Vicente Casas: “La institucionalidad en Jujuy está degradada y el poder real no lo ejerce el gobernador”

El punto de partida del análisis fue un memorándum emitido por el jefe de Gabinete, Freddy Morales, hermano del exmandatario, solicitando la renuncia de todos los ministros, funcionarios y dependencias del Ejecutivo provincial con plazo al 10 de diciembre de 2025. Para Casas, este documento revela una práctica irregular y políticamente significativa.

“Si esto fuera una decisión del gobernador, la firmaría él mismo y debería incluir al propio jefe de Gabinete. El hecho de que no ocurra así me da derecho a pensar que alguien más está decidiendo por encima suyo”, afirmó.

El abogado describió la medida como una muestra de “gatopardismo”, destinada más a preservar cuotas de poder que a promover cambios reales. “Si Morales sigue definiendo quién se queda y quién se va, es evidente que Sadir no tiene autonomía”, sostuvo.

Seguridad, educación y agua: “No pueden exhibir logros en dos años de gobierno”

Casas señaló que el Gobierno radical no ha sido capaz de mostrar resultados en áreas sensibles como seguridad, salud, educación y servicios esenciales. Recordó el reciente asesinato de una joven en el barrio Gorriti, en un operativo donde la policía “no entró porque no sabía qué hacer”.

“No hablo de los policías, sino de quiénes los formaron. ¿Cómo puede ser que ante un pedido de auxilio nadie atienda el teléfono? Pero sí actúan rápidamente para irrumpir en la universidad o para amedrentar asambleas docentes”, criticó.

En materia de servicios públicos, fue categórico: “Jujuy tiene barrios enteros sin agua durante meses. ¿Para qué sirve anunciar un superávit de 500 mil millones si Alto Comedero no tiene agua? ¿Cuál es el sentido económico o moral de eso?”

Una democracia condicionada por el miedo y el control

Casas analizó el vínculo entre pobreza y manipulación política, denunciando mecanismos de control electoral en escuelas donde detectó lo que definió como “mesas de tareas” integradas por militantes y funcionarios radicales en comicios provinciales y nacionales.

“No tienen por qué estar allí. Sin embargo, se repiten elección tras elección. Algo pasa”.

En sintonía con el planteo inicial sobre la “democracia vaciada” que describe el filósofo Byung-Chul Han, Casas afirmó que en Jujuy existe una concepción patrimonial del poder, donde el Estado se usa para disciplinar y no para servir.

La Justicia, otro terreno en disputa

Consultado sobre la posible designación del hijo de Morales en una vacante del Superior Tribunal, el entrevistado sostuvo que sería una “provocación” política. Recordó que la Constitución reformada en 2023 establece un máximo de nueve miembros, no una obligación de cubrir todas las sillas.

“Pueden dejar la Corte en ocho. Si aun así avanzan, será una muestra más de la voracidad política de un gobierno en retirada”, señaló.

También cuestionó el estancamiento de investigaciones clave, incluida la que involucra al ex titular del Ministerio Público de la Acusación. “Se llevaron documentación. ¿Dónde está? ¿Cuántas copias hay? ¿Quién las tiene y con qué intención?”, preguntó.

La Oficina Anticorrupción, la Auditoría y otros organismos de control, sostuvo, han sido meramente decorativos durante una década. “Confunden rendición de cuentas con sacarse una foto”, ironizó.

“La institucionalidad se degradó en estos 10 años”

Casas trazó un diagnóstico contundente: “En Jujuy la institucionalidad está degradada. El Gobierno ha creado un relato que ya no puede sostener. La gente merece saber qué hicieron y qué no en estos dos años. No se puede seguir gobernando con miedo, con opacidad y con la billetera”.

El abogado insistió en que la dirigencia debe rendir cuentas no sólo sobre los resultados, sino también sobre los procesos, y advirtió que la falta de transparencia abre el camino a salidas autoritarias.

Por Jujuy al Momento

“Si el gobernador le acepta la renuncia a Sergio Lello Sanchez, el juicio político ha terminado”

El abogado constitucionalista, Vicente Casas, en diálogo con Radio 2, dio su punto de vista en relación a la convulsionada jornada que se vivió este jueves, luego de conocerse el pedido de juicio político al Procurador General del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez y su posterior renuncia.

Sergio Lello Sánchez

El letrado hizo hincapié en que esta situación, de la cual no se tiene conocimiento oficial del por qué se originó, ni cuales son las denuncias formuladas por los abogados, no es más que una consecuencia de una cadena de lo que fue la reforma constitucional del 2023, donde se dieron poderes a funcionarios que no tuvieron ningún control.

“Hay que pensar que ha renunciado el máximo titular del Ministerio Público de la Acusación. Es decir, quien por la Constitución tan criticada de nuestra parte tiene en sus manos la representación de la sociedad para iniciar acciones penales. Es decir, él es la máxima autoridad en la política del Ministerio Público de la Acusación, que él la fija a los fiscales inferiores que acusan a Juan, a Pedro, a Estela, a María, etcétera o no los acusan. El hecho reviste una gravedad institucional muy importante. Y también, esto no es otra cosa o se suma más a una cadena de consecuencias de la nefasta reforma de la Constitución del 2023, a que se le de tantas atribuciones a determinados funcionarios públicos que prácticamente no han tenido control de ninguna naturaleza”.

Agregó que “estos años, estos 2 escasos años que han pasado de la reforma de la Constitución, ya tenemos creo que a la primera de las personas o de los funcionarios que tienen que dimitir porque no pueden cumplir lo que ellos mismos han reformado. Yo creo, que es casi como la crónica de una muerte anunciada. Es decir, esto en la calle ya venía teniendo un run run de hace mucho tiempo respecto de las acciones que se realizaban por parte del Ministerio Público de la Acusación, tanto interna como externamente”.

Asimismo expresó “Yo no conozco todavía los considerando o las razones por las cuales se ha abierto el proceso de juicio político. No lo dice. Evidentemente se debería dar a conocer en la noche o mañana. Tenemos que saber por qué. La sociedad tiene que saber por qué la legislatura tomó esa decisión, de decir estas son las razones, esta es la denuncia que se ha hecho. Porque a todos nos interesa qué es lo que ha pasado”.

El abogado analizó que “hay dos posibilidades que pueden ocurrir. El fiscal ha renunciado. Es posible que el gobernador le acepte la renuncia, con lo cual el juicio político ha terminado. Ahora, es posible que el gobernador no le acepte la renuncia, con lo cual el juicio político sigue y atento la gravedad, porque es tan inminente, es posible que si el juicio político sigue, llegue a una destitución. El gobernador tiene la facultad de aceptarla o no. Ahora, también puede decir no. Por ejemplo, el presidente Kirchner decía, “no. No vamos a aceptarle” y vaya juicio político. Así, varios jueces fueron a juicio político y fueron destituidos”.

Foto: Vicente Casas, abogado constitucionalista.

Fuente: Jujuy al Momento