Manuel García-Mansilla juró como juez de la Corte Suprema de Justicia
Este jueves, Manuel García-Mansilla asumió como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La ceremonia de juramento fue presidida por Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, en el Palacio de Tribunales. Fuentes judiciales informaron que García-Mansilla se encontraba en el cuarto piso del edificio, a la espera del acto protocolar.
Designación por decreto y polémica
La incorporación de García-Mansilla, junto con la del juez Ariel Lijo, fue oficializada por el presidente Javier Milei mediante un decreto en comisión, una medida que generó controversia en el ámbito político y judicial. La decisión de nombrar a los magistrados por decreto se produjo ante la falta de acuerdo en el Senado para aprobar sus pliegos, lo que llevó al Ejecutivo a utilizar esta facultad constitucional para cubrir las vacantes en el máximo tribunal.
El artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, faculta al Presidente a realizar nombramientos en comisión durante el receso del Senado para asegurar el normal funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, esta práctica fue objeto de debate, ya que algunos sectores consideran que podría afectar la independencia judicial y el equilibrio de poderes.
Reacciones y críticas
La designación de Lijo y García-Mansilla suscitó diversas reacciones. El exjuez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, calificó la medida como “horrible”, cuestionando la forma en que se llevó a cabo el nombramiento.
Por su parte, el expresidente Mauricio Macri expresó su desacuerdo con la decisión de Milei de designar a los jueces por decreto, enfatizando la necesidad de respetar los procedimientos institucionales establecidos.
Además, organizaciones de la sociedad civil presentaron recursos legales para impugnar las designaciones. Una ONG interpuso un amparo solicitando la suspensión de los nombramientos y la declaración de inconstitucionalidad del decreto presidencial. Este recurso se basa en la argumentación de que la medida podría vulnerar principios constitucionales y afectar la legitimidad de la Corte Suprema.
