Acusan al diputado Quintar por una estafa con la obra social de los azucareros de Jujuy
El secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar del Ingenio Ledesma (Soeail), Luciano Lezano, acusó al diputado libertario Manuel Quintar de ser la punta de lanza de un complot para quedarse con el control de la obra social del gremio, que mueve cientos de millones de pesos por mes.
El jefe político de Quintar es Lule Menem, que está a punto de ser procesado por el desfalco de la obra social de los peones rurales (Osprera). El fiscal federal Guillermo Marijuán investiga un presunto circuito de retornos en Osprera, intervenida por el ministro de Salud, Mario Lugones, que les cedió el control real a los Menem y lo primero que hicieron es meter a la Droguería Suizo Argentina de la familia Kovaliver, los mismos de las coimas denunciadas por Diego Spagnuolo en la Andis.
Un mecanismo parecido parece repetirse en el caso de la obra social de los empleados del Ingenio Ledesma. Según denuncian los trabajadores, participan de la jugada junto a Quintar el ex presidente de la obra social del gremio, Miguel Guerra, y su ex tesorera, Julieta Chocala. Además de quedarse con “el negocio” de las prestaciones de salud de más de 5 mil afiliados, estaría en disputa la posesión de un valioso inmueble.
Lezano denunció este lunes ante la Secretaría de Trabajo que conduce Julio Cordero, que su antecesor en el gremio, Vicente Bande, trabó un acuerdo con Quintar para que la Ospail, la obra social de los azucareros, le alquilara al diputado su edificio en General Libertador San Martín para el funcionamiento de la clínica Sagrado Corazón, bajo el gerenciamiento de una SRL cuya propiedad le atribuyen al libertario y su pareja.
Quintar ya había quedado involucrado en un escándalo por supuestamente favorecer que la delegación en Jujuy del Pami derive pacientes a su clínica.
En diálogo con LPO, el diputado Quintar negó las acusaciones. “Esto es una interna del sindicato y gente vinculada al radicalismo me quiere ensuciar a mí”, respondió, y agregó: “yo solo fui abogado de la clínica, le brindé asesoramiento legal”.
Los trabajadores, por su parte, recuerdan que Quintar es uno de los dueños de la clínica Los Lapachos, con una sucursal emplazada en San Salvador de Jujuy y otras en el resto de la provincia, y que su familia acredita ramificaciones en el sector salud. “En los 90′, Los Lapachos se llamaba Clínica Quintar y siempre perteneció a su clan”, comentó a LPO un dirigente del sindicato del Ingenio Ledesma.
El conflicto se desacó en diciembre pasado, cuando Lezano tomó posesión del gremio y descubrió que, por el acuerdo labrado entre Guerra, Chocala y Quintar, la Ospail tenía una deuda por 183 millones de pesos, fechada en 2022. Pero el ex titular de la obra social y su por entonces tesorera firmaron documentos que certificaban el incremento de ese monto a casi 500 millones, después de haber perdido la conducción gremial el año pasado. “Firmaron en diciembre, cuando ya no estaban en el sindicato”, apunta Lezano.
La transición fue traumática: según los vencedores, Guerra se robó las actas de la elección. “Los ex dirigentes se borraron porque Guerra y Quintar pusieron plata para que la junta electoral demore la firma de las actas de asunción, cosa que hicieron después de 8 meses”, precisó el secretario general actual, y abundó: “yo presenté las actas de cierre de escrutinio y, con eso, me dieron una certificación provisoria pero el plazo ya venció”.
Los nuevos responsables del sindicato, que ganaron con la consigna de mejorar la cobertura de la obra social, decidieron auditar las facturas y se dieron cuenta que el monto que Bande pagaba a la clínica vinculada a Quintar trepaba a 60 millones de pesos mensuales. Eso excedía el valor de las prestaciones, que con el correr de su gestión comprobaron que rondaban solo 18 millones. “Estamos ante una posible estafa y, como nosotros quisimos revisar, Quintar y su gente quieren corrernos del sindicato”, afirmó Lezano a LPO.
El propio Lezano sostuvo que Quintar lo amenazó para que mantuviera el mecanismo vigente durante la gestión anterior. “Nos mandaron a la barrabrava de un club de fútbol para tomarnos la clínica y los sacamos pero me intimaron a presentar la certificación, me bloquearon las cuentas del banco y la mora es de ellos”, planteó.
En efecto, un grupo de personas que alegaban pertenencia al gremio convocaron, a través de las páginas del diario El Pregón, a una “Asamblea Extraordinaria Autoconvocada”, que se realizó el último 29 de agosto con el objetivo de echar a Lezano.
El líder sindical asistió a la asamblea y la dio vuelta con una mayoría de azucareros que lo respaldaron. Luego, denunció la jugada como “un intento deliberado de quebrar el orden institucional y democrático de la organización”. “Detrás de esta maniobra antidemocrática se encuentra el accionar del diputado Quintar, quien busca desestabilizar al sindicato luego de que se anulara un contrato irregular con la obra social del gremio (Ospail), que solo beneficiaba económicamente al legislador y perjudicaba gravemente a la institución”, comunicó el sindicato en una solicitada posterior a la intentona destituyente.
Además, Lezano denunció la maniobra en la Fiscalía de Delitos Patrimoniales del Ministerio Público de la Acusación y pidió intervención urgente de la Secretaría de Trabajo.
En esa dependencia, a cargo de Julio Cordero y bajo la órbita de Sandra Pettovello, también los opositores a Lezano radicaron una denuncia. Pidieron a Pettovello que “reconozca la asamblea extraordinaria iniciada el 22 de agosto y concluida el 29 de agosto, mediante la cual se revocó, se expulsó y destituyó a Lezano”, de la secretaría General del sindicato y la presidencia de la obra social.
Mientras tanto, Guerra y Chocala dejaron a Lezano sin firma para el manejo de la obra social. Por esa razón, peligra la atención de 5.100 afiliados directos: “Tenemos familias con niños discapacitados, pacientes con tratamientos oncológicos y personas que sufren diabetes”, denuncia Lazano.
Este miércoles, mientras Lezano fatigaba los pasillos de la Secretaría de Trabajo, Quintar se reunía con Lule Menem en Casa Rosada.
Ajeno a este pelea, el diputado jujeño Alejandro Vilca, integrante de la bancada de izquierda, advirtió que la Ospail “es la segunda obra social de la provincia, después de la de los estatales, y es un pastel jugoso para los que quieren hacer negocios con la salud”. “Hay que prestar atención porque podemos estar ante un nuevo caso Osprera”, afirmó Vilca.
Por Pablo Dipierri / La Política Online
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