El Código Penal de Milei prevé penas más altas y baja la edad de imputabilidad a 13 años

El presidente Javier Milei oficializó este jueves en el Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza el proyecto de reforma del Código Penal, que propone una actualización del régimen punitivo. La iniciativa legal, postula el agravamiento de las penas, la baja en la edad de imputabilidad y nuevas figuras delictivas como tres de los principales puntos del documento que será remitido al Congreso de la Nación.

El anteproyecto busca ordenar en un único cuerpo múltiples normas penales especiales e intenta responder a fenómenos contemporáneos como el crimen organizado transnacional, la violencia digital o el narcotráfico. Sus ejes nodales, en rigor, giran en torno al agravamiento de penas, la imprescriptibilidad de delitos graves, el cumplimiento efectivo de las condenas, la restricción de la liberación anticipada y la baja en la edad de imputabilidad.

En cuanto al agravamiento de sanciones, el esquema propone elevar mínimos y máximos en una gran cantidad de delitos. Así, el homicidio simple pasará de un rango de 8 a 25 años a uno de 10 a 30. El homicidio agravado seguirá castigado con prisión perpetua, aunque se amplían los supuestos: alcanzará a crímenes contra el presidente, ministros, docentes, menores de 16, mayores de 65, personas privadas de libertad o hechos cometidos en espacios de concurrencia masiva. A la vez, se elevan las penas por lesiones leves (de 1 mes a 1 año, a entre 1 y 3 años) y por lesiones viales (de 2 a 6 años en su forma simple y de 3 a 6 en la agravada).

Las amenazas anónimas o con armas pasarán de 1 a 3 años a un rango de 2 a 8, y se elevarán hasta 10 cuando busquen forzar a la víctima a realizar o tolerar una conducta. El hurto será penado con hasta 3 años, y el robo tendrá escalas diferenciadas: entre 3 y 8 años si hay fuerza en las cosas y entre 3 y 10 si media violencia contra las personas. Además, se crean figuras específicas para modalidades como los “motochorros” o las “viudas negras”. La estafa alcanzará hasta 8 años más multa, y la usurpación pasará a entre 3 y 10 años, con un máximo de 12 en supuestos agravados.

Otro núcleo de la iniciativa está en la imprescriptibilidad de los delitos graves. El texto elimina la posibilidad de que el paso del tiempo cierre investigaciones por homicidios agravados, abusos sexuales, grooming, producción y distribución de material de abuso infantil, corrupción de menores, trata de personas, secuestro extorsivo, atentados contra el orden constitucional, terrorismo, narcotráfico y contrabando de estupefacientes. Además, incorpora actos que interrumpen la prescripción, como las órdenes de captura o los pedidos de extradición.

Asimismo, la liberación anticipada tendrá límites más estrictos: reincidentes y condenados por homicidio, robo seguido de muerte, robo con armas o delitos dolosos cometidos por funcionarios en ejercicio no podrán acceder a este beneficio.

Finalmente, la reforma incluye la baja de la edad de imputabilidad a 14 años en delitos graves. Hoy quienes tienen menos de 16 son inimputables, lo que, según el texto, genera incentivos para que las organizaciones criminales utilicen a menores en hechos delictivos. Con el cambio, los adolescentes de 14 y 15 años podrán enfrentar procesos penales con sanciones equivalentes a las de un adulto.

El nuevo Código elaborado por el gobierno será llevado al Congreso de la Nación para su análisis y tratamiento. El Poder Legislativo federal es el encargado de dictar las normas en materia penal.

La Iglesia rechazó la baja de la edad de imputabilidad: “Encerrar a un chico no resuelve el problema”

“No nos parece que bajar la edad sea lo adecuadoPoner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”. Con esas dos definiciones tajantes, Monseñor Dante Braida, obispo de La Rioja y presidente de la Comisión de Pastoral Social de la Iglesia Católica Argentina, sentó la postura institucional de la Iglesia frente a uno de los debates más urgentes y controvertidos del Congreso: la baja de la edad de imputabilidad penal. Lo hace en un momento clave, cuando el Gobierno se prepara para dictaminar en Diputados el proyecto de ley que propone reducir de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los menores pueden ser juzgados penalmente.

El próximo martes, tras varias postergaciones, se reunirá finalmente el plenario de comisiones -Legislación Penal, Presupuesto y Hacienda, Familia, Niñez y Juventudes y Justicia- y el oficialismo confía en conseguir dictamen gracias a un acuerdo con sectores de la UCR, el PRO, el MID y bloques aliados. Si bien el proyecto original impulsado por la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y el de Justicia Mariano Cúneo Libarona proponía llevar la imputabilidad a los 13 años, el texto consensuado finalmente fija el nuevo umbral en 14.

Frente a este escenario, Braida sostuvo que la respuesta no puede ser punitiva: “Creemos que es una realidad que hay que abordarla de una manera amplia, multisectorial, para ir a las causas de por qué una persona tan pequeña en edad podría llegar a estas instancias de delitos tan graves”, explicó. “No creemos que la solución sea lo penal, sino más bien ofrecer instancias de recuperación y de prevención”.

Desde la Iglesia, advirtieron que encarcelar adolescentes no resolverá la inseguridad: “Lo que necesitan estos chicos es oportunidades. Nuestros regímenes penitenciarios están abarrotados y muchas veces en las cárceles se potencian las problemáticas”. Y reitera: “Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”.

Braida también advierte sobre las deficiencias estructurales del sistema: “Hoy el sistema no cuenta con lugares adecuados”, como también lo señalaron varios legisladores. Ninguno de los proyectos, incluido el oficialista, prevé partidas presupuestarias específicas para construir centros de detención para menores.

En este contexto, el obispo le envió un mensaje directo al presidente Javier Milei y a la ministra Bullrich“Que puedan dar tiempo para que todos los sectores sociales puedan dar su opinión y también aportar propuestas diversas para atacar realmente el problema, yendo a las causas”. Y enfatizó que la mirada eclesiástica no es aislada: “Es una posición que no es solo de la Iglesia, sino también de muchas organizaciones”, señala.

Finalmente, pide evitar respuestas apresuradas frente a una problemática compleja: “El problema requiere tiempo y una apertura a un abordaje más amplio”.

Javier Milei insiste con bajar la edad de imputabilidad y agravar las penas del Código Penal

Al hablar de la inseguridad durante el discurso en el Congreso, Javier Milei hizo referencia al brutal asesinato de Kim Gómez, la niña de 7 años de La Plata. En ese marco, resaltó que trabajarán en bajar la edad de imputabilidad y agravar las penas del Código Penal.

Javier Milei envió un mensaje a la familia de Kim Gómez

Javier Milei habló sobre el crimen de Kim Gómez: “Quiero asegurarle a su familia que tienen el compromiso de este Presidente”

El Presidente se refirió al crimen de Kim Gómez, la niña de 7 años asesinada en La Plata: le expresó sus condolencias a la familia y apuntó contra Axel Kicillof por su política de seguridad en la provincia de Buenos Aires.

“Actualmente tenemos un sistema judicial y un código penal repleto de grietas por las que se coló el virus del anti-punitivismo, que además de estar moralmente mal, demostró su estrepitoso fracaso. Lo vimos esta semana con la trágica noticia del asesinato de Kim Gómez, una nena de tan solo 7 años que fue brutalmente asesinada”, señaló Milei.

Y agregó: “Quiero expresar mis condolencias para con su familia y asegurarles que tienen el compromiso e este Presidente para luchar incalmablemente contra el flagelo de la inseguridad”.

Baja de la edad de imputabilidad y agravar las penas del Código Penal

Por otra parte, Javier Milei insistió con bajar la edad de imputabilidad y reclama agravar todas las penas del Código Penal

“Necesitamos también agravar todas las penas del código penal, algo que tiene que ocurrir en carácter urgente”, destacó el Jefe del Estado.

En ese mismo sentido, insistió: “Para concluir, no podremos resolver la crisis de delincuencia en nuestro país sin una justicia verdaderamente independiente y efectiva. Y la justicia no va a funcionar correctamente hasta que la política se decida a dejar de politizar los nombramientos de los jueces, fiscales y defensores públicos”.

El orden público y la vida social en paz deben volver a ser la regla y no la excepción en la Argentina”, inició su discurso Milei a la hora de referirse a la inseguridad y finalmente agregó: “Actualmente, tenemos un sistema judicial y un código penal repleto de grietas por las que se coló el virus del anti-punitivismo, que además de estar moralmente mal, demostró su estrepitoso fracaso”.

“Necesitamos aprobar la ley de baja de la edad de imputabilidad, para que quienes son lo suficientemente conscientes para cometer crímenes de adulto, paguen las consecuencias de sus actos. Necesitamos también agravar todas las penas del código penal, algo que tiene que ocurrir en carácter urgente”, agregó.

Por el caso, anunció que el Gobierno Nacional trabaja “en una ley de seguridad nacional que le provea herramientas al Estado argentino, a nuestro servicio de inteligencia, y a nuestras fuerzas, para perseguir a quienes quieran atentar contra la vida de los argentinos”.

El Gobierno tratará un proyecto para agravar las penas para quienes provoquen incendios

Este lunes, el Gobierno de Javier Milei anunció que sumará en las sesiones extraordinarias un proyecto para agravar las penas a quienes provoquen focos de incendio. La medida fue anunciada en medio de la situación dramática por los incendios en la Patagonia.

La iniciativa anunciada a través de un comunicado de Presidencia presentará ante el Congreso un proyecto que reforma el Código Penal y aumenta las condenas y crea agravantes cuando se afectan bosques, plantaciones o ecosistemas o cuando el objetivo sea intimidar al Gobierno.

“Incluiremos en Sesiones Extraordinarias un proyecto para agravar la pena de quienes provoquen incendios intencionalmente, eliminando la posibilidad de excarcelación. Terroristas disfrazados de mapuches prendieron fuego nuestra Patagonia para extorsionar al Gobierno y reclamar privilegios. Van a pagar tras las rejas”, explicó al respecto el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

En la actualidad, la pena para quienes inician incendios es de 3 a 10 años de prisión, y si el fuego genera peligro de muerte o mata, aumenta a un máximo de 20 años. De aprobarse la reforma, las penas pasarán a ser de 4 a 12 años como mínima y hasta 25 años de máxima.

La iniciativa fue comunicada considerando que para el Gobierno detrás de los incendios hay grupos mapuches, según lo indicó el presidente de Parques Nacionales, Cristian Larsen, quién los responsabilizó por el fuego desatado en Chubut y Río Negro.

El Gobierno prepara un nuevo Código Penal: tendrá penas mas duras para violadores y cadena perpetua efectiva

Mientras avanzan las discusiones por los proyectos pendientes en el Congreso en las sesiones extraordinarias, el Gobierno ya prepara algunas de las iniciativas que enviará para su tratamiento durante el próximo periodo de ordinarias, una de las cuales es la modificación del Código Penal para endurecer las sentencias para determinados delitos.

De acuerdo con lo que precisaron fuentes oficiales, el texto en cuestión ya está listo desde octubre pasado y el objetivo es que sea presentado por el presidente Javier Milei cuando inaugure, el primero de marzo, el año legislativo.

A pesar de que en esta oportunidad esa fecha caerá un sábado, la cúpula libertaria no tiene previsto mover el acto para otro día y lo hará en pleno fin de semana y por la noche, con transmisión por cadena nacional.

El secretario de Justicia, Sebastián Amerio, es quien está detrás de los cambios, junto a un equipo de asesores en la materia que integran la Comisión de Reforma del Código Penal, encabezada por el abogado y Doctor en Ciencias Jurídicas Jorge Buompadre.

Mariano Borinsky es uno de

El camarista Borinsky, uno de los principales autores del texto, visitó este martes por la tarde a Cúneo Libarona en su oficina para terminar de cerrar algunos detalles antes de la presentación formal.

Según anticiparon personas al tanto de esta propuesta, uno de los cambios que se introducirán estará vinculado con la cadena perpetua, que actualmente fija una pena máxima de 35 años, excepto casos muy específicos y aislados.

De hecho, el único criminal que está hace más de 5 décadas en prisión es el múltiple homicida Carlos Eduardo Robledo Puch, apodado “El ángel de la muerte”, quien entre 1971 y 1972 mató a once personas.

Actualmente, el artículo 13 del Título II del Código Penal establece que “el condenado a reclusión o prisión perpetua que hubiere cumplido treinta y cinco años de condena”, podrá obtener la libertad “por resolución judicial”, previo informe de la dirección del establecimiento y de peritos que “pronostique en forma individualizada y favorable su reinserción social”.

“Nosotros queremos, no solo que todas las penas sean más altas, sino que la perpetua sea, efectivamente, perpetua, para toda la vida”, explicó uno de los funcionarios que están elaborando el proyecto.

Si bien todavía no se determinó qué tipo de delitos entrarían dentro de los parámetros para esa condena, serían los más graves, como algunos tipos de homicidio o hechos de violencia importante.

Las cárceles están sobrepobladas (CIJ)

Para las violaciones, por ejemplo, lo que se está estudiando es incrementar el castigo, que hasta el momento está fijado de seis a quince años, que se pueden extender hasta 20 ante diferentes agravantes, como daño en la salud física o mental de la víctima, o cuando el atacante tuviera conocimiento de ser portador de una enfermedad de transmisión sexual.

Las autoridades nacionales argumentan que esta decisión de aumentar las penas se basa en la convicción de que “además de funcionar como método punitivo, sirven como una suerte de disuasión del delito”.

“Si un criminal no le tiene miedo a la pena porque sabe que si lo agarran, que ya no es en todos los casos que ocurre, entra a una comisaría y al día siguiente sale, no tiene sentido que exista, porque esa persona va a seguir delinquiendo”, señalaron.

De hecho, el propio presidente Javier Milei suele repetir que durante su administración se va a aplicar una doctrina de seguridad más dura, bajo el concepto de “el que las hace, las paga”.

El mandatario se basa, entre otras cosas, en el libro “Crimen y castigo”, del autor estadounidense Gary Becker, en el que abordó el problema de la inseguridad desde un punto de vista económico.

En paralelo a esta iniciativa, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, está trabajando en un proyecto para construir cárceles de gestión privada, con el objetivo de aliviar la carga de los establecimientos penitenciarios estatales, que sufren de sobrepoblación desde hace décadas.

Ya en mayo pasado, la funcionaria anunció, junto al jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, la creación de dos prisiones privadas en la ciudad de Buenos Aires, aunque por ahora no fueron inauguradas.