La Corte Suprema de la Nación dejó firme la condena a 15 años de prisión para Milagro Sala

En un nuevo acuerdo semanal, la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme este jueves la pena única de 15 años de prisión e inhabilitación absoluta contra Milagro Sala, líder de la organización política y social “Tupac Amaru“, tras desestimar un recurso presentado por su defensa. La decisión unificó dos sentencias firmes dictadas previamente en Jujuy por una serie de delitos cometidos entre 2009 y 2014, entre ellos, asociación ilícita, fraude a la administración pública, extorsión y amenazas.

El fallo fue firmado por los ministros Horacio RosattiCarlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y con él se ratificó lo resuelto el 10 de febrero de 2023 por el Tribunal en lo Criminal N° 3 de Jujuy, que había unificado las penas impuestas a Sala en sus distintas causas. Con esta resolución, la dirigente social de 61 años, que cumple prisión domiciliaria por razones de salud, deberá purgar una condena consolidada y ratificada en las distintas instancias judiciales.

El cómputo de las penas incluyó, en primer lugar, la sentencia dictada el 14 de enero de 2019 en la conocida causa Pibes Villeros, en la que la activista fue considerada jefa de una asociación ilícita. Según se estableció durante el juicio, lideraba una estructura que desviaba fondos públicos enviados desde el Estado nacional para la construcción de viviendas para personas en situación de vulnerabilidad en la provincia de Jujuy.

De acuerdo a esas actuaciones, la organización Tupac Amaru centralizaba los recursos estatales y los distribuía a diferentes cooperativas que, bajo su control, debían ejecutar los proyectos habitacionales. Sin embargo, las investigaciones determinaron que parte de esa plata fue redireccionada, en efectivo, hacia Sala y otros miembros de su círculo, y que muchas de las viviendas comprometidas nunca se llegaron a construir.

El Tribunal Oral Criminal 3 jujeño la condenó en ese proceso a 13 años de prisión efectiva e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo plazo, al considerarla culpable de los delitos de asociación ilícita en calidad de jefafraude a la administración pública y extorsión, en concurso real.

La segunda condena incorporada a la pena única fue dictada por la Cámara de Casación Penal de Jujuy el 15 de febrero de 2019 y luego reducida por la Corte local. En esa causa se la halló responsable de dos hechos de amenazas, por los que recibió una pena de 2 años de cárcel con cumplimiento efectivo.

Según se acreditó, dichos hechos ocurrieron el 13 de octubre de 2014, cuando Sala, en ese momento diputada provincial, realizó dos llamadas telefónicas amenazantes a personal policial de la comisaría del Barrio Alto Comedero.

En la primera comunicación -dirigida al oficial Vásquez-, la imputada reclamó la restitución de unas prendas de vestir secuestradas a una persona allegada a su entorno. Ante la negativa de la autoridad policial, respondió: “son una manga de maricones y van a tener noticias porque voy a poner una bomba y voy a hacer volar a todos”.

En la segunda llamada, concretada poco después al teléfono personal de la comisaria Cabero, también se registraron advertencias similares: “Son una manga de incompetentes, cuando les ponga yo una bomba me van a conocer a mí. Los voy a hacer volar a la mierda, ya me van a conocer”.

Ambas condenas fueron ratificadas por los tribunales de apelación correspondientes y luego confirmadas por la Corte Suprema de Justicia, que en fallos anteriores ya había declarado inadmisibles los recursos de queja de la defensa de la líder jujeña.

En estas actuaciones, ligadas a la unificación de las condenas, la Cámara de Casación provincial había rechazado la postura de la defensa en junio de 2023, que se opuso a esa medida. La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, apelación mediante, también desestimó el planteo de Sala.

El expediente se radicó entonces en el Palacio de Tribunales porteño, sede de la Corte Suprema de Justicia, que por unanimidad consideró improcedente el recurso de queja presentado y dejó firme la pena consolidada.

Manuel García-Mansilla juró como juez de la Corte Suprema de Justicia

Este jueves, Manuel García-Mansilla asumió como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La ceremonia de juramento fue presidida por Horacio Rosatti, presidente del máximo tribunal, en el Palacio de Tribunales. Fuentes judiciales informaron que García-Mansilla se encontraba en el cuarto piso del edificio, a la espera del acto protocolar.

Designación por decreto y polémica

La incorporación de García-Mansilla, junto con la del juez Ariel Lijo, fue oficializada por el presidente Javier Milei mediante un decreto en comisión, una medida que generó controversia en el ámbito político y judicial. La decisión de nombrar a los magistrados por decreto se produjo ante la falta de acuerdo en el Senado para aprobar sus pliegos, lo que llevó al Ejecutivo a utilizar esta facultad constitucional para cubrir las vacantes en el máximo tribunal.

El artículo 99, inciso 19, de la Constitución Nacional, faculta al Presidente a realizar nombramientos en comisión durante el receso del Senado para asegurar el normal funcionamiento de las instituciones. Sin embargo, esta práctica fue objeto de debate, ya que algunos sectores consideran que podría afectar la independencia judicial y el equilibrio de poderes.

Corte Suprema de Justicia

Reacciones y críticas

La designación de Lijo y García-Mansilla suscitó diversas reacciones. El exjuez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, calificó la medida como “horrible”, cuestionando la forma en que se llevó a cabo el nombramiento.

Por su parte, el expresidente Mauricio Macri expresó su desacuerdo con la decisión de Milei de designar a los jueces por decreto, enfatizando la necesidad de respetar los procedimientos institucionales establecidos.

Además, organizaciones de la sociedad civil presentaron recursos legales para impugnar las designaciones. Una ONG interpuso un amparo solicitando la suspensión de los nombramientos y la declaración de inconstitucionalidad del decreto presidencial. Este recurso se basa en la argumentación de que la medida podría vulnerar principios constitucionales y afectar la legitimidad de la Corte Suprema.

Causa Vialidad: la fiscalía pidió que la Corte condene a Cristina Kirchner a 12 años de cárcel

La fiscalía pidió que la Corte Suprema condene a la expresidenta Cristina Kirchner a 12 años de cárcel, por asociación ilícita. El reclamo lo hizo el fiscal general, Mario Villar, al apelar la resolución de la Cámara de Casación Penal que ratificó la condena a la exmandataria en el expediente por direccionamiento de obra pública para empresarios K.

Desde la fiscalía habían planteado que la sentencia de Casación “repite lo que dijo” el Tribunal Oral Federal N°2, que condenó a la expresidenta, “no contesta las críticas que hizo el fiscal general a esos argumentos”, que “en esa medida es arbitraria y esto habilita el recurso a la Corte”.

El año pasado Casación ratificó la condena a Cristina Kirchner a seis años de cárcel inhabilitación perpetua a ejercer cargos públicos al encontrarla culpable del delito de “administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública” en la causa Vialidad.

En su resolución los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, por decisión mayoritaria, rechazaron la solicitud del Ministerio Público Fiscal de aplicar al caso la figura de asociación ilícita.

El Gobierno acusó a la Corte de alinearse electoralmente con la oposición: “Es una clara intromisión en el proceso democrático”

El Gobierno entró en estado de ebullición esta tarde después de conocer que la Corte Suprema había suspendido las elecciones en Tucumán y San Juan cinco días antes de los comicios, para investigar los cuestionamientos que presentó Juntos por el Cambio contra las candidaturas de los actuales mandatarios provinciales, Juan Manzur y Sergio Uñac. En la Casa Rosada condenaron la decisión del máximo tribunal, con el que mantienen una relación extremadamente conflictiva, y lo acusaron de connivencia con la oposición.

“En una clara intromisión en el proceso democrático y la autonomía de las provincias, la Corte Suprema se alineó hoy con la oposición para anticiparse a lo que se preveía como posibles triunfos del peronismo en las provincias de San Juan y Tucumán el próximo domingo”, expresó la Presidencia a través de un comunicado emitido tres horas después de conocido el fallo que puso en alerta al grueso del oficialismo, especialmente en el interior del país.

En el texto, Alberto Fernández cuestionó especialmente a Mauricio Macri por hablar de manera “despectiva” sobre el interior (el ex presidente se refirió ayer a las provincias como “feudos” que “no son representativos”, tras las elecciones en Jujuy, La Rioja y Misiones), y aseguró que sus declaraciones fueron “un anticipo del fallo”. El jefe de Estado también expresó su apoyo a ambos gobernadores por lo que calificó como un “nuevo atropello” y adelantó: “Vamos a acompañar a las provincias en sus reclamos democráticos”. Aunque, por ahora, desde los distritos no informaron de qué manera procederán ante la decisión judicial.

Por último, el jefe de Estado arremetió contra los jueces supremos: “Es imperioso que la Corte de Justicia de la Nación deje de entrometerse en la institucionalidad de las provincias argentinas y deje a la gente votar. Es el pueblo el que debe elegir sin intromisiones de ningún tipo. La intromisión judicial en procesos electorales daña profundamente la convivencia democrática y altera peligrosamente la institucionalidad que tanto preservamos”, lanzó.

Se esperaba el apoyo de Alberto Fernández a Manzur, con quien mantiene línea directa. Hasta febrero, el tucumano se desempeñaba como jefe de Gabinete. Y aunque el regreso a su provincia para apuntalar en la campaña al dividido PJ local generó roces con el jefe de Estado, el Gobierno no dudó en cerrar filas para respaldarlo en la cruzada con la Corte Suprema. El acompañamiento de la Nación también estuvo descontado en el caso de Uñac, gobernador de corte independiente, distante de la esfera nacional, que sin embargo se cuida de mantener las relaciones saludables para garantizar el envío de fondos y financiamiento para obras.

En los despachos cercanos al Presidente se expidieron antes que lo hicieran los Ejecutivos de las respectivas provincias, con los cuales también estaban coordinando acciones. Todo indica que la decisión de la Corte será un factor de común acuerdo en el Gobierno, que acusará a la CSJN, nuevamente, de actuar para beneficiar a los líderes de la oposición, al igual que durante el pico de la pelea -aún vigente- por los fondos coparticipables de la Ciudad de Buenos Aires.

En el kirchnerismo se tomaron más tiempo para avanzar, pero pasadas las 18, La Patria es el Otro, organización encabezada por el ministerio de Desarrollo Comunitario bonaerense y ex secretario de La Cámpora, Andres “Cuervo” Larroque lanzó un texto demoledor. “La mafia judicial quiere volver a la dictadura. Vamos a defender la democracia”, se titula el comunicado que expidieron los referentes k de la Provincia, con menciones directas a los jueces de la Corte. El mensaje siguió la línea discursiva de las estrategia de defensa de Cristina Kirchner contra el lawfare.

En tanto, en las oficinas del Ministerio del Interior que conduce Eduardo “Wado” de Pedro (referente cercano a Cristina Kirchner que tiene a su cargo la relación con las provincias y cultiva un perfil dialoguista), se organizaron reuniomes urgentes para definir cómo actuar, en paralelo a la cúpula del Ejecutivo. En las primeras horas después de la noticia mantuvieron un cuidadoso hermetismo, si bien deslizaban, a priori, descontento con el revés judicial para los caudillos del PJ del Norte y Cuyo, aliados del Frente de Todos. De manera similar se expresó el PJ bonaerense, que conduce Maxino Kirchber, al decir que el fallo “daña profundamente el sistema republicano” y referir a la condena judicial de la vicepresidenta.

En tanto, la titular de Pro, Patricia Bullrich, consideró el fallo conocido esta tarde como una victoria propia. En primera persona, dijo: “Les frenamos las re-reelecciones a Manzur y Uñac. Se creen señores feudales y dueños de sus provincias. Quisieron violar sus propias constituciones y la Corte Suprema los puso en caja. Con nosotros, esto no pasará”, sostuvo la presidenciable del partido que fundó Mauricio Macri. “A condena de partes, relevo de pruebas”, tuiteó, en respuesta, la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, muy cercana al titular de La Cámpora.

Bullrich se refería a las polémicas aspiraciones de Manzur y Uñac, que respectivamente se postulan como vicegobernador, luego de haber ejercido la gobernación de Tucumán durante dos mandatos consecutivos y de haber sido vicegobernador también dos veces; y por la reelección, después de haber ocupado ese cargo, también, por dos períodos consecutivos, y luego de haber sido vicegobernador.

Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda y Carlos Rosenkrantz, la Corte ordenó requerir a las dos provincias un “informe circunstanciado” en el plazo de los próximos cinco días, y las elecciones no podrán realizarse hasta tanto la Corte dicte sentencia sobre el tema. La decisión tomó por sorpresa a los ejecutivos provinciales, que, dicen, se enteraron por los medios que difundieron el documento judicial, y sopesaban cómo proceder. Más allá de las acciones legales y políticas que lleven adelante, lo más probable es que este domingo no haya comicios en esos distritos donde el peronismo esperaba anotarse sendos triunfos mientras debate la estrategia para las complicadas elecciones presidenciales previstas para el 13 de agosto.

Ricardo Lorenzetti: “La Corte no va a ceder a ninguna presión como nunca hemos cedido”

Ricardo Lorenzetti, ministro de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que los integrantes del tribunal no cederán ante las presiones luego de que la semana pasada el oficialismo impulsara una movilización al Palacio de Tribunales.

En diálogo con el periodista Eduardo Feinmann en radio Mitre, el magistrado planteó: “Quiero dejar en claro que la Corte no va a ceder a ninguna presión como nunca hemos cedido”.

El jurista diferenció las personas que estuvieron en la manifestación contra la Corte. Dijo que hay dirigentes que tienen intereses legítimos para reformar el Poder Judicial y es algo entendible. “Lo que no se puede aceptar es que una persona que tiene una causa judicial o un procesamiento o que ha cometido un delito y es investigada, pida que el juez que lo investiga renuncie; eso es una base en el estado de derecho y el juez tiene que tener la estabilidad necesaria”, explicó.

El 1° de febrero, el dirigente social Luis D’Elía y el juez Juan Ramos Padilla motorizaron una movilización con diversas consignas, que incluían un pedido de renuncia a los integrantes de la Corte. Se sumaron referentes del ámbito sindical, como Pablo y Facundo Moyano, Roberto Baradel, Hugo Yasky y Omar “Caballo Suárez”. También se hicieron presentes Graciana Peñafort (directora de Asuntos Jurídicos del Senado), Lorenzo Pepe (Secretario General del Instituto Nacional Juan Domingo Perón), Mayra Mendoza (intendenta de Quilmes) y el ex vicepresidente Amado Boudou.

Lorenzetti recordó que desde su ingreso al tribunal, en 2004, han enfrentado distintas movilizaciones y la respuesta ha sido siempre la misma. “La Corte debe ser independiente y resistir cualquier tipo de presión, venga de donde venga”, dijo. Y reiteró: “La garantía que tenemos que dar a la población es que la Corte es independiente y aplica la Constitución, la ley, con serenidad y con templanza; no reaccionamos frente a cualquier coyuntura”.

CREDITO: INFOBAE