A principios de este año se dio un fuerte reclamo en Industrias Zapla de Palpalá, donde los empleados metalúrgicos pedían mejoras salariales
Señalaban que sus sueldos estaban sumamente deteriorados y hace más de un año no tenían paritarias. Su protesta tuvo apoyo nacional del gremio UOMRA(Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina).
El pasado viernes, meses después de aquella situación, vuelven a darse protestas en el Industrias Zapla: iniciaron paro y asamblea permanente debido a falta de actualización de haberes y la modalidad de pago de la empresa.
Sebastián Maraz, delegado de UOM filial Palpalá, explicó que desde hace dos meses, la empresa adoptó la “costumbre” de pagar el70% del sueldo los primeros días del mes y el 30% restante a mitad de mes. Dijo que esto asfixia económicamente a los empleados, cuyos gastos vencen los días 10 y 15.
Denunció además que los sueldos en la planta son bajísimos. El acuerdo “paliativo” que habían firmado hace cinco meses (tras una conciliación obligatoria) ya venció, y exigen una recomposición urgente.
Carlos Clemente, de UOM Salta, informó que la UOM nacional se encuentra intervenida por la justicia, lo que mantiene las paritarias oficiales estancadas desde hace 24 meses, generando un enorme desfasaje económico para los trabajadores.
El delegado que la empresa duplicó su producción (pasó de 1.500 toneladas a más de 3.000), por lo que rechazan el argumento empresario de que no hay fondos. “Se produce más y se cobra menos”, afirmaron.
El Congreso autorizó este domingo al presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, a utilizar al Ejército en el desbloqueo de rutas controladas desde hace cinco semanas por manifestantes que exigen su renuncia.
Campesinos, mineros, transportistas y otros trabajadores mantienen protestas con bloqueo de rutas en todo el país ante el malestar por la peor crisis económica que sufre Bolivia en cuatro décadas.
Después de una sesión ininterrumpida de 15 horas que terminó en la madrugada, la Cámara de Diputados aprobó la ley, ya antes avalada por el Senado, y la envió al presidente para su promulgación, explicó el jefe legislativo Roberto Castro.
¿Habrá estado de excepción?
Paz, en el poder desde hace seis meses, considera declarar el estado de excepción que le permitirá el uso extendido de la fuerza militar y restringir libertades de reunión y movilización, esenciales para las manifestaciones.
Hasta ahora, la participación de los militares fue muy limitada en uso de efectivos y desplazamiento de pertrechos, con la policía antimotines en primera línea en los operativos para despejar algunas vías.
Los bloqueos provocan una grave escasez de alimentos, medicinas y combustibles en La Paz, sede de gobierno, y su vecina El Alto, y también afectan, aunque en menor medida, a Cochabamba (centro), Oruro (oeste) y Potosí (suroeste), entre otras regiones.
El sábado, los policías antimotines lanzaron gases lacrimógenos contra campesinos que bloquean una estratégica ruta en el poblado de San Julián, en la próspera región de Santa Cruz (este), con saldo de seis policías y 14 civiles heridos.
Los manifestantes bloquean rutas en al menos unos 80 puntos del país, con escombros, troncos y piedras, y se turnan en grupos para mantenerse apostados en el lugar.
Presunción de legalidad
Uno de los artículos de la ley aprobada señala que los uniformados, durante el estado de excepción, “gozarán de presunción de legalidad” y que el gobierno deberá asumir su defensa legal.
Ese tema fue uno de los más debatidos. “Este artículo no solamente que es necesario, sino es útil, de mucha utilidad para que existan policías y militares que, frente a una violencia que nos está destrozando los derechos (…), estén dispuestos a protegernos”, dijo el diputado oficialista Carlos Alarcón.
Ese artículo permitirá despejar el temor de los militares a ser sometidos a juicios penales por el uso de la fuerza en situaciones de conflicto.
Un último antecedente es el caso de varios jefes castrenses de la expresidenta de derecha Jeanine Añez (2019-2020) que fueron enjuiciados y encarcelados por enfrentamientos con civiles después de la salida del poder del izquierdista Evo Morales, que causaron más de 30 muertos.
Paz, de 58 años, llamó en forma reiterada al diálogo, sin que hasta ahora haya sido aceptado por las principales organizaciones que encabezan las protestas y que inicialmente pedían alza salarial y otras demandas sociales, y ahora su renuncia.
En su cuenta en la red social X, Paz aseguró en la madrugada del domingo que La Paz y El Alto enfrentan “todavía momentos difíciles, pero también empiezan a registrarse avances concretos”, como la lenta distribución de combustible
Las filas en las estaciones de servicio son enormes y conductores esperan desde la anterior semana comprar nafta y diésel. Muchos duermen en sus autos.
El gobierno boliviano culpa de las protestas a Morales, quien gobernó de 2006 a 2019.
El líder indígena niega las acusaciones y se mantiene aislado en su feudo cocalero del Chapare, centro del país, para evitar una orden de captura por un caso de trata de menor que él niega.
La investigación en torno a la violenta muerte de Julio Matías Sandoval, quien falleció tras recibir una certera puñalada en el tórax durante un forcejeo en el límite entre el barrio San José de Palpalá y las 47 Hectáreas de Alto Comedero, sumó definiciones trascendentales en las últimas horas tras concretarse la audiencia imputativacontra su pareja.
El Ministerio Público de la Acusación (MPA) avanzó formalmente con una severa acusación, imputando a la mujer de 34 años por el delito de homicidio agravado por el vínculo. A pesar de la gravedad de la calificación legal provisoria, las autoridades judiciales y los investigadores manifestaron que se está analizando y contemplando toda la situación de fondo que rodeaba a la pareja.
Los testimonios vecinales recabados por el personal policial de la Seccional Nº 47 ya habían advertido sobre la existencia de constantes agresiones físicas previas por parte del hombre, por lo que la hipótesis de un acto en legítima defensa en un contexto de violencia de género sigue bajo la lupa de los pesquisas.
Durante la misma audiencia formal, la Justicia resolvió la situación de detención de la inculpada, dictando una prisión preventiva por el término de 60 días. Sin embargo, atendiendo a su particular situación familiar y social, el tribunal dispuso que la medida de coerción se ejecute bajo la modalidad domiciliaria.
Para el otorgamiento de este beneficio, los magistrados contemplaron de forma prioritaria que la imputada es mamá de dos niños pequeños y que actualmente reside en la vivienda de sus progenitores, garantizando así el resguardo y cuidado de los menores mientras continúa el proceso legal.
Por estas horas, la gran expectativa judicial gira en torno a los resultados periciales mecánicos. Si bien la autopsia forense ya fue practicada en las instalaciones de la Morgue Judicial, las fuentes confirmaron que el informe de los peritos aún no está disponible.
Una vez que este documento científico sea remitido a la fiscalía, sus conclusiones resultarán cruciales para determinar con precisión la trayectoria del arma blanca y ratificar si el cuerpo de la víctima presentaba o no lesiones defensivas, lo que podría modificar de manera rotunda el destino de la causa.
La semana pasada se registró un grave accidente en Palpalá con un alumno al que se le cayó un ventanal.
Ocurrió en el Colegio N°1 “Domingo Faustino Sarmiento”. El estudiante sufrió la cortadura de cuatro tendones en su mano derecha. Desde la institución afirmaron que el mal estado edilicio ya había sido denunciado ante el Ministerio de Educación.
La respuesta de la cartera educativa fue que “se activaron los protocolos” y “acompañaron a la institución”.
Débora Arce, madre del estudiante accidentado, brindó declaraciones para exponer el estado de salud de su hijo y además cuestionar a las autoridades gubernamentales.
Expuso que como consecuencia de lo ocurrido, se cortó cuatro tendones y “tiene el 95% de la mano destruida”. Señaló que ya pasó por varias cirugías en el Hospital Materno Infantil, incluyendo una limpieza profunda y colocación de ganchos de soporte en los dedos, y su futuro médico es incierto; no saben si recuperará la movilidad total.
La mamá desmintiócategóricamente el comunicado oficialdel Ministeriode Educación que afirmaba que se brindó acompañamiento desde el primer día. Aseguró que “ninguna autoridad se presentó, que la escuela les entregó al chico directamente al SAME y que la familia está afrontando la situación completamente sola y sin apoyo psicológico ”.
Acusó que el incidente ocurrió por la desidia del Ministerio, ya que el colegio había pedido previamente las obras de remodelación de las ventanas. Además, descubrió que el establecimiento no cuenta con una póliza de seguro de vida o de accidentes para los alumnos. También remarcó que existe de “abandono de persona” a la responsable a cargo que mandó al menor a bajar la ventana sabiendo el peligro que corría.
Además, criticó fuertemente que, tras recibir el alta hospitalaria provisional el miércoles, la secretaria del establecimiento salió a decir públicamente y sin autorización que el joven ya estaba de alta y que “estaban todos felices”, minimizando la gravedad de la situación.
La falta de combustible en Bolivia llevó a vecinos de Villazón a cruzar hacia La Quiaca para abastecerse del lado argentino desde hace dos días. Elbio Llampa, periodista de Canal 4, explicó que la situación ocurre en medio de la crisis que atraviesa el vecino país, donde los bloqueos complican la circulación de vehículos y el acceso normal al combustible.
El conflicto en Bolivia se profundiza y ya se siente en la zona fronteriza con Jujuy. Según relató Llampa, en Villazón la falta de combustible comenzó a modificar la rutina de muchas personas que necesitan abastecerse y comenzaron a comprar combustible en La Quiaca.
La situación en Bolivia se agudiza, renunciaron ministros con cambios en el gabinete. Villazón está sintiendo el impacto por el combustible.
Desde hace dos días, vecinos de Villazón llegan a La Quiaca para cargar combustible en bidones. Llampa detalló que la modalidad se repite y que podría sostenerse durante varios días más si la situación no mejora.
“Hace dos días la gente de Villazón cruza el puente para cargar combustible en el lado argentino, en La Quiaca. Cargan bidones de 20 y 30 litros, creen que esto podría pasar hasta el lunes”, relató.
Por ahora, del lado argentino la situación se mantiene fluida y no se informaron medidas especiales para impedir la compra.
Uno de los datos centrales es la diferencia de precio entre ambos lados de la frontera. Aunque comprar en Argentina representa un gasto mucho mayor, la falta de combustible en Bolivia hace que muchas personas crucen igual.
“Tienen que gastar 2.200 pesos para un litro, mientras que en Villazón es 1.110. Gastan el doble”, señaló Llampa.
Por el momento, las compras están concentradas en combustible y no en alimentos. Sin embargo, Llampa señaló que esa posibilidad no está descartada si el conflicto continúa.
La Quiaca aparece como el punto más cercano para abastecerse desdeVillazón, aunque quienes cruzan saben que del lado argentino los precios son más altos.
La gestión del intendente Rubén Eduardo Rivarola, avanzó en un nuevo acuerdo con la Sociedad Anónima con Participación Estatal Mayoritaria “JUJUY DIGITAL S.A.P.E.M.” para la instalación de nuevas cámaras de seguridad con tecnología de captura y reconocimiento facial, además de lectura de matrículas vehiculares. La iniciativa, enmarcada en el programa provincial “Jujuy Seguro”, permitirá sumar nuevos equipos operativos que serán monitoreados en forma conjunta entre el municipio y el Ministerio de Seguridad de la provincia, alcanzando cobertura hasta Rio Blanco, Forestal, y Carahunco.
En este marco, la ingeniera Valeria Mendoza, representante de la empresa prestataria de servicios de telecomunicaciones y encargada de la ejecución técnica, explicó que “el trabajo incluye también la extensión de la cobertura a localidades que antes no contaban con este tipo de vigilancia, llegando con conexión satelital hasta sectores rurales, donde no se llega con fibra óptica”. Durante la reunión, se definieron las ubicaciones estratégicas basadas en el mapa del delito, para optimizar la vigilancia y garantizar que todos los sectores, tanto urbanos como rurales, cuenten con herramientas que aporten mayor tranquilidad y prevención a los vecinos.
El proyecto forma parte de un plan integral que prevé la colocación de cámaras en toda la provincia. En Palpalá, el centro de monitoreo local será el encargado de operar el sistema, en coordinación con las fuerzas de seguridad provinciales.
De la reunión participaron también el jefe de asesores, Rubén Pereyra; el jefe de gabinete, Luis Moreno; el secretario de Gobierno local, Claudio Flores; el director de Seguridad Ciudadana, Hernán Vargas; y el comisionado de la localidad de Volcán René Galindez, quienes destacaron que esta articulación entre el Estado provincial y municipal fortalece las políticas de seguridad y permite actuar con mayor rapidez y eficacia ante cualquier situación.
Un nuevo hecho de inseguridad bajo la modalidad de robo en vehículos estacionados tuvo lugar en la ciudad de Palpalá, dejando en evidencia la velocidad con la que operan los delincuentes en la zona.
Una vecina sufrió la sustracción de sus pertenencias del interior de su auto y, en cuestión de minutos, se convirtió también en víctima de una estafa bancaria.
El episodio delictivo se registró sobre la calle Puerto Deseado. La damnificada había dejado estacionado en la vía pública su automóvil Volkswagen Gol Power y, al regresar al rodado, constató con amargura que autores desconocidos le habían sustraído un bolso de valor.
Entre los elementos robados se encontraban prendas de vestir, documentación personal, la suma de $50.000 en efectivo y una tarjeta de débito de su banco.
La audacia de los malvivientes no se detuvo con el hurto. Demostrando una alarmante rapidez para cometer ilícitos, los ladrones se dirigieron inmediatamente a un conocido local comercial.
Apenas 45 minutos después del robo, la víctima recibió una notificación en su teléfono celular que le advertía sobre una compra realizada en dicho comercio por la suma de 100.000 pesos.
Al percatarse de que estaban utilizando sus cuentas, la mujer desconoció la transacción de inmediato y se comunicó con urgencia con la entidad financiera para proceder al bloqueo de la tarjeta de débito.
La denuncia formal fue radicada ante el personal policial de la Seccional Nº 51, unidad que quedó a cargo de las actuaciones investigativas. Hasta el momento, las autoridades trabajan para establecer la identidad de los autores del hecho bajo la carátula de hurto y estafa con tarjeta bancaria.
El evento tuvo lugar en el Cine Teatro “Altos Hornos Zapla y contó con la participación de efectivos de la Policía, del Servicio Penitenciario y del MPA; y la disertación de referentes internacionales en la materia como Hernán Navarro y Alan Rossetti.
Geraldine Torres, directora de Responsabilidad Social del IUPS (Instituto Universitario de Seguridad), comentó que la actividad estuvo organizada por la institución y dirigida de forma prioritaria a los futuros egresados, además del personal en actividad, enfocándose en el ciberacoso a menores.
Remarcó que, al ser un delito virtual facilitado por el acceso masivo a los teléfonos celulares, y que la prevención no depende solo de las fuerzas de seguridad.
En tal sentido, destacó como fundamental el compromiso de los padres y docentes en el hogar y en las escuelas para educar, acompañar y proteger a los menores, quienes muchas veces no miden los riesgos de la exposición digital.
En un contexto donde la necesidad de adaptación a las nuevas tecnologías resulta crucial para entrar al mercado laboral, Google Argentina lanzará 10.000 becas de capacitación en Inteligencia Artificial (IA). Bajo el lema “Construyendo el futuro juntos”, la empresa busca democratizar el acceso y fortalecer la empleabilidad en todo el país.
Sucede que la incorporación de sistemas de IA permite automatizar tareas, optimizar recursos y mejorar la toma de decisiones, pero también supone desafíos para la mayoría de los trabajadores. En este escenario, la formación continua y la actualización tecnológica aparecen como elementos indispensables para afrontar los cambios.
La distribución de dichas becas estará a cargo de Fundación Compromiso, a través de su programa Potrero Digital, que promueve la inclusión socioeconómica mediante la capacitación en oficios digitales. Aquellos que deseen postularse deben inscribirse en el sitio de “Crecé con Google”.
No es necesario contar con experiencia previa pero sí se requiere ser mayor de 13 años, residir en Argentina, contar con acceso a una computadora e internet y presentar una barrera económica que impida costear el estudio por cuenta propia.
Durante el evento “Think with Google”, llevado a cabo este martes, Juan Vallejo, director general de Google Argentina, señaló: “La velocidad con la que los argentinos han incorporado la IA plantea un escenario de oportunidad. Para nosotros, esta tecnología es un superpoder capaz de potenciar las capacidades de las personas, las empresas y la sociedad en general”.
“Su adopción estratégica podría aportar más de USD 43.000 millones anuales a la economía, equivalentes al 6,7% del PBI argentino. La clave es priorizar la infraestructura, impulsar la innovación y continuar potenciando el talento local”, afirmó.
Tamar Colodenco, gerenta de Políticas Públicas de Google para el Cono Sur, remarcó que 2 de cada 3 argentinos utilizan IA por encima del promedio mundial. Los llaman ‘Superusuarios’, una categoría que engloba a docentes, madres, padres y estudiantes.
Destacó que los Certificados de Carrera y el nuevo curso “IA Profesional”, que se pueden encontrar en la plataforma Coursera, ofrecen prácticas para aprender a dominar esta tecnología, aplicándola al análisis de datos, la investigación y el desarrollo de aplicaciones sin necesidad de conocimientos de programación.
Disponible desde 2022, el programa ya otorgó más de 37.000 becas y el 70% de los graduados logró obtener un nuevo empleo, un ascenso o una mejora en su situación laboral a los seis meses de certificarse.
En ese marco, anunció también que Google otorgará USD 700.000 en financiamiento a ONG locales (Fundación Sadosky, Propel, Chicos.net y United Way Argentina) para equipar a educadores, estudiantes y organizaciones sin fines de lucro con habilidades críticas en IA, robótica y herramientas digitales.
“La formación es clave para que el impacto de la IA sea concreto y positivo”, dijo Colodenco.
El Gobierno puso en marcha este miércoles el nuevo esquema que habilita a talleres mecánicos privados a realizar laRevisión Técnica Obligatoria (RTO) y la Verificación Técnica Vehicular (VTV), una reforma anunciada ayer con la que busca abrir el sistema a nuevos prestadores y dejar atrás la obligatoriedad de concurrir exclusivamente a las plantas habilitadas por el Estado.
La medida fue formalizada a través de una publicación en el Boletín Oficial y establece que los talleres particulares que cumplan con las condiciones técnicas exigidas podrán inscribirse para prestar el servicio. La Secretaría de Transporte será la encargada de administrar un registro centralizado y de controlar la carga e interoperabilidad de la información generada por cada inspección.
La decisión había sido anticipada por el vocero presidencial y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien aseguró que con la apertura del registro para talleres privados se termina el “monopolio de las plantas de VTV”.
Cómo funcionará el nuevo sistema
Con la apertura del registro, los talleres mecánicos que cumplan con los requisitos técnicos y administrativos exigidos por las autoridades podrán incorporarse al sistema de revisión vehicular y realizar las inspecciones obligatorias.
La implementación de la medida requerirá la definición de criterios vinculados al equipamiento necesario, los controles de calidad y los mecanismos de fiscalización que garanticen que las revisiones se realicen bajo estándares de seguridad equivalentes a los vigentes.
Se trata de uno de los cambios más importantes en el sistema de revisión técnica vehicular de los últimos años y podría modificar la forma en que millones de automovilistas realizan un trámite obligatorio para circular en todo el país.
La reforma forma parte de un proceso de cambios impulsado por el Gobierno nacional desde comienzos de año. En marzo, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, había anunciado modificaciones al régimen de verificaciones técnicas que incluyeron la extensión de los plazos para los vehículos cero kilómetro, la posibilidad de que cualquier taller equipado pueda realizar las inspecciones y la eliminación del denominado informe de configuración de modelo.
En ese momento, el funcionario definió a la VTV como un trámite que generaba numerosas quejas entre los usuarios y defendió la necesidad de modernizar el sistema. Sin embargo, la implementación de la reforma había quedado demorada por una medida cautelar impulsada por cámaras vinculadas a las plantas de revisión técnica.
Con la entrada en vigencia de la nueva normativa, el sector privado podrá incorporarse formalmente al esquema de controles vehiculares. Para ello, los talleres deberán remitir la información requerida por la autoridad de aplicación y garantizar que sus sistemas sean compatibles con la base de datos administrada por la Secretaría de Transporte.
Entre las exigencias técnicas previstas para obtener la habilitación figuran equipos para controlar el sistema de frenos, la alineación de la dirección, la suspensión, la iluminación y las emisiones contaminantes, además de instrumentos para medir ruidos, verificar neumáticos y realizar controles eléctricos. También deberán contar con herramientas específicas para inspeccionar el estado general de los vehículos y certificar que cumplen con las condiciones de seguridad exigidas para circular.
La implementación definitiva del nuevo esquema dependerá además de la adhesión que realicen las distintas jurisdicciones, ya que cada provincia conserva facultades para definir la aplicación de los cambios dentro de su territorio.
