El Estado podría tener que pagar casi USD 10 millones en honorarios para los abogados de CFK y otros demandados

El Estado podría tener que afrontar casi USD 10 millones en honorarios de abogados luego de que quedara sin efecto el juicio civil que la Dirección Nacional de Vialidad había iniciado contra Cristina Kirchner y otros involucrados en la causa por la obra pública en Santa Cruz.

La suma en discusión asciende a unos $13.614 millones y corresponde a los honorarios regulados a favor de doce abogados que intervinieron en representación de los demandados. El cobro, sin embargo, todavía no está firme: Vialidad Nacional recurrió ante la Corte Suprema la decisión que dio por terminado el expediente y la Cámara suspendió el trámite de las regulaciones hasta que se resuelva ese planteo.

La demanda había sido promovida en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, contra Cristina Kirchner y otros exfuncionarios y acusados vinculados al expediente Vialidad, entre ellos Juan Carlos Villafañe, José Raúl Santibáñez, Raúl Osvaldo Daruich, Nélson Periotti, José Francisco López y Raúl Gilberto Pavesi, entre otros. El objetivo era reclamar un resarcimiento económico por el perjuicio atribuido a las irregularidades en la adjudicación de obra pública vial en Santa Cruz.

Con el paso del tiempo, el Estado dejó de impulsar el expediente. La inactividad comenzó durante la gestión de Alberto Fernández y terminó de consolidarse entre marzo y abril de 2025. La Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal declaró entonces la caducidad de la instancia, una figura procesal que permite dar por terminado un juicio cuando la parte que debe impulsarlo permanece inactiva durante el plazo previsto por la ley.

A partir de esa decisión, los abogados de los demandados pidieron que se fijaran sus honorarios. La regulación fue realizada el 9 de abril pasado. El monto más alto corresponde a Miguel Ángel Arce Aggeo, defensor de Villafañe y Santibáñez, a quien se le regularon aproximadamente $3.714 millones, equivalentes a unos USD 2,42 millones, incluido un adicional del 40% por su actuación como apoderado.

También fueron regulados honorarios por unos USD 1,21 millones cada uno para Mariano Fragueiro Frías y Mario Fernando Ganora. En el caso de los abogados de Cristina Kirchner, Luis Goldín tiene asignados alrededor de USD 359 mil y Fernando Muriel, unos USD 216 mil.

Máximo Thomsen deberá pagarle $718.326 pesos a Fernando Burlando

Tras la sentencia a los ocho rugbiers por asesinar a Fernando Báez Sosa el 18 de enero del 2020, los jueces detallaron cuánto dinero deberán pagarle los condenados a los 4 abogados de la familia de Fernando Báez Sosa: Fernando Burlando, Fabián Améndola, Facundo Améndola y Germán Facio.

El Tribunal en lo Criminal N° 1 de Dolores, integrado por los jueces María Claudia Castro, Christian Ariel Rabaia y Emiliano Lázzari, incluyó en la sentencia la cantidad de JUS (unidad de medida arancelaria) en favor de los representantes del particular damnificado.

En el quinto punto de la sentencia se estableció que los condenados deberán abonar un total de 80 JUS en forma solidaria a los cuatro abogados. Entre los ocho condenados deberán abonar $548.320, ya que cada JUS vale $6.854.

Además, los ocho acusados también deberán hacerse cargo de pagar aparte $115.147,20 por el Impuesto al Valor Agregado (IVA) del monto indicado y $54.832 como aportes a la caja previsional de abogados, un 10% del valor neto.

Más allá de los honorarios del abogado defensor, Hugo Tomei, todos los culpables deberán juntar la suma de $718.326,20 para poder pagarle.

Es importante remarcar que no está asignado el monto que debe pagar cada uno porque esto es “solidario”, es decir que no importa cuánto aporte cada uno, sino que deben llegar a cubrir el total para ambas partes.

La sentencia indica: “Difiérase la regulación de honorarios profesionales devengados en favor del doctor Hugo José Tomei, por su rol de abogado defensor de los ocho imputados, para la oportunidad que acompañe las constancias de pago de los tributos de ley”.

En la Provincia de Buenos Aires cada abogado debe pagar aportes previsionales (jubilación) cada vez que interviene en un juicio. Esto debe hacerse en la primera presentación. La acreditación es fundamental para que, una vez dictada la sentencia, la Justicia pueda regular dichos honorarios. Como Tomei no presentó dicho aporte, aún no se estableció el monto que percibirá por su defensa.