El propietario dijo que fue víctima de una extorsión y que recibió mensajes pidiendole dinero

En una conferencia de prensa, la gerencia del local bailable “El Martinazo” del barrio Almirante Brown en San Salvador de Jujuy ofreció su versión de los hechos tras un incidente ocurrido la madrugada del 3 de agosto en donde dos mujeres y un hombre denunciaron hacer sido golpeados por “patovicas” y la Justicia jujeña promovió acción en contra de ellos.

La empresa confirmó que el altercado se produjo cuando cuatro personas, dos hombres y dos mujeres, intentaron entrar al establecimiento sin pagar la entrada. Según la gerencia, a este grupo ya se le había negado la entrada la semana anterior resguardándose en el derecho de admisión. Al no poder ingresar, los individuos, según declaró el gerente, agredieron al personal de seguridad y a la policía, además de lanzar piedras contra la puerta.

El local negó tajantemente las acusaciones de violencia de género y afirmó que, tras el incidente, el dueño y otros empleados se presentaron en una comisaría para dar su testimonio. Además, la gerencia reveló que fueron víctimas de una presunta extorsión, ya que recibieron mensajes pidiéndoles dinero a cambio de no divulgar su versión de la historia en los medios. El local se negó a pagar y entregó estas pruebas a la Justicia.

La empresa indicó que le negó el ingreso a estas personas por sus actitudes en su derecho de admisión y permanencia, argumentando que la decisión de negar el acceso se basa en el comportamiento de los clientes y no en su apariencia. La causa está caratulada como “lesiones leves” y está pendiente de una audiencia.

Sin embargo las personas imputadas deberán comparecer ante los requerimientos del fiscal Aldo Hernán Lozano, en una audiencia imputativa, donde quedarán formalmente imputados y deberán designar abogado defensor.

Fuente: El Tribuno

Viviana Canosa presentó una denuncia penal contra Lizy Tagliani 

En las últimas horas, Viviana Canosa presentó oficialmente su denuncia penal contra Lizy Tagliani y Costa en Comodoro Py y entregó todas las pruebas de lo que ella anticipó ayer en su programa.

Minutos después de que Lizy Tagliani volviera a hacer un descargo contra sus dichos, Viviana Canosa informó su llegada a tribunales. “¡Anticipé mi declaración! No dormí en toda la noche. Entrando a declarar”, expresó en sus redes sociales.

Ayer, la mediática volvió a hablar de Tagliani en su programa y aseguró que ella “tendría mucho cagaso” por el juicio que se llevará a cabo el 27 de agosto contra Marcelo Corazza, ex-Gran Hermano acusado por corrupción de menores.

“Todos saben que Lizy Tagliani conoce mucho a Marcelo Corazza. Dicen que la conductora tendría mucho cagaso que el 27 de agosto, cuando comience el juicio oral, aparezca su nombre en la lista de Corazza. Habría mucho temor en el canal que están todos contratados de aparecer en la lista del ganador de Gran Hermano”, agregó.

Además, señaló que ella y otras figuras más de Telefe habrían organizado fiestas con menores y que todos habrían encubierto esto durante la fiesta de casamiento de la humorista. “Hace mucho que vengo investigando el tema, pero necesitaba pruebas”, aclaró.

Costa fue una de las pocas artistas que salió a bancar a Lizy y cuestionar a Canosa. “No me sorprendió nada. ¿Por qué me iba a sorprender? Es una señora que tomaba lavandina, o sea”, soltó la panelista de Cortá por Lozano.

Obra Pública: el Fiscal acusó a Néstor y Cristina Kirchner de liderar una asociación ilícita

El fiscal Diego Luciani sostuvo hoy que hay una “enorme prueba relevante” para formular acusación en el juicio por supuestos delitos con la obra pública en Santa Cruz entre 2003 y 2015, período en el cual afirmó que funcionó una “asociación ilícita” encabezada por quienes “se desempeñaron como jefes de Estado”.

Luciani comenzó pasadas las 8.30 su alegato final ante el Tribunal Oral Federal 2 en el juicio a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros 12 acusados por supuesto direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez.

“Este Ministerio Público Fiscal tiene por acreditado que, entre los años 2003 y 2015, funcionó en el seno del Estado una asociación ilícita de características singulares” y que tuvo “en la cúspide como jefes a quienes se desempeñaron como jefes de Estado e integrada por distintos funcionarios públicos”, argumentó el fiscal.

Luciani agregó que “al asumir Néstor Kirchner y luego su esposa Cristina Elizabeth Fernández instalaron una de las matrices de corrupción más extraordinarias que lamentablemente y tristemente se han instalado en el país”, con “ausencia absoluta” de controles.

El fiscal comenzó su alegato con una crítica a la querella de la Unidad de Información Financiera (UIF), que en su alegato final el mes pasado pidió absolver a todos los acusados por falta de pruebas

“No podemos menos que catalogar su trabajo como temerario, poco serio y hasta irresponsable”, sostuvo Luciani

El juicio se reinició luego de la feria judicial de invierno con todos los acusados, incluida la vicepresidenta, abogados, querella y fiscalía conectados a través de la plataforma Zoom y los jueces del Tribunal Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso presentes en la sala de audiencias de Comodoro Py 2002.

En la última jornada previa a la feria judicial que comenzó el 18 de julio, la UIF había pedido la absolución por falta de pruebas de los 13 acusados, al descartar la existencia de sobreprecios en las obras públicas viales que se adjudicaron en ese período a empresas del también acusado Lázaro Báez.

El organismo había considerado “irresponsable avanzar en la acusación” por los delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita, planteó inconsistencias en las pericias y reclamó absoluciones.

En la causa se debate si el empresario Lázaro Báez resultó beneficiado con la adjudicación de 51 obras públicas viales en Santa Cruz durante las gestiones kirchneristas y si hubo sobreprecios, demoras injustificadas o trabajos inconclusos.

Además de la vicepresidenta, son juzgados el propio Báez, dueño de “Austral Construcciones”; el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Obra Pública José López.

Según la acusación fiscal, empresas pertenecientes al grupo “Austral Construcciones” de Báez resultaron adjudicatarias de 51 obras públicas viales en esa provincia del sur del país con supuestos sobreprecios y falta de capacidad para llevarlas adelante.

La Oficina Anticorrupción (OA) era querellante en la causa pero desistió de ese rol y de presentar acusación, por lo cual tras la presentación de la fiscalía llegará el turno de las defensas.

El juicio comenzó el 21 de mayo de 2019: declararon 114 testigos en 117 audiencias y tuvo una suspensión de casi medio año en 2020 por la pandemia de Covid-19.

Al prestar declaración indagatoria al inicio del debate, y cuando todavía era presencial, Cristina Fernández de Kirchner negó su responsabilidad en el caso, sostuvo que “fue un plan ideado por el Gobierno saliente” de Mauricio Macri y que la causa “forma parte del lawfare”