El Estado podría tener que afrontar casi USD 10 millones en honorarios de abogados luego de que quedara sin efecto el juicio civil que la Dirección Nacional de Vialidad había iniciado contra Cristina Kirchner y otros involucrados en la causa por la obra pública en Santa Cruz.
La suma en discusión asciende a unos $13.614 millones y corresponde a los honorarios regulados a favor de doce abogados que intervinieron en representación de los demandados. El cobro, sin embargo, todavía no está firme: Vialidad Nacional recurrió ante la Corte Suprema la decisión que dio por terminado el expediente y la Cámara suspendió el trámite de las regulaciones hasta que se resuelva ese planteo.
La demanda había sido promovida en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, contra Cristina Kirchner y otros exfuncionarios y acusados vinculados al expediente Vialidad, entre ellos Juan Carlos Villafañe, José Raúl Santibáñez, Raúl Osvaldo Daruich, Nélson Periotti, José Francisco López y Raúl Gilberto Pavesi, entre otros. El objetivo era reclamar un resarcimiento económico por el perjuicio atribuido a las irregularidades en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz.
Con el paso del tiempo, el Estado dejó de impulsar el expediente. La inactividad comenzó durante la gestión de Alberto Fernández y terminó de consolidarse entre marzo y abril de 2025. La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal declaró entonces la caducidad de la instancia, una figura procesal que permite dar por terminado un juicio cuando la parte que debe impulsarlo permanece inactiva durante el plazo previsto por la ley.
A partir de esa decisión, los abogados de los demandados pidieron que se fijaran sus honorarios. La regulación fue realizada el 9 de abril pasado. El monto más alto corresponde a Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Villafañe y Santibáñez, a quien se le regularon aproximadamente $3.714 millones, equivalentes a unos USD 2,42 millones, incluido un adicional del 40% por su actuación como apoderado.
También fueron regulados honorarios por unos USD 1,21 millones cada uno para Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora. En el caso de los abogados de Cristina Kirchner, Luis Goldín tiene asignados alrededor de USD 359 mil y Fernando Muriel, unos USD 216 mil.