Un grupo de unos 20 diputados nacionales de Juntos por el Cambio firmaron un documento legislativo en el que se comprometen a frenar todo tipo de proyectos que impulsen el gasto desmedido, que cree planes sociales “sin fecha de caducidad ni prestaciones” e iniciativas que pretendan estatizar empresas privadas o crear nuevas empresas públicas.
El acuerdo, que lleva el nombre de “decálogo de afinidad parlamentaria”, tiene 10 puntos y además propone impulsar y votar en el Congreso solo los proyectos que apunten a “resguarden la propiedad privada en todas sus aristas, a ponderar a la empresa privada como motor del desarrollo y a defender a la libertad como derecho inalienable de todos los seres humanos”.
En el primer punto de la Iniciativa sostienen que “no se deben presentar proyectos que deleguen facultades legislativas al Poder Ejecutivo que vayan más allá de las excepciones previstas en la Constitución”.
Los diputados también cuestionan la “altísima presión impositiva” y proponen que “se deben rechazar los proyectos que aumenten la carga tributaria efectiva”. Sobre la situación del Estado, al que consideran “sobredimensionado”, sostienen que “es necesario evitar los proyectos que impliquen la creación de nuevos organismos, salvo que eliminen otros equivalentes o mayores, o bien eficienticen la estructura burocrática”.
Sobre los planes sociales apuntan a limitar la ampliación. “Vamos a evitar todo proyecto que cree planes sociales sin fecha de caducidad, prestaciones condicionadas y que no contemple un régimen de salida a través del empleo”.
Uno de los puntos del acuerdo apunta al conflicto con los pueblos originarios que hoy tiene en vilo a al sur del país con tomas de tierras y tensiones entre sectores que se autodenominan mapuches y piden ocupar tierras. Los diputados resaltan que “la soberanía argentina se extiende en todo nuestro territorio” y rechazan “todo proyecto que acepten la existencia de grupos que se consideren exentos del obligatorio respeto a la Constitución Nacional y a nuestra soberanía nacional”.
Sobre el final del documento, los diputados también se plantean “rechazar proyectos basados en la visión abolicionista del derecho penal” e iniciativas que le saquen recursos a las fuerzas de seguridad y defensa. “La seguridad ciudadana, la defensa nacional y la lucha contra el narcotráfico son funciones esenciales y urgentes”, sostienen.