Fernando Burlando, el abogado defensor de Morena Rial, afirmó hoy que la joven “mostró arrepentimiento y está avergonzada”, lo que le permitió, entre otros motivos, haber recibido este miércoles la excarcelación extraordinaria.
“Morena sale porque tiene que salir, es una mamá en período de lactancia, y los jueces, que son hombres, manejaron esto con un gran nivel de humanidad”, dijo.
En declaraciones a radio Rivadavia, Burlando confió que la hija del periodista Jorge Rial “mostró arrepentimiento y está avergonzada”, tras haber sido detenida por robar una vivienda -junto a otros cómplices- en la zona norte del conurbano.
La joven, de 25 años, fue excarcelada pero seguirá detenida luego de haber declarado en el Tribunal en lo Criminal número siete de San Isidro, a cargo de Ricardo Costa, ante quien admitió su culpabilidad.
El Gobierno oficializó este jueves la decisión de que el alojamiento de los detenidos carcelarios se determine por el sexo que la persona registre al momento de cometer el delito que llevó a su arresto. De esta manera, la administración de Javier Milei busca impedir el traslado de reclusos por cambios de género posteriores que hayan sido realizados amparados a través de la Ley de Identidad de Género N° 26.743.
La decisión fue adelantada por el vocero presidencial Manuel Adorni durante una conferencia de prensa realizada el miércoles por la tarde. Posteriormente, la medida fue oficializada al ser publicado el Decreto 61/2025 en el Boletín Oficial de este jueves.
El Gobierno busca limitar los traslados de cárcel por cambio de género
Durante su conferencia de prensa del miércoles – la segunda del día – Adorni adelantó: “El Presidente de la Nación también decretará que el alojamiento de los detenidos carcelarios se determinará según el sexo registrado en el momento del hecho delictivo, para evitar que cualquiera pueda usar la excusa del cambio de género para pedir un traslado de la cárcel en la que se encuentra”.
De esta manera, el Decreto publicado en el Boletín Oficial de la fecha – que lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y de Seguridad, Patricia Bullrich – determina que “la administración penitenciaria asignará, dentro de su misma jurisdicción, el lugar de alojamiento, reubicación o traslado de la persona privada de la libertad en función del sexo que la persona registre, en los términos de la Ley N° 26.743, al momento del hecho por el cual se ordenó su detención”.
Por otro lado, el texto oficial dispone dos casos en los que “no podrá disponerse el alojamiento en un establecimiento penitenciario destinado a mujeres, de una persona que haya tramitado la rectificación registral de su sexo“.
El primero de estos escenarios que detalla el Gobierno es cuando “la privación de la libertad sea dispuesta por la comisión de un delito previsto en los Títulos I, III o V del Libro Segundo del CÓDIGO PENAL o por cualquier otro delito cuando hubiere sido cometido con violencia hacia una mujer”. Por otro lado, también se dispondrá de esta prohibición cuando “la evaluación técnica realizada por la autoridad administrativa penitenciaria determine que su alojamiento en un establecimiento penitenciario, signifique un riesgo para la seguridad, la integridad física, psíquica o moral o la vida de los demás internos del establecimiento penitenciario”.
Por su parte, el artículo 2 detalla que “la autoridad competente para la dirección de los establecimientos penitenciarios deberá denegar cualquier solicitud de reubicación o de traslado dentro de la misma jurisdicción, a la persona que con posteridad al hecho por el cual se ordenó su detención inicie el procedimiento de rectificación registral del sexo, del nombre de pila y de la imagen previsto en la Ley N° 26.743, cuando hiciera valer la mencionada rectificación para la aprobación de su solicitud”.
El Decreto impulsa a las diferentes provincias – y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires – a adherir a la nueva normativa. La medida ya se encuentra vigente, tras ser publicada en el Boletín Oficial.
En el marco del Plan Maestro Plurianual de Desarrollo 2021-2023, en el cual el Gobierno de la Provincia proyecta una serie de obras estratégicas con el fin de dinamizar la economía local, reactivar la fuente laboral y continuar con el proceso de transformación para Jujuy, están culminando la construcción de la nueva cárcel en Chalicán para su inauguración.
El mandatario jujeño, Gerardo Morales comunicó en Canal 7 que la fecha del lanzamiento será el 14 de noviembre. La misma está emplazada en 22 hectáreas, dentro de un predio de 40 hectáreas totales previsto para ampliaciones. Implicó una inversión de fondos 100% del Estado provincial y el trabajo activo de 200 personas en simultáneo.
En 13.000 m2, el edificio está compuesto de módulos principales con capacidad para 650 internos, en 5 módulos de alojamiento de 96 celdas cada uno, y un sector de alojamiento especial de 48 celdas. A esto, se suman los edificios de acceso y administración y edificio de programas y servicios.
También, es protagonista del trayecto jujeño de diversificación energética y sostenibilidad, ya que cuenta con un parque solar en el marco de la generación distribuida de energías renovables.
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Morales también adelantó que los primeros días de diciembre estarán listas las obras civiles del nuevo Cabildo, y en el mes de febrero estará el museo listo.
A su vez, adelantó que la inauguración de la primera etapa de Lola Mora será el 8 de diciembre, y el día 3 la Ciudad de las Artes, donde el establecimiento Medardo Pantoja comenzará el dictado de las clases desde marzo del año que viene.
El juez que tiene a su cargo la causa contra Elián Valenzuela, popularmente conocido como L-Gante, por privación ilegítima de la libertad de un empleado municipal decidió otorgarle al cantante un permiso para que pueda salir el próximo domingo a votar en las PASO.
“Él quiere ir a votar. L-Gante va a ir a votar, va a cumplir con su deber cívico y después volverá a la DDI de Quilmes, donde está detenido hace más de dos meses. Él lo pidió, lo presentó ante el juez y el juez dijo ‘bueno, puede ir a votar L-Gante’”, explicó el conductor Carlos Monti, quien mostró a las cámaras de su programa de TV el oficio firmado por el juez.
El cantante irá acompañado por efectivos policiales y revelaron que podría aprovechar la oportunidad para hacer declaraciones y mostrar cómo está actualmente.
El oficio destaca que Elián será “trasladado a la Escuela EP N° 7/ ES N° 15, ubicada en calle Pte. Perón y San Martín, del partido de Gral. Rodríguez – Mesa 249, orden 62 (según padrón electrónico definitivo) con el objeto de que pueda ejercer el derecho a emitir su voto en las PASO”.
L-Gante se encuentra detenido por los delitos de “amenazas simples en concurso real con privación ilegítima de la libertad, en concurso ideal con amenazas coactivas en perjuicio del denunciante, identificado como Darío Gastón Torres”, además de “privación ilegítima de la libertad simple en concurso ideal con amenazas simples hacia Rosa Catalina Passi. También está acusado por “tenencia simple de estupefacientes”.
La defensa del cantante no logró la excarcelación y por el momento deberá permanecer detenido en la DDI de Quilmes hasta que llegue el juicio oral.
L-Gante continúa detenido en la DDI de Quilmes desde hace casi dos meses tras ser acusado de privación ilegítima de la libertad y amenazas. El cantante de cumbia se encuentra en la espera de la libertad condicional, sin embargo la Cámara de Apelaciones de Mercedes revocó la excarcelación.
Sus seres queridos están preocupados por cómo transita sus días en la cárcel. “Tenemos que ir un poco al principio de todo esto. El 23 de junio, cuando recién habían iniciado sus días encerrado, había aumentado ocho kilos. Hoy la proyección lleva a que L-Gante haya aumentado 15 kilos”, aseguraron en el programa A la tarde.
“Se lo adjudican a la ansiedad que tiene por estar encerrado, segundo, a no poder hacer ningún tipo de actividad física porque está en una habitación muy pequeña. Dentro de su celda tiene un televisor que enciende en una hora determinada de la tarde, se le informa de lo que sucede, ve mucho nuestro programa y está minuto a minuto pendiente en relación a lo que se dice sobre si va a salir o no va a salir”, explicó el periodista Matías Vázquez.
Luego mostraron una foto de cómo es la celda en la que pasa sus días el cantante: “En esta celda que ustedes están viendo está teniendo situaciones que generan preocupación. Cuando él llegó a la DDI de Quilmes, los primeros días compuso música, compuso sus propias canciones. A partir de la semana, empezó a preocupar y su salud empezó a decaer. El cambio de abogados, una situación que le generó tensión, la visita de la familia lo afectaron”.
“Se quebró como nunca se lo vio. Está cayendo en la realidad de que ahora puede tener un traslado a Melchor Romero. En el escenario ideal van a esperar una excarcelación, pero dudo que esa opción sea viable. Hoy el escenario más optimista es un Elián Valenzuela volviendo a su casa con una tobillera electrónica y cumpliendo con una detención domiciliaria”, agregó otro de los panelistas.
La definición pertenece al procurador de la provincia, Sebastián Albesa, quien en declaraciones recientes afirmó que durante el proceso de reforma constitucional y posteriores a él “se cometieron y se siguen cometiendo delitos que se encuentran penados por el Código Penal”, los cuales “ponen en riesgo la vida de las personas”.
Asimismo, ratificó que el Gobierno de la provincia actúa en carácter de querellante ante los hechos de violencia acontecidos y que son de conocimiento público, los incluyen delitos de sedición, destrucción de edificios públicos y privación ilegítima de la libertad.
“Nuestro deber es proteger a los jujeños y los intereses de la provincia, velando por el orden constitucional y democrático”, sostuvo y remarcó que “el Estado no tolerará la comisión de delitos contra el orden constitucional y el sistema democrático”.
Por otra parte, precisó que las denuncias apuntan a personas físicas por delitos en flagrancia, entre ellos daños a la Legislatura de la provincia, municipio de Humahuaca y espacios públicos y privados.
Con la detención de 14 personas, anotaciones bancarias y datos personales de personas que habitan en Jujuy, Salta y Corrientes, avanza la investigación sobre las estafas realizadas desde las cárceles provinciales de la que se imputó a tres internos.
“Son tres detenidos de alta peligrosidad que cumplen condena perpetua, entre ellos uno por homicidio. Por eso, se les sumará una nueva causa y ya están alojados en un pabellón de máxima seguridad”, aseguró Luis Martín, ministro de Seguridad Provincial.
También, declaró que hasta el momento no se produjeron secuestros de teléfonos celulares en el penal, pero que de los familiares involucrados de los interior se recogieron 20, “los mismos podrían haber ingresado con la visita de familiares, si bien se realizan requisas estrictas y el uso de celulares está prohibido, se realizaron las estafas”.
Por otro lado, dijo no se secuestró dinero de los damnificados, “será una tarea más compleja pero se están investigando las cobranzas y no descartamos que hayan más denuncias en los próximos días”.
Cabe recalcar que el juez que ordenó el allanamiento del jueves fue el Dr. Salvatierra, a cargo del Juzgado de Control Nº 3.
CÓMO SE DETECTÓ EL DELITO
La fiscal especialista en ciberdelito de Salta, Sofía Cornejo, explicó a Canal 7 cómo surgió la vinculación entre las tres provincias y precisó que tanto en Jujuy, Salta y Corrientes “hubo víctimas, vimos que era la misma modalidad delictiva, las mismas personas acusadas y por eso decidimos actuar en conjunto”.
“Todos los allanamientos fueron hechos en Jujuy. Cada provincia tuvo víctimas, pero las personas acusadas estaban en Jujuy: eran privados de su libertad y sus familiares. Era toda una red de estafadores”, expuso
MODUS OPERANDI DE LOS DELINCUENTES
Cornejo explicó que los reclusos desde la cárcel llamaban a familiares de otras personas detenidas en nuestra provincia o las otras mencionadas y se hacían pasar por funcionarios judiciales.
“Les decían que el juez de garantías le estaba por dar la prisión domiciliaria y por eso debían depositar $150 mil en cierta cuenta para comprar la tobillera electrónica. En Salta hubo seis denuncias y una persona depositó $50 mil, pero el resto pudo darse cuenta del engaño”, detalló.
Con un 94% de avance de obras en la cárcel de Chalicán, un espacio para alojar a la creciente población penitenciaria en condiciones adecuadas y sujetas a los tratados de derechos humanos, desde la Secretaria de Seguridad de Jujuy, comunicaron que el traslado y desalojo del penal de Gorriti de la capital jujeña, no ocurrirá de inmediato.
“Estamos a la espera de que primero nos hagan la entrega formal de la obra, que en las últimas semanas tuvo una demora por el temporal en el Ramal”, dijo Diego Rotela en Canal 7 de Jujuy.
Asimismo dejó en claro que el traslado total llevará al menos dos años, “el proceso no va a ser de un día para el otro sino que dos años, porque al cambiar los paradigmas y las costumbres carcelarias dadas las nuevas recomendaciones del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y Penas Crueles, nos tenemos que adaptar; será un proceso paulatino”.
De acuerdo con la imputación, el penitenciario les ofrecía beneficios a los detenidos a cambio de tener relaciones.
La investigación comenzó tras circular un video en el que se ve al acusado practicando sexo oral a uno de los internos de la Unidad N°18 de Gorina, en la zona de La Plata, donde prestaba servicio.
A raíz de ello, el subprefecto de 43 años fue denunciado por Asuntos Internos SPB y los abusos fueron constatados por la UFI 16 de La Plata.
Los investigadores determinaron que el agente era el encargado de redactar los informes de conducta y les ofrecía sexo oral para beneficiarlos.
Esos escritos son importantes para los presos porque inciden en sus beneficios dentro del penal y en la posibilidad de acceder, por ejemplo, a salidas transitorias.
Un preso que había sido liberado por error en Perico volvió por su propia voluntad. El insólito hecho ocurrió anoche alrededor de las 23 en la seccional Nº 21 de la ciudad de Perico.
Fuentes policiales indicaron que la equivocación surgió tras una orden de la fiscalía de dejar en libertad a un preso que se encontraba alojado en la dependencia policial y que en su reemplazo otorgaron el beneficio a otro convicto que debía continuar en detenido
Tras el confuso hecho, efectivos solicitaron la presencia de familiares” liberado por equivocación” en la dependencia policial, quienes al arribar horas después a la misma se dieron con la novedad de que el protagonista había retornado por su propia voluntad. De inmediato el involucrado retornó a su celda.
La fiscal María Laura Calderón dispuso iniciar actuaciones sumarias para determinar responsabilidad de los pormenores, realizar inspección fotográfica de los libros de guardia y de cuarteleros.
