El 26 de octubre pasado se conoció la desaparición de María Elizabeth Quispe de (36), una mujer de nacionalidad boliviana que era intensamente buscada en la ciudad fronteriza de La Quiaca y su cuerpo apareció enterrado en un inquilinato de Villazón, del vecino país.
María Elizabeth había arribado desde la ciudad de Oruro hasta Villazón, para luego ingresar a nuestro país con el fin de comprar mercadería en La Quiaca.
Se pudo establecer que la mujer tenía en su poder unos 120 mil bolivianos, alrededor de unos 16 millones de pesos argentinos, según la cotización actual, monto que aún no fue recuperado por la policía.
Inclusive, el Comité Interinstitucional de Actuación en Casos de Desaparición de Mujeres, Niñas y Personas de la Diversidad (Cindac), informó sobre su desaparición a nivel nacional.
Según pudo saber El Tribuno de Jujuy, la mujer fue ultimada al día siguiente que arribó a la zona fronteriza.
Los principales sospechosos son una pareja y otro hombre, quien ya se entregó a las autoridades, días después de la detención de las dos primeras personas.
Se pudo establecer que los inculpados son conocidos de la víctima y habrían planeado todo, con engaños la llevaron hasta un domicilio ubicado en la calle Beni de Villazón. Allí le solicitaron que entregue el dinero y la principal hipótesis es que la mujer se habría resistido y fue asesinada, luego con total frialdad la enterraron.
El tiempo transcurrió, y parecía todo quedaría impune, hasta que los familiares llegaron desde Oruro para exigir justicia.
En la última semana se movilizaron al Poder Judicial, como la policía, hasta dar con una mujer.
Para su detención, fue fundamental las cámaras de seguridad de lugares donde estuvo la víctima.
Otro dato fundamental fueron las imágenes de las cámaras de seguridad de las casas de cambio de Villazón, donde se observa a los detenidos cambiar a pesos argentinos el dinero mal habido.
Según el informe de la fiscal departamental, la causa de la muerte fue por asfixia. También la Justicia confirmó que para deshacerse del cadáver, lo enterraron en el patio de un domicilio en la calle antes mencionada.
Por otra parte, desde esa unidad fiscal señalaron que el autor confeso es Alberto Muruchi Mendoza, quien se encuentra junto a su pareja detenido en la cárcel pública de Villazón.
Los inculpados solicitaron un juicio abreviado y serían condenados a una pena de 30 años de prisión, en la cárcel de seguridad máxima ubicada en Chonchocoro.
Justamente los familiares que llegaron desde Oruro, Challapata, Potosí y La Paz, junto a comerciantes y trabajadores de la frontera, se movilizaron en las puertas del Centro de Readaptación Productiva (cárcel), para pedir que el autor del crimen devuelva el dinero y caiga todo el peso de la ley sobre los encubridores.
