las partes”.

“Y la verdad es que hay que concluir que la Ley 27.551 alteró ese equilibrio y con la intención de proteger a los inquilinos, los terminó perjudicando”, expresó.

Luego Tonelli advirtió que la ley venida del Senado, que calificó como una copia de la le vigente “con mínimos maquillajes”, va a “afectar la rentabilidad de los locadores, y ya hemos visto lo que pasa cuando esto sucede”.

“Lo razonable, lo sensato entonces, si queremos un resultado distinto y volver a una situación de normalidad y que la oferta se amplíe, es entonces que insistamos en nuestra sanción, que es lo que propiciamos en nuestro interbloque”, finalizó el opositor de Juntos por el Cambio.

Por su parte, el diputado del Frente de Todos Itai Hagman negó rotundamente que “la existencia de una ley de alquileres era la causa de todos los problemas en el mercado inmobiliario”.

Según dijo, en la ciudad de Buenos Aires la oferta de alquileres se incrementó hasta el primer trimestre del año 2022, y recién entonces comenzó a verificarse una caída, lo cual cronológicamente se ubica después de la sanción de aquella ley de Alquileres denominada “Lipovetzky”.

A su turno, Alejandro Cacace, argumentó a favor de establecer contratos de dos años y no de tres, señalando que la situación argentina es muy distinta a la de países como Alemania, que “es un país que tiene estabilidad y no tiene inflación” y por ende “no habría absolutamente ningún problema en tener contratos de tres años, inclusive más largos”.

“Lo que pasa es que acá tenemos 12% de inflación (mensual) y acelerándose. Cuando uno fija por 3 años el contrato y no puede actualizarlos, esa incertidumbre hace que los propietarios retiren las propiedades, vendan las propiedades, las pasen al alquiler temporario o traten de hacer actualizaciones más frecuentes”, explicó.

La última oradora fue la diputada del Frente de Todos Paula Penacca, quien interpretó como una “falacia” la teoría según la cual “el mercado de alquileres funcionaba bien y esta ley lo rompió”.

En ese sentido, la legisladora camporista afirmó que “la ley no es el problema” que origina la inflación de los alquileres, sino que ésta responde al contexto más general de la aceleración inflacionaria que se desató en 2018 cuando se llegó a una “devaluación anual del 100%”.

“Por lo tanto la expectativa de propietarios e inmobiliarias no coinciden con lo que logran ganar”, explicó Penacca. 

“Hay una última falacia, que es un contrato libre entre iguales; ni es un contrato libre, ni es entre dos partes, porque en el medio están las inmobiliarias y que esta desigualdad es manifiesta, porque las personas que tienen que buscar donde vivir, no pueden elegir no alquilar”, completó.

Desde el lunes, ninguna moto podrá salir de una concesionaria sin seguro obligatorio

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La Agencia Nacional de Seguridad Vial de la Dirección Nacional de los Registros Nacionales de la Propiedad Automotor y Créditos Prendarios (Dnrpa), informó a las concesionarias de todo el país que a partir del lunes 9 de octubre ninguna moto podrá ser entregada a los compradores sin un seguro obligatorio.

De esta manera, se dará cumplimiento al artículo 68 de la Ley Nacional de Tránsito, por el cual se establece: “es obligatorio el seguro para las motocicletas en las mismas condiciones que rige para los automotores”.

La Asociación Argentina de Motovehículos (Mottos) confirmó el acatamiento de la medida y comunicó a las concesionarias que cada moto cero kilómetro deberá contar con un seguro de responsabilidad civil obligatorio antes de su patentamiento en el Registro Automotor.

La medida, según informó Mottos, “fue recibida con entusiasmo y se empezará a aplicar por parte de más de 1.000 Concesionarios Oficiales de Motovehículos que representan el 90% del mercado y marca un hito en la seguridad vial en Argentina”. También remarcaron en un comunicado que “la Ley Nacional de Tránsito Nro 24.449 establece claramente la necesidad de este seguro, y su cumplimiento contribuirá significativamente a la reducción de la siniestralidad y a la prevención de incidentes relacionados con el robo de motocicletas”.

Se estima que sólo el 20% de las motos circulan con seguro. (Foto: Franco Fafasuli)

Se estima que sólo el 20% de las motos circulan con seguro. (Foto: Franco Fafasuli)

Desde la Asociación Argentina de Motovehículos subrayaron que la medida es un paso fundamental para mejorar la seguridad vial. “En un país con más de 9,5 millones de motocicletas registradas, donde solo el 20% cuenta con seguro, esta norma se convierte en un componente fundamental para la protección de la sociedad. Más del 50% de los accidentes de tráfico en Argentina involucran motocicletas, subrayando la importancia de esta regulación”, advirtieron

Cómo se aplicará la medida

Una de las implicaciones más notables de la nueva normativa es que los concesionarios ya no serán responsables de emitir el permiso de circulación en el momento del patentamiento. Al dar de alta una póliza de seguros y completar el formulario digital de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el permiso de circulación quedará validado automáticamente.

“La Ley Nacional de Tránsito siempre ha requerido el seguro de responsabilidad civil, pero su cumplimiento ha sido irregular en el pasado. Con esta norma, se busca garantizar un cumplimiento efectivo y uniforme de esta disposición legal”, asegura el comunicado.

Desde Mottos comentaron también que la importancia de cumplir con esta Ley no puede subestimarse. “Además de mejorar la seguridad de los usuarios de motocicletas y reducir la siniestralidad, esta medida contribuirá significativamente a prevenir el aumento de incidentes relacionados con el robo de motocicletas y con la modalidad delictiva de los conocidos como ‘motochorros’. Es un compromiso colectivo para construir una sociedad en comunidad, caracterizada por la paz, el trabajo y la solidaridad”, agregaron.

Las concesionarias se mostraron de acuerdo con la implementación de la medida. Foto: Cuartoscuro

Las concesionarias se mostraron de acuerdo con la implementación de la medida. Foto: Cuartoscuro

En su comunicado, Mottos resaltó su compromiso a trabajar en colaboración con las autoridades nacionales “para asegurar una efectiva implementación de esta medida y contribuir al bienestar de toda la sociedad”.

Tablets gratis: accedé a la tuya con estos simples pasos

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El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) persiste en su misión de otorgar tablets de manera gratuita a diversos grupos beneficiarios de ANSES a través del programa “Conectando con Vos”.

Este programa tiene como principal objetivo facilitar el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones en sectores vulnerables. Las tablets se erigen como herramientas clave para fomentar la inclusión digital y proporcionar a aquellos que no cuentan con estos dispositivos, una vía de acceso al mundo digital.

¿Cómo obtener tu tablet gratis a través de ANSES?

El programa “Conectando con Vos”, una iniciativa conjunta de ENACOM y ANSES, estará vigente hasta abril de 2025, con la meta de distribuir un total de 140.000 tablets. Sin embargo, cabe destacar que esta cifra podría aumentar hasta un 35% debido a la alta demanda que ha generado esta valiosa iniciativa.

La distribución de las tablets se efectúa mediante acuerdos entre ENACOM y diversas entidades provinciales y municipales, así como asociaciones civiles y redes comunitarias. Por ello, no es necesario realizar inscripciones para acceder a una tablet.

Es importante señalar que el Ente Nacional de Comunicaciones se encarga de evaluar las solicitudes y asignar las tablets según disponibilidad. Cada beneficiario que reciba una tablet deberá comprometerse a un uso adecuado y responsable del dispositivo, lo cual quedará registrado mediante un contrato que deberán firmar.

ENACOM otorga tablets a estudiantes beneficiarios de becas y a titulares de diversos programas de ANSES, incluyendo la Asignación Universal por Hijo (AUH), jubilados y pensionados, entre otros. 

¿Quiénes pueden solicitar la tablet gratis de ANSES?

El programa es compatible con los siguientes once grupos:

  1. Jubilados y pensionados
  2. Asignación Universal por Hijo (AUH)
  3. Asignación por Embarazo (AUE)
  4. Pensiones No Contributivas (PNC)
  5. Trabajadores en relación de dependencia
  6. Monotributistas
  7. Beneficiarios de las Becas Progresar
  8. Clubes de Barrio y de Pueblo registrados
  9. Asociaciones de Bomberos Voluntarios registrados
  10. Personas beneficiarias de Conectar Igualdad
  11. Personas que reciban el Seguro de Desempleo

El único requisito para recibir una tablet gratis es contar con ingresos que no superen dos Salarios Mínimos, Vitales y Móviles (SMVyM).

La asignación de los dispositivos se lleva a cabo a través de ENACOM en colaboración con gobiernos provinciales, municipales, asociaciones civiles y redes comunitarias. Por lo tanto, los beneficiarios no necesitan realizar una inscripción directa.

El ENACOM distribuirá las tablets según la disponibilidad de dispositivos. Una vez que los beneficiarios reciban la tablet, deberán firmar un contrato de adhesión al programa, comprometiéndose a utilizar el dispositivo de manera adecuada y responsable.

Massa: “No nos alcanzó para derrotar a la pobreza”

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Construimos Estado, pero también es cierto que no nos alcanzó para derrotar a la pobreza“, admitió hoy el ministro de Economía y candidato a presidente de Unión por la Patria, Sergio Massa.

Fue su primera declaración tras conocerse que el índice de pobreza llegó al 40,1% en el primer semestre y que hay más de 18,4 millones de pobres en la Argentina. Massa habló en el marco de un acto en la localidad de Ensenada junto al gobernador Axel Kicillof y el intendente local, Mario Secco, entre otros dirigentes.

“Generamos empleo, pero también es cierto que el salario no alcanza. Construimos Estado, pero también es cierto que no nos alcanzó para derrotar a la pobreza”, planteó tras conocerse el aumento de los índices de pobreza e indigencia en el último semestre.

EL DOLOROSO DATO: 18,6 millones de pobres

El índice de pobreza alcanzó al término del primer semestre del año al 40,1% de la población, frente al 39,2% del segundo semestre de 2022, informó este miércoles el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

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En tanto, el índice de indigencia, que incluye a la cantidad de personas con ingresos que no les alcanza para comprar la cantidad mínima de comida necesaria para la subsistencia, se ubicó en 9,3%, contra el 8,1% del segundo semestre del año pasado.

Así, la pobreza afectó a 18,4 millones de personas y la indigencia a 4,3 millones, según los datos oficiales proyectados para todo el país, y no únicamente a los conglomerados urbanos medidos por las estadísticas oficiales.

Entre ambas mediciones, el nivel de actividad económica registró una caída del 1,8%, mientras que el índice de costo de vida-inflación acumuló una suba 115,6% en los doce últimos meses.

Al cierre del primer semestre del año, el porcentaje de hogares ubicados por debajo de la línea de pobreza (LP) fue del 29,6%, donde residen el 40,1% de las personas comprendidas dentro de esta situación.

Dentro de este conjunto se distingue un 6,8% de hogares por debajo de la línea de indigencia (LI), que incluyen al 9,3% de las personas.

Por zonas, entre enero y junio pasado se observó un aumento de la pobreza en tres regiones y una reducción en otras tres, siempre en la medición con el último semestre de 2022.

Sin embargo, la indigencia aumentó en todas las regiones del país, advirtió el Indec. En efecto, en el Gran Buenos Aires (GBA) -que abarca a la Ciudad de Buenos Aires y a los partidos del Conurbano bonaerense, el índice de pobreza alcanzó al 41,4% de las personas, contra el 39,5% del segundo semestre del año pasado.

De manera puntual, en el Conurbano bonaerense en situación de pobreza se encuentra el 47% de las personas, mientras que en el distrito porteño fue del 17,3%.

En Cuyo la cantidad de personas comprendidas en la línea de pobreza se ubicó en 40,7% frente a 39,6% anterior; y la región Pampeana fue del 36,8%, contra el 36,3% del segundo semestre de 2022.

En tanto, en las provincias del Noreste el índice de pobreza bajo al 42% frente al 43,6% del segundo semestre del año pasado; en el noroeste fue del 41% contra el 43,1% anterior; y en la Patagonia fue del 33,2% frente al 34,7% de julio-diciembre de 2022.

En cuanto a la Indigencia esta alcanzó al 10,4% de la población en el GBA, antes 8,7%; en Cuyo 6,7% frente a 5,3%; en el Noreste 10,6% contra 10,3%; en el Noroeste 7,8% contra 7,4%; en la región Pampeana 8,2% antes 7,4; y en la Patagonia 5,5% frente a 5,3%




En Jujuy, la pobreza alcanzó al 42,2 por ciento de las personas

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La pobreza alcanzó al 42,2 por ciento de los jujeños en el primer semestre de este año, según reveló este miércoles el Indec. A nivel nacional, la cifra se ubicó en el 40,1 por ciento. 

El organismo informó que la indigencia en Jujuy se ubicó en el 8,7 por ciento, levemente por debajo de la media nacional, que fue del 9,3 por ciento. 

Medido en hogares, en la provincia hay un 34 por ciento de ellos que vive en la pobreza y un 5,5 por ciento en la indigencia. 

Según el Indec, hay 150.377 ciudadanos que viven en la pobreza y 31.037 en la indigencia.

En la región Noa, el aglomerado con mayor porcentaje de pobres fue Santiago del Estero-La Banda (46,6%), seguido por Jujuy-Palpalá (42,2%); Gran Tucumán-Tafí Viejo 41,2, Gran Catamarca 40,2; La Rioja 39,6 y Salta 37,5.

A nivel nacional

La medición se hizo antes de la devaluación implementada por el Gobierno a mediados de agosto último, por lo que esos datos deberían haber empeorado en el tercer trimestre.
Así, la pobreza afectó a 18,4 millones de personas y la indigencia a 4,3 millones, según los datos oficiales proyectados para todo el país, y no únicamente a los conglomerados urbanos medidos por las estadísticas oficiales.
Es el dato más alto desde el pico del 42% alcanzado durante la severa crisis provocada por la pandemia en 2020.