El Gobierno decidió quitarle el control de 180.000 planes sociales a las organizaciones sociales y traspasarlos a la órbita de las provincias y los municipios. Se trata de programas incluidos dentro del Potenciar Trabajo, una de las partidas centrales del Ministerio de Desarrollo Social que conduce Juan Zabaleta, el equivalente a un 15% del total de 1,2 millones de beneficiarios.
La medida surge como efecto de auditorías que viene realizando Desarrollo Social, que revelaron irregularidades dentro de las organizaciones sociales que ofician de intermediarias entre el Estado y el beneficiario.
Y se da pocos días después de que se conociera que el Polo Obrero le cobra un 2% del ingreso que percibe cada uno de los beneficiarios que reporta a esa organización. Teniendo en cuenta que son $ 19.450 por mes, serían unos $ 390 que se le sacan a las 60.000 personas que cobran a través de la organización piquetera. El cálculo mensual da $ 23,4 millones que dejan de cobrar los beneficiarios y le ingresan al Polo Obrero
En enero se decidió que cada beneficiario pueda elegir la unidad ejecutora donde cobra el Potenciar Trabajo. Dentro de los 177.000 beneficiarios que empezarán a percibir el Potenciar Trabajo desde los municipios o las gobernaciones figuran aquellos que pidieron el cambio de Unidad Ejecutora, precisamente, para no tener que pagar un porcentaje a intermediarios.