El Senado rechazó los vetos que había impuesto el presidente Javier Milei para las leyes de financiamiento universitario y de emergencia pediátrica, cuyo emblema es el reclamo por más fondos para el Hospital Garrahan. La decisión representó un nuevo revés legislativo para el oficialismo nacional en el Congreso.
La votación se dio en un marco de fuerte tensión política y social, similar al vivido en Diputados el pasado 17 de septiembre, cuando la Cámara baja ya había rechazado los vetos presidenciales con una amplia mayoría. En esa ocasión, hubo 174 votos a favor del financiamiento universitario y 181 para la Ley Garrahan, lo que abrió la puerta a la definición que ahora selló el Senado.
La oposición volvió a imponer este jueves su mayoría en la Cámara alta. Con este resultado, ambos proyectos quedan firmes como ley a la espera de la promulgación del Ejecutivo que se oponía a estas iniciativas considerando que atentan contra el equilibrio fiscal.
La pulseada entre la oposición y La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo en medio de la campaña para las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
Semanas atrás, el gobernador Carlos Sadir, decretó la Emergencia Hídrica en la provincia tras las fuertes precipitaciones que afectaron a gran parte del territorio provincial. En ese marco, este miércoles 26 de marzo la Legislatura de Jujuy sesionó y aprobó la Ley 6454, como así también, trató otros 300 proyectos los cuales serán derivados a las respectivas comisiones.
En la Segunda Sesión Ordinaria que se llevó a cabo este miércoles en la Legislatura de Jujuy, se aprobó la Ley 6454, declarándose el estado de Emergencia Hídrica en todo el territorio provincial, desde el 10-03-2025 hasta el 31-03-2026, “o hasta tanto subsistan las causas excepcionales que le dan origen”, establecieron los diputados provinciales.
En ese contexto, el diputado Santiago Jubert explicó que se determinó tratar el Decreto de Emergencia Hídrica impulsado por el gobernador Sadir, considerando la importancia de las consecuencias que originaron las tormentas semanas atrás.
“Es un tema que afecta mucho a la provincia por lo que generan las inclemencias del tiempo, vamos a darle esta herramienta al Gobernador, por eso, aprobaremos ese decreto”, manifestó el diputado quien luego destacó que si bien no pueden hacerle modificaciones al decreto presentado por el mandatario provincial, se lo aprobará “para trabajar con prisa en base a lo que generó el deterioro de muchos lugares por las lluvias”.
De qué se trata la Emergencia Hídrica en Jujuy
Producto de las intensas lluvias que se produjeron en Jujuy en estos últimos días, el gobernador Carlos Sadir, decretó la emergencia hídrica en la provincia. Esto faculta a la Dirección Provincial de Recursos Hídricos (DPRH), Agua Potable S. E y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), áreas de la órbita del Ministerio de Infraestructura, Servicios Públicos Tierra y Vivienda (MISPTyV), a contratar maquinaria vial por vía directa en pos de agilizar la respuesta ante las emergencias del nuevo contexto.
Semanas atrás, el gobernador Carlos Sadir, decretó la Emergencia Hídrica en la provincia tras las fuertes precipitaciones que afectaron a gran parte del territorio provincial. Asimismo, este miércoles 26 de marzo la Legislatura de Jujuy sesionará para aprobar dicha ley y tratar también otros 300 proyectos que serán derivados a las respectivas comisiones.
Ley de Emergencia Hídrica en Jujuy
En ese contexto, anticipando lo que será la sesión del miércoles, el diputado Santiago Jubert explicó que tras la Sesión de Labor Parlamentaria, se determinó tratar el Decreto de Emergencia Hídrica impulsado por el gobernador Sadir.
“Es un tema que afecta mucho a la provincia por lo que generan las inclemencias del tiempo, vamos a darle esta herramienta al Gobernador, por eso, aprobaremos ese decreto”, manifestó el diputado quien luego destacó que si bien no pueden hacerle modificaciones al decreto presentado por el mandatario provincial, se lo aprobará “para trabajar con prisa en base a lo que generó el deterioro de muchos lugares por las lluvias”.
Se analizarán otros 300 proyectos
En otro momento, el diputado Jubert adelantó que en la sesión prevista para este 26 de marzo, ingresarán al Recinto otros 300 proyectos de ley “que se hicieron en estos tiempos y serán derivadas en las respectivas comisiones”.
“Siempre en la Legislatura hay entre 70 y 90 proyectos que se aprueban por año, algunas de estas 300 iniciativas ya están contempladas en otras leyes y en Comisión se detecta esto”, puntualizó el referente de la UCR.
La Cámara de Diputados debatió Ley de Ficha Limpia en el marco de las sesiones extraordinarias convocadas por el Ejecutivo. En este contexto, el diputado nacional de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, expresó su total respaldo al proyecto y aseguró que hay consenso suficiente para su aprobación en la Cámara baja.
“Confío en que la presión social que hay en torno a Ficha Limpia va a hacer que tengamos fácilmente los votos para aprobarlo”, afirmó Quintar, quien preside la Comisión de Justicia, instancia por la que pasó la iniciativa antes de llegar al recinto.
El legislador jujeño destacó que el proyecto es impulsado por el presidente Javier Milei y subrayó su compromiso con la propuesta: “Vamos a apoyar firmemente. Si bien hay algunas observaciones en cuanto a la terminología legal, por ejemplo la doble instancia, como miembro informante voy a tener que aceptarlas o no, según lo que el Ejecutivo nos diga”.
De obtener media sanción en Diputados, la ley pasará al Senado, donde también se tratará en sesiones extraordinarias. “Esperemos que el Senado esté a la altura de las circunstancias y vote por esto, que es lisa y llanamente evitar que haya corruptos en el Estado”, sostuvo.
Quintar también hizo referencia al reciente avance de la suspensión de las PASO, que obtuvo media sanción la semana pasada. “Entendemos que era un mecanismo de casta, porque simplemente le solucionaba los problemas a los partidos políticos. No le solucionaba ningún problema a la gente”, afirmó.
En ese sentido, destacó que si la suspensión de las primarias se concreta, el Estado ahorraría aproximadamente 200 millones de dólares este año.
“El Estado tiene que dedicarse a dar seguridad, justicia, salud, educación. La Libertad Avanza tiene que ver con eso: achicar el Estado, achicar los gastos públicos, sacar los ñoquis del Estado”, concluyó.
Este martes los estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu) llevaron a cabo una Asamblea Interclaustro en la que resolvieron tomar las instalaciones de la facultad en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario. La medida de fuerza, que busca visibilizar el descontento con las políticas del Gobierno, se extenderá hasta el jueves como símbolo de protesta ante el inminente tratamiento del veto en la Cámara de Diputados.
El comunicado oficial de los estudiantes subraya la falta de confianza en los legisladores que apoyan el veto, además de exigir a las centrales sindicales como la CGT y las CTAs un paro nacional en solidaridad con el sector educativo. En consonancia con las acciones emprendidas en otras universidades del país, como Buenos Aires, Córdoba y Mendoza, los estudiantes jujeños decidieron no cesar las actividades académicas pero sí realizar una toma de la facultad con una serie de actividades programadas para mañana miércoles 9 de octubre.
Medidas tomadas durante la toma estudiantil:
Vigilia y toma sin cese de actividades áulicas hasta el día jueves, como respuesta directa al veto presidencial.
Jornada de lucha el miércoles 9 de octubre, con actividades como pasadas por los cursos para llevar las clases a la calle, clases públicas, corte de calles, olla popular, radio abierta, debates, velada artística y la transmisión en vivo de la sesión en el Congreso donde se tratará el veto al presupuesto universitario.
Solidaridad con los compañeros imputados por la causa del “Jujeñazo” del 20 de junio, exigiendo su sobreseimiento inmediato.
Apoyo a la lucha de los pueblos originarios, destacando la importancia de sus derechos y su lucha social.
Declaración de Personas No Gratas a los diputados que voten a favor del veto, reforzando el rechazo colectivo hacia quienes apoyen el recorte presupuestario.
Exigencia a las centrales sindicales CGT y CTA de un paro nacional y un plan de lucha en conjunto por la defensa de la educación pública.
Invitación abierta a la comunidad universitaria para sumarse a las medidas de lucha, destacando la importancia de que estudiantes, docentes, no docentes e investigadores se unan en la defensa del financiamiento universitario.
La ocupación de la facultad busca visibilizar la preocupación de los estudiantes por el impacto que el recorte presupuestario tendrá sobre las universidades públicas, afectando desde becas estudiantiles hasta la infraestructura y el desarrollo de la investigación. Los estudiantes subrayan que el veto a la ley no solo pone en riesgo el normal funcionamiento de las universidades, sino que también constituye un golpe al derecho a una educación pública y gratuita.
La protesta jujeña se suma a un creciente malestar que se manifiesta en distintas provincias, en lo que parece ser un rechazo contundente de la comunidad universitaria a las políticas de ajuste del Gobierno de Javier Milei.
Una encuesta realizada en la página web de Somos Jujuy, revela que el 58% de los jujeños rechaza el veto del presidente Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria.
La encuesta que tuvo una duración de una semana en la web, indica que votaron 2.438 personas y el 58% considera que fue un error del presidente de la Nación vetar la ley aprobada en el Congreso.
En tanto que el 42% de los encuestados apoya el veto del presidente a la normativa que buscaba mejorar las jubilaciones.
Los resultados de la encuesta señalan que 1.028 personas consideran positivo el veto, mientras que 1.410 indican que no están de acuerdo con la medida adoptada por el mandatario nacional.
Al filo de los 10 días reglamentarios para vetar la ley, Javier Milei finalmente firmó el veto a la mejora en las jubilaciones que aprobó el Congreso bajo la explicación de que sería un golpe a las cuentas fiscales del Gobierno, poniendo el superávit y el plan económico en riesgo. En el Boletín Oficial será publicado el decreto que estableció el veto en medianoche del domingo al lunes próximos.
La rúbrica llegó luego de la reunión que el Presidente mantuvo en Casa Rosada con los diputados y senadores de La Libertad Avanza y los miembros aliados de la Cámara baja, con quienes definió una hoja de ruta legislativa y un apoyo a la hora de votar para ratificar el veto presidencial.
En el decreto que confirma el veto se advierte que la iniciativa aprobada por el Congreso “es manifiestamente violatorio del marco jurídico vigente en tanto no contempla el impacto fiscal de la medida ni tampoco determina la fuente de su financiamiento”.
Y agrega que el Poder Legislativo debe “actuar con sensatez institucional, de forma responsable, cuidando de no emitir disposiciones cuya aplicación sea inconveniente para las cuentas públicas, o que contradigan la proyección de ingresos y distribución de gastos prevista en el Presupuesto Nacional”.
La fórmula de movilidad jubilatoria solo había sido rechazada por los senadores oficialistas (Foto: Comunicación Senado)
Los argumentos para el veto ponen especial hincapié en la importancia de la “ley de leyes”. En ese sentido, se pone especial énfasis en que el Presupuesto fue diseñado en base a un “programa general de gobierno -que no es simplemente el programa del Presidente, sino el programa que el pueblo votó al elegir al Presidente- y al plan de inversiones públicas”. Según lo que indicaron fuentes al tanto del trámite, se destaca que “el Presupuesto General de la Administración Nacional vigente para el ejercicio 2024 en ejecución no contempla una partida que permita hacer frente al gasto que representaría para el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) la medida adoptada a través del proyecto de ley sancionado”.
Entre los datos numéricos del impacto de la medida, se indica que asciende a 6.160.000.000.000 para el año 2024, es decir seis billones ciento sesenta mil millones de pesos, y unos 15.430.000.000.000 para el año próximo.Son importes que para el Gobierno “equivalen al 1,02% del Producto Bruto Interno (PBI) calculado para el año en curso; y de 1,64% de aquél, estimado para el año entrante”.
Respecto del gasto previsional de la ANSES, dichos importes, estimó el gobierno, representan un incremento del 18,5% para el año 2024 y de 29,2% para el año 2025.Además, se indica que si las erogaciones citadas se relacionaran con el gasto primario de la Administración Nacional previsto en el presupuesto vigente, la medida sancionada “conllevaría un aumento de aproximadamente el 8% del referido presupuesto en términos anuales”.
“La cifra mencionada tornaría imposible cumplir con las metas fiscales fijadas por el Gobierno para el actual ejercicio fiscal y los siguientes”, explicaron a este medio. Y recordaron que el objetivo primordial para el primer año de gobierno liberal es evitar la emisión monetaria, al igual que mantener el déficit cero y frenar la crisis inflacionaria.
Ante los ojos del Poder Ejecutivo, la medida no solo pondría en riesgo al plan económico del Gobierno y el Presupuesto 2025, sino que daría inicio a una nueva problemática que empeoraría cada año. En este sentido, advirtieron que habría futuros incumplimientos y deudas con los beneficiarios al no especificarse la fuente de financiamiento.
El Poder Ejecutivo pidió al Congreso y a los espacios políticos no comprometer a los argentinos al sancionar proyectos que vayan contra el equilibrio fiscal (Comunicación Senado de la Nación)
Al mismo tiempo, apuntaron que la propuesta pondría en jaque al sistema de previsión social, el cual aseguraron que “ya ha comenzado una senda de recuperación” producto de la batería de políticas económicas impulsadas por la actual gestión. Asimismo, indicaron que este tipo de deficiencias técnicas y operativas complicarían su implementación.
Uno de los apartados que fue puesto bajo la lupa se trató del artículo N°3, en el que se plasmó la intención de otorgar un aumento adicional correspondiente al desfasaje que habría ocurrido en enero de este año por el índice de inflación registrado. El mismo despertó una fuerte negativa, puesto que recordaron que las variaciones económicas fueron compensadas en el cálculo de movilidad que se realizó en junio.
Otro de los errores técnicos que llevaron a que el Gobierno rechazara la iniciativa fue la decisión de tomar a la Canasta Básica Total (CBT) como indicador clave para calcular las actualizaciones. Principalmente, porque el INDEC elabora el índice a partir de las necesidades que presentaría un hombre de entre 30 y 60 años, cuando las jubilaciones son percibidas por hombres y mujeres de 60 años en adelante.
Desde el Gobierno reconocieron que entre 2020 y 2023 los haberes de los jubilados sufrieron una pérdida de poder adquisitivo del 45% como consecuencia de la Ley N° 27.609 de Movilidad Jubilatoria que se puso en funcionamiento en 2020. Sin embargo, sostuvieron que la movilidad jubilatoria promulgada en el Decreto N° 274/2024 debía seguir en pie, debido a que era una medida capaz de asegurar que los jubilados no volverán a perder contra la inflación sin comprometer el equilibrio fiscal.
En línea con esto, recordaron que los ciudadanos y 17 gobernadores apoyaron la firma del Pacto de Mayo, cuyo artículo 8° asentó la necesidad de poner en funcionamiento un Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) que le brinde sustentabilidad al sistema. Asimismo, pidieron no caer en “los espejismos de falsas mejoras” e instaron a la política, con especial énfasis al Congreso de la Nación, a trabajar y tomar decisiones que no comprometan el futuro de los jóvenes argentinos.
Oscar Zago, del MID, y Cristian Ritondo, del PRO, participaron de la reunión con el Presidente y su mesa chica
Luego de que la fórmula de movilidad jubilatoria fuera aprobada por el Congreso de la Nación, el oficialismo se concentró en aceitar la relación con los diputados aliados al Gobierno, entre ellos, integrantes del PRO y del Movimiento de Integración y Desarrollo (MID). Una semana más tarde de que el proyecto fuera sancionado, el Presidente convocó a una mesa chica para explicar la importancia de que la medida no fuera promulgada. También estuvieron presentes sus funcionarios de mayor confianza.
A pesar de que los legisladores del PRO habían votado a favor de la actualización de las jubilaciones, en esta oportunidad, sus representantes se comprometieron a apoyar la decisión del Poder Ejecutivo. No obstante, plantearon la necesidad de que su espacio comience a trabajar junto a La Libertad Avanza (LLA) para reforzar la postura del oficialismo.
“Sesiones como estas, debilitan al gobierno ya que no poseen las mayorías parlamentarias, la oposición termina poniendo sesiones cuando quieren y sacando las leyes que ellos quieren”, advirtieron los aliados al plantear que será necesario incluir a los gobernadores e intendentes del PRO a la mesa. Y enfatizaron que la cooperación entre los espacios será clave “para que el kirchnerismo no vuelva nunca más”.
En el caso de que la alianza prospere en el ámbito legislativo, el Gobierno ganaría mayor terreno en ambas cámaras e impediría que la iniciativa reciba los votos necesarios en su regreso y revisión en la Cámara Baja. Así lo pronosticó el jefe del bloque del PRO en Diputados, Cristian Ritondo, al asegurarle a la prensa que “con la presencia nuestra no van a llegar a los dos tercios”. Un acuerdo que provocaría un efecto dominó en los futuros proyectos que pudieran impulsar desde la oposición.
La Oficina del Presidente Javier Milei realizó un posteo en la red social X.com (antes conocida como Twitter) en el que celebró la aprobación en general de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados.
Agradeció a los jefes de los bloques del Pro, Cristian Ritondo, de Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto y la Unión Cívica Radical, Rodrigo de Loredo, por “haber contribuido para que la ley avance”.
“La Oficina del Presidente celebra el voto positivo de los señores diputados que aprobaron en general la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y agradece especialmente la colaboración de los señores diputados y jefes de sus respectivos bloques, Cristian Ritondo, Miguel Ángel Pichetto y Rodrigo de Loredo, quienes, a pesar de nuestras diferencias, han contribuido para que la ley avance”, dice el comunicado.
El posteo de X.com agrega que: “La historia recordará con honor a todos aquellos que comprendieron el contexto histórico y eligieron terminar con los privilegios de la casta y la república corporativa, en favor del pueblo, que ha sido empobrecido y hambreado durante años por la clase política. Esperamos contar con la misma grandeza el día de la votación de la Ley en particular, para avanzar al Senado y comenzar a devolverle la dignidad al pueblo argentino. El único camino viable para nuestra Patria es el de la libertad, el trabajo y el orden”.
La Cámara de Diputados aprobó en general por 144 votos contra 109 el proyecto de ley “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, que establece una emergencia pública, una reforma del Estado y la privatización de varias empresas públicas.
La Cámara del Senado de la Nación aprobó por unanimidad el proyecto de ley de reconocimiento a la Lengua de Señas Argentina (LSA) como idioma viso gestual en todo el territorio nacional.
“Hoy vamos a reconocer a la lengua de señas argentina como una lengua natural y originaria que conforma un legado histórico inmaterial como parte de la identidad lingüística y la herencia cultural de las personas sordas en todo el territorio nacional”, comentó al respecto, la legisladora María Belén Tapia (UCR).
Luego de su intervención, la última oradora se acercó hacia el espacio que ocupa Cristina Kirchner como presidenta del Senado y le entregó el característico pañuelo azul que representa la lucha por la LSA. Luego, la Vicepresidenta de la Nación procedió a anunciar la votación del proyecto. En ese momento, Luis Naidenoff pidió la palabra.
“Obviamente que la ley que estamos por aprobar es importante, pero no quiero dejar pasar un hecho que me parece que desde lo político no corresponde. Lo que corresponde es que cuando se da el cierre, se proceda a la votación. Y si se trata de un pañuelo, el gesto se puede hacer pero primero se vota y después se puede avanzar sobre ese acto protocolar. Lo quiero dejar claro porque esto nunca lo vi y se asemeja a un acto que puede desnaturalizar la importancia de la ley y de todos los que están presentes”, expresó molesto Naidenoff.
“Si quiere, devuelvo el pañuelo y procedemos a la votación. Por favor, no arruinemos un bello día”, replicó la vicepresidenta y procedió a llamar a votar.
La Cámara Alta sesiona por primera vez en los últimos cinco meses. Con la presencia de la familia Dupuy en el recinto, el Senado aprobó esta tarde la Ley Lucio con 65 votos afirmativos.
El proyecto, inspirado en la trágica muerte del nene de 5 años, establece tres nuevas herramientas que refuerzan la Ley 26.061 de “Protección integral de los derechos de las niñas, niños y adolescentes”: capacitación obligatoria para los agentes del Estado que trabajan en relación a la niñez, reserva de identidad y campañas de concientización en medios de comunicación y redes sociales.
Cristina Kirchner presidió la sesión durante los primeros 45 minutos, luego se retiró y le dejó su lugar a Claudia Ledesma Abdala, la presidenta provisional de la Cámara alta. “Celebro que estemos sesionando. Me preocupa la agresión a la presidenta provisional, se levantaron de sus bancas faltándole el respeto”, señaló José Mayans en el inicio.
Sin embargo, cuando estaba a minutos de votarse la normativa que busca prevenir violaciones de derechos de los niños y adolescentes, la titular del Senado regresó y volvió a encabezar la sesión.
Mientras se aprobaba la ley en el palco, los abuelos y otros familiares de Lucio se mostraron muy emocionados, hasta las lágrimas. Y no faltaron los abrazos entre ellos.
Qué establece la Ley Lucio
La iniciativa crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas Niños y Adolescentes, que estará destinado a las personas que se desempeñan en áreas y dependencias de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado Nacional, que forman parte corresponsable del Sistema Integral de Promoción y Protección de los derechos de los Niñas Niños y Adolescentes
Podrán también ser destinatarios del citado Plan, agentes de las administraciones provinciales, municipales y de organizaciones sociales, Deportivas, Recreativas y Culturales, en el marco de convenios de cooperación y colaboración con la Autoridad de Aplicación de la presente Ley.
Algunos de los principios fundamentales de la ley son velar por el respeto de la Convención de los Derechos del Niño, incorporada a la Constitución Nacional y por las disposiciones de la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; generar las condiciones para una convivencia social fundada en vínculos de afecto y confianza que se definen como “buen trato”, fundamental para el desarrollo de proyectos de vida por parte de las nuevas generaciones; promover los espacios y metodologías necesarias al efecto de garantizar el derecho a ser oídos de las Niñas Niños y Adolescentes en todos los procesos administrativos y judiciales, conforme el principio de la autonomía progresiva, receptado tanto en la Ley 26.061 como en el Código Civil y Comercial de la Nación.
En este marco se deberá propiciar el derecho a la Participación de Niñas, Niños y Adolescentes, en los distintos ámbitos sociales y comunitarios, poniendo énfasis en la posibilidad de incidir en el diseño de políticas públicas que afectan sus intereses y derechos.
