El senador nacional por Jujuy y jefe de bloque de La Libertad Avanza, Ezequiel Atauche, acompañó al presidente Javier Milei en la presentación del presupuesto 2025 en el Congreso de la Nación. En su condición de presidente de la comisión de Presupuesto del Senado, Atauche participó, en el estrado principal, junto a la vicepresidente Victoria Villarruel, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y José Luis Espert, diputado nacional y presidente de la comisión de presupuesto de la cámara baja.
Luego de la presentación del presidente de la Nación, en la que destacó estar “orgulloso de nuestro presidente, Javier Milei” y que, “desde el bloque de La Libertad Avanza vamos a defender este presupuesto que resume perfectamente lo que los argentinos votaron. Una transformación de nuestro país, un estado eficiente que deje de ponerle un pie en la cabeza al que quiere crecer. Un estado que deje de gastar para financiar a la política. Vamos a hacer historia, por cada una de las personas que nos votó”.
“El presidente Milei fue muy claro, el déficit cero no se negocia”. Agregó.
“Vinimos a transformar la Argentina, a terminar con los negocios para unos pocos, con el gasto innecesario del estado y el déficit fiscal. Hoy, en un acto histórico, nuestro presidente Javier Milei presentó frente al congreso un presupuesto que hace honor a nuestras promesas. Los que piensan que nos van a detener con sus palos en la rueda se confunden, nosotros vinimos para hacer todo lo que dijimos. Se termino el país de las palabras vacías”, concluyó Atauche.
El Gobierno cuestionó a los senadores por el rechazo al Decreto de Necesidad y Urgencia que le otorga fondos millonarios a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y señaló que deberán decidir si son “parte de la transformación de la Argentina”.
“La Oficina del Presidente condena el voto irresponsable de un grupo de los legisladores que dejaron al Sistema de inteligencia argentino sin recursos en un momento histórico del país”, indicó a través de un comunicado difundido en las redes sociales.
En el mismo, señaló: “Fue el Senado el que le falló al pueblo argentino. El kirchnerismo y el radicalismo deberán decidir si es parte de la transformación de la Argentina o es parte de lo peor del pasado rechazaron una ampliación de fondos que simplemente buscaba llevar el presupuesto de la SIDE a nivel de un promedio histórico y que tenía por objetivo garantizar su normal funcionamiento”.
Otro duro golpe al Gobierno en el Senado
El Senado le propinó en la madrugada del viernes un duro revés al Gobierno nacional al rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia que le otorga fondos millonarios a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) y aprobar el proyecto que actualiza y blinda el presupuesto de las universidades públicas.
El primero de los cachetazos comenzó a gestarse hace varias semanas atrás y la Casa Rosada, acostumbrada a jugar al límite, recién ayer planteó una salida a la cuestión para evitar que el decreto desembarcara en el recinto este jueves. La jugada fue propuesta por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en un encuentro en Casa Rosada que encabezó el presidente Javier Milei.
La acción consistió en pedir una sesión especial secreta con el objetivo de quitar del temario oficial el DNU de la SIDE. El pedido ingresó por la tarde al Senado y fue recibido por la vicepresidenta Victoria Villarruel que lo puso a consideración de los bloques. Con picardía, los radicales disimularon jugar en favor de Balcarce 50, pero no lo rubricaron.
Eso permitió que quede en minoría la solicitud del Ejecutivo y que el DNU pueda ser sumado al plan de sesión que se aprobó ayer en la reunión de Labor Parlamentaria con apoyo del kirchnerismo, logrando los dos tercios necesarios para plasmar la jugada. “Los radicales se dieron vuelta”, decían oficialistas en los pasillos del Senado ayer por la tarde.
Los que de desayunaron de la jugada en el lugar fueron dos emisarios del jefe de Gabinete, Guillermo Francos: José Rolandi, vicejefe de Gabinete Ejecutivo, y el secretario del Interior, Lisandro Catalán; y la secretaria de Planeamiento Estratégico, María Ibarzabal Murphy. Libertarios -con malicia- decían que solo vinieron a “mojar el pancito” de la “victoria” por la BUP. Ellos argumentaban que estaban solo para terminar de abrochar la ley.
El DNU de la SIDE fue dictado el pasado 23 de julio, luego de que la cúpula del Ejecutivo decidiera la disolución de la AFI y restaurara la vieja SIDE. El decreto le dio cien mil millones de pesos de fondos reservados a la flamante secretaría que quedó en manos de Sergio Neiffert, a quien lo vinculan con Santiago Caputo, asesor principal de Milei.
El rechazo, que se produjo pasadas las 02:15 del viernes, fue 49 votos frente a 11 positivos para mantenerlo vigente y dos abstenciones. Fue la primera vez que el Congreso rechaza un DNU.
En la noche del jueves, el Senado aprobó en general y en particular el proyecto de Boleta Única de Papel (BUP) que ahora volverá a la Cámara de Diputados con modificaciones para su aprobación definitiva.
El jefe de bloque de La Libertad Avanza, el Ezequiel Atauche, destacó, en su discurso, que “la boleta única es una gran oportunidad para mejorar y modernizar nuestro sistema electoral, darles fortaleza a nuestras instituciones y trabajar por una mayor transparencia, equidad y sustentabilidad”.
El senador por Jujuy, de destacado protagonismo en la aprobación de este proyecto agregó que “junto al presidente Javier Milei tenemos el objetivo de modificar lo que está mal y, además, hacer las reformas necesarias en busca de transparencia, el fortalecimiento institucional y el crecimiento como Nación”.
“Estoy convencido de que trabajar para construir un sistema político-institucional con transparencia, eficiencia y libertad será un salto de calidad en la protección de nuestras instituciones y una mejora sustancial en el sistema de elección de nuestros representantes”, afirmó.
“Vinimos a hacer los cambios necesarios, no lo que nos conviene. Por eso, sin aprovechar que nosotros hoy somos oficialismo seguimos empujando la boleta única porque pensamos que es lo más transparente, equitativo y democrático”, concluyó Atauche.
Al filo de los 10 días reglamentarios para vetar la ley, Javier Milei finalmente firmó el veto a la mejora en las jubilaciones que aprobó el Congreso bajo la explicación de que sería un golpe a las cuentas fiscales del Gobierno, poniendo el superávit y el plan económico en riesgo. En el Boletín Oficial será publicado el decreto que estableció el veto en medianoche del domingo al lunes próximos.
La rúbrica llegó luego de la reunión que el Presidente mantuvo en Casa Rosada con los diputados y senadores de La Libertad Avanza y los miembros aliados de la Cámara baja, con quienes definió una hoja de ruta legislativa y un apoyo a la hora de votar para ratificar el veto presidencial.
En el decreto que confirma el veto se advierte que la iniciativa aprobada por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
Y agrega que el Poder Legislativo debe “actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”.
La fórmula de movilidad jubilatoria solo había sido rechazada por los senadores oficialistas (Foto: Comunicación Senado)
Los argumentos para el veto ponen especial hincapié en la importancia de la “ley de leyes”. En ese sentido, se pone especial énfasis en que el Presupuesto fue diseñado en base a un “programa general de gobierno -que no es simplemente el programa del Presidente, sino el programa que el pueblo votó al elegir al Presidente- y al plan de inversiones públicas”. Según lo que indicaron fuentes al tanto del trámite, se destaca que “el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente para el ejercicio 2024 en ejecución no contempla una partida que permita hacer frente al gasto que representaría para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) la medida adoptada a través del proyecto de ley sancionado”.
Entre los datos numéricos del impacto de la medida, se indica que asciende a 6.160.000.000.000 para el año 2024, es decir seis billones ciento sesenta mil millones de pesos, y unos 15.430.000.000.000 para el año próximo.Son importes que para el Gobierno “equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquél, estimado para el año entrante”.
Respecto del gasto previsional de la ANSES, dichos importes, estimó el gobierno, representan un incremento del 18,5% para el año 2024 y de 29,2% para el año 2025.Además, se indica que si las erogaciones citadas se relacionaran con el gasto primario de la Administración Nacional previsto en el presupuesto vigente, la medida sancionada “conllevaría un aumento de aproximadamente el 8% del referido presupuesto en términos anuales”.
“La cifra mencionada tornaría imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno para el actual ejercicio fiscal y los siguientes”, explicaron a este medio. Y recordaron que el objetivo primordial para el primer año de gobierno liberal es evitar la emisión monetaria, al igual que mantener el déficit cero y frenar la crisis inflacionaria.
Ante los ojos del Poder Ejecutivo, la medida no solo pondría en riesgo al plan económico del Gobierno y el Presupuesto 2025, sino que daría inicio a una nueva problemática que empeoraría cada año. En este sentido, advirtieron que habría futuros incumplimientos y deudas con los beneficiarios al no especificarse la fuente de financiamiento.
El Poder Ejecutivo pidió al Congreso y a los espacios políticos no comprometer a los argentinos al sancionar proyectos que vayan contra el equilibrio fiscal (Comunicación Senado de la Nación)
Al mismo tiempo, apuntaron que la propuesta pondría en jaque al sistema de previsión social, el cual aseguraron que “ya ha comenzado una senda de recuperación” producto de la batería de políticas económicas impulsadas por la actual gestión. Asimismo, indicaron que este tipo de deficiencias técnicas y operativas complicarían su implementación.
Uno de los apartados que fue puesto bajo la lupa se trató del artículo N°3, en el que se plasmó la intención de otorgar un aumento adicional correspondiente al desfasaje que habría ocurrido en enero de este año por el índice de inflación registrado. El mismo despertó una fuerte negativa, puesto que recordaron que las variaciones económicas fueron compensadas en el cálculo de movilidad que se realizó en junio.
Otro de los errores técnicos que llevaron a que el Gobierno rechazara la iniciativa fue la decisión de tomar a la Canasta Básica Total (CBT) como indicador clave para calcular las actualizaciones. Principalmente, porque el INDEC elabora el índice a partir de las necesidades que presentaría un hombre de entre 30 y 60 años, cuando las jubilaciones son percibidas por hombres y mujeres de 60 años en adelante.
Desde el Gobierno reconocieron que entre 2020 y 2023 los haberes de los jubilados sufrieron una pérdida de poder adquisitivo del 45% como consecuencia de la Ley N° 27.609 de Movilidad Jubilatoria que se puso en funcionamiento en 2020. Sin embargo, sostuvieron que la movilidad jubilatoria promulgada en el Decreto N° 274/2024 debía seguir en pie, debido a que era una medida capaz de asegurar que los jubilados no volverán a perder contra la inflación sin comprometer el equilibrio fiscal.
En línea con esto, recordaron que los ciudadanos y 17 gobernadores apoyaron la firma del Pacto de Mayo, cuyo artículo 8° asentó la necesidad de poner en funcionamiento un Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que le brinde sustentabilidad al sistema. Asimismo, pidieron no caer en “los espejismos de falsas mejoras” e instaron a la política, con especial énfasis al Congreso de la Nación, a trabajar y tomar decisiones que no comprometan el futuro de los jóvenes argentinos.
Oscar Zago, del MID, y Cristian Ritondo, del PRO, participaron de la reunión con el Presidente y su mesa chica
Luego de que la fórmula de movilidad jubilatoria fuera aprobada por el Congreso de la Nación, el oficialismo se concentró en aceitar la relación con los diputados aliados al Gobierno, entre ellos, integrantes del PRO y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Una semana más tarde de que el proyecto fuera sancionado, el Presidente convocó a una mesa chica para explicar la importancia de que la medida no fuera promulgada. También estuvieron presentes sus funcionarios de mayor confianza.
A pesar de que los legisladores del PRO habían votado a favor de la actualización de las jubilaciones, en esta oportunidad, sus representantes se comprometieron a apoyar la decisión del Poder Ejecutivo. No obstante, plantearon la necesidad de que su espacio comience a trabajar junto a La Libertad Avanza (LLA) para reforzar la postura del oficialismo.
“Sesiones como estas, debilitan al gobierno ya que no poseen las mayorías parlamentarias, la oposición termina poniendo sesiones cuando quieren y sacando las leyes que ellos quieren”, advirtieron los aliados al plantear que será necesario incluir a los gobernadores e intendentes del PRO a la mesa. Y enfatizaron que la cooperación entre los espacios será clave “para que el kirchnerismo no vuelva nunca más”.
En el caso de que la alianza prospere en el ámbito legislativo, el Gobierno ganaría mayor terreno en ambas cámaras e impediría que la iniciativa reciba los votos necesarios en su regreso y revisión en la Cámara Baja. Así lo pronosticó el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, al asegurarle a la prensa que “con la presencia nuestra no van a llegar a los dos tercios”. Un acuerdo que provocaría un efecto dominó en los futuros proyectos que pudieran impulsar desde la oposición.
El Legislador por Jujuy, Ezequiel Atauche destacó la importancia histórica de esta gesta para la independencia Argentina y reafirmó su compromiso con la provincia en su rol de Senador Nacional.
Durante la jornada, recibió con entusiasmo a funcionarios nacionales, incluyendo a la Vicepresidente Victoria Villarruel y al Secretario de Turismo Daniel Scioli, quienes visitaron la provincia.
Ezequiel Atauche expresó su orgullo por formar parte de esta fecha tan significativa para la provincia al señalar que: “contento por formar parte del aniversario de la gesta heroica de Jujuy, los jujeños somos parte importante de la liberación y la independencia Argentina.
Hemos demostrado en algún momento ese valor y ese fervor que sigue estando en el corazón de los jujeños”, declaró el Senador, recordando el coraje de los habitantes de la provincia en aquel 23 de agosto de 1812.
En el marco de las actividades, Atauche destacó la presencia de altos funcionarios nacionales, como la Vicepresidente de la Nación, Victoria Villarruel, y el Secretario de Turismo de la Nación, Daniel Scioli. “La importancia de esta proeza para la historia argentina como fue el Éxodo Jujeño queda plasmada en la agenda de funcionarios nacionales que vinieron a participar de la conmemoración alusiva a la fecha. Además, el legislador subrayó la importancia del vínculo que ha logrado establecer entre la gestión provincial y la nacional, destacando que: “la relación entre los gobiernos es excelente. El Gobernador y los ministros hoy tienen un vínculo directo con los funcionarios nacionales, independientemente de nuestras ideas políticas, me enorgullece ser el nexo para coordinar las acciones que significan alcanzar mejoras necesarias para los jujeños”, sostuvo.
Sobre la inauguración del Cabildo, expresó su admiración por la obra realizada: “La verdad que me parece hermosa. Felicito al Gobierno de la provincia, a los arquitectos que trabajaron en el diseño y ejecución de la obra, la verdad que es impactante. He tenido la oportunidad de hacer un pequeño recorrido previo a la inauguración, es muy lindo lo que han hecho, reitero mis felicitaciones al Gobierno, porque esto le va a cambiar la cara al casco céntrico de la ciudad”.
Atauche concluyó sus declaraciones reafirmando su compromiso de seguir siendo un puente efectivo entre la Nación y provincia, asegurando que continuará trabajando para concretar las necesidades y proyectos que benefician a Jujuy y a su gente.
Diputados y senadores aprobaron un aumento para las dietas del 6,5% en dos tramos. Uno desde el 1° de julio pasado de 3,5% y el 3% restante desde el 1° de agosto. La Comisión Negociadora paritaria del Congreso, que reúne a los sectores sindicales que representan a los trabajadores y los representantes de ambas cámaras legislativas, se reunió y resolvió el aumento.
La medida tiene impacto mayor en las dietas de los senadores nacionales cuyos ingresos están atados a los incrementos salariales. Por lo tanto, las dietas en bruto alcanzarán los nueve millones de pesos.
La resolución lleva la firma de las autoridades del Senado, María Laura Izzo, secretaria administrativa y Agustín Giustinian, secretario parlamentario; por Diputados Laura Oriolo, secretaria administrativa y Diego Molina Gómez, secretario general de Diputados y los sectores sindicales. Norberto Di Prospero y Fabián Zacardi por la poderosa APL, Asociación del Personal Legislativo, Claudio Britos de ATE, Martín Roig de Unión del personal civil de la Nación.
En Diputados no tendrán impacto ya que Martín Menem no enganchó el aumento de las dietas legislativas al aumento de los trabajadores.
Los antecedentes
En abril, el Senado aprobó la resolución para que los aumentos de las dietas legislativas estén atados a los aumentos de los trabajadores legislativos. Así, los senadores llevaron sus ingresos a ocho millones de pesos en bruto (cinco millones en mano tras los descuentos).
Esto es producto del proyecto de resolución sancionado por la Cámara Alta, a propuesta del salteño Juan Carlos Romero (aliado incondicional de La Libertad Avanza), que llevó la firma de legisladores de otras fuerzas políticas, incluido un senador libertario, Bruno Olivera Lucero. “Establece que, a partir del mes de mayo del presente año, los senadores nacionales percibirán de 13 dietas anuales. Cada una de las mismas será equivalente a 2500 módulos, más un adicional de 1000 módulos de gastos de representación y 500 módulos adicionales por desarraigo. El valor del módulo será el equivalente al que perciben los empleados legislativos de conformidad de las previsiones de la Ley 24.600″.
La vicepresidenta Villarruel durante la sesión por la Ley Bases en el Senado. Foto: Senado
En la sesión del 18 de abril de este año se puso en consideración. Villarruel requirió que se vote “a mano alzada”, a no ser que algún senador solicite lo contrario, es decir votarlo de manera electrónica y que quede registrado el voto. Nadie lo pidió. Se necesitó el voto de los dos tercios de los presentes. Casi todos los senadores que estaban en el recinto levantaron sus manos. El trámite duró exactamente 1 minuto y 52 segundos.
Posteriormente, la vicepresidenta Victoria Villarruel posteo en la red social X: “Hoy los senadores de todos los bloques acordaron un aumento de su salario que fue votado a mano alzada en el recinto por contar con los votos necesarios para hacerlo. Como Presidente del Senado NO soy senadora, no cobro del Senado y NO puedo interferir en esas decisiones. Tampoco puedo obligar a que se vote nominalmente ni a que se justifique la decisión avalada por todos, porque NO soy senadora. Lo que sucedió en el Senado es perfectamente legal y NO tengo herramienta alguna para frenarlo”.
Diputados
En junio de este año, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, resolvió un cuadro de aumento de dietas inferior a lo resuelto en el Senado pero que acumuló aumentos en tres tramos, un 40%, luego un 14% y por último un incremento del 8%. Así llevo la remuneración de los diputados a partir del primer tramo del aumento a 2,6 millones de pesos mensuales en mano tras los descuentos correspondientes.
Las diferencias con el Senado son dos. Por un lado, es un monto inferior a lo que perciben los senadores y por el otro, Martín Menem dispuso que la dieta de la Cámara Baja no esté enganchada a los futuros aumentos del personal legislativo.
La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner publicó un fuerte texto en redes sociales vinculado a la denuncia por violencia de género de Fabiola Yáñez al ex presidente Alberto Fernández. Consideró que las fotos que trascendieron sobre los golpes recibidos por la ex primera dama “delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana” y “permiten comprobar, una vez más y dramáticamente, la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle ésta en un palacio o en una choza”.
Kirchner evaluó que “la misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos”.
En ese marco, recordó haber sido y ser objeto “de las peores violencias verbales y políticas, hasta la máxima experiencia de violencia física, como fue el intento de asesinato del primero de septiembre de 2022″, y enfatizó: “Expreso misolidaridad con todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia”
Qué dijo Cristina sobre la denuncia de Fabiola
“Alberto Fernández no fue un buen presidente. Tampoco lo fueron Mauricio Macri o Fernando De La Rúa, sólo por mencionar a los que desempeñaron su mandato en lo que va del siglo XXI. Seguramente la lista sería más larga si extendiéramos la cronología.
Pero las imágenes que vimos ayer por la noche transmitidas por los medios de comunicación en virtual cadena nacional, en lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante, SON OTRA COSA.
Las fotos de la Sra. Fabiola Yañez con hematomas en su cuerpo y rostro junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el ex Presidente, no sólo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar, una vez más y dramáticamente, la situación de la mujer en cualquier relación, se desarrolle ésta en un palacio o en una choza.
La misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos.
En lo personal y como mujer que ha sido objeto (y lo sigue siendo) de las peores violencias verbales y políticas, hasta la máxima experiencia de violencia física, como fue el intento de asesinato del 1 de septiembre del 2022, expreso mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, sin olvidar las palabras que Francisco me dijo al día siguiente de aquel hecho: “toda violencia física siempre es precedida de violencia verbal”.
En la provincia de Santa Fe, la designación de Agustín Luque como jefe de la Unidad de Atención Integral (UDAI)de Anses en Villa Ocampo generó un escándalo que rápidamente escaló a nivel nacional. Con solo 19 años y sin experiencia laboral previa, Luque, quien se identifica en redes sociales como un referente de La Libertad Avanza y “cristiano católico apostólico romano”, fue seleccionado para ocupar un puesto clave en la administración pública.
El nombramiento de Luque se enmarca en un contexto de crecientes cuestionamientos sobre la transparencia y la idoneidad de las recientes designaciones en la Anses. Según informes previos, la influencia de figuras cercanas a la Secretaría General de la Presidencia, como Karina Milei y Eduardo “Lule” Menem, fue determinante en la distribución de puestos en el organismo, donde se nombraron a familiares, amigos y socios de confianza.
La situación de Luque no es un caso aislado. David Malaguarnera, presidente de Fuerza Libertaria y vicepresidente de La Libertad Avanza-Santa Fe, también fue objeto de controversia tras ser denunciado por el supuesto mal manejo en la distribución de 17 mil prendas donadas por la Secretaría General de la Presidencia.
La designación de Luque fue confirmada a finales de julio, aunque ya había sido anticipada por el sitio Norte Obligado. El medio señaló que el joven no cuenta con “antecedentes laborales ni presenta academicismos exigibles”. Luque terminó sus estudios en la Escuela Técnica N° 619 de Villa Ocampo y no ha tenido actividad pública relevante hasta su reciente nombramiento.
El diputado santafesino Emiliano Peralta explicó que la situación generó preocupación entre los trabajadores y la comunidad local, que depende en gran medida de estos servicios. La medida fue revertida tras la presión política, pero dejó un vacío de atención hasta la reciente designación de Luque.
La polémica en torno a Luque se suma a las críticas que enfrenta La Libertad Avanza en Santa Fe, donde el legislador Peralta describe el espacio como “anárquico y caótico”. La falta de referentes sólidos y la reciente crisis interna del espacio, evidenciada por la visita de la diputada Rocío Bonacci a condenados por delitos de lesa humanidad, solo agravan la situación.
La controversia en torno a la Anses y La Libertad Avanza en Santa Fe sigue creciendo, y el nombramiento de Luque no hace más que intensificar las dudas sobre el rumbo de la administración pública en la provincia.
Infobae tuvo acceso a las fotos y chats de la denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández. Según se desprende de las capturas, parte de los golpes del ex presidente contra su ex pareja ocurrieron en agosto de 2021, plena pandemia del coronavirus.
En las imágenes se puede ver a la ex primera dama con moretones en el brazo y la cara. Son fotos que ella le manda al ex mandatario reprochándole su actitud violenta: “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.
En las capturas también aparece la respuesta del ex jefe de Estado: “Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”.
“Venís golpeándome hace 3 días seguidos”, responde, contundente, Yañez, a lo que el ex presidente reacciona: “Me cuesta respirar. Por favor pará. Me siento muy mal”.
Yañez le enviaba las fotos a Fernández reclamándole por su actitud violenta: “Y cuando me samarreaste de los brazos me dejaste moretones. Esto es cuando me samarreaste”.
Fabiola Yañez concretó la denuncia contra Alberto Fernández este martes 8 de agosto. Lo hizo durante una comunicación por videoconferencia con el juez federal Julián Ercolini, quien imputó al ex presidente por lesiones leves.
Ercolini contaba con material audiovisual que alertaba sobre hechos de violencia de género contra la ex primera dama, a partir del peritaje del teléfono celular de María Cantero, histórica secretaria de Alberto Fernández, en el marco de otra causa en la que el ex jefe de Estado es investigado por presunto tráfico de influencia.
Advertido de tal documentación, Ercolini dispuso abrir una carpeta paralela y darle participación a la oficina especializada en violencia de género del Poder Judicial de la Nación. Fueron los funcionarios de esta área quien se contactaron con Yañez y le ofrecieron garantías en caso de que decidiera formalizar la acusación contra Fernández.
Una vez que esto ocurrió, el juez dictó una serie de medidas de restricción contra el ex presidente. Fueron notificadas oficialmente este martes 6 de agosto. Alberto Fernández tiene prohibido salir del país, acercarse a la denunciante y comunicarse con ella por cualquier vía. Esto último se puso de relevancia, ya que Yañez dijo estar sufriendo terrorismo psicólogico en su contacto con Ercolini.
Uno de los próximos pasos en el expediente es la declaración de la ex primera dama, que si bien aún no tiene fecha, podría darse en breve. Como antesala de ese paso procesal, Yañez mantuvo un encuentro con especialistas de la fiscalía especializada en violencia de género, dónde fue informada de las implicancias que tendrá cada avance del expediente.
Guillermo Moreno, exsecretario de Comercio de la Nación, fue condenado esta mañana a tres años de prisión e inhabilitación para cargos públicos luego de ser encontrado responsable de manipular los datos que publicó el INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) en 2006 y 2007, durante la presidencia de Cristina Kirchner.
El fiscal Diego Luciani había solicitado cuatro años de prisión para el exfuncionario y 10 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Los abogados de Moreno pidieron que sea absuelto. La medida del Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py encontró a Moreno culpable de los delitos de abuso de autoridad y destrucción de registros públicos, pero podrá cumplir por ahora su pena fuera de prisión. La Justicia dará a conocer los fundamentos el 4 de septiembre y, desde ese momento, las partes podrán apelar.
Es la tercera condena que tiene el exfuncionario. En 2017 recibió una pena de dos años y seis meses de prisión por el caso de merchandising en contra de Clarín y la segunda fue en 2022 a dos años de cárcel por el caso de los “¿Casco o guantes?”, en una asamblea de 2010 de la empresa Papel Prensa. Ninguna de las dos está firme porque fueron apeladas y no se ejecutaron.
Además de Moreno, el Tribunal Oral condenó a Beatriz Paglieri, la exdirectora de índices de Precio de Consumo, a tres años de prisión condicional y a seis meses de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Al igual que el exsecretario de Comercio, podrá cumplir su condena en libertad. También se absolvió a Marcela Filia y María Celeste Cámpora de Avellaneda, exempleadas del INDEC que eran las otras acusadas del caso.
Moreno escuchó su condena por videoconferencia y en su alegato final aseguró que fue un juicio “académico” en el que no hubo pruebas. Además, defendió la metodología que aplicó durante sus años como funcionario en elINDEC.
Para el exfuncionario, no surgió en la investigación “ninguna prueba” por lo que “nadie puede decir si algo es falso o verdadero si no está la prueba”. “Hay que reconocer que el alegato del fiscal (Luciani) fue inteligente. No tenía pruebas, entonces apeló a un juicio académico. Ahora, como ustedes saben los juicios académicos lo pueden hacer los pares, no es facultad del fiscal”, sostuvo. “No puede el fiscal evaluar si el INDEC trabajó mal durante un gobierno cuando lo que se juzga es un semestre. Esto es un error garrafal”, agregó Moreno.
Por su parte, el fiscal Luciani explicó que “la intervención” del exsecretario de Comercio “alteró indicadores cruciales como el IPC, que afectó las mediciones de pobreza” y que generó una “desconfianza generalizada de las estadísticas oficiales”. “Moreno llevó las riendas de la maniobra. Ejerció presiones necesarias para lograr la consumación de los delitos”, aseguró.
José Ipohorski, otro de los fiscales, señaló que para lograr que los índices de inflación sean bajos, Moreno realizó un sistema de topes de precios que no podían superar el 15% de aumento por producto.
